-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds22
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds30
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds27
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds24
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds26
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds23
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds31
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds29
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds21
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds25
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1-ds20-ds28
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = bcnbills:PrimerTramiteConstitucional
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = bcnbills:DiscusionGeneral
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758/seccion/akn670758-ds1-po1
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/670758
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/13-04
- bcnres:tieneDatosTemporales = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/p_1-1
- dc:title = "MODIFICACION DE LA LEY N° 18.962, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA."^^xsd:string
- rdf:type = bcnres:EntidadTemporal
- rdf:type = bcnses:SeccionProyectoDeLey
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2359
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2052
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1115
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1209
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2721
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2469
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1068
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/195
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1333
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/p_1-1
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/ley-organica-constitucional-de-ensenanza
- bcnres:tieneResultadoDebate = bcnres:seApruebaEnGeneral
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/p_1-1
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/modificacion-legal
- rdf:value = " MODIFICACION DE LA LEY N° 18.962, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto que modifica la ley N 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deporte y Recreación es el señor Ortiz, don José Miguel .
- El proyecto, impreso en el Boletín N° 13-04-A, es el siguiente:
"Artículo 1°.- Derógase la ley N° 18.862.
Artículo 2°.- Introdúcense a la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, las modificaciones que a continuación se indican:
1) Deróganse el inciso segundo del artículo 2° transitorio y el artículo 3° transitorio, y
2) Agrégase en el artículo 4° transitorio, en punto seguido, la siguiente frase: "En estos casos, el Ministerio de Educación Pública contará con un plazo de 18 meses para pronunciarse acerca de la solicitud".
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Hago presente a la Sala que, de acuerdo con la Constitución Política, para aprobar en general este proyecto se requiere el voto favorable de las cuatro séptimas partes de los Diputados en ejercicio, es decir, 68 Diputados. En todo caso, como ha sido objeto de indicaciones, volverá a Comisión para el segundo informe.
Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto, originado en un Mensaje, que modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, publicada en el Diario Oficial de 10 de marzo de 1990.
La iniciativa en debate propone introducir en las disposiciones transitorias de dicha ley orgánica constitucional las modificaciones indispensables y urgentes que la experiencia acumulada durante la aplicación de la anterior legislación hace aconsejable establecer. Todo ello es armónico con el espíritu de resguardar el proceso de reconocimiento de las nuevas entidades de educación superior que se creen y organicen conforme a la libertad que, sobre la materia, consagra la Constitución de 1980, y de garantizar tanto la calidad de la enseñanza que imparten como su estabilidad y mantención en el tiempo.
Las cuestiones sobre las que se centra el proyecto tienen un carácter menor en el amplio articulado de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. El hecho de que las modificaciones no alteren los aspectos sustantivos de ella -puesto que no se refieren a ninguna de sus disposiciones permanentes- no debe estimarse como que existe acuerdo sobre el resto. Muy por el contrario: hay que tener en claro que la revisión de esa ley orgánica constitucional en su conjunto constituye una tarea que necesariamente deberá abordarse; pero que requiere un mayor plazo, puesto que exigirá el concurso de los mejores talentos y de las personas más experimentadas en la materia, con el propósito de elaborar el correspondiente proyecto de ley, después de un debate amplio, pluralista y abierto a la comunidad nacional, que tanto interés, expectativas y esfuerzos ha comprometido en el funcionamiento de las entidades de educación superior, cualquiera que sea su carácter.
El proyecto en debate tiene dos objetivos: por una parte, someter a partir de este momento a las nuevas instituciones de educación superior que se creen y organicen al sistema de acreditación institucional que consagra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, procedimiento más apropiado al tamaño que ha adquirido el sector y más riguroso que el de la examinación, establecido en sus disposiciones permanentes, para lo cual otorga diversas atribuciones al Consejo Superior de Educación.
Lo expuesto no implica cambios para las Universidades e institutos profesionales privados que ya contaban con autorización de funcionamiento y que figuran como reconocidas oficialmente de pleno derecho, en virtud del artículo 81 de la citada ley orgánica. Tales entidades podrán optar, según mejor convenga a sus intereses, al tenor de los artículos 82 y 2° transitorio, inciso primero de ella, por mantenerse en el sistema de examinación o por acogerse a la nueva modalidad de acreditación. Aún más, si optaran por el nuevo sistema, la propia ley asegura que les sean imputados los años de examinación en el período de verificación que en ella se define. En caso contrario, alcanzarán su autonomía de acuerdo con las normas previstas en el proceso de examinación.
¿Qué hacía aconsejable tan urgentemente la corrección propuesta? Sin duda, la situación que afecta en este momento al sistema de examinación en particular, como lo demuestran los diversos antecedentes tenidos a la vista; entre ellos, la saturación de la capacidad de las Universidades examinadoras para abordar seriamente una función que la ley les entregó, debido al creciente aumento de las entidades que requieren de este trámite en el último período. Basta considerar que las Universidades privadas autorizadas al amparo del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, alcanzaron al 9 de marzo pasado, a 40. Así, al no contar algunas de las actuales Universidades con entidades examinadoras, el Ministerio de Educación de la Administración anterior, en uso de la facultad que le otorga la ley N° 18.862, publicada en el Diario Oficial del 2 de diciembre de 1989, debió, en un caso, crear una Comisión Interuniversitaria para examinar las carreras que impartía una Universidad nueva que no tenía similar examinadora; y, en otro caso, determinar que actuaran en tal carácter Universidades facultadas por ley para hacerlo, pero que ni siquiera otorgaban ellas mismas títulos equivalentes.
Esto es lo que se quiere corregir, y no otra cosa, con la derogación tanto de la ley N° 18.862 como la del inciso segundo del artículo 2° transitorio de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
En cuanto a la abrogación del artículo 3° transitorio, esta enmienda es también una consecuencia de lo anteriormente expuesto.
Si el procedimiento de examinación como sistema está saturado y sobrepasado, tanto que la propia ley Orgánica establece otra modalidad, ¿qué argumento práctico, fundado en la realidad y en la experiencia de estos años, puede ser esgrimido para intentar que se aplique dicho sistema, anterior a las nuevas Universidades e institutos profesionales que se creen y organicen, cuando todas las evidencias muestran que sería muy difícil aplicarlo?
