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El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Hernán Rojo .
la reciente inauguración del año judicial, el señor Presidente de la Corte Suprema se ha quejado de la falta de preocupación que existe en los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre diversas materias que requieren de urgentes reformas, haciendo presente que desde hace más de medio siglo se viene insistiendo sobre la independencia del Poder Judicial.
Al restablecerse el Congreso Nacional en nuestro país, nos corresponde, como auténticos representantes de la comunidad nacional, hacemos cargo de las inquietudes de tan altos magistrados y referimos a la crisis que afecta a la justicia chilena.
Nos preocupan las palabras del señor Presidente de la Corte Suprema y coincidimos con él en la necesidad de abordar el problema de la justicia militar, que ha permitido que un alto porcentaje de civiles sea procesado en las causas que conocen los tribunales del fuero. Subrayamos sus palabras cuando, al referirse a las remuneraciones del personal del Poder Judicial, él manifiesta que "durante decenios los Presidentes de la Corte Suprema han venido, hasta con majadería, planteando el problema que para la administración de justicia significa que, por sus bajos sueldos, se les margina de un nivel digno de vida". Destacamos su preocupación por la falta de una Policía Judicial y su protesta por la exclusión a grupos de personas de la obligación de concurrir a los Tribunales de Justicia, obligando a los jueces a tener que constituirse en sus domicilios o en cuarteles castrenses.
Esta situación que los deja en una desmejorada condición, es importante que la analicemos en este momento, a través de esta Cámara. También es importante destacar sus palabras cuando él imputa las graves críticas que ha debido sufrir la judicatura, a la obligatoria sujeción del juez a la ley, aunque ésta, muchas veces, por su forma de generarse, u otros motivos, no responda apropiadamente a las aspiraciones del hombre actual.
En su cuenta, solicita cambios en la legislación referente a la calificación y nombramiento de los magistrados, y pide que la calificación que efectúa la Corte Suprema deje de ser secreta, porque va contra normas elementales de justicia. Pide al Gobierno preocuparse del problema público del régimen carcelario y de la escasa dotación de gendarmería en Chile. Nos alienta el hecho de que reconozca la grave situación de los procesados y condenados, al decir "que viven en forma indigna y degradante en los recintos carcelarios y que existe un alto número de procesados que, sin justificación razonable, permanecen privados de la libertad, causando un hacinamiento inhumano. Esta situación -agrega-, unida a la ausencia de lugares de recreación y de talleres de trabajo, produce en la población penal un sentimiento de venganza social que se está traduciendo, cada vez más, en un alarmante reincidencia criminal".
En su mensaje nos dice que "la independencia judicial no es algo que busquemos en nuestro propio beneficio. Ella no es ni puede ser un privilegio establecido en favor de los jueces. Es un privilegio del pueblo en general que tiene, en algún momento de su vida, que recurrir o ser llamado ante los tribunales, y por eso el Poder Judicial ha luchado durante decenios para obtenerla. Hasta ahora -agrega- ni los gobiernos ni los parlamentos han querido entenderlo así. Es por eso que, una vez más, volvemos a pedir que se reconozca este preciado don".
Señor Presidente, he querido referirme a este problema porque lo considero de enorme importancia, de actualidad, y requiere en forma urgente de nuestra preocupación. Soy, tal vez, el único parlamentario que ha sido magistrado, y ello me permitió conocer la realidad de nuestro Poder Judicial por dentro, lo que me obliga a una actuación preferente en la materia.
Desde los más diversos y contrapuestos sectores se alzan voces de crítica frente a la situación de la justicia chilena, críticas que van desde la organización de nuestro sistema y la generación de los miembros de la judicatura, hasta las normas de procedimiento.
El Partido Demócrata Cristiano, a través de seminarios de profesionales, técnicos e intelectuales, se ha preocupado en forma preferente del problema. De igual forma, el Programa de Gobierno de la Concertación de los Partidos por la Democracia se refiere expresamente a las reformas que deben introducirse al Poder Judicial.
Figuras destacadas de la Magistratura, como el ex Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Sergio Dunlop , tuvo la valentía de denunciar la crisis del Poder Judicial, señalar sus vicios y defectos, y proponer soluciones. Pero su conducta le significó el término de su carrera judicial.
Con el transcurso del tiempo la crisis de la justicia se ha ido agravando. Sus manifestaciones afectan a todos los frentes, desde la justicia penal, la lentitud en la tramitación de las causas civiles, los procesos ante los tribunales militares, los problemas carcelarios, la formación de los jueces y la falta de acceso a la justicia. Ante esto consideramos que tenemos la obligación de impedir que el tema de la justicia siga siendo secundario, y debemos tomar conciencia de su gravedad y abocamos a su conocimiento para evitar que se convierta en un riesgo social grave, porque cuando no existe justicia eficiente, las personas y las comunidades tienden a ejecutarla por su cuenta, con todas las consecuencias que ello representa.
No hay peor crisis moral en una comunidad que comprobar que el proceso sólo afecta a una parte de los inculpados; que no se investiga ni se determina la responsabilidad de aquellos que se excedieron en sus funciones o de aquellos que, por omisión, adquirieron responsabilidades; que no se considera la situación de muchos que, erróneamente, buscando la libertad y la justicia, incurrieron en comisión de delitos, y hoy se les pretende negar el derecho a reintegrarse a la sociedad. La existencia de los presos políticos es uno de los hechos que tenemos la obligación de enfrentar.
Los jueces, los abogados, los policías, los gendarmes, los funcionarios judiciales, las autoridades de Gobierno, los parlamentarios, los políticos, todos, en alguna medida, tenemos responsabilidad en la crisis que viene afectando al Poder Judicial. No se tomaron ni se han tomado las medidas que podrían servir de saneamiento. Muchos optaron por incorporarse al sistema y lo usaron en su beneficio. Ello permitió que existieran jueces que no dictaron las resoluciones cuando correspondía y que muchos abogados no reclamaran de los vejámenes que sufrían.
