PROYECTO DE LEY: “Título I Disposiciones generales Artículo 1°.-Objeto de la Ley. La presente ley regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua de conformidad a lo establecido en el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República. Artículo 2°.-Derecho a residir, permanecer y trasladarse. Toda persona tiene derecho a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua, cumpliendo los requisitos que señalan la presente ley y sus reglamentos. La presente ley no exime a los extranjeros de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Establece Normas para Extranjeros en Chile. Las personas pertenecientes al pueblo Rapa Nui, de conformidad con el párrafo 2°, del Título II, en relación al artículo 66 de la ley N° 19.253 que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; no estarán afectas a las limitaciones que se establecen en este cuerpo legal. Sin perjuicio de lo anterior, a estas personas les será aplicable el régimen sancionatorio establecido en las letras c) y d) del artículo 34 y letras e), f) y g) del artículo 35 de la presente ley. Artículo 3°.-Cómputo de plazos. Los plazos de días establecidos en esta ley son de días corridos, a menos que se indique expresamente que son de días hábiles, en cuyo caso se computarán en los términos señalados en el artículo 25 de la ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Artículo 4°.-Territorio especial de Isla de Pascua. Para todos los efectos de la presente ley se entenderá por territorio especial de Isla de Pascua aquel señalado en el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, al cual se aludirá indistintamente como “Isla de Pascua”, “Rapa Nui”, o “territorio especial”. Título II De la permanencia y residencia en el territorio especial de Isla de Pascua Artículo 5°.-Plazo máximo de permanencia en el territorio especial. Toda persona, nacional o extranjera, que ingrese a Isla de Pascua, podrá permanecer en el territorio especial por un periodo máximo de treinta días, salvo las excepciones contempladas en el artículo siguiente. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, podrá prorrogarse la permanencia por el tiempo necesario para su abandono. La solicitud de prórroga será calificada por la Gobernación Provincial de Isla de Pascua mediante resolución fundada, en el plazo de cinco días hábiles contados desde el ingreso de la solicitud. Mientras dure su tramitación, no procederán las sanciones del Título VI de esta ley. La prórroga concedida a una persona mayor de edad deberá extenderse a los niños y niñas que tenga bajo su cuidado personal, aun cuando no concurra respecto de éstos el motivo por la cual fue concedida. Asimismo, si a algún niño o niña le afectare algún motivo de fuerza mayor o caso fortuito, se concederá prórroga a sus padres o a quien tenga su cuidado personal. Artículo 6°.-Personas habilitadas para permanecer por sobre el plazo máximo de treinta días. El plazo máximo de permanencia en el territorio especial establecido en el artículo anterior no será aplicable a las siguientes personas, quienes tendrán derecho a permanecer y residir en el territorio especial mientras se cumplan los requisitos que se señalan a continuación: a) Los familiares de las personas pertenecientes al pueblo Rapa Nui, tales como su cónyuge, conviviente civil o conviviente de hecho, los hijos y padres del cónyuge, conviviente civil o de hecho, o respecto de quien medie cuidado personal. En caso que las personas señaladas en el párrafo precedente pierdan la calidad que las habilita para permanecer en el territorio especial, deberán hacer abandono de éste en un plazo de noventa días. b) Las personas que ejerzan autoridad política o administrativa y el personal contratado por los órganos del Estado, que deban desempeñarse dentro del territorio especial, mientras se mantenga vigente su contratación. Terminado su servicio, destinación, comisión de servicio o cometido funcionario, o en caso que se ponga término al vínculo contractual, la persona deberá hacer abandono del territorio por cuenta del órgano que lo contrató en un plazo de treinta días. Los órganos del Estado dispondrán que las destinaciones o comisiones de servicio en Isla de Pascua se realicen por un periodo de tiempo inferior a tres años, salvo que por necesidades propias del servicio se requiera un periodo de estadía mayor. Respecto del personal profesional de alta especialización contratado, los jefes de servicio solicitarán opinión del Consejo establecido en el artículo 24 para evaluar la extensión de la estadía a que refiere el inciso anterior. c)Las personas que cumplan en el territorio especial funciones por cuenta de un concesionario de servicio público, o una empresa que haya celebrado un contrato con el Estado, que deba ser ejecutado en el territorio especial. Finalizada la obra o servicio ejecutado en virtud del contrato, la persona deberá hacer abandono del territorio especial en un plazo de treinta días, por cuenta del concesionario o empresa contratante. d)Los precandidatos y candidatos inscritos en el registro especial que lleva el Servicio Electoral conforme lo dispongan las leyes para cualquier clase de cargos de elección popular que involucran el territorio especial, incluyendo las elecciones primarias. Estas personas podrán permanecer en el territorio especial hasta la publicación de la sentencia de proclamación dictada por el Tribunal Calificador de Elecciones o el Tribunal Electoral Regional, según corresponda. En caso de que las personas señaladas en el párrafo precedente pierdan la calidad que las habilita para permanecer en el territorio especial, deberán hacer abandono de éste en un plazo de treinta días. e)Las personas que desempeñan cargos de elección popular en dicho territorio, desde la dictación de la sentencia de proclamación hasta la cesación del cargo. En caso de que las personas señaladas en el párrafo precedente pierdan la calidad que las habilita para permanecer en el territorio especial, deberán hacer abandono de éste en un plazo de treinta días. f) Los trabajadores contratados para desempeñarse en la Isla de Pascua por un empleador que tenga establecimiento en el territorio especial, o quienes desarrollen alguna actividad económica independiente en dicho territorio. El empleador deberá pagar el billete de pasaje de regreso del trabajador y de su familia hacia el destino que se convenga, cuando se produzca el término de la relación laboral por cualquier causa. Este derecho será irrenunciable para el trabajador. El empleador deberá dar aviso del término de la relación laboral a la Gobernación Provincial de Isla de Pascua por escrito, dentro del plazo de treinta días contados desde que ésta se produzca. Quienes realicen actividades económicas de manera independiente deberán cumplir con todos los requisitos que exige la ley para el inicio y desarrollo de la actividad que se trata, tales como iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, y contar con todas las patentes y permisos vigentes