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El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a internet.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, sesión 80ª de la presente legislatura, en 18 de octubre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .
El señor PÉREZ (don Leopoldo).-
Señor Presidente, esta moción pretende regular los contratos entre los proveedores de servicios de internet y los usuarios en relación con el comportamiento de acceso y la velocidad comprometida en el mencionado contrato con el valor que se paga. La idea es contar con un promedio durante el día, particularmente en las horas punta, período en el cual el uso es más intenso.
Si bien durante la discusión del proyecto se mencionaron los factores y restricciones que podría tener el asegurar una velocidad exacta y medible durante todo el día, particularmente en las horas de mayor uso -por ejemplo, las características de la construcción de la vivienda, el conectarse en un subterráneo o si otra persona está “colgada” de la señal del contratante-, finalmente en la Comisión Mixta se estableció que fuera una banda, es decir, si el contrato entre una empresa proveedora de servicio de internet y un usuario dice que se va a vender equis cantidad de megas de velocidad, el cliente, al menos, debe tener la posibilidad de acceder a la medición.
Esto genera más coherencia en quien vende el servicio, pues no daría pie a publicidad engañosa. Es decir, si el cliente compra 10 o 15 megas, si bien durante el día no va a tener permanentemente esa velocidad, por lo menos tendría un promedio aceptable para funcionar conforme al valor que paga.
Tal vez la única crítica que podríamos hacer al proyecto, más allá del informe de la Comisión Mixta, es que el costo de la información instantánea para que el usuario y la autoridad reguladora sepan si se está cumpliendo con el promedio de la velocidad mínima garantizada contratada tendrá que ser absorbido por el usuario. Si bien va a ser un ente independiente el que analice la materia, tendrá que ser financiado dentro de la tarifa que se cobra a los usuarios.
Esta materia no se pudo resolver, y es necesario señalarlo para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Los diputados de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones señalaron a la autoridad y a los senadores que esto iba a encarecer los programas de conexión a internet.
Lo positivo es que la iniciativa establece una regulación ante la actual asimetría que se produce en la contratación de servicios de internet, lo que es muy importante para el usuario y para el prestador de servicios.
En nombre de la bancada de Renovación Nacional, anuncio que votaremos favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, este proyecto, que se encuentra en su última etapa de tramitación, busca establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a internet, y es bueno que los usuarios lo recuerden, además de nuestros auditores y las personas que nos están viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados.
El gran problema que enfrentan los usuarios en la actualidad es que contratan un servicio de internet con una velocidad de acceso determinada, pero, cuando empiezan a utilizar su computador o teléfono, esa velocidad no se ve reflejada en el aparato. Eso constituye una práctica engañosa hacia los usuarios.
Si una persona contrata un servicio de internet con una velocidad de 100 megabytes por segundo, la empresa proveedora no le dice que esos 100 megabytes se van a repartir entre todos los puntos de acceso a la red que existen en una casa. Es decir, si cuatro o cinco personas utilizan internet en forma simultánea, la velocidad de 100 megabytes por segundo se divide entre esas cuatro o cinco personas y, por lo tanto, ya no serán 100, sino 25 o 20 megabytes de velocidad por cada aparato.
Por otra parte, la velocidad también dependerá del lugar en que se sitúe la persona en relación con el punto de origen de la señal en el domicilio. Esta ley en proyecto pretende regular ese aspecto; vale decir, si la empresa dice que va a entregar una velocidad de 100 megabytes por segundo, que lo haga en forma completa, y no dividida.
Las empresas proveedoras han dicho que no pueden garantizar un servicio de ese tipo a menos que suban los precios de los planes, pero yo creo que sí lo pueden hacer, en la medida en que transparenten la velocidad que entregan. Lo que ellos señalan es altamente insuficiente, en el sentido de que en promedio están entregando un 30 por ciento de lo prometido; es decir, si en un contrato se establece una velocidad de 100 megabytes por segundo, solamente entregan 30. Lo mínimo que se les pide es que entreguen efectivamente un 80 por ciento de la velocidad contratada; eso sí sería tolerable para los usuarios.
Vamos a votar favorablemente este proyecto, porque una vez que entre en vigencia como ley corregirá un error y hará que las empresas transparenten el tipo de servicio que entregan, de modo que los usuarios sepan exactamente qué velocidad de acceso van a recibir en cada uno de sus aparatos, en sus domicilios o empresas.
