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El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , como integrante de la Comisión de Economía, quiero hacer presente que estamos frente a un proyecto que a primera vista es fácil y obvio en su aprobación. ¡Cómo no empatizar con los tenedores de tarjetas de crédito que, víctimas de fraudes cometidos sin su conocimiento, se ven en la necesidad de esperar largos plazos y peregrinar por fiscalías, oficinas públicas, tribunales de justicia, liquidadores, compañías de seguros, empresas de cobranzas, bancos, etcétera!
A pesar de esa simpatía inicial, me parece que el tema es mucho más complejo. Una solución legislativa eficiente y barata para el consumidor, a quien pretendemos beneficiar, debe tener en cuenta la forma de operar del mercado del crédito. No vaya a ser cosa que nuestro afán protector se vuelva en mayores costos para el público.
La tecnología, a su vez, ha propiciado maneras eficientes de enfrentar la delincuencia en materia de uso de tarjetas de crédito, sustituyendo la banda magnética por códigos y mecanismos electrónicos que proporcionan más seguridad al tenedor de la tarjeta.
El número de tarjetas de crédito que opera en el mercado nacional, con cupo local e internacional, ya supera con creces la población de Chile. Sí, señores, la población de Chile, dado que es habitual que instituciones bancarias o de crédito comercial entreguen este producto de manera expedita e indiscriminada. Es habitual que una persona cuente con dos, tres o más tarjetas de crédito.
Muchas de estas tarjetas se contratan conjuntamente con seguros que, cuando son informados y utilizados eficientemente por el cliente, permiten enfrentar la contingencia de un extravío, hurto o robo de manera satisfactoria para los perjudicados.
Puestas las cosas de este modo, señor Presidente, parece que la solución simple, esto es, radicar toda la responsabilidad en el emisor o en el administrador de la tarjeta, no basta para enfrentar el problema. Eximir de plano de responsabilidad al tenedor de la tarjeta puede conducir a situaciones injustas.
Agreguemos que ni el titular o usuario de la tarjeta ni el emisor o administrador se encuentra en condiciones de prever y hacer frente a los mecanismos más habituales de defraudación, mediante tarjetas, que se observan en la realidad: el "skimmer" (instalación de un pequeño dispositivo en la ranura de ingreso de las tarjetas en los cajeros automáticos para obtener la información); el "cambiazo" (cambio de máquinas por otras adulteradas), y la "pérdida de vista" (cuando al momento de la transacción el vendedor solicita la tarjeta para realizar el pago en otro lugar).
Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto en general, a la espera de que en la discusión particular surjan soluciones legislativas eficientes que no perjudiquen el mercado de las tarjetas de crédito, al que concurren tanto proveedores como consumidores.
Reiteramos que nos parece una iniciativa interesante, que defiende a los consumidores, pero a veces proyectos fáciles y obvios en su aprobación traen complicaciones. Nosotros vamos a presentar una serie de indicaciones cuando corresponda. Aunque entendemos la buena intención de sus autores -entre ellos la Senadora Lily Pérez -, queremos hacer las cosas lo mejor posible, de manera que no nos ocurra que, por favorecer la defensa del consumidor, terminemos perjudicándolo en otros aspectos.
Voto que sí.
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