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El señor COLOMA.-
Señor Presidente , a mí me gustaría hacer una breve reflexión, más bien de carácter político, acerca de la iniciativa, de su entorno y de su tiempo.
Creo que nada más útil para tal efecto es considerar sus fundamentos. Después de un largo período de más de diez años de funcionamiento de un sistema que buscó, en lo medular, prevenir la delincuencia juvenil y reinsertar a menores que habían caído en este tipo de conductas, nos damos cuenta -cualquier ciudadano pudo percibirlo en forma bastante clara con anterioridad- de que se registra un profundo fracaso.
El proyecto plantea -y lo valoro- un cambio del sistema, porque, básicamente, ha fallado lo que tiene que ver con la prevención, la reinserción, la diferenciación del sistema penitenciario común y las penas que se aplican en definitiva.
Nos hallamos, por lo tanto, ante un desafío de proporciones.
Comparto con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra que el planteamiento de la iniciativa, con un grado de urgencia, al final del período presidencial -y lo decimos ya no al fragor de una campaña electoral que tuvo, como todas, momentos de más o menos pasión, sino como una reflexión- no deja de ser una exigencia que lleva a pensar en cuál es el sentido de la medida con relación a los problemas más delicados del país.
A mi juicio, en los últimos dos años no ha pasado nada de mucha envergadura -el primer informe respecto del SENAME se entregó hace ya bastante tiempo- como para que no estuviéramos terminando un proyecto de ley cuyo objeto fuese repensar o reformular todo lo expuesto originalmente con relación al tema, particularmente en prevención, reinserción y cumplimiento de una pena por los menores. Lo cierto es que estamos iniciando un esfuerzo.
Estimo indispensable formular la crítica. Porque es algo que puede pasarle a cualquiera. En poco tiempo más habrá un cambio de Gobierno y quienes hoy día somos opositores pasaremos a ser partidarios del nuevo, lo que no es fácil. Muchos de los que están en las bancadas del frente me han dicho que ser opositor puede cambiar la visión que se mantenga.
Pero este es el tipo de cosas que van más allá de la contingencia política y respecto de las cuales uno se pregunta por qué no fueron prioridad.
Quizá la razón fue que había ánimos de abordar de manera copernicana otros problemas estructurales del país y no de preocuparse de asuntos angustiosos relacionados con la familia, con los miles de lugares donde la delincuencia juvenil se vincula a los menores pero también a la sociedad.
Dicho de otra manera, la falta de atención oportuna de este tipo de materias genera un costo muy alto: la aparición de decenas o cientos de miles de víctimas, sin que exista una respuesta correcta del Estado a esa problemática.
La reflexión más importante que debemos hacer es qué le pasa a una sociedad o a un gobierno que no logra dar con los tiempos para enfrentar las urgencias sociales del país y que prefiere optar por otros caminos o temas que, a mi juicio, escapan por completo a lo que debería ser prioritario.
Una segunda reflexión tiene que ver con las cosas que faltan.
En efecto, considero que se produce un avance en materia de cambios de penas, aunque ahí se podría innovar con más fuerza.
Me parece indispensable también abordar de alguna forma lo relacionado con los menores de 14 años.
Lo digo con un sentido constructivo, con un sentido de país.
Probablemente, cuando uno termina una campaña y ha estado recorriendo las regiones y teniendo un contacto mucho más directo con los ciudadanos puede constatar la desesperación que produce la impunidad con que actúan determinados menores y la falta de sanción o reinserción de otro grupo de ellos.
Entendemos que se trata del primer servicio que se crea en función de lo que era el SENAME, institución que con solo nombrarla genera un mal espíritu y un mal ambiente por ser, lamentablemente, un símbolo de fracaso.
Valoro que por lo menos se haya dado el paso, aunque lamento profundamente que fuera en el atardecer de un Gobierno y no en sus momentos iniciales, pues la Administración anterior dejó planteada precisamente la necesidad de enfrentar este problema.
El Senador Larraín, que informó el proyecto, explicó en parte los argumentos que los distintos invitados formularon en cuanto a qué significa esta nueva institucionalidad; expresó ciertas dudas sobre cuáles pueden ser los grados de burocracia o de superposición de funciones y apuntó a cómo se puede controlar de verdad este cambio muy importante que debe ocurrir en el escenario juvenil.
Con tales consideraciones, al igual que todos -entiendo-, aprobaremos la idea de legislar. Pero no cabe duda de que, a diferencia de otros proyectos, donde uno más bien espera la fijación de un plazo breve para presentar indicaciones a fin de cambiar o mejorar un punto determinado, la discusión en particular de esta iniciativa debe ser muy profunda, pues existen muchos temas que se deben resolver de manera diferente, tal cual se planteó en la Comisión de Constitución, el órgano técnico que estudió esta normativa.
He dicho.
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