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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para Empresas de Menor Tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas.
Diputados informantes de las comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, y de Hacienda son los señores Alexis Sepúlveda y Guillermo Ramírez , respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 120ª de la legislatura 365ª, en 25 de enero de 2018. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 49ª de la presente legislatura, en 18 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 51ª de la presente legislatura, en 31 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 26.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SEPÚLVEDA (de pie).-
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores Andrés Allamand , Alfonso de Urresti e Iván Moreira , y de los entonces senadores Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar , con urgencia calificada de simple, que tiene por objeto promover el pronto pago de las deudas contraídas con pequeñas empresas y microempresas cuando efectúan la venta de un producto o prestación de servicios. Para ello se establecen plazos, se regula el no cumplimiento de los mismos, se garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, se define como cláusula abusiva cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley y, por último, se incorpora el derecho a indemnización.
Durante su tramitación en el Senado la iniciativa fue modificada y se estableció una regulación de carácter general, abarcando las operaciones comerciales entre todo tipo de empresas.
En la tramitación del proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara se introdujeron diversas modificaciones a través de indicaciones del Ejecutivo, así como parlamentarias.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes.
Expusieron en la comisión el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor José Ramón Valente ; la jefa de asesores del Ministerio de Economía, señora Michèle Labbé ; el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señor Ignacio Guerrero ; el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza ; el representante de Conapyme señor Enrique Román ; el representante de Propyme señor Rodrigo Bon ; el representante de Sofofa señor Rodrigo Abumohor ; el representante de Conupia señor Humberto Solar ; los representantes de Asech señora Alejandra Mustakis y señor Francisco Gazmuri ; el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades señor Iván Borcoski ; los representantes de Cumplo Chile señor Nicolás Shea y señora Josefa Monge ; el director de Hermann Consultores, señor Jorge Hermann ; el representante de la Bolsa de Productos de Chile señor Christopher Bosler ; el representante de Factoring Chile señor Rodrigo Sprohnle , y el presidente del Colegio de Contadores de Chile, señor Alejandro Vera .
Antecedentes
En la moción se menciona que la iniciativa busca establecer mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicio que efectúan las empresas de menor tamaño, particularmente las pequeñas empresas y microempresas, considerando su posición en el mercado.
Entre los antecedentes que sirven de fundamento al proyecto se indica que en el año tributario 2014 el Servicio de Impuestos Internos registró un total de 867.863 empresas con actividad en el país. El sector de la mediana, pequeña y microempresa (mipyme) representaba el 99 por ciento de las empresas en Chile y solamente participaban del 16 por ciento de las ventas. Sin embargo, las mipyme son un sector relevante en material laboral, ya que aportaban 3.757.433 empleos, lo que corresponde al 42 por ciento de los trabajadores con contrato.
En segundo término, la moción aborda la problemática de los plazos de pago excesivamente amplios, lo que es producto de un abuso de posición dominante por parte de las grandes empresas. Por ello, el deudor obtiene una liquidez a expensas de las pequeñas empresas y microempresas.
Otra problemática a la que se enfrentan las pequeñas empresas es la falta de transparencia en la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales. De este modo, impedir plazos de pago excesivos es proporcionar certeza a las pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios a la hora de la organización de su contabilidad y proyección de su escalamiento productivo.
Discusión general
El señor José Ramón Valente hizo presente que el pronto pago es un anhelo de gran número de chilenos, contando casi un millón las empresas de menor tamaño que enfrentan problemas con su capital de trabajo y de financiamiento.
Afirmó que hubo varias iniciativas en distintos gobiernos para abordar esta temática, pero que hay una del año 2015, en virtud de la cual se estableció una mesa de trabajo que logró acuerdos, pero que ninguno de ellos fue implementado. Destacó que el actual subsecretario lideró una mesa de trabajo con actores relevantes en este tema, desde emprendedores a grandes empresas.
Planteó que siempre se ha puesto la relevancia en el plazo de pago de la factura, sin considerar que la cadena de pago que debe enfrentar una empresa pequeña comienza antes de la facturación. Sostuvo que se ha conversado con el Servicio de Impuestos Internos para poder digitalizar la guía de despacho y con ello tener una fecha cierta que pueda ser objeto de seguimiento y supervisar que el tiempo entre la guía de despacho y la factura sea el tiempo que se ocupa realmente. De acuerdo con la indicación que se presentará al respecto, serán veinte días.
Destacó, sin embargo, que tanto el monto como el plazo de la factura son elementos relevantes, y no solo la consideración del plazo. Más aún, estimó que el monto tiene mayor importancia que el plazo.
Explicó que en el caso de la pyme que vende a una gran empresa productos o servicios, cuando esta concurre al factoring, al banco o a la bolsa de productos en busca de financiamiento, los financistas le hacen presente que el comprador tiene la posibilidad de utilizar una nota de crédito, lo cual hace que, en la práctica, tenga una factura por menos, monto que no se sabe con exactitud.
Al fijarse el monto de la factura, lo que se pretende es que el proveedor no sea sujeto de pago, sino el comprador, la gran empresa, que puede endeudarse a intereses de 6 por ciento, en tanto un proveedor pequeño puede hacerlo al 20 por ciento anual.
Por lo tanto, la idea es que el mercado pueda tomar esa factura como un crédito al comprador y así cobrar la tasa de interés a ese precio por ese crédito. Por eso explicó que el mayor beneficio para la pyme es reducir la tasa de interés al equivalente a la que se cobra al gran comprador.
Respecto del plazo, señaló que muchos países han intentado determinarlo, sin perjuicio de que, al ser períodos muy cortos, finalmente terminan por no cumplirse. Por ello, afirmó que es mejor tener un plazo posible de cumplir, después de lo cual se generen los intereses altos para quienes no cumplen con el pago, como una forma de penalidad.
Las exposiciones de los invitados antes referidos se encuentran consignadas en el informe de la comisión.
En respuesta a diversas consultas formuladas por los diputados de la comisión, el ministro señor José Ramón Valente complementó su exposición general y señaló, en primer lugar, que comparte que las soluciones no deban ser para un sector particular de la economía, porque ello es un simple traspaso de recursos. Aclaró que se trata de establecer normas para un mejor funcionamiento de la economía, para tener mercados más competitivos, a fin de que se beneficien todos, especialmente las empresas de menor tamaño.
Respecto del factoring, precisó que con el proyecto no se busca el beneficio de esa actividad, porque el factoring tendrá la competencia de los bancos, la bolsa de productos y cualquier otro fondo de inversiones, debido a que habrá un instrumento, que es la factura, que el mercado verá con interés. Hoy el factoring es el único que está en ese mercado y cobra altos intereses por ese riesgo. Estima que, en las nuevas condiciones, la factura generará mucha competencia para el financiamