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- rdf:value = " El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Continúa el debate.
Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Ramírez .
El señor RAMIREZ .-
Señor Presidente y Honorable Cámara, hemos escuchado al Diputado informante, don Jaime Estévez , hacer una acertada relación sobre este proyecto de ley de reforma tributaria, que la Comisión de Hacienda de esta Cámara estudió durante varios días y aprobó en la forma que ustedes conocen.
Hemos oído también la intervención de los colegas señor Cerda, señora Matthei y señor Sota , quienes, prácticamente apoyan esta reforma.
Es conocido por el país, y por cada uno de mis Honorables colegas, que el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin plantea, en su programa económico, conciliar el desarrollo económico con la justicia social, y este proyecto tiende a conseguir ambos objetivos. Es nuestro convencimiento de que ambos factores deben caminar unidos y de que queremos tranquilidad social en nuestro país e instaurar en él una economía solidaria. Los ingresos que se recauden con esta reforma tributaria solucionarán algunos problemas fundamentales.
En primer lugar, hay que suplir las deficiencias que presenta el Presupuesto de 1990, para mantener la continuidad de los programas de Gobierno. Sabemos que este presupuesto tiene grandes déficit, y, sobre esta materia, han intervenido e intervendrán en esta Honorable Cámara otros distinguidos colegas de estas bancas.
En segundo lugar, debemos apoyar la implantación de nuevas políticas sociales.
En tercer lugar iniciar programas de inversión, de infraestructura y de equipamiento que el país necesita para su futuro desarrollo. Pero esta reforma, que ha suscitado una gran discusión pública, en la que han intervenido los más diversos sectores del país, permitirá a este Congreso Nacional ejercitar sus derechos democráticamente y tomar decisiones con la más amplia información posible, y conocer, por lo demás, los objetivos centrales de esta reforma, que no son otros que los siguientes:
Primero, generar recursos para el financiamiento de programas sociales y de inversión.
Segundo, racionalizar el sistema tributario para mejorar su equidad y disminuir la evasión.
Tercero, dar estabilidad a la economía nacional y fijar las reglas del juego para el sector privado.
Basados en estas premisas, podemos exponer nuestros puntos de vista sobre diferentes materias. Es un hecho que el programa de la Concertación de Partidos por la Democracia planteó al país la necesidad de mejorar la situación de los más pobres, y ello compromete, sin duda, a los Diputados de estas bancas.
Dijimos también que, para lograr esos objetivos, era necesaria una mayor carga tributaria. Hoy día, al aprobar esta reforma, somos consecuentes con lo expuesto al país. Estamos de acuerdo en que el desarrollo económico requiere de inversiones en el campo social y productivo, tanto en el sector público como en el privado. Es necesario erradicar la marginalidad. Hay que invertir en educación, en salud, en capacitación laboral, especialmente para los más jóvenes. Hay que invertir en obras públicas, en puertos, en caminos, en regadío, como fórmula para aumentar la productividad de la economía y para mejorar la competitividad de los productos chilenos en el exterior.
También estamos de acuerdo en que, en este país, ha habido un importante retroceso en los recursos que se destinan al gasto social. Así lo demuestran, por ejemplo, el deterioro de la asignación familiar, que no se ha reajustado desde 1985; la caída del poder adquisitivo del subsidio único familiar para los sectores de extrema pobreza; la eliminación del reajuste de pensiones desde el año 1985; la reducción de programas de alimentación escolar; el deterioro de la atención de salud para millones de chilenos; y el déficit extraordinario de viviendas, que afecta a miles y miles de compatriotas.
Por esto, no cabe duda de que los ingresos que genere la reforma tributaria tendrán que dar prioridad a la solución de este tipo de problemas. Para ello contaremos con recursos fiscales por 600 millones de dólares anuales. Suma importante, pero insuficiente, para desarrollar un programa integral de mejoramiento de los pobres de Chile. Por esa razón, el destino de estos fondos y sus inversiones, preocupan hoy a toda la comunidad nacional.
Por otra parte, esta reforma tributaria debe servir para ordenar el sistema tributario y para reducir la evasión de impuestos, la cual, según informaciones de los más altos dirigentes de los sectores empresariales, es de 600 millones de dólares al año, antecedente de extraordinaria gravedad que debe ser evaluado por el país. Es necesario mejorar e incentivar el aparato fiscalizador de Impuestos Internos, como una de las tantas medidas que deberían ser tomadas para disminuir esta evasión tributaria.
Se dice que un sistema tributario moderno debe cumplir con algunas condiciones básicas: ser eficiente; garantizar la equidad, e introducir el mínimo posible de distorsiones sobre las decisiones de los agentes económicos. Es necesario que un sistema tributario no desaliente decisiones claves en la economía, como las relaciones con la inversión, el trabajo, el ahorro y las exportaciones.