Las dificultades que ofrece el actual sistema de examinación en las Universidades e institutos profesionales son las siguientes:
a) El procedimiento de examinación, como forma de acreditación de nuevas instituciones, presenta limitaciones evidentes. Fundamentalmente, consiste en un proceso de evaluación de una carrera y no del conjunto de la institución, el cual descansa solamente en el rendimiento de los alumnos, cuando lo importante es disponer de antecedentes sobre la calidad del servido docente, es decir, sobre el cumplimiento de programas, aplicación del reglamento académico, infraestructura, elementos técnicos1 pedagógicos e idoneidad del personal académico.
b) Por otra parte, la necesidad creciente de examinación, surgida de la creación i inorgánica de instituciones de nivel superior y de carreras nuevas, ha saturado en el último tiempo la capacidad de las Universidades tradicionales para examinar. La dictación de la ley N° 18.962 es un indicador del problema, aun cuando esté lejos de constituir una solución. La aplicación de dicha ley por las anteriores autoridades ministeriales generó una situación grave, toda vez que se procedió a encargar a Universidades para que examinaran determinadas carreras, sin que ellas mismas las ofrecieran. Un ejemplo, colegas parlamentarios: una Universidad "equis" se encuentra habilitada para examinar seis carreras, las cuales no tiene en sus programas de estudio.
C) La Universidad examinadora, en muchos casos, sólo ha aceptado examinar sobre la base de sus propios planes y programas. Ello ha determinado que iniciativas académicas valiosas, innovadoras y creativas, se hayan visto frustradas. De esa forma, la posibilidad de nuevas alternativas de educación superior, que respondan a las exigencias de un mundo en desarrollo, se restringe y el campo de estudio se mantiene en los límites tradicionales.
d) La examinación se ha desvirtuado cuando algunas Universidades, constituidas por ley en examinadoras, han visto en esto una fuente importante de financiamiento para superar sus situaciones deficitarias por sobre su responsabilidad en la colaboración con el desarrollo de nuevas iniciativas en la educación superior, velando por su calidad.
El segundo objetivo del proyecto propuesto dice relación con la conveniencia de que el Ministerio de Educación Pública disponga de un lapso prudencial de hasta dieciocho meses, para que, una vez evaluado el estado actual de la educación técnica del país -que abarca tanto a la educación media técnico-profesional como a los centros de formación técnica, y que, por lo mismo, tiene gran importancia en la formación y en la calificación de personas para el mundo del trabajo-, realice un cuidadoso diseño de las oportunidades y de las estructuras más adecuadas para tan alto propósito.
Para que se dimensione mejor lo que esta tarea significa, resulta apropiado indicar que los centros de formación técnica existentes hoy día suman ya ciento cincuenta y seis, los que si se consideran las sedes, abarcan un conjunto de doscientos setenta y cinco establecimientos; que su matrícula de primer año alcanzó a alrededor de 42 mil alumnos en 1989, y que, en el mismo año, el total de estudiantes fue del orden de 77 mil jóvenes, lo cual representa un tercio de los alumnos matriculados en la educación superior en ese período.
El número de carreras que ofrecían se aproximaba a 1.300. Puede afirmarse que, en su mayoría, éstas responden a una conjunción entre la demanda por matrículas y el bajo costo de promoción de las oportunidades. El 42 por ciento de los alumnos se encuentran matriculados en carreras de Administración y de Comercio.
El período planteado es adecuado, dada la envergadura de la tarea, puesto que permite estudiar mejor la situación de este importante sector, con todo el detenimiento que ello requiera, de modo de no dejarse llevar por prejuicios o aspectos subjetivos. Por el contrario, a partir de la definición de estrategias educacionales que vitalicen y coordinen los mecanismos, se pueden buscar las vías y los sectores más apropiados para materializar los distintos niveles de la educación técnica del país, y perfeccionar el campo y el dominio de los Centros de Formación Técnica, de modo de que puedan funcionar sobre la base de reglas y de procedimientos estables, que garanticen su desenvolvimiento y la persistencia en el tiempo de sus objetivos de desarrollo.
Para terminar, como Diputado informante, estimados colegas, sólo deseo representar, al pasar, una cosa más.
En 1989 en los Centros de Formación Técnica, existía un 30 por ciento de instituciones con menos de cien alumnos, y un 51 por ciento con menos de doscientos. Otro ejemplo, que indica la falta de racionalidad habida dentro de la política educacional, se aprecia en Copiapó, en donde hay un ciento por ciento de carreras del área administrativo-comercial y ninguna orientada al aporte de profesionales en las tareas de cultivo, extracción y exportación de frutos de la zona.
Por tales razones, estimados colegas, y señores Presidente y Vicepresidente de esta Cámara, solicito, como Diputado informante, la aprobación de la enmienda de la ley N° 18.962, que significará un mejor quehacer educacional para toda la comunidad nacional involucrada en este proceso.
Muchas gracias.
Aplausos en las tribunas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor SMOK.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Smok .
El señor SMOK.-
Señor Presidente, hoy en día las sociedades desarrolladas sostienen un intenso debate educacional. En Chile no hemos tenido ese debate por más de tres lustros. Por esa razón, perdimos el acuerdo sobre materia educacional. En el país no ha habido una política nacional frente a la educación. Se le ha impuesto una política sin discusión, como lo ilustra el despacho de una ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en el último día leí Gobierno anterior. Tendrá que ser revisada. Tenemos una larga tradición de diálogos y de entendimientos en materia educacional. Este país no se contenta con el crecimiento material y valora como ninguno la educación para mejorar la calidad de vida, para ascender socialmente, para acceder al trabajo y para ser buen ciudadano.
Asistimos a un surgimiento exponencial de Universidades privadas, las que, por cierto, nacen por el hecho de la menor participación del Estado en el financiamiento de la educación superior, necesidad no satisfecha aún. Existen, hoy día, veinte Universidades que reciben aporte estatal, en crisis de subsistencia o de desarrollo, lo cual trasunta un profundo desorden institucional. En la actualidad, el Estado no garantiza el derecho a la educación superior para las mayorías, ni fomenta eficazmente la calidad de la oferta educativa.
Así, el acceso está discriminado según la capacidad económica de los padres y hay menos estudiantes universitarios que hace dieciséis años, en un país con más habitantes y con mejor promedio de escolaridad.
Resulta urgente mejorar la calidad de la educación. Los beneficios de la educación superior se distribuyen insuficientemente y sin equidad, atentando contra la igualdad de oportunidades, pilar fundamental de una real democracia.