Reitero mi voto a favor, porque creo importante que aprobemos rápidamente este proyecto, para que pronto se convierta en ley.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo .
El señor ESPEJO.-
Señor Presidente, creo que es una exigencia básica aprobar este proyecto de ley, que establece la obligación de garantizar una velocidad mínima en el acceso a internet. Estoy seguro de que mis colegas también lo van a respaldar.
No siempre se ve con nitidez lo que está en juego con esta iniciativa. La idea que se ha instalado entre nuestros compatriotas, en distintos lugares del país, es que las personas contratan servicios que forman parte de sus vidas cotidianas, pero cuando las empresas proveedoras no cumplen con las obligaciones establecidas en los contratos, no existen mecanismos efectivos de reparación, de compensación ni de reanudación de tales servicios.
Vivimos una situación como esa a comienzos de este año, como consecuencia de cortes de la energía eléctrica en vastos lugares del territorio nacional. En muchos sectores de mi Región de O'Higgins, en las regiones Metropolitana , de Valparaíso y en otras, los vecinos siguen preguntando cuándo van a recibir las indemnizaciones que las empresas iban a entregar, incluso a título voluntario.
Sabemos que ocurren otras situaciones similares, en las que se debilita no solo la fe o la confianza en la capacidad de las empresas para prestar servicios, sino también en el Estado, por tratarse de empresas reguladas por este. Tal es el caso que enfrenta el Servicio Nacional del Consumidor cuando una persona se inscribe voluntariamente en un listado para no recibir publicidad molesta a través de distintos medios de comunicación, como teléfono, internet, correo electrónico, etcétera. Las empresas de telecomunicaciones no cumplen con los planteamientos hechos voluntariamente por los consumidores ante el Servicio Nacional del Consumidor y, cuando este plantea dicha situación a las empresas, no ocurre nada, porque sabemos que el Sernac es una institución que hasta el día de hoy carece de capacidades efectivas para fiscalizar y sancionar. Eso debiera cambiar en los próximos días, cuando la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor, que ya fue aprobado en la Comisión de Economía y en la Sala de la Corporación. Dicho proyecto estuvo mucho tiempo -en exceso, en mi opinióna la espera de ser despachado por el Senado, pero pronto lo veremos en su tercer trámite legislativo.
En materia de servicios de internet, la situación es particularmente delicada. El acceso abierto a los servicios digitales, a la economía digital y a las tecnologías de la información debería ser un derecho fundamental de las personas. El diputado Mirosevic , quien está sentado a mi siniestra, ha argumentado permanentemente en esa línea.
Estamos completamente de acuerdo en que todavía tenemos que dar seguridad a quienes hoy reciben esos servicios y que pagan por ellos, de modo que las velocidades de acceso sean aquellas que les permitan no solo recibir como contraprestación aquello por lo que han pagado, sino también dar un uso efectivo a esos servicios. Pero todos hemos experimentado en nuestras vidas cotidianas lo que ha estado ocurriendo: que la velocidad del servicio que recibimos no es suficiente.
Esta moción parlamentaria justamente busca garantizar la existencia de una velocidad promedio de acceso, establecer como obligación para la autoridad la dictación de normas técnicas, crear un organismo técnico independiente, responsable de medir las velocidades; entregar información a los consumidores en relación con esa materia y obtener, en caso de que no se entregue la velocidad pactada, las reparaciones, reposiciones o compensaciones necesarias. Todo ello es un tremendo avance.
Quienes creemos en el valor del mercado y en el de la competencia para proveer servicios de mejor calidad a menor precio a las personas, sabemos que, como contrapartida, es necesario que la competencia sea efectiva -un ámbito en el cual nuestro país todavía tiene serias deficienciasy que es menester contar con organismos reguladores y supervisores capaces de velar por el cumplimiento de las condiciones básicas de operación de algunos de los servicios. En ese sentido, iniciativas como esta son tremendamente valiosas, razón por la cual la votaré favorablemente.