Nos enseñaron que la justicia constituía un Poder del Estado. Pero no ha sucedido así. Sólo ha sido un servicio más, dependiente del Poder Ejecutivo que, en determinados momentos, ha carecido de imperio, de independencia y de autonomía, y que, en la práctica, ha quedado reducido a la simple función de administrar justicia. Como lo dijera el "Grupo de los 24", "la creación de los tribunales, su establecimiento físico, el nombramiento de sus jueces, la determinación de sus recursos, la política de sus remuneraciones, la ejecución de sus fallos, el régimen carcelario y penitenciario y los servicios auxiliares de la administración de justicia dependen del Gobierno, y son algunos de los rubros que resultan expresivos de la falta de coincidencia entre la estructura del sistema judicial y la importancia y significación de que debe estar revestido un Poder del Estado".
No ha existido una política judicial. En los últimos años, se ha dictado una serie de normas aisladas, referentes a situaciones parciales, sin enfrentarse el problema de dotar al país de un Poder Judicial capaz de autogobernarse y de orientar a la sociedad hacia una verdadera integración de las funciones jurídicas de la comunidad misma en el aparato judicial propiamente tal.
La estructura del sistema judicial es deficiente. No se ha respetado el principio de la unidad de la jurisdicción y, en el hecho, se vive una verdadera anarquía en materia de tribunales. No existe un organismos rector de la administración de justicia en Chile. Así, junto a los tribunales ordinarios, dependientes de la Corte Suprema, coexisten instancias judiciales que actúan en forma independiente, aunque, en ciertos casos, sus resoluciones sean susceptibles de recursos ante los tribunales ordinarios. Allí está el Servicio de Impuestos Internos, constituido en tribunal de primera instancia; allí están los juzgados de policía local, desnaturalizados en sus objetivos; allí están los juzgados militares, que han invadido la competencia de los tribunales ordinarios.
Señor Presidente, ello deberá cambiar radicalmente. No es posible que en un Estado de Derecho se permita que las instancias destinadas exclusivamente a resolver los problemas de la disciplina interna de las instituciones armadas actúen en materias propias de los tribunales de justicia, con fiscales ad hoc y sin el debido proceso.
En su mensaje, el señor Presidente de la Corte Suprema dice que "la grave crisis que ha debido sufrir la judicatura, e incluso el debate público conocido acerca de su independencia, tiene su origen en la obligatoria sujeción del juez a la ley, aunque ésta muchas veces, por la forma de generarse u otros motivos, no responda apropiadamente a las aspiraciones del hombre actual".
Uno de los elementos más graves de la profunda crisis de la justicia chilena es la forma en que se resuelve la controversia entre la ley y los principios de la justicia. Los jueces -a través de la Asociación Nacional de Magistrados y, en especial, en la Convención de Puerto Montt, celebrada el año 1980-, sostuvieron, por intermedio de la Magistrada señora Raquel Campo- sano, que sólo le corresponde aplicar la ley, y que ella contiene normas que restringen demasiado las facultades del juez y lo obligan a ceñirse a marcos demasiado estrechos.
Y agregó: "Ejemplo vivo de lo que digo es el trabajo que presentó don Sergio Dunlop en la Segunda Convención, donde decía textualmente: "Los que diariamente estamos aplicando la ley penal anotamos algunos hechos que no podemos dejar sin intentar algo para evitarlos. Estos hechos corresponden a la aplicación de penas que no coinciden con la noción que nosotros tenemos de la justicia y de la idea de proporción o de equidad que debe existir entre el delito y la sanción que lleva consigo".
El problema puede ser resuelto cuando el ordenamiento jurídico permite la aplicación de las normas generales a los casos particulares. Así el ordenamiento jurídico deja de ser esencialmente legalista y posibilita postular cierto arbitrio judicial, necesario para que la norma general sea aplicada a un caso concreto con todas sus características específicas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Advierto al señor Diputado que le resta un minuto.
El señor ROJO -
Gracias.
Una de las críticas más agudas y actuales que se ha formulado a la justicia chilena ha sido la falta de protección de los derechos humanos. Ahí están las detenciones arbitrarias, los arrestos indebidos, la prisión de personas sin proceso y sin cargo, los traslados, las relegaciones, el exilio, las torturas, las ejecuciones, los desaparecidos. ¡Cuánto daño se ha causado! Ante ello, la justicia no actuó con la firmeza con que lo hizo durante el Gobierno del Presidente Allende. La Corte Suprema se declaró incompetente para conocer de las sentencias de los Consejos de Guerra, quedando dichos tribunales sin más superior jerárquico que los Comandantes en Jefe de cada institución armada. Los recursos de amparo no fueron acogidos a tramitación; y, cuando lo fueron, ésta fue lenta y ante una autoridad administrativa que no informaba o que lo hacía cuando lo estimaba necesario. Excedería de mi tiempo al referirme in extenso a la reconstitución de los hechos y de las responsabilidades que de ello pudieran derivarse. Bástame señalar que la acción valiente de muchos magistrados, simbolizados, tal vez en nombres como Cánovas, Cerda y García , permitieron mantener viva la esperanza en la justicia. Pero, como decía Maritain , "nadie puede ser obligado a ser heroico".
Señor Presidente, en mi intervención, sólo he alcanzado a referirme a la mitad de esta materia. Espero que, en una próxima oportunidad, pueda continuar con este análisis, porque creo que todos tenemos que enfrentamos a este problema.
Muchas gracias.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se ruega no hacer manifestaciones.
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