La equidad educacional es tarea de la sociedad en su conjunto. En ella, el Estado tiene un papel especial.
La responsabilidad social en la educación ha sido reemplazada por el ilusionismo del mercado.
Observamos, con recursos limitados, la competencia agresiva donde debiera primar la cooperación. En la educación, se invoca al mercado y se pide que la regule.
Preguntamos: ¿Quiénes acceden a la educación superior privada? ¿Cuáles son sus méritos académicos conocidos? Pero, primordialmente, ¿quién garantiza la fe pública? Me refiero a la fe de los padres que, con la esperanza de construir un futuro mejor para sus hijos, asumen altísimos gastos de colegiatura, sin la suficiente y adecuada información sobre la institución en que se confían; a la fe de los jóvenes estudiantes que, inesperadamente, pueden ver desaparecer su institución y sus esfuerzos, porque la primera cayó en insolvencia: su "alma mater" quebró; a la fe de una sociedad que confía y respeta un "cartón" que acredita un título profesional, creyendo que asegura la formación adecuada del poseedor.
Digámoslo de una vez: este Gobierno, el Estado, reasumió su papel protagónico en la educación, sin perjuicio de la libertad de enseñanza y del pleno desarrollo de la responsabilidad de la sociedad en los asuntos educativos. Lo anterior no debe entenderse en el sentido de recaer en un centralismo burocrático, ni en un libre mercadismo entronizado en el mundo de la educación.
Este Gobierno aumentará la cobertura educacional pre-básica, ni siquiera mencionada en la ley Orgánica de Enseñanza. Mejorará la calidad y disminuirá la desigualdad en la educación básica. Redefinirá los fines y las orientaciones de la educación media. Incentivará la educación para el trabajo. Capacitará en ese campo a más de 160 mil jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, recuperará la educación para adultos. Impulsará la alfabetización. Expandirá la televisión con carácter educacional. Promoverá la creación artística e intelectual y garantizará el acceso masivo a los bienes culturales y a la expresión popular de la creatividad.
Recuperará el concepto de Universidad, achatado y manoseado en estos años, no sólo mejorando su financiamiento, o terminando con las depuraciones y persecuciones en el seno de la comunidad universitaria, sino también respetando sin excusas su autonomía, tanto en la elección de sus autoridades como en la libertad de cátedra, a fin de que alcance el nivel de calidad que la sociedad tiene derecho a exigirle.
Recuperará -digo- el concepto de Universidad, no sólo como un centro de docencia, sino también, e imprescindiblemente, de investigación y de difusión cultural. Sólo aquellas Universidades debieran llamarse así. Ahora basta con que impartamos algunas de las quince carreras para recibir el respetable nombre de Universidad. Son quince carreras arbitrariamente establecidas. Eran doce. Agregaron tres pedagogías. Faltan, por cierto, muchas otras, a nuestro juicio, esencialmente universitarias como Periodismo, por ejemplo. Los criterios usados son de formación técnica para institutos; no para Universidades.
Chile vivió orgulloso de sus Universidades, de internacional prestigio y de calidad probada. Hoy mira estupefacto tal pérdida de seriedad.
Ya más de cuarenta Universidades privadas han sido autorizadas. Hay casi setenta Universidades en el país.
Chile debe saber que existen treinta y dos escuelas privadas de Ingeniería Comercial, además de once en Universidades estatales.
Cuando, para fundar Universidades privadas, se requería de autorización del Ministerio del Interior, surgieron cinco. Algunas tienen hoy más de seis años de existencia. Las hay con más de cuatro mil estudiantes y con más de medio millar de docentes. Las hay con investigación y difusión cultural en desarrollo. Las hay con prestigio ganado.
¿Aceptan esas Universidades ser apreciadas igual que estas 11 nuevas Universidades privadas, surgidas en los dos últimos años, algunas solamente con cincuenta o con sesenta alumnos, un pizarrón y una caja de tiza?
¡Seriedad! ¡Esa es nuestra demanda!
La ley actual transforma al Ministerio de Educación Pública en una oficina de partes. Si se le lleva un documento que contenga el estatuto de la Universidad por fundar y también el contrato o la promesa de alguna Universidad ya establecida para efectuar sus exámenes, sólo le cabe autorizar su funcionamiento.
¿Sabe el país que algunas Universidades de provincia obtienen recursos para su exiguo presupuesto, examinando carreras que ellas mismas no imparten? Son imperativos del mercado, dirán algunos.
La gravedad real de la situación universitaria implica la necesidad de generar un consenso nacional en tomo al tema. Todos estamos convocados a analizarla.
El proyecto de ley en debate debe entenderse como el primer paso de un camino de ambiciosas metas. Si hoy discutimos sólo esta breve iniciativa, es porque resulta urgente comenzar a regular tan anómala situación. ¡Cómo si no fuera ya excesivo el articulado que debemos derogar, que permite que por dos años más sigan apareciendo más y más Universidades con sólo presentar proyectos de estatutos y de compromisos de examinación! ¿Cuántas más? ¿En qué va a desembocar esta situación ya caótica?
El Consejo Superior de educación, que debe dar la acreditación y la autorización, es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y con patrimonio propio, con 9 miembros, de los cuales el Ejecutivo designa a un solo integrante, que es el Ministro de Educación Pública. También lo integran un representante de las Universidades estatales, uno de las Universidades privadas, uno de los Institutos Profesionales, uno de la Corte Suprema, uno de las Fuerzas Armadas, uno del Consejo Superior de Ciencias y dos del Instituto de Chile.
Sostenemos que la calidad de Universidad debe surgir del reconocimiento de sus pares, y no sólo de un simple tratamiento administrativo, incapaz de opinar y de regular esta materia de manera alguna.
En suma, se pretende que en la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, del 10 de marzo de 1990, rija su articulado permanente, y no su articulado transitorio.
Algunos dirán que se atenta contra el establecimiento de nuevas Universidades, que se cierran oportunidades. ¡No! No descartamos que en el futuro aparezcan proyectos que, por su seriedad, por su originalidad y por su excelencia, merezcan una oportunidad. Sólo pedimos que sean evaluadas, acreditadas y autorizadas por un organismo competente y autónomo, en este caso por el Consejo Superior de Educación.
Apreciamos en su integridad el concepto de libertad.
Señor Presidente, los miembros de esta bancada, algo, o mucho, podemos decir de libertad. Estamos aquí por un mandato popular, que ha reconocido en nosotros una trayectoria de lucha inclaudicable por la libertad. Por eso, la sabemos distinguir del libertinaje.
Señor Presidente, las bancadas del Partido por la Democracia, del Partido Socialista, de la Izquierda Cristiana y del Partido Humanista apoyamos sin reservas, el proyecto presentado por el Ejecutivo.
Apelo a la conciencia de los Honorables señores Diputados para que, de consuno, pongamos coto y restablezcamos el recto proceder en medio de esta ebriedad conceptual, hermana de la chacota en que ha caído un tema de la trascendencia del relativo a la Universidad privada.
Es el primer paso para un extenso y, según espero, elevado debate, que tendremos que enfrentar, para recuperar a la educación del estado en que hoy se encuentra. La brecha que nos separa del mundo desarrollado no se expresa sólo en función de bienes y de servidos, sino también en fundón de los niveles y de la calidad de la educación.
Por eso, la política educacional se confunde con una política de progreso para el país. Por lo tanto, la política educacional es tarea de todos.
Construyamos un nuevo concepto de la eficiencia, que conjugue a la vez calidad y justicia.
Aplausos en la Sala y en las tribunas.
Suenan los timbres silenciadores.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Advierto a las personas presentes en las tribunas que deben abstenerse de efectuar manifestaciones.
El señor LONGTON.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton .
El señor LONGTON.-
Quisiera plantear una rectificación al quorum dado, con el permiso del Diputado señor Estévez.
Por tratarse de una ley orgánica constitucional, el quórum es de cuatro séptimos; es decir, 69 diputados, en lugar de 68, como ha dicho el señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El problema es que el Diputado señor Palestra, por haber sido desaforado, no está en ejercicio. Por lo tanto, el quórum es de 68 diputados.
Ofrezco la palabra.
El señor SCHAULSON .-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .
El señor SCHAULSOHN.-
En primer lugar, haré una corrección de hecho. Esperemos que los tribunales desafueren al Diputado señor Palestra. No lo hagamos nosotros en el Parlamento. Es una situación pendiente. Además, no creo que haya cesado en su calidad de parlamentario. Simplemente, puede ser sometido a juicio.
Si es posible, quiero hacer una consulta al Diputado informante.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.-
Doy excusas por mi ignorancia. Quiero que se me indique quiénes integran el Consejo Superior de Educación, de acuerdo con las disposiciones de su ley Orgánica.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra al Diputado señor Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Eso está en el título III, párrafo 2° de la ley N° 18.962, publicada el 10 de marzo del año en curso. El artículo 32 dice lo siguiente:
"Créase el Consejo Superior de educación, organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de educación Pública.
Se excluye a este organismo de la aplicación de las normas del título II de la ley N° 18.575.:
Dicho Consejo tendrá los siguientes integrantes:
a) El Ministro de Educación Pública o el representante que éste designe; Presidirá el Consejo el Ministro de Educación Pública, en el caso que asista a las sesiones;
b) Un académico universitario designado por los rectores de las Universidades estatales chilenas, en reunión convocada por el rector de la universidad más antigua;
c) Un académico designado por las universidades privadas que gocen de autonomía académica, en reunión convocada por el rector de la universidad privada más antigua;
d) Un académico designado por los rectores de los institutos profesionales chilenos que gocen de autonomía académica, en reunión convocada por el rector del instituto más antiguo;
e) Dos representantes de las Academias del Instituto de Chile, elegidos por dicho organismo de entre sus miembros;
f) Un académico designado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia;
g) Un académico designado conjuntamente por el Consejo Superior de Ciencias y el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico. La designación de este representante se hará en forma alternada, en el orden indicado;
h) Un académico designado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros de Chile;
i) El Secretario Ejecutivo, que tendrá sólo derecho a voz".
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra .
El señor MUÑOZ BARRA (Don Roberto).-
Señor Presidente, es conveniente enfatizar cuál es la iniciativa de ley que el Ejecutivo está promoviendo en este instante, a través del Ministerio de Educación Pública.
Hay que hacer resaltar que prácticamente no se está cambiando ninguna letra, de las disposiciones legales que aprobó el Gobierno anterior. Se las mantiene absolutamente, con el ánimo de ir solucionando los problemas de la educación, que son de suma gravedad, porque se ha llegado al extremo de que no existe una columna vertebral que una a los diferentes estamentos de la educación en nuestro país.
¿De qué se trata? Esto es lo que se debe tener en cuenta. Simplemente, se trata de eliminar un artículo transitorio, que el Gobierno anterior agregó a su propia ley y que dispone que el Consejo Superior de Educación sólo entrará a regir en dos años más.
Evidentemente, eso resulta caótico para el programa político y educacional que se quiere aplicar.
En este aspecto, se ha creado una anarquía. Hay una comercialización de la enseñanza. Este nacimiento de Universidades y de Institutos Profesionales constituye un verdadero engaño para miles de muchachos en este país y crea, por supuesto, una falsa ilusión en muchos hogares que realizan ingentes sacrificios para que sus hijos accedan a un título de tipo superior. Tanto es así, que una gran cantidad de carreras se imparten hoy día en Universidades y en Institutos Profesionales que no están reconocidos, de tal manera que no tienen ninguna validez. Sin embargo, esos alumnos y esos hogares deben invertir fuertes cantidades de dinero en estos centros. En el caso de los jóvenes que vienen de provincia hacia los centros metropolitanos, cualquiera que sea su ubicación en el país, los cursos nunca tienen un valor inferior a los sesenta mil o setenta mil pesos, en circunstancias de que el promedio de sueldos no es superior a los cuarenta y cinco mil pesos en el estamento de trabajadores de nuestro país.
¿Qué se pretende con esta disposición legal? Evitar que el Ministerio de Educación Pública sea un mero buzón en un aspecto tan importante, como es la conducción del sistema educacional chileno.
Deben saber, estimados colegas, que, prácticamente, al no aplicarse esta disposición referente al Consejo Superior de Educación, el Ministerio de Educación Pública sólo debe exigir dos requisitos, la autorización de funcionamiento se consigue a través de la obtención de personalidad jurídica, una vez que la Universidad en creación ha depositado sus estatutos en ese Ministerio, y una vez que se ha otorgado, por parte de una entidad examinadora, un certificado en que conste la aprobación de planes y de programas de, a lo menos, una de las doce carreras señaladas en el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980.