Finalmente, quiero destacar que este proyecto surgió de una moción parlamentaria, es decir, tuvo su origen en el Congreso Nacional, no en el gobierno.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, hace alrededor de diez años, con un movimiento ciudadano impulsé una campaña digital llamada “Banda ancha para todos, manga ancha para nadie”, que tenía que ver con una tesis fundamental: si en el siglo XIX el desarrollo de los países se medía por su industria ferroviaria, por su capacidad de tener grandes trenes y extensas vías que conectaran todo un país, en el siglo XXI el desarrollo se iba a medir por el acceso a banda ancha.
Hace diez años, cuando decíamos eso, no muchos querían escuchar y pensaban que era solo una cuestión elitista. Hoy ha quedado claro que las tecnologías se van a democratizar todo lo que puedan, y todo lo que pueda ser digital lo será.
Los países que han hecho un esfuerzo para ser los primeros en tener acceso a banda ancha, como Japón, Corea del Sur y Singapur, están desarrollando una economía creativa y digital que permite competir no solo a los dueños del gran capital, sino a los pequeños emprendedores. Por lo tanto, es una economía mucho más democrática. Para lograr eso hay que garantizar acceso de calidad. Los países que no lo hagan van a tener problemas para entrar al desarrollo en esta nueva economía que, a estas alturas, es postindustrial.
Hace mucho rato que los usuarios vienen reclamando que sus compañías proveedoras de internet no cumplen con lo que prometieron en la publicidad o en el contrato. No hay ningún organismo al cual ellos puedan reclamar, lo que afecta a particulares, emprendedores y pequeñas empresas.
En Chile, por ejemplo, hay empresas que están desarrollando la industria del videojuego. Ustedes dirán que se trata de una actividad que no tiene ninguna importancia. Quiero informarles que la industria de los videojuegos ya pasó a formar parte de la industria del cine en términos de la riqueza que genera.
Como señalé, es posible que este proyecto tenga muchos vacíos, pero, al menos, garantiza velocidades promedio. De ahora en adelante un usuario podrá reclamar a su compañía cuando esta no cumpla lo pactado en un contrato, y en este deberá establecerse la velocidad máxima y la velocidad promedio según horarios.
Como señaló el diputado Espejo , esta iniciativa hace reclamable un servicio por el cual se paga.
Insisto: si la compañía proveedora no cumple lo estipulado en el contrato, no existe a quién reclamarle, lo que produce indignación y frustración en los usuarios de internet, particularmente en muchos emprendedores.
Por otro lado, es relevante señalar que existirá un organismo técnico que será designado mediante una licitación pública efectuada por los proveedores del servicio de acceso a internet, previa aprobación de las bases de dicha licitación por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Me caben dudas respecto del financiamiento de ese organismo técnico. Por eso, digo que no es un proyecto perfecto, pero sí un tremendo avance que, como dijo el diputado Espejo , surgió del Congreso Nacional, no del gobierno.
Claramente, se trata de un mercado que debe ser regulado. Espero que este sea solo el primer paso para conseguir otras regulaciones, como ya lo han hecho los países desarrollados, que consideran que el acceso a internet es un servicio básico en el siglo XXI.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, uno de las preguntas que surgen a propósito de la tramitación de esta iniciativa es cómo transparentar el mercado de las telecomunicaciones en cuanto a los proveedores de acceso a internet. El proyecto obliga a las empresas relacionadas con ese servicio a publicar en sus respectivos sitios web toda la información relativa a las características de acceso a internet, la velocidad, la calidad del enlace, diferenciando entre las conexiones nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio.
El artículo 24 J de la Ley General de Telecomunicaciones señala que un reglamento establecerá las condiciones mínimas que deberán cumplir los prestadores de servicio de acceso a internet en cuanto a la obligatoriedad de mantener publicada y actualizada en su sitio web información relativa al nivel del servicio contratado, que incorpore criterios de direccionamiento, velocidades de acceso disponibles, nivel de agregación o sobreventa del enlace, disponibilidad del enlace en tiempo, y tiempos de reposición de servicio, uso de herramientas de administración o gestión de tráfico, así como también aquellos elementos propios del tipo de servicio ofrecido y que correspondan a estándares de calidad internacionales de aplicación general. Asimismo, dicho reglamento establecerá las acciones que serán consideradas prácticas restrictivas a la libertad de utilización de los contenidos, aplicaciones o servicios que se presten a través de internet, acorde a lo estipulado en el artículo 24 H.