Nosotros creemos, señor Presidente, que esta reforma tributaria cumple con esos requisitos y corrige, además, graves distorsiones existentes en la actualidad, que atenían contra la equidad del sistema. Corrige fuentes importantes de la evasión tributaria que se comete dentro de la legalidad vigente, al amparo de resquicios legales que todo el mundo conoce.
Debo dejar constancia de que la legislación actual permite tributar sobre la base de una presunción de renta a los contribuyentes agrícolas, mineros y del transporte terrestre, materia sobre la cual intervendrán otros distinguidos Diputados de estas bancas. Por mi parte, debo sostener que no encontramos justificación alguna para que las grandes empresas en estos sectores tributen con un régimen distinto al de otras actividades económicas. Por ello, hemos dado nuestra aprobación a este importante cambio de la norma tributaria, que obligará a estos sectores a tributar sobre renta efectiva, en lugar de hacerlo respecto de la renta presunta, como ocurría hasta ahora.
Creemos que de no modificarse esta forma de tributación, se estaría atentando contra la propia Constitución Política, la que en su artículo 19, ubicado en el capítulo denominado "De los derechos y deberes constitucionales", asegura, en su número 20, a todas las personas "la igual repartición dé las cargas públicas". Agrega, asimismo, esta disposición de la Carta Fundamental que "en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos".
La norma constitucional transcrita, que asegura la igual repartición de los tributos, en proporción a las rentas de los contribuyentes o en la proporción o forma que fije la ley, se enmarca en el llamado "principio de la igualdad tributaria". Este principio constitucional, en consecuencia, rechaza de plano cualquier impedimento en el establecimiento de las rentas efectivas, como resultaría ser un sistema que determina rentas presuntas y no rentas efectivas, garantizando de esta forma que la carga tributaria se debe configurar en términos tales qué represente, real y efectivamente, un peso o un esfuerzo proporcional para todos los sujetos afectos a tributación. La igualdad tributaria, como lo señalan algunos tratadistas, no involucra una similitud o paridad matemática en la tributación que recae sobre la cabeza de todos los contribuyentes, sino una igualdad de sacrificios o una proporcionalidad en el sacrificio para otros. La igualdad tributaria es un elemento que guarda relación con el concepto de capacidad contributiva, concepto que, en su esencia, sin embargo, se halla alejado de una concepción puramente jurídica del tributo y de los fenómenos que le son inherentes, vistos desde esta misma óptica, y que reconoce, en cambio, una connotación típicamente económica.
En el hecho, señor Presidente y Honorable Cámara, mantener en el sistema de renta presunta a estos sectores económicos, en sus estratos altos y en todos los estratos, en mi opinión, transgrede claras normas constitucionales, lo que avalan la absoluta necesidad de aprobar esta modificación, que tendrá gran trascendencia en el futuro de la economía nacional y que proveerá una mayor justicia tributaria.
El país debe saber que los afectados por el paso de renta presunta a renta efectiva representan un escaso número de contribuyentes: en la minería, alrededor de 13 empresa, y en el sector agrícola, 1.365 contribuyentes, ya que es sabido que existen 158 agricultores que están acogidos a este sistema, en conformidad con el Reglamento de Contabilidad Agrícola, contenido en el decreto supremo de Hacienda N° 323, publicado en el Diario Oficial de fecha 11 de mayo de 1982. Estos pidieron pasar del sistema de renta presunta al de renta efectiva, con motivo de los nuevos avalúos fijados en el año 1981.
En el sector del transporte, los dirigentes gremiales que concurrieron a expresar su opinión en la Comisión de Hacienda, declararon estar de acuerdo, en general, con el proyecto. Hicieron varias indicaciones, algunas de ellas recogidas por la Comisión de Hacienda y, seguramente, por el Gobierno. Esto afecta apenas a 1.516 contribuyentes.
Estas y otras materias fueron analizadas por la Comisión de Hacienda, y serán estudiadas por los Honorables Diputados de estas bancas en el curso del debate: el régimen general del impuesto a la renta, rentas presuntas, prevención de resquicios, impuestos indirectos y problemas sobre el efecto fiscal. Así, esta Honorable Cámara y el país conocerán nuestra opinión en cada caso.
Por ello, nos parece importante destacar el esfuerzo realizado por los Partidos de la Concertación por la Democracia y por Renovación Nacional para buscar acuerdos y consensos en diferentes materias controvertidas, permitiendo despacharlas eficientemente y aprobar esta reforma tributaria, que permitirá consolidar la economía nacional, garantizando su estabilidad y manteniendo los incentivos al trabajo, al ahorro y a la inversión.
Muchas gracias, señor Presidente.
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