Aquí se dan cosas "de Ripley". Por ejemplo, hay universidades que no imparten las carreras respecto de las cuales le corresponde actuar como examinadoras. Es el caso de la Universidad Real, que imparte la carrera de Derecho, y la examina la Universidad Arturo Prat, que fio la tiene. Lo mismo sucede con la misma Universidad Real, que ofrece la carrera de Periodismo, la que es examinada también por la Universidad Arturo Prat, que tampoco posee dicha carrera.
Igual cosa acontece con la Universidad de Talca, que examina a la Universidad Autónoma del Sur en Derecho, en circunstancias de que no imparte esta carrera.
De este modo, yo diría que la credibilidad de la enseñanza y de la formación de profesionales universitarios no tiene la transparencia de que debería estar revestida en un país que camina mordiendo el siglo XXI.
Hay cosas, estimados colegas, que resultan verdaderamente increíbles.
Desde 1981 hasta 1987, se crearon solamente cinco Universidades privadas: La Universidad Gabriela Mistral, la Universidad Finís Terrae, la Universidad Diego Portales, la Universidad Central y la Universidad de las Condes. En el año 1989, en menos de un año, se crearon diecisiete Universidades. Es bueno que ustedes las conozcan: Bolivariana, Mariano Egaña , Mayor, Academia de Humanismo Cristiano, Santo Tomás , Leonardo Da Vinci, La República, Internacional SEK, Real, Las Américas , Nacional Andrés Bello , Adolfo Ibáñez , Viña del Mar, Mariscal Sucre , Iberoamericana, Artes y Ciencias, y Ciencias de la Informática.
En el período comprendido entre enero y el 7 de marzo, en menos de 60 días, se crearon 18 Universidades privadas en este país. Ellas son: Del Mar, en Viña del Mar; Contemporánea, de Arica; Panamericana CS, y Artes, en Santiago; Autónoma del Sur, en Temuco; de Temuco, en Temuco; del Cono Sur, en Santiago; De los Andes , en Santiago; Autónoma Indoamericana , en Santiago; San Andrés , en Santiago; Adventista de Chile, en Chillán; San Sebastián , en Concepción; Artes y Ciencias Artísticas, en Santiago; Educares , en Santiago; El Libertador, en Los Andes; Del Desarrollo, en Concepción; Del Pacífico, Marítima de Chile y Bernardo O'Higgins, en Santiago.
Se encuentran funcionando sin autorización, con títulos no válidos, las Universidades Alonso Ovalle, Fundación Epson y Blas Cañas .
Además, como se dice en este deporte tan nuestro que es el rodeo, se encuentran "al aguaite" las Universidades de Curicó, Aconcagua y Cristiana de Chile. Es decir, tenemos cerca de cincuenta Universidades en el país.
¿Qué ocurre? Se ofrecen carreras que no tienen mercado ocupacional. Es importante que los colegas sepan que la carrera de Derecho se imparte en 11 Universidades privadas y en 6 estatales; Ingeniería Civil, en 22 Universidades privadas y en 15 estatales; Ingeniería Comercial, en 32 Universidades privadas y en 11 estatales; Psicología, en 14 Universidades privadas y, además, en 7 estatales. De manera que esto no puede sorprender a ningún señor parlamentario, de ninguna bancada. Al revés, debería' haber gran confiabilidad en la proposición de ley del Ejecutivo para modificar una norma legal que creó el anterior Gobierno, a la que sólo días antes de asumir su cargo el actual Presidente de la República, se le agrego un artículo transitorio, a fin de que el propio consejo Superior que aquél había creado entre en funciones en dos años más.
Es cuanto quería señalar, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Bombal .
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, llama profundamente la atención que, tratándose de libertades, se pretende, en los discursos que aquí hemos escuchado, restringir una tan importante, como lo es la libertad de enseñanza, consagrada en nuestra Constitución.
Su artículo 19, N° 10, establece, en efecto, que "la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida". Agrega que "corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación". Del mismo modo, agrega que "es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación".
El número ll2 del citado artículo dispone: "La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales". Sentado así este principio, la ley orgánica constitucional que comentamos está inscrita, naturalmente, como no podía ser de otra manera, en ese principio libertario que anima a nuestro principal cuerpo legal.
Aquí se han comentado, hasta con jocosidad, algunas situaciones que, precisamente por el ejercicio de esta libertad, pueden haberse producido. Pero, como es natural, no se ha mencionado ninguna de las grandes virtudes de un sistema que favorece, antes que nada, el principio de la libertad. Hemos escuchado, reitera- mente, que se quiere devolver al Estado la potestad absoluta de decidir en materia de enseñanza. Del espíritu de esas intervenciones, fluye, espontáneamente, una y otra vez, que se quiere restituir al Estado la facultad omnímoda de ser él quien decida cuándo se abre o cuándo no se abre una Universidad.
Yo quiero hacer mías las palabras de un distinguido Rector de Universidad, que dice que "la Universidad era en Chile, hasta hace algunos años, un proyecto prohibido. Sólo algunos pocos alumnos podían acceder a ella y, en general, estaba lejos de responder a las necesidades de nuestro tiempo. Era dependiente del gobierno de tumo; más discriminatoria que hoy respecto de los más pobres". ¡Más discriminatoria que hoy respecto de los más pobre! "Anquilosada en los privilegios que ella daba a los profesores y en la tendencia a la perpetuidad en sus cargos; encauzada a la entrega del cartón donde constaba el título profesional reconocido por el aparato público-gigantesco y casi único empleador-, donde el certificado valía más que los conocimientos; insensibles frente a las crecientes carencias de la educación media; demasiado pequeña para las necesidades de las personas y del país. En fin, muchos más eran los defectos de que ella adolecía.
Quienes pretenden que el Estado vuelva a normar preeminentemente la educación, son aquellos que no han entendido el proceso político, social, económico y cultural que vive nuestro país.
"La política general -agregaba aquel Rector- desarrollada en los últimos años hizo posible que aflorara la competencia universitaria, motor del progreso de los hombres y Naciones; que la capacidad de innovar se pudiera ejercer en algún grado; que antiguos y nuevos profesores no queridos en la Universidad tradicional o no satisfechos con ella se incorporarán o se reincorporarán al mundo universitario, y que, por último, miles de jóvenes tuvieran una oportunidad más, la que no hubiesen tenido en el antiguo sistema".