También se manifiesta que con la puesta en funcionamiento de los indicadores de calidad del servicio y publicitados los resultados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones del estudio denominado Radiografía de Internet en Chile, los proveedores de internet incumplen absolutamente los estándares de velocidad de acceso ofrecida, tanto a nivel nacional como internacional. En efecto, las empresas proveedoras de internet entregan en promedio solo 30 por ciento de velocidad de acceso en conectividad internacional.
Uno de los principios que persigue el proyecto -los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra han argumentado en la misma línea es transparentar esta materia, que se relaciona con garantizar una velocidad mínima de acceso a internet.
Entiendo que nuestro país es uno de los más avanzados en esta materia en el concierto latinoamericano. No obstante, es necesario que los usuarios también tengan un respaldo y una garantía en relación con la calidad del servicio que se les ofrece.
La bancada del Partido por la Democracia va a aprobar este proyecto de ley, a fin de transparentar aún más el servicio de acceso a internet, que ha llegado a niveles de tremenda industrialización.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez .
La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-
Señor Presidente, valoro este proyecto de ley discutido en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
Esta iniciativa viene a cubrir una demanda muy sentida por la comunidad. Los diputados y diputadas somos testigos del reclamo constante de la ciudadanía por la velocidad del internet. La gente reclama porque no recibe el servicio que contrató. Los motivos son varios; por ejemplo, no lo recibe cuando se traslada a una ciudad donde la velocidad de acceso al mismo es baja. Esa situación no es informada por las compañías al cliente cuando este contrata planes de internet.
Ante esa problemática, la iniciativa propone que cada persona tenga la posibilidad de habilitar un software para medir la velocidad de acceso a internet y exigir a la compañía el cumplimiento del servicio contratado. Ello permitirá al cliente saber si la velocidad que está recibiendo es la que corresponde al plan que contrató y que está pagando.
Asimismo, se establece que un organismo técnico independiente estará a cargo de realizar la medición de las velocidades empleadas por todas las compañías, a fin de que los ciudadanos estén informados al respecto cuando contraten el servicio. Esto permitirá saber cuál es la velocidad de acceso a internet en los diferentes sectores y comunas. Cuando los habitantes de comunas como Puerto Montt o Palena, o las de Chiloé, algunas de las cuales represento, se alejan de los centros ciudadanos, se encuentran con que la velocidad de internet comienza a disminuir, en circunstancias de que contrataron y pagaron por un servicio cuya velocidad de acceso debería ser mucho mayor.
El proyecto da claridad para que el usuario pueda exigir el cumplimiento de la velocidad prometida por la compañía con la que contrató el servicio de internet. La idea es garantizar que exista coherencia entre la publicidad del servicio y el contrato del mismo.
Reitero: el proyecto permite la verificación individual del cumplimiento de la velocidad promedio contratada, a través de mediciones efectuadas por el propio usuario; dispone mecanismos de mediciones adicionales a la velocidad empleada por las empresas, las que serán efectuadas por organismos técnicos independientes; fortalece las facultades fiscalizadoras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones; refuerza la posibilidad de los usuarios de reclamar, y refuerza la transparencia en la publicidad del servicio.
En suma, la iniciativa permitirá que el ciudadano esté informado en materia de acceso a internet, ámbito en el cual muchas veces veíamos abusos. Si bien esta iniciativa no soluciona todos los problemas, viene a hacerse cargo del reclamo constante de la ciudadanía en relación con la velocidad con que se provee dicho servicio.
Valoro el proyecto. Como Partido Socialista vamos a apoyarlo al igual que lo haremos con todas las iniciativas que vayan en beneficio de los consumidores, quienes muchas veces sienten que se abusa por parte de las empresas, o muchas veces no tienen claridad respecto del servicio que contratan. Es el caso que hoy nos convoca en relación con la velocidad de acceso a internet.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a internet.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
La ministra de Transportes y Telecomunicaciones ha pedido la palabra.
¿Habría acuerdo para que pudiera intervenir brevemente?
Acordado.
Tiene la palabra la ministra Paola Tapia .
La señora TAPIA, doña Paola (ministra de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, solo deseo agradecer el apoyo transversal a esta iniciativa.
Sin duda, este es un avance en la protección de los derechos de los usuarios de internet y de la velocidad promedio garantizada, que este proyecto establece.
Reitero mi agradecimiento a todos los diputados y diputadas por el apoyo transversal al proyecto.
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