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El señor SILBER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Diego Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, lamentablemente vengo a informar una situación catastrófica que pareciese se ha naturalizado en nuestro país y dice relación con lo que sucede en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, respecto del plan de descontaminación.
Las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví , desde 1950 vienen siendo maltratada por un modelo de desarrollo que lamentablemente no respeta las comunidades ni su salud y tampoco su medio ambiente.
En 1955, se instala la Refinería de Petróleo de Concón; en 1958, la planta termoeléctrica Chilectra Generación (Chilgener); en 1961, se construye el complejo industrial ventanas, y, en 1964, se instala la Empresa Nacional de Minería (Enami) de Ventanas. Esto, sin mayor regulación, ha llevado a un proceso de deterioro ambiental a una zona que estaba determinada comunitariamente y distritariamente con la pesca artesanal y con la actividad turística.
Con esta explosión industrial, se desarrolló un plan de descontaminación que ya preveía algunos elementos dañinos en la salud de la comunidad en 1992. Lamentablemente, este plan de descontaminación no garantizó en absoluto mejoras ambientales. Por ejemplo, en 2011 hubo una intoxicación masiva, una nube tóxica afectó a la escuela La Greda, hubo 20 alumnos y 7 profesores intoxicados y con problemas respiratorios.
En 2011, el Congreso señaló que era necesario levantar una comisión investigadora, la que finalmente arrojó responsabilidades políticas por la construcción de un parque industrial sobredimensionado. Señalaron a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y a la empresa productora de energía eléctrica AES Gener S.A. como los grandes causantes de la nefasta calidad de vida que tienen esas comunas, donde sus comunidades han sido arrastradas por un modelo que no respeta su identidad local ni su medio ambiente.
Pese a la comisión investigadora surgieron nuevos problemas, una nueva intoxicación en la escuela La Greda posterior a la comisión investigadora, 14 colegios de Puchuncaví presentaron contaminación por metales pesados y hubo un derrame de 30.000 litros de petróleo en la bahía de Quintero, por lo que se decreta nuevamente el cierre de la escuela La Greda, tras otra intoxicación por gas y, en 2017, 19 alumnos resultan intoxicados por una nueva emanación de gas. Pareciera ser este cuento la peor película de terror y se naturaliza una situación que tiene a gran parte de la comunidad pasándolo pésimo.
¿Qué hace el Estado con esta situación? En 2015, declaró zona saturada por material particulado 2,5 anual y por material particulado 10 anual -que es como un décimo de un pelo, es una polución que llega directamente a la sangre por la vía bronquial-, se generó un plan de descontaminación que, en diciembre de 2017, se representa por parte de la Contraloría General de la República y es el propio contralor quien señala que hay un problema de fondo en el plan, se han inflado las medidas para seguir contaminando, han utilizado un inventario de emisiones superiores a las contribuciones reales medidas. Lo que en definitiva, va en contra de cualquier acuerdo internacional respecto del Protocolo de Kioto y además es una negligencia del Estado manifiesta, que ha seguido costando intoxicaciones y deterioro a la salud de la comunidad.
Este año, el Colegio Médico emanó un informe donde establece que hay una causa directa entre contaminación, intoxicación, obstrucción bronquial, neumonía y cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que una de las cinco causas de muerte en el mundo tiene que ver con la contaminación ambiental.
Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros, como parlamentarios? Nuestra labor de representar dice relación también con la labor de denunciar y fiscalizar, por ello, queremos levantar una comisión investigadora, porque creemos que la labor de los políticos en este espacio y, al menos, en este nuevo ciclo de transformación que se ha llevado adelante en Chile, es efectivamente estar con las comunidades, encontrar responsables políticos administrativos y no seguir tolerando más esta nefasta situación que tiene a la salud de la comunidad pasándolo pésimo.
Sabemos que no es suficiente una comisión investigadora, así como también que debemos legislar y avanzar en normas primarias de calidad de suelo y agua, y en una red de monitoreo público y actualizado. La actual red de monitoreo tiene más de 25 años y está controlada por los privados, mismos privados que después controlan sus emanaciones con puff determinados en cierta época del mes, controlando también sus indicadores.
Hay que avanzar en una norma de arsénico de metales pesados y poner fin a esta situación.
He dicho.
El señor SILBER (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa.
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