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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señora Presidenta, la misma transversalidad que se puede apreciar en los suscriptores de este proyecto de resolución es lo que ha permitido que esta Cámara, y lo digo con todas sus letras, pueda sentirse orgullosa de lo que ha hecho en materia de infancia durante los últimos años.
Nada de lo que el país hoy sabe respecto de la situación de la infancia vulnerada en Chile hubiera sido posible conocer si esta Cámara no hubiera, transversalmente todos los sectores políticos, iniciado procesos de fiscalización que concluyeron en acuerdos –también transversales-, en disensos –también transversales-, pero que a la larga permitieron que el país sepa hoy lo que ocurre con su infancia vulnerada.
Entonces, lo primero es un reconocimiento que la sociedad chilena en algún momento va a tener que entregar a esta Cámara de Diputados que, en uso de sus facultades fiscalizadoras, ejerció dichas facultades en plenitud, transversalmente, sin disidencias de carácter partidista, porque hicimos algo que es poco frecuente, pero lo hicimos: poner el énfasis en el interés superior del niño, que no es un concepto vacío, hueco, sino que tiene su origen, fundamentalmente, en los tratados o en los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito en materia de infancia.
Pero, falta algo, y para eso queremos invitarlos, convocarlos, con la misma transversalidad y con el mismo espíritu con que hemos trabajado durante las dos legislaturas anteriores, y es decir que el daño que se ha causado a niños, niñas, adolescentes y a sus familias es de tal magnitud, que el Estado debe hacerse responsable.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile han dicho que aquí hay lo que se denomina una violación estructural de derechos humanos, es decir, no es que un órgano del Estado se coluda para producir un efecto violatorio de los derechos humanos, lo que sería una violación sistemática, como en el caso de las dictaduras, sino que lo aquí hay es una violación estructural de un órgano que, sin proponérselo, produce el efecto de violar los derechos humanos.
En consecuencia, para el Estado surge también la obligación de reparar.
Nosotros no estamos diciendo en qué tiene que consistir la reparación, y queremos ser categóricos en esto. La misma Comisión, el mismo Ejecutivo tendrá que definir qué tipo de reparación otorgar.
Desde mi punto de vista, por ejemplo, por la realidad que he conocido, el mayor esfuerzo tiene que estar orientado en reparar sicológicamente el daño causado a niños, niñas, adolescentes y sus familias, muchos de los cuales cayeron en las redes del Sename por razones de pobreza -Sí, ¡por razones de pobreza!-, excesivo consumo de alcohol, a veces consumo de drogas, vinculación de los padres o madres con las redes de narcotráfico, etcétera. Son muchas las razones, pero la mayor parte de las veces lo han hecho en razón de la incapacidad de sus grupos familiares para asumir sus necesidades básicas fundamentales, y eso también es responsabilidad del Estado.
Ese Estado omnipotente tiene que responder frente al daño que hizo, porque, además, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados encontrándose bajo la tutela del Estado.
Yo les pido la misma generosidad de las legislaturas anteriores para seguir avanzando en este proceso, para que aprobemos este acuerdo y le pidamos al Presidente que el Ejecutivo proponga una comisión transversal, y que esa comisión transversal arribe a un acuerdo, como lo hemos hecho en otras ocasiones.
La violación de derechos humanos en democracia puede llegar a ser muchísimo más dolorosa y grave que una violación de derechos humanos en dictadura. Ambas merecen reparación, pero no se puede tener dos estándares distintos para unas y otras. Se tiene que actuar con la misma vara, en democracia y en dictadura. Una violación de derechos humanos, afecte a niños o adultos, es una violación de derechos humanos. Y cuando es el Estado el que incurre en ello, debe repararlo.
¡Ese es el llamado que hacemos hoy!
He dicho.
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