Yo recuerdo que, muchas veces, desde las bancadas en que hoy día se impugna esta libertad de enseñanza, se hablaba de "Universidad para todos". Precisamente, este sistema -con sus errores, susceptibles de ser corregidos; pero, sobre todo, por sus virtudes-, permite que accedan a la Universidad, al conocimiento superior, al saber superior, muchos miles de jóvenes que antes vieron privadas esas expectativas, muy legítimas, como las de todo joven que aspira a vivir en una sociedad mejor.
"La crítica a la nueva Universidad, a nuestro juicio, no tiene fundamento alguno. ¿A quién ella le hace mal? Tal vez -agrega aquel Rector-, sea la pregunta más relevante. Se trata de un acuerdo voluntario, público, entre un padre de familia o un estudiante y una nueva Universidad, que tiene por objeto mejorar la formación general y profesional de centenares de personas que –de no tener esta opción- poblarían los puestos de trabajo sin aptitud para conocer, entender o hacer. Que probablemente no hubiesen sido expuestas a diferentes formas de pensar y a conocer más el mundo y, por lo tanto, no hubiesen desarrollado el tan caro y necesario sentido de la tolerancia". Qué importante es esta reflexión para aquellos que predican la tolerancia. "Cuántos talentos escondidos o ahogados por razones de medio ambiente, familiares, de inmadurez, de prejuicios pueden salir a la luz con la nueva actividad universitaria".
"Las nuevas universidades competirán. Habrá buenas, regulares y malas. Se fusionarán, cambiarán sus énfasis y sus destinos podrán ser inciertos para cada una, pero la institución perdurará y de allí saldrán, sin duda, rasgos fundamentales de la Universidad del futuro".
Este proyecto, señor Presidente, busca, precisamente, hablar de un país con futuro. No le tenemos miedo a situaciones que, hoy día, haya que revisar. Es importante revisarlas. Quiero mencionar que el espíritu manifestado por el señor Ministro de Educación cuando fue invitado a la Comisión, fue precisamente un espíritu muy amplio, muy abierto, para revisar toda la legislación referente a la educación superior. Nos parece interesante que el país, luego del paso tan trascendental que dio al consolidar su democracia, pueda revisar una ley orgánica de esta envergadura. No le tenemos miedo y nos parece muy conveniente.
Por eso mismo, señor Presidente, aprobamos en general el proyecto, sin perjuicio de indicaciones muy sustantivas que le formularemos.
Finalmente, cabe precisar que el artículo 2° transitorio, inciso segundo, de la Ley Orgánica de Enseñanza establece que las Universidades que por razones ajenas a su voluntad carecen de entidades examinadoras, solucionen este problema por la vía de una comisión especial o por la examinación de una Universidad encargada para ello por el Ministerio de Educación. Numerosas Universidades creadas últimamente se encuentran en ésa situación: serán examinadas por una Universidad encargada o por una comisión.
Al derogarse esta norma en la forma propuesta y eliminar paralelamente, el artículo 3° transitorio, que permite a las Universidades nuevas, por 2 años, acogerse a la examinación o a la acreditación, sólo queda para la mayor parte de las Universidades - y escúchenlo bien -el sistema de acreditación institucional a través del Consejo Superior de Educación. Este organismo deberá velar casi mono- políticamente por la casi totalidad de las nuevas Universidades privadas. ¡Eso es lo que nos preocupa! Nos inquieta que el Estado quede -no obstante encontrarse establecido en la Ley Orgánica- como un ente mediante el cual se acredite todo el sistema universitario.
Ahora, hay que decirlo también, el Consejo Superior de Educación no se ha constituido formalmente. Debe ponerse en ejecución de acuerdo con lo que dispone la ley orgánica. Pediría al señor Ministro de Educación que instaure cuanto antes ese Consejo, el cual es muy importante, porque, de otra forma, el proceso de acreditación, que está pendiente, resultará muy lento. Además, debe establecer, como lo dispone la ley, procedimientos objetivos para su fin.
Mediante la vía que se está proponiendo, el Ministerio y el Consejo Superior pueden acreditar la mayor parte del sistema universitario privado. Hay que considerar que, en la actualidad, en numerosas Universidades se generarán graves problemas por lo siguiente: existen carreras en que los alumnos terminan semestres o años de estudio, o, simplemente, alumnos que estudian y que, mientras no finalice la acreditación institucional, no sabrán la suerte que corre su Universidad: si continuará o será cerrada. Para ello se requieren reglas del juego claras, que este proyecto no consagra. Existen apoderados que se inquietan -ya lo hacen-, por la suerte que correrán los estudios de sus hijos, por los que pagan sumas importantes. La opinión pública manifestará, que todo esto ha ocurrido por razones muy difíciles de explicar.
De prosperar el proyecto, significará revisar todo o casi todo el sistema privado universitario, con el peligro de que un sólo ente utilice parámetros de medición todavía no conocidos públicamente.
Además, una cosa son los elementos de medición objetivos, y otra, cómo se analicen y qué se concluya de ellos con el objeto de tomar una determinación. Una cosa es la exigencia, y otra, que ésta sea justa y no arbitraria.
Por último, se aconseja legislar manteniendo ambos sistemas de verificación.
Eso es lo que nosotros quisiéramos: la examinación y la acreditación como un principio. Sobre eso, pueden explotarse muchos caminos todavía.
En términos prácticos, estimamos que no es conveniente este proyecto, y así lo hemos hecho saber. No obstante, podemos concluir que puede mejorarse mediante las indicaciones que presentaremos.
Finalmente, una última reflexión. De la discusión aquí planteada, queda en evidencia ante todos los Honorables parlamentarios, que se trata de un tema muy de fondo. Desgraciadamente, en la Comisión no fue tratado con la debida profundidad.
Presentamos formalmente -tal vez por un problema reglamentario, como se hizo saber ahí, no fue aceptada- la petición para invitar a las Universidades a la Comisión. Propusimos invitar a las partes interesadas para analizar en profundidad materias de tan alto interés; que se invitara a los estudiantes y a las organizaciones gremiales involucradas en el tema. Nos parece que una discusión seria debe contar Con la presencia de las partes involucradas en la sociedad. Así lo hicimos presente en la reunión a la que concurrió el Ministro señor Lagos. Incluso, en ella, el propio Secretario de Estado manifestó su conformidad, pues, como no tenía mayor urgencia, le parecía importante escuchar a las demás partes.