necesarios para la actividad que se pretende realizar. En caso que las personas señaladas en los párrafos precedentes pierdan la calidad que las habilita para permanecer en el territorio especial, deberán hacer abandono de éste en un plazo de noventa días. Aquellas personas que ingresen al territorio especial de Isla de Pascua de conformidad a lo establecido en el artículo anterior y que posteriormente deseen celebrar un contrato de trabajo o ejercer una actividad económica independiente, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9°. g) Los familiares de las personas señaladas en las letras b), c), d), e) y f) de este artículo, tales como su cónyuge, conviviente civil o conviviente de hecho; los hijos y padres del cónyuge, conviviente civil o de hecho, o respecto de quien medie cuidado personal. Las personas señaladas en el párrafo precedente que pierdan la calidad que las habilita para permanecer en el territorio especial, deberán hacer abandono dentro del plazo de noventa días. En el caso de que sean las personas establecidas en las letras b), c), d), e) y f), las que pierdan las calidades habilitantes, los familiares de que trata este párrafo deberán hacer abandono en los plazos establecidos en los literales respectivos. Título III Del traslado hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua Artículo 7°.-Requisitos de ingreso. Para ingresar al territorio especial de Isla de Pascua, por el plazo establecido en el artículo 5°, las personas deberán exhibir los siguientes antecedentes: a) Cédula de Identidad, Pasaporte, u otro documento idóneo de viaje, de acuerdo a la normativa general vigente; b) Billete de pasaje intransferible de regreso desde Isla de Pascua, que permita el cumplimiento efectivo del plazo dispuesto en el artículo 5°; c) Reserva de alojamiento turístico autorizado, que acredite el lugar donde permanecerá durante su estadía en la isla, o carta de invitación de alguna de las personas contempladas en el artículo 6° o de una persona perteneciente al pueblo Rapa Nui. El reglamento regulará la forma de autorización de estos alojamientos y el modo en que serán difundidos a las personas que lo requieran, y d) Documentos que acrediten contar con medios suficientes para su estadía, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta ley. Artículo 8°.-Requisitos de ingreso especiales. Para ingresar al territorio especial de Isla de Pascua en alguno de los casos señalados en el artículo 6°, se deberán exhibir documentos de nombramiento u otros antecedentes idóneos para acreditar tales circunstancias, de acuerdo con el reglamento de esta ley. Artículo 9°.- Obligación de informar. La persona que hubiere ingresado con la intención de permanecer por el plazo establecido en el artículo 5° y que, dentro de dicho plazo, o de su prórroga, cumpliere alguno de los requisitos contemplados en el artículo 6° para extender su estadía, deberá dar aviso a la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, en el plazo anteriormente señalado, acompañando los antecedentes a que se refiere el artículo anterior. Artículo 10.-Obligación de informar nómina de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte aéreo o marítimo estarán obligadas a informar a la Policía de Investigaciones de Chile y a la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, dentro del plazo de 24 horas contado desde su arribo, la nómina que contenga la individualización de las y los pasajeros y tripulantes que ingresaron al territorio especial de Isla de Pascua en dicho arribo. Asimismo, se encontrarán obligados a informar, dentro del plazo de 24 horas, contado desde el embarque, el listado de pasajeros registrado en sus nóminas que no se hayan presentado a embarcar en la oportunidad señalada en su billete de pasaje de regreso. Artículo 11.-Obligación de Reconducción. Las empresas de transporte aéreo o marítimo estarán obligadas a reconducir a su costo, en el menor tiempo posible, y sin responsabilidad para el Estado, a los pasajeros y tripulantes cuyo ingreso al territorio especial sea rechazado por las causales establecidas en la ley, cualquiera sea la causal invocada. Título IV Instrumentos de gestión de la capacidad de carga demográfica Párrafo 1° Decreto que establece la capacidad de carga demográfica Artículo 12.-Decreto que establece la capacidad de carga demográfica. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Medio Ambiente, se determinará la capacidad de carga demográfica del territorio especial en periodo de latencia y saturación. Dicho acto deberá fundarse en el estudio de gestión de la capacidad de carga demográfica establecido en el artículo 14, y deberá considerar los informes emitidos por los órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia. El decreto que establece la capacidad de carga demográfica se publicará en el Diario Oficial y se difundirá a través de los demás mecanismos que el mismo prescriba. Artículo 13.-Vigencia y revisión del Decreto que establece la capacidad de carga demográfica. El decreto que establece la capacidad de carga demográfica deberá dictarse cada cuatro años. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo a que se refiere el artículo 24 podrá solicitar, de manera fundada, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la revisión total o parcial de sus disposiciones, cuando los hechos o antecedentes que sirvieron de fundamento para el mismo hayan sufrido alteraciones significativas. Artículo 14.-Estudio de gestión de la capacidad de carga demográfica. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá realizar, cada ocho años, un estudio de gestión de la capacidad de carga demográfica, que podrá ser elaborado en conjunto con otros órganos de la Administración del Estado y/o de acuerdo a las normas de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. En cualquier caso, en la elaboración de dicho estudio deberá considerarse la participación de contrapartes técnicas, en atención a las capacidades locales existentes en el territorio especial. Este instrumento deberá establecer una fórmula para realizar los cálculos de capacidad de carga demográfica a que se refiere el artículo anterior. Para ello, considerará las características ambientales del territorio especial, y también las condiciones geográficas, demográficas, culturales, usos de suelo actuales y potenciales, disposición de residuos y demás pertinentes; así como los niveles de flujo permanente y transitorio que el territorio especial puede soportar en un determinado periodo de tiempo, entre otras consideraciones. Artículo 15.-Plan de gestión de la capacidad de carga demográfica. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública elaborará y aprobará, a través de un decreto supremo, un Plan de gestión de la carga demográfica para el territorio especial, mediante el cual se determinarán el conjunto de políticas públicas destinadas a velar porque la capacidad de carga demográfica del territorio especial en periodo de latencia y saturación no sea superada. El Plan deberá considerar los resultados del estudio de gestión de capacidad de carga demográfica vigente. Deberán participar en su elaboración todos aquellos órganos de la Administración del Estado que, en atención a sus competencias, resulte pertinente convocar, y especialmente el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Medio Ambiente. El Plan tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo ser revisado al segundo año, y será vinculante, en lo que corresponda, para la municipalidad, ministerios, servicios públicos y demás órganos de la administración del Estado que operen en Isla de Pascua, quienes deberán informar semestralmente acerca del nivel de cumplimiento de las acciones contenidas, dentro del ámbito de sus competencias. Párrafo 2° Registro y monitoreo Artículo 16.-Registro y monitoreo. La Gobernación Provincial de Isla de Pascua monitoreará y mantendrá un registro de los flujos de ingreso y salida de personas y su permanencia en el territorio especial. Las estadísticas actualizadas de este registro deberán ser informadas cada dos meses al Consejo de Carga Demográfica que trata esta ley y a la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública fijará las normas relativas a la administración del registro, al tratamiento de la información y a todas aquellas normas necesarias para su correcto funcionamiento. Párrafo 3° Declaración de Latencia Artículo 17.-Declaración de latencia. Cuando se advierta que se ha superado la capacidad de carga demográfica fijada para la latencia en el decreto señalado en el artículo 12, la Gobernación Provincial de Isla de Pascua informará al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que a través de un decreto supremo, declarará la latencia del territorio especial. La declaración de latencia producirá los efectos temporales a que se refiere el artículo siguiente. A falta de regla expresa, el estado de latencia tendrá una vigencia de un año, y será prorrogable de manera sucesiva mientras duren las circunstancias fundantes. En cualquier caso, este plazo y sus prórrogas no podrán superar la vigencia del decreto a que hace referencia el artículo 12°. Artículo 18.-Efectos temporales originadas por la declaración de latencia. En virtud de la declaración de latencia, se producirán los siguientes efectos: a) Las personas que hubieren ingresado al territorio especial de conformidad a lo establecido en el artículo 5°, no podrán celebrar contratos de trabajo ni ejercer actividades económicas de manera independiente, de acuerdo con lo dispuesto en la letra f) del artículo 6. Tampoco se admitirá invocar la causal dispuesta en dicho literal, para el ingreso de otras personas a la Isla. b) Los trabajadores contratados a plazo fijo deberán hacer abandono del territorio especial una vez vencido éste y no podrán celebrar un nuevo contrato, prorrogar los que se encontraren vigentes, ni ejercer nuevas actividades económicas de manera independiente en la Isla. c) Los padres e hijos mayores de edad de las personas habilitadas en las letras b), c), d), e), f) y g) del artículo 6° que ingresen al territorio especial en periodo de latencia, no podrán permanecer por sobre el plazo establecido en el artículo 5°, salvo que exista una relación de dependencia acreditada de acuerdo al reglamento. d) Los padres e hijos mayores de edad del cónyuge, conviviente civil o de hecho de una persona perteneciente al pueblo Rapa Nui que ingresen al territorio especial una vez declarada la latencia, no podrán permanecer por sobre el plazo establecido en el artículo 5°, salvo que exista una relación de dependencia acreditada de acuerdo al reglamento. Párrafo 4° Declaración de Saturación Artículo 19.-Declaración de saturación. Cuando se advierta que se ha superado la capacidad de carga demográfica fijada para la saturación en el decreto señalado en el artículo 12, la Gobernación Provincial de Isla de Pascua informará al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que a través de un decreto supremo, declarará la saturación del territorio especial. La declaración de saturación producirá los efectos temporales a que se refiere el artículo siguiente. El estado de saturación tendrá una vigencia de un año prorrogable de manera sucesiva mientras duren las circunstancias fundantes y no podrá superar la vigencia del decreto a que hace referencia el artículo 12. Artículo 20.-Efectos temporales originadas por la declaración de saturación. El decreto que declare la saturación del territorio especial de Isla de Pascua, producirá los siguientes efectos, los que serán adicionales a los prescritos en el decreto que declara la latencia: a) Reducir el plazo establecido en el artículo 6° relativo al tiempo para hacer abandono del territorio especial, de las letras a), f) y g), a un máximo de treinta días. b) Fijar un plazo máximo de permanencia menor al indicado en el artículo 5°, que en ningún caso podrá ser inferior a siete días. Estas medidas se aplicarán proporcionalmente considerando la magnitud de la superación de la capacidad de carga establecida en el Decreto respectivo y los efectos sociales y económicos que las medidas generarán. Artículo 21.-Obligación de las empresas de transporte de pasajeros. Declarado el estado de saturación, las empresas marítimas o aéreas de transporte de pasajeros deberán adecuar la oferta de su servicio de forma tal que la estadía de los usuarios en Isla de Pascua no supere el periodo de tiempo fijado por el decreto, en virtud de lo establecido en la letra b) del artículo anterior. La medida no afectará a los pasajeros que hubieren adquirido su billete de pasaje con anterioridad a la vigencia de la resolución. Título V De los organismos responsables Párrafo 1° Ministerio del Interior y Seguridad Pública Artículo 22.-Funciones y atribuciones del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Corresponderá al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua: a) Recibir los avisos de término de contrato por parte de los empleadores, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6; b) Recibir autodenuncias y denuncias del Consejo de Gestión de Carga Demográfica, respecto de aquellas personas que se encuentren en infracción de la ley; c) Otorgar la prórroga establecida en el artículo 5°, cuando corresponda; d) Aplicar las sanciones establecidas en el Título VI de esta Ley, cuando corresponda; e) Administrar el registro a que se refiere el artículo 16; f) Realizar el monitoreo de los flujos de personas, de conformidad con lo señalado el artículo 16; g) Supervigilar el cumplimiento de esta ley. Lo anterior procederá sin perjuicio de las atribuciones que se le otorgan a la Policía de Investigaciones de Chile, y h) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca la ley. Párrafo 3° Policía de Investigaciones Artículo 23.