Quiero señalar que la intervención del Ministro Lagos en la Comisión fue extraordinariamente clara y bien ilustrada. Ha proveído de un importante material a los parlamentarios que aquí han hecho su exposición. Ninguno de los argumentos que se dieron en esa oportunidad, o muy pocos de ellos, se consignaron en la Comisión. Han salido precisamente del informe que entregó el señor Ministro, lo que revela, naturalmente, que se trata de una materia que todavía requiere mayor estudio.
Por eso, señor Presidente, quiero ser muy enfático en manifestar que nuestra voluntad no consiste en impedir que este proyecto siga su tramitación. Sólo estamos pidiendo que, en una materia tan fundamental como ésta, sean escuchadas muchas otras partes para que nos podamos formar una impresión más cabal de esta iniciativa. Ese es el sentido de las indicaciones, a las cuales no me referiré por falta de tiempo. Reitero que ese es el fundamento que han tenido nuestras observaciones.
Gracias, señor Presidente.
He dicho.
Aplausos en la Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Hago presente que se encuentran inscritos, para hacer uso de la palabra, tres Diputados: la señora Marina Prochelle y los señores Eugenio Ortega y Roberto Muñoz Barra .
Además, debo informar que son las 18.45 horas y que a las 19, corresponde votar los proyectos de acuerdo. En consecuencia, a dicha hora habría que interrumpir el debate.
Por otra parte, el Orden del Día termina a las 19.20 horas. El proyecto vuelve, de todas maneras, a un segundo informe de Comisión, porque se han presentado indicaciones respecto de sus artículos.
Tiene la palabra la señora Marina Prochelle .
La señora PROCHELLE.-
Seré breve, señor Presidente.
Por todo lo expuesto por los colegas Diputados que me precedieron en el uso de la palabra, nuestra bancada reafirma su opinión de que la educación superior chilena debe ser sometida a un análisis global, profundo y técnico, pues no sólo debemos estudiar el problema de las Universidades particulares, sino también los aspectos relativos al crédito fiscal, a las becas alimentarias, a la distribución de recursos entre las Universidades, y, en definitiva, estudiar "la universalidad de la Universidad", valga la redundancia.
Estamos de acuerdo en modificar la Ley Orgánica Constitucional de Educación, pero nos parece inapropiado, poco responsable e inconsecuente enmendar discrecionalmente algunos de sus incisos o artículos, sin entrar a su estudio general, al menos, en cuanto a las Universidades.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Eugenio Ortega .-
El señor ORTEGA.-
señor Presidente, junto con anunciar que la bancada democratacristiana apoyará este proyecto, diré dos palabras sobre las observaciones de los señores Smok y Muñoz Barra .
El tema cuya discusión iniciamos, el de la educación, y, específicamente, el universitario, es uno de los más serios para el futuro del país. Obviamente, en el incide la ley orgánica constitucional que deseamos modificar.
Esta ley, aprobada pocos días antes del 10 de marzo de 1990, y publicada en esa fecha, requiere una revisión profunda, pero el estudio legislativo exige de nosotros una predisposición al consenso, porque el tema universitario no puede, ser abordado como lo hicieron los anteriores legisladores, quienes, apresuradamente, antes de que el Parlamento se instalara, despacharon una ley inapropiada para el país y para las actuales condiciones de la educación en Chile.
Por eso, nuestro ánimo no es el que indica el Diputado señor Bombal . Creemos que el tema educacional requiere un gran acuerdo, con el objeto de dar estabilidad a uno de los aspectos más importantes de la actividad nacional. De allí que no aceptemos su afirmación de que nosotros impugnamos la libertad de enseñanza cuando criticamos el sistema de creación de Universidades privadas, como se ha aplicado en los últimos tiempos.
También rechazamos la imputación de que propiciamos la potestad absoluta del Estado. Lo que sostenemos es que la anarquía en la creación de nuevas Universidades puede desprestigiar a nuestra enseñanza superior y que es obligación del estado regular un proceso tan importante como es el de la creación de los "centros de pensamientos". En todos los países del mundo, es función del estado regular del proceso de creación de Universidades, como una manera de asegurar la calidad de la enseñanza superior.
Uno de los criterios que mantendremos invariables durante nuestra gestión de gobierno es la necesidad de que, en aspectos nacionales claves, haya también acuerdos nacionales. Deseamos el entendimiento más amplio posible, a fin de dar estabilidad a las entidades de educación superior, evitando errores como el de esta ley, que dictada apresuradamente y que no responde a los requerimientos de una actividad tan importante, como es la educación universitaria y, en general, la educación nacional.
En consecuencia, esperamos que en la discusión del futuro proyecto de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza todos los sectores parlamentarios expresen sus puntos de vista, tanto en la Comisión como en la Sala. Estimamos que es útil y conveniente estudiar este tema en profundidad y con la tranquilidad necesaria. Por de pronto, solicitaremos la celebración de una sesión especial para tratar el problema de la educación chilena.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Roberto Muñoz Barra en el tiempo de su segundo discurso. Dispone, en consecuencia, de diez minutos.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, como he sido aludido, ¿puedo hacer uso de la palabra?
El señor VIERA-GALLO - (Presidente).-
Está con la palabra el señor Roberto Muñoz .
El señor BOMBAL.-
¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor MUÑOZ BARRA (don Roberto).-
Siempre que sea breve, con mucho gusto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Con la venia del señor Muñoz , tiene la palabra el señor Bombal .
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente deseo precisar que no hemos afirmado, lo señalado por el señor Ortega . En ningún caso, hemos desconocido el papel que le corresponde al Estado en la actividad educativa. Al contrario, lo hemos hecho presente incluso citando las disposiciones constitucionales que lo consagran. Así sostenemos que la intervención del Estado no puede significar que se coarte la iniciativa de los particulares en el campo de la enseñanza, de acuerdo con la Constitución Política.
Son miles los jóvenes que1, esperan ingresar a la Universidad, sin tener que mirarle la cara al burócrata de tumo. Ese es el sentido profundo de nuestra posición.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Puede continuar el señor Muñoz Barra .
El señor MUÑOZ BARRA (don Roberto).-
Señor Presidente, junto con anunciar el apoyo de la bancada radical al proyecto en debate, deseo hacer algunas precisiones sobre lo expuesto por el señor Bombal.
En primer lugar, cabe puntualizar que en la Comisión de Educación no hubo un debate superficial sobre esta iniciativa, ni tampoco existió premura en su tratamiento. En efecto, el texto del proyecto estuvo en poder de los Diputados de las diferentes bancadas que la integran, por más de veinte días, tiempo suficiente para haber formulado las indicaciones que se estimaran pertinentes, a fin de perfeccionar este texto legal.
En segundo lugar, declaro que no comparto en absoluto el juicio equivocado -no quiero decir ligero- del Honorable colega, en el sentido de aceptar que en Chile existan Universidades buenas, regulares y malas. No me parece que ése sea un enfoque acertado, porque no podemos tener médicos buenos, regulares o malos. Necesitamos médicos, ingeniero y abogados de calidad. La importancia de la función que les compete a los profesionales universitarios evidencia la necesidad de optimizar el proceso de formación de quienes optan a la obtención de títulos que los habiliten como tales.
En tercer lugar -con esto concluyo- me sorprende que el señor Bombal , alcalde durante el anterior régimen por muchísimo tiempo y al cual apoyó, no hubiere hecho esas observaciones sobre el Consejo Superior de Educación en el curioso poder legislativo que Chile tuvo durante dieciséis años. Él contó con posibilidades que no tuvimos miles de chilenos. Ahora sólo se trata de derogar un artículo transitorio, manteniéndose intacto el resto de un cuerpo legal dictado por el anterior régimen, y a cuya discusión, seguramente, tuvieron acceso los personeros de las bancadas del Honorable colega, así como el propio señor Bombal .
Como miembro de la bancada radical, agradezco, en todo caso, el apoyo que el señor Bombal presta al proyecto en general.
Como moraleja final digo: "Qué rica es la democracia que permite manifestar hoy lo que no se pudo decir ayer".
Muchas gracias.
-Aplausos en la Sala
El señor VIERA-GALLO Presidente). -
Tiene la palabra el señor Carlos Valcarce .
Hago presente a la sala que el debate se interrumpirá a las 19 horas para votar los proyectos de acuerdo.
El señor VALCARCE.-
Señor Presidente, debo exponer la posición de Renovación Nacional sobre la Ley Orgánica Constitucional de Educación, ley a la cual el Gobierno ha estimado necesario introducir ciertos cambios, orientados en el sentido de la política que sustenta en esta materia.
Estamos conscientes de la necesidad de tomar inmediatamente ciertas medidas con respecto a la educación universitaria en general. Evidentemente, debemos resguardar el futuro de los estudiantes y, especialmente, salvaguardar los esfuerzos que hace la comunidad nacional al asignar importantes recursos del erario a esta área de la educación.
Creemos que es necesario reglamentar debidamente la acreditación de las universidades. En el texto legal no están señalados los parámetros y mecanismos de la examinación y de la acreditación. Como éste, existen en la ley otros vacíos que indican la necesidad de analizar su texto completo.
Señor Presidente, algunos colegas se han referido en este debate al sistema universitario privado con una ligereza que evidencia desconocimiento del mismo.
Como la mayoría de las universidades privadas son de reciente creación -diecisiete de ellas iniciaron sus actividades el año 1988-, sería muy difícil hacer una evaluación de su funcionamiento con alguna profundidad y desprender de ella un diagnóstico de la situación de la educación superior privada actual. De allí que si existiese alguna universidad que no ha funcionado bien, no se podría generalizar y sostener que el sistema en sí es malo y que hay un completo desorden en esta área.
Por lo demás, las cinco universidades privadas más antiguas, creadas el año 1981, han demostrado que han dado fiel cumplimiento a lo que dispone el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, que permitió su creación. Lo mismo ha ocurrido con algunos institutos profesionales creados bajo el amparo del decreto con fuerza de Ley N° 5, del año 1981, y con algunos centros de formación técnica establecidos con arreglo al decreto con fuerza de ley N° 24, de 1981, todos del Ministerio de Educación.
Generalizar sobre las universidades y su manejo o la excelencia de ellas sobre la base de una, es tan impropio como generalizar sobre las universidades tradicionales, tanto las estatales como las reconocidas por el Estado y que existían antes de 1980, y concluir que porque uña no funcionaba bien, todo el sistema universitario chileno era malo.
Para legislar sobre esta materia, es necesario que el Ministerio de Educación haga una evaluación realmente profunda, y cuando hablo de una "evaluación profunda" significa que tenemos que abordar el problema no tan sólo por las ramas, sino que ir a su raíz. Esto implica analizar la Ley Orgánica Constitucional de Educación.
Otro señor Diputado ha dicho que el Consejo Superior de Educación sólo puede empezar a intervenir en la acreditación en 2 años más. Eso obedece a un desconocimiento de la mencionada ley orgánica. En efecto, las universidades en actual funcionamiento podrán, hasta dentro de 2 años, optar al sistema de examinación; pero ello no impide que el Consejo empiece a funcionar de inmediato.
Muchas otras cosas se podrían decir de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, así como muchas de sus disposiciones se podrían perfeccionar. Por ejemplo, es fundamental -y lo expresé en la Comisión de Educación- que para la acreditación de una universidad se consideren, entre otros elementos, su biblioteca, sus laboratorios, la excelencia académica de sus profesores y sus proyectos de investigación. Creo que hay muchos aspectos de la ley que debemos ordenar, y esa tarea es fácil en la medida en que tengamos una evaluación concreta de todo el sistema.
No podemos caer en generalidades cuando estamos legislando para el futuro. Si así lo hacemos, las leyes abordarán con generalidades materias que requieren un tratamiento en profundidad.
Señor Presidente, creo positivo que este proyecto vuelva a Comisión. Así, en el segundo informe y con motivo del análisis de las indicaciones formuladas, tendremos oportunidad de escuchar a los distintos agentes del sistema de educación superior. Creo necesario escuchar a los rectores de las universidades privadas; a los personeros de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación; a los ex secretarios del Consejo de Rectores de las universidades chilenas. Si vamos a legislar por Chile, necesitamos escuchar a todos los que interactúan en el sistema universitario. No podemos generalizar y dañar la imagen de algunas universidades o de la mayoría de ellas por el caso de una, o dos, o tres.
He dicho, señor Presidente
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Hago presente que restan veinte minutos del Orden del Día y que ha pedido la palabra el Diputado señor Pablo Longueira .
Ahora corresponde suspender el debate para votar los proyectos de acuerdo.
"