-Funciones de la Policía de Investigaciones de Chile. Corresponderá a la Policía de Investigaciones de Chile: a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso a Isla de Pascua, cuando se cumplan con los supuestos establecidos en la presente ley. b) Fiscalizar el cumplimiento de esta ley en el ejercicio de sus atribuciones, y en coordinación, en lo que corresponda, con la Gobernación Provincial de Isla de Pascua. c) Entregar periódicamente a la Gobernación Provincial de Isla de Pascua la información relativa al registro señalado en el artículo 16, de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento. d) Ejecutar la medida de expulsión en los casos que corresponda de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Párrafo 4° Consejo de Gestión de Carga Demográfica Artículo 24.-Consejo de Gestión de Carga Demográfica. Créase el Consejo de Gestión de Carga Demográfica, en adelante “el Consejo”, cuya función será colaborar con los organismos responsables en las materias relacionadas con la residencia, permanencia y traslado de personas a Isla de Pascua, reguladas en esta ley. Artículo 25.-Composición del Consejo. El Consejo estará integrado por los siguientes miembros: a) El Alcalde de Isla de Pascua; b) Los seis miembros electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, uno de los cuales deberá ser el presidente del Consejo de Ancianos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 de la ley N° 19.253, y c) Tres representantes del pueblo Rapa Nui. Los consejeros tendrán dicha calidad mientras se mantengan ocupando los cargos singularizados. El Presidente del Consejo será designado por mayoría absoluta de sus miembros. Artículo 26.-Funciones y atribuciones. El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: a) Conocer sobre los términos de referencia, cuando corresponda, aportar antecedentes y realizar observaciones al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, durante la elaboración del estudio de gestión de la capacidad de carga demográfica para el territorio especial de Isla de Pascua, e integrar la contraparte técnica local, según corresponda. En dicha labor podrán recoger los planteamientos e inquietudes de las personas que habiten en el territorio especial; b) Conocer sobre el plan de gestión de carga demográfica dentro del plazo de sesenta días contado desde su recepción informándolo favorablemente o formulando observaciones; c) Solicitar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la revisión de los antecedentes de hecho que sirvieron de fundamento para la dictación del decreto que establece la capacidad de carga demográfica, de conformidad con lo establecido en el artículo 13; d) Proponer al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la adopción de medidas para normalizar los niveles de carga demográfica; e) Informar a los jefes de servicio de conformidad con lo establecido en la letra b), del artículo 6° cuando sea requerido. f) Denunciar ante la Gobernación Provincial de Isla de Pascua aquellas infracciones a la presente ley que tome conocimiento; g) Emitir opinión, a requerimiento del interesado, sobre la solicitud de patentes comerciales ante la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua; h) Solicitar al Gobernador Provincial de Isla de Pascua que convoque al Comité Técnico Asesor establecido en el artículo 46 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en el marco de sus atribuciones; i) Las demás funciones y atribuciones que entregue la ley. Artículo 27.-Reglas de funcionamiento. El quórum para sesionar será de la mayoría de los miembros en ejercicio y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros asistentes. En caso de empate resolverá el Presidente del Consejo o quien lo reemplace según lo establezca el reglamento. Las sesiones serán convocadas por el Presidente del Consejo, debiendo sesionar a lo menos una vez al mes. El Consejo determinará las normas para su adecuado funcionamiento mediante un reglamento interno. Artículo 28.-Secretaría Ejecutiva. El Consejo contará con una secretaría ejecutiva, radicada en la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, la cual estará a cargo de un funcionario del Servicio de Gobierno Interior con desempeño en la Gobernación Provincial de Isla Pascua. Corresponderá a la secretaría ejecutiva coordinar las sesiones del Consejo, levantar acta de los acuerdos adoptados, elaborar una memoria que resuma las actividades realizadas durante el año y, en general, realizar todas aquellas funciones que sean necesarias para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley. Artículo 29.-Apoyo técnico para el funcionamiento del Consejo. Corresponderá al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, prestar el apoyo técnico, profesional y administrativo que sea menester para el funcionamiento del Consejo y de su secretaria ejecutiva, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. La Gobernación Provincial de Isla de Pascua además, facilitará una sala o espacio adecuado para la realización de las sesiones del Consejo. Artículo 30.-Dietas de los consejeros y gastos de funcionamiento del Consejo. Los consejeros, con excepción del indicado en la letra a) del artículo 25, percibirán una dieta mensual equivalente a dos unidades tributarias mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, tendrán derecho a percibir una dieta adicional equivalente a dos unidades tributarias mensuales por concepto de asistencia a cada una de las sesiones del Consejo, o de las comisiones de trabajo que se formen por acuerdo de dicho Consejo, las que se pagará conjuntamente con la dieta mensual que corresponda al mes respectivo. Con todo, los consejeros no podrán percibir mensualmente, por concepto de dietas indicadas precedentemente, una cantidad superior a seis unidades tributarias mensuales. En el caso de los miembros del Consejo singularizados en las letras b) y c) del artículo 25, la dieta indicada en el inciso anterior será compatible con cualquier otro ingreso que perciban. Para efectos de la percepción de la dieta no serán consideradas como tales las inasistencias que obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido debidamente acreditadas mediante certificado expedido por médico habilitado para ejercer la profesión, presentado ante el Presidente del Consejo o la secretaría ejecutiva. Igualmente, para los efectos señalados, y previo acuerdo del Consejo, se podrá eximir a un consejero de la asistencia a sesión en razón del fallecimiento de un hijo, del cónyuge, conviviente civil o de hecho, o de uno de sus padres, siempre que el deceso hubiese tenido lugar dentro de los siete días corridos anteriores a la sesión respectiva. Asimismo, no se considerarán las inasistencias de consejeros motivadas en el cumplimiento de cometidos propio de las funciones del Consejo o cargo que desempeñen de conformidad de la ley. Artículo 31.-Deber de abstención. Los consejeros deberán informar inmediatamente de cualquier circunstancia que pudieren generar conflicto de interés, restarles imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal. Ningún consejero podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados. La infracción al presente artículo se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 35 en relación al artículo 41 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Para estos efectos, será competente el Tribunal Electoral de la región de Valparaíso. Artículo 32.-Reglas en materia de probidad. Para efectos del artículo anterior se entenderá por conflicto de interés lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1° de la Ley 20.880 Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Asimismo los consejeros deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los términos de los Capítulos 1° y 2° del Título II de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Para estos efectos, será el Subsecretario del Interior quien deberá verificar que todos los consejeros efectúen oportunamente la declaración de intereses y patrimonio y sus respectivas actualizaciones. Asimismo, deberá remitir a la Contraloría General de la República, en la forma que dispone el reglamento a que se refiere la ley N° 20.880, las declaraciones de patrimonio e intereses efectuadas por los declarantes e informarles de las infracciones a la obligación de realizar dichas declaraciones, dentro de los treinta días posteriores a aquel en que tome conocimiento de aquellas. Artículo 33.-Normas aplicables a consejeros. A los consejeros no les será aplicable las normas que rigen a los funcionarios públicos, salvo en materia de probidad administrativa y responsabilidad civil y penal. Título VI Infracciones y sanciones Párrafo 1° Infracciones Artículo 34.-Infracciones leves. Incurren en infracciones leves a esta ley: a) Las empresas de transporte marítimo o aéreo que no informen oportunamente el listado de pasajeros o la tripulación, o proporcionen información inexacta o incompleta, de acuerdo a lo previsto en el inciso primero del artículo 10; b) Las empresas de transporte marítimo o aéreo que no informen a la autoridad sobre el no embarque de un pasajero que debía hacerlo de acuerdo al inciso segundo del artículo 10; c) Quienes no cumplan oportunamente con las obligaciones de informar contenidas en el artículo 9°, y d) El empleador que no cumpla con la obligación de informar prevista en el párrafo tercero de la letra f) del artículo 6°. Artículo 35.-Infracciones graves. Incurren en infracciones graves a esta ley: a) Las empresas de transporte marítimo o aéreo, que durante el estado de saturación, vendan billetes de pasajes por periodos de tiempo superiores a los establecidos en el decreto que la declara, de conformidad a lo establecido en la letra b) del artículo 20°; b) Las empresas de transporte marítimo o aéreo que no reconduzcan al pasajero de acuerdo a lo previsto en el artículo 11°; c) Las personas que ingresen al territorio especial incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 7 o que permanezcan más allá del tiempo autorizado en el artículo 5 de esta ley, salvo que su permanencia se deba al incumplimiento, por parte de la respectiva empresa de transporte, de su obligación de reconducción; d) Las personas que, habiendo perdido alguna de las calidades establecidas en el artículo 6 permanezcan más tiempo del permitido. Respecto de las personas mencionadas en las letras b), c), f) y g) no les será aplicable esta sanción cuando su permanencia se deba al incumplimiento, por parte del empleador, de su obligación de costear el billete de pasaje de regreso; e) El empleador o trabajador que celebre un contrato de trabajo en periodo de latencia o saturación, en contravención con las disposiciones de la presente ley; f) El empleador que incumpla con su obligación de costear el pasaje de regreso del trabajador y su familia según lo dispuesto en la letra c) y f) del artículo 6°; g) Quienes elaboren y/o proporcionen documentación falsa o adulterada, o los que celebren un contrato o aleguen una situación de hecho con la finalidad de burlar las disposiciones de la presente ley; Párrafo 2° De las sanciones Artículo 36.-De las sanciones aplicables a las infracciones leves. Las personas que incurran en alguna de las infracciones señaladas en las letras a) y b) del artículo 34 serán sancionadas con multa de diez unidades tributarias mensuales por cada persona no informada. Las personas que incurran en alguna de las infracciones previstas en las letras c) y d) del artículo 34 serán sancionadas con multa 5 unidades tributarias mensuales. Artículo 37- De las sanciones aplicables a las infracciones graves. Las infracciones contempladas en el artículo 35 serán sancionadas según lo dispuesto a continuación. En el caso de sus letras a) y b), se les sancionará con una multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales por billete de pasaje vendido o por persona no reconducida, según corresponda. La persona que cometa alguna de las infracciones previstas en las letras c) y d) será sancionada con el abandono del territorio especial. Junto con lo anterior, se les aplicará una multa de tres a diez unidades tributarias mensuales por cada día de permanencia sin autorización. En caso de infracción a las letras e) y f) se le aplicará una multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales. La persona que cometa la infracción prevista en la letra g) será sancionada con multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las penas que correspondan por delitos contemplados en el Código Penal y otras leyes. Artículo 38.-De la sanción de abandono. La sanción de abandono consiste en la orden de salida del territorio especial, dispuesta mediante resolución fundada de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, bajo apercibimiento de expulsión, en caso de no ejecutarse en el plazo a que refiere el inciso siguiente. La salida deberá producirse dentro del plazo de cinco días desde que se encuentre notificada la resolución que aplica la sanción, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del Título VII de esta ley. Artículo 39.-De la sanción de expulsión. La sanción de expulsión consiste en la orden de salida forzada del territorio especial, dispuesta por la autoridad en el mismo acto en que decretó el abandono, y para el caso que éste no fuere cumplido. Artículo 40.-De la sanción de prohibición de ingreso. Esta sanción consiste en la prohibición, ordenada por la autoridad mediante resolución fundada, de volver a ingresar al territorio especial de Isla de Pascua por un periodo que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres años. Esta sanción deberá establecerse en el mismo acto que decrete el abandono, respecto de aquellos, que de forma reiterada, incurran en alguna de las infracciones señaladas en las letras c) y d) del artículo 35 y ya hayan sido sancionados por estas causales. Artículo 41.-Responsabilidades. Las sanciones que se apliquen en virtud de esta ley procederán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que provenga de los mismos hechos. Artículo 42.-De la exención de sanción a niños o niñas. No podrán ser sancionados los niños o niñas que incurrieren en alguna de las infracciones contempladas en esta ley. Artículo 43.-De las atenuantes y agravantes. Se considerarán como agravantes la reiteración y el haber cometido la infracción en períodos de latencia y de saturación. Se considerarán como atenuantes el no haber sido sancionado previamente por infracciones a la presente ley y el hecho de haberse autodenunciado antes del inicio del procedimiento administrativo. En el caso de la autodenuncia, la atenuante sólo procederá cuando la persona suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos. Deberá además considerarse en la determinación de la multa aplicable, el perjuicio ocasionado o el beneficio percibido por el infractor. Párrafo 3° De la prescripción Artículo 44.-Prescripción de la acción. La acción para perseguir la responsabilidad por las infracciones establecidas en la presente ley, prescribirá en el plazo de 4 años contados desde que se hubiere cometido el hecho o configurado la omisión. No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito, la acción prescribirá conjuntamente con la acción penal. La prescripción se suspenderá desde la notificación de la formulación de cargos, y se interrumpirá, perdiéndose el tiempo transcurrido, en el evento de incurrirse en una nueva infracción. Si la duración del procedimiento sancionatorio excediera los seis meses, sin considerar la fase de impugnación, el cómputo del plazo de prescripción continuará corriendo como si no se hubiera suspendido. Artículo 45.-Prescripción de sanciones. La sanción de multa prescribirá en el plazo de 6 meses contado desde la fecha en que se notifique la resolución firme que las imponga. Las sanciones de abandono, de expulsión y de prohibición de ingreso, prescribirán en el plazo de 3 años contados desde que se notifique la resolución firme que la adopte. Título VII Procedimiento para la aplicación de sanciones Párrafo 1° Normas generales de procedimiento Artículo 46.-Competencia. Corresponderá a la Gobernación Provincial de Isla de Pascua el ejercicio de la potestad sancionatoria establecida en esta ley. En el caso de las empresas aeronáuticas y marítimas de transporte de pasajeros, se seguirá lo dispuesto en el Título XII de la ley N°18.916 que Aprueba el Código Aeronáutico y lo dispuesto en el decreto supremo N° 1340 Bis, de 1941, que fija el Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República, en todo aquello que resulte pertinente. Para ello, deberá la Gobernación Provincial informar los antecedentes constitutivos de la infracción a la autoridad competente. Artículo 47.-Legislación aplicable. Las sanciones establecidas se tramitarán conforme al procedimiento especial regulado en la presente ley, y supletoriamente, por la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Artículo 48.-Derechos de los niños y niñas. Los órganos del Estado a que se refiere la presente ley deberán considerar, en sus decisiones y actuaciones para la aplicación de esta ley, el interés superior del niño y el pleno respeto de los derechos que le son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y en las leyes. Todo niño y niña tiene derecho a ser oído y debidamente considerado, de acuerdo con el desarrollo de sus facultades, en los procedimientos o actuaciones previstas en esta ley en que se decida sobre alguna cuestión particular cuya determinación pudiere afectar sus derechos o intereses, especialmente en el ámbito familiar, escolar, sanitario, administrativo y comunitario, según el procedimiento establecido en el reglamento. Párrafo 2° Procedimiento general Artículo 49.-Procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionatoria de la presente ley se regirá conforme a las reglas de este artículo: 1. El procedimiento se iniciará por la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, de oficio, por auto denuncia del infractor, o por denuncia fundada del Consejo de Gestión de Carga Demográfica, ante ésta. En caso que el procedimiento se inicie a través de denuncia del Consejo, ésta deberá contener una descripción clara y detallada de los hechos concretos que la motivan, precisando la fecha de su comisión, la norma infringida, y en caso de estar en conocimiento, la identificación del presunto infractor, además de cualquier otro antecedente que permita fundamentar su petición. Iguales requisitos deberá cumplir la autodenuncia, en cuanto fueren procedentes. El Gobernador Provincial de Isla de Pascua dará curso a esta denuncia, sólo si cumple con los requisitos señalados en el inciso precedente. De lo contrario, será declarada inadmisible y se procederá a su archivo mediante resolución fundada, sin perjuicio de su facultad de proceder de oficio. Declarada admisible la denuncia se procederá conforme al número 3 de este artículo. 2. Todos los antecedentes que se recaben, presentaciones que se formulen y actos administrativos que se dicten en el procedimiento tendrán carácter reservado hasta la notificación de la resolución que ponga término al mismo, salvo respecto de las personas en contra quienes se dirige la investigación, los que tendrán acceso al expediente desde el inicio del procedimiento. 3. El procedimiento se iniciará con la resolución que ordena la apertura del expediente administrativo, la que deberá contener la norma que se estima infringida y el plazo para que el presunto infractor evacue sus descargos. Este acto deberá notificarse personalmente, por un funcionario de Carabineros de Chile, quien deberá dejar testimonio escrito de su actuación en el mismo expediente. 4. Por regla general, las notificaciones se harán por escrito en el domicilio que conste en el procedimiento y serán efectuadas por un funcionario de la Gobernación Provincial de la Isla de Pascua o de Carabineros de Chile, según instruya el Gobernador. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobernador Provincial de la Isla de Pascua podrá establecer otras formas de notificación que fueren convenientes para una mejor comunicación de las resoluciones, siempre y cuando la persona así lo solicite y se condiga con la naturaleza del acto administrativo. 5. El afectado tendrá un plazo de diez días, contados desde la respectiva notificación, para efectuar sus descargos ante la Gobernación Provincial de Isla de Pascua. En el mismo escrito deberá fijar domicilio conocido dentro del territorio especial, bajo apercibimiento de tenerse por notificado en la fecha de emisión de la resolución. 6. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo otorgado para ello, el Gobernador Provincial de la Isla de Pascua, resolverá de plano cuando pueda fundar su decisión en hechos no controvertidos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad. En caso contrario, abrirá un término de prueba de ocho días. Dicho plazo se ampliará, en el caso que corresponda, de acuerdo al artículo 26 de la ley Nº19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. 7. El Gobernador Provincial de la Isla de Pascua, de oficio o a petición de parte, dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que resulten pertinentes. 8. Los hechos investigados podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica. 9. Cumplidos los trámites señalados en los numerales anteriores, el Gobernador, emitirá, dentro de cinco días hábiles, resolución fundada mediante el cual absolverá o aplicará la sanción que corresponda. Esta resolución deberá contener la individualización de él o los sujetos investigados, la relación de los hechos, los medios de prueba utilizados, la forma en que los hechos se han acreditado y la sanción a ser aplicada o la decisión de absolución, según corresponda. 10. La notificación del acto administrativo que imponga una sanción, será notificada personalmente, por un funcionario de Carabineros de Chile, debiendo entregarse copia de la resolución. 11. Contra la resolución que pusiere fin a la instancia administrativa ante la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, podrán deducirse los recursos que contempla esta ley. Párrafo 3° Recursos Artículo 50.-Incompatibilidad. En caso que el afectado interponga ante el Gobernador Provincial de la Isla de Pascua un recurso de los establecidos en este párrafo, no podrá deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia mientras aquél no haya sido resuelto. Interpuesto un recurso ante la Gobernación Provincial de la Isla de Pascua, se entenderá interrumpido el plazo para ejercer el recurso o acción jurisdiccional. Dicho plazo volverá a contarse desde la fecha en que se notifique al recurrente del acto administrativo resolutivo. Interpuesta alguna acción jurisdiccional en contra de una resolución de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, este organismo deberá abstenerse de conocer cualquier recurso administrativo sobre la misma pretensión y por los mismos hechos que motivaron la acción judicial. Artículo 51.-Efectos Suspensivos. Por la sola interposición de alguno de los recursos administrativos contemplados en esta ley, se suspenderán los efectos de la resolución impugnada. Artículo 52.-Reposición administrativa. Procederá este recurso respecto de las resoluciones dictadas por la Gobernación Provincial de Isla de Pascua que recaigan sobre cualquiera de las sanciones establecidas en la presente ley. Este recurso deberá interponerse ante la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución recurrida. Artículo 53.-Recurso jerárquico. El recurso jerárquico sólo será procedente en caso de abandono, expulsión y prohibición de reingreso. Deberá interponerse conjuntamente con el de reposición, contemplado en el artículo precedente, para el caso que éste sea rechazado. La tramitación del recurso jerárquico se realizará mediante medios electrónicos, por lo cual, en caso que se haya dictado acto administrativo que rechaza el recurso de reposición del artículo 52, el Gobernador Provincial de Isla de Pascua deberá remitir dentro de 24 horas, copia digital íntegra del expediente a la Subsecretaría del Interior. El Subsecretario del Interior conocerá del recurso y resolverá dentro del plazo establecido en el artículo siguiente. Una vez resuelto el recurso jerárquico, este será remitido por medios electrónicos a la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, quien deberá notificar la resolución administrativa conforme a las reglas establecidas en el numeral 4° del artículo 49, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 5° del referido artículo, según sea el caso. Artículo 54.-Plazo de la autoridad administrativa para resolver. El Gobernador Provincial de Isla de Pascua deberá pronunciarse dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha de la interposición del recurso de reposición. En su caso, el Subsecretario del Interior deberá resolver el recurso jerárquico dentro de los quince días hábiles siguientes contados desde la recepción de los antecedentes remitidos de conformidad al inciso segundo del artículo 53. En caso que la autoridad correspondiente no se hubiere pronunciado dentro de plazo, el o la recurrente podrá solicitar la emisión del certificado a que se refiere el inciso segundo del artículo 65° de la ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Artículo 55.-Reclamación jurisdiccional. En caso de rechazo de la impugnación administrativa, se podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación de la resolución que rechaza el recurso administrativo, o desde la fecha que conste en el certificado emitido conforme al artículo precedente. Dicho recurso se interpondrá en la Corte de Apelaciones competente o en el juzgado de letras con asiento en Isla de Pascua, a elección del reclamante. En caso de que se interponga ante el juzgado de letras, el juez deberá remitir en el más breve plazo y por medios electrónicos, copia íntegra del recurso, a la respectiva Corte de Apelaciones para su conocimiento y resolución. La Corte pedirá informe a la autoridad respectiva, fijándole un plazo breve para emitirlo. Recibido el informe, la Corte resolverá el reclamo en única instancia, dentro de los treinta días siguientes. En caso de ordenarse medidas para mejor resolver, este plazo se entenderá prorrogado por diez días. En lo no expresamente previsto en este artículo, la tramitación de la reclamación se sujetará al procedimiento regulado en el Título Final de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Párrafo 4° Ejecución y efectos de las sanciones Artículo 56.-Ejecución de la sanción de multa. La resolución administrativa que establezca el pago de una multa tendrá mérito ejecutivo. Las multas deberán ser pagadas en Tesorería General de la República o en alguna institución bancaria en convenio con dicho servicio dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que las imponga, plazo que se suspenderá por la presentación de recursos. El pago de la multa deberá ser acreditado en la Gobernación Provincial de Isla de Pascua dentro de los diez días siguientes a éste, acompañando el comprobante respectivo, lo que podrá efectuarse en conformidad a lo que disponga el reglamento. El retardo en el pago de toda multa devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario. Si transcurrido el plazo de diez días, no estuviere acreditado el pago de la multa, la Gobernación entregará los antecedentes al Juzgado de Policía Local respectivo. Este tribunal podrá decretar orden de arresto en contra del infractor a razón de un día o una noche por cada quinto de unidad tributaria mensual, con un máximo de quince jornadas diarias, diurnas o nocturnas. Dichas medidas podrán ser decretadas en forma total o parcial, o en determinados días de la semana, especificando duración, lugar y forma de cumplir con lo decretado. Despachada una orden de arresto, no podrá suspenderse o dejarse sin efecto sino por orden del tribunal que la dictó o por el pago de la multa más intereses y reajustes. Artículo 57.-Destino de la multa. El importe de las multas aplicadas de acuerdo al procedimiento regulado en este Párrafo, quedará a beneficio de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua y se destinará exclusivamente para el financiamiento de actividades de fiscalización de dichas infracciones. Artículo 58.-Ejecución de la medida de abandono. La sanción de abandono deberá ejecutarse dentro del plazo de cinco días contados desde su notificación. Si transcurrido el plazo la persona sancionada no abandona el territorio especial, la Gobernación Provincial ejecutará la medida de expulsión. Artículo 59.-Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre firme la resolución que dispone la expulsión, y no habiéndose cumplido la sanción de abandono en el plazo establecido, a la Policía de Investigaciones de Chile le corresponderá su ejecución. Para estos efectos, se procederá a la detención de la persona por un plazo no superior a 12 horas. La detención se llevará a cabo en dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados, y separado de toda la población penal. Vencido el plazo señalado en el inciso primero sin que se materialice la medida de expulsión, la Policía de Investigaciones de Chile deberá poner inmediatamente a la persona a disposición del Juzgado de Garantía competente, con el objeto de que conozca y resuelva sobre la aplicación de la medida cautelar contemplada en la letra c) del artículo 155 del Código Procesal Penal a efectos de asegurar el cumplimiento de la medida de expulsión. Artículo 60.-Revocación y suspensión de oficio. La medida de expulsión podrá ser revocada o suspendida temporalmente en cualquier momento, de oficio por la misma autoridad que la dictó. Título VIII Otras disposiciones Artículo 61.-Reglas especiales para el transporte público y privado de pasajeros en Isla de Pascua. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estará facultado para establecer condiciones y exigencias específicas para el transporte público y privado remunerado de pasajeros que preste servicios en la Isla de Pascua, exceptuarlos del cumplimiento de determinada normativa reglamentaria y establecer otros requisitos de circulación que tiendan a un ordenamiento y cuidado de ese territorio especial. Asimismo, podrá establecer que las inscripciones que se autoricen al amparo de la ley N° 20.867, que Suspende por el Plazo de Cinco Años la Inscripción de Taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, en el territorio especial, otorguen prioridad a personas que pertenezcan al pueblo Rapa Nui según lo dispuesto en el artículo 66 de la ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Artículo 62.-Realización de trámite y solicitud de autorizaciones. Las autorizaciones y demás trámites que se requieran para prestar servicios de transporte remunerado de pasajeros podrán ser realizados a través de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, la que deberá gestionarla ante la Secretaría Regional de Transportes y Telecomunicaciones de la Quinta Región de Valparaíso por el medio más expedito de que disponga. Disposiciones transitorias Artículo primero transitorio.- Dentro de los 120 días contados desde la publicación de la presente ley, se deberá dictar el primer decreto que establece la capacidad de carga demográfica para el territorio especial de Isla de Pascua. Este decreto podrá fundarse en estudios que hubieren sido realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública considere pertinentes. La presente ley entrará en vigencia el primer día del quinto mes siguiente al de la publicación de la misma. Artículo segundo transitorio.- El primer plan de gestión de carga demográfica para el territorio especial de Isla de Pascua, deberá ser elaborado en el término de noventa días contados desde la entrada en vigencia de esta ley. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 15 se considerarán los resultados del estudio de gestión de la capacidad de carga demográfica vigente a esa fecha. Artículo tercero transitorio.- Quienes tengan domicilio en Isla de Pascua con anterioridad al 24 de enero de 2016, tendrán el plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley para dar cumplimiento a aquellos requisitos establecidos en el artículo 6°. Aquellas personas señaladas en el inciso anterior que no cumplieren con alguno de los requisitos habilitantes establecidos en el artículo 6°, dispondrán del mismo plazo a fin de solicitar autorización para permanecer en Isla de Pascua a la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, previo informe del Consejo. Las personas señaladas en los incisos anteriores se entenderán habilitadas para permanecer y residir en Isla de Pascua mientras conserven la residencia y el ánimo de permanecer en el territorio especial. Quienes hayan establecido domicilio en Isla de Pascua con posterioridad a la fecha establecida en el inciso primero, tendrán el plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley para dar cumplimiento a aquellos requisitos establecidos en el artículo 6°. A estas personas se les aplicará íntegramente los efectos previstos en la presente ley en caso de perder alguna de estas circunstancias habilitantes. Artículo cuarto transitorio.- Para la realización del primer estudio de gestión de la capacidad de carga demográfica no se aplicará lo dispuesto en la letra a) del artículo 26 de la presente ley. Artículo quinto transitorio.- En tanto no entre en vigencia una ley que cree como instancia de representación permanente un Consejo del Pueblo Rapa Nui, los cargos señalados en la letra c) del artículo 25 serán provistos de la siguiente forma: 1. Un cargo de consejero corresponderá al representante del pueblo Rapa Nui ante el órgano establecido en la letra d) del artículo 41 de la ley N° 19.253 que Establece Normas sobre Protección, Fomento Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, mientras se mantenga en dichas funciones. 2. Dos cargos de consejeros corresponderán a las personas que hayan obtenido, en la última elección de comisionados de la Comisión de Desarrollo para Isla de Pascua, las votaciones más altas, descontadas aquellas que correspondan a las personas que hubieran resultado electas como comisionados; y por el mismo período para el que hayan sido electos estos últimos. Creado sea por ley un Consejo del Pueblo Rapa Nui, los representantes que se elijan para conformarlo integrarán por ese sólo hecho el Consejo de Gestión de Carga Demográfica, a contar de la fecha en que asuman sus cargos, reemplazando desde la siguiente sesión a los consejeros mencionados en el inciso precedente, si estos hubieren llegado a integrarlo. Artículo sexto transitorio.- Los vehículos que se encuentren prestando servicios de transporte remunerado, público o privado, en el territorio especial a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tendrán el plazo de seis meses para ajustarse a la normativa a que se refiere al disposición precedente. Transcurrido este plazo sin que se efectúe la regularización respectiva, se procederá a adoptar las medidas para el retiro de circulación de esos vehículos. Artículo séptimo transitorio.- El mayor gasto fiscal que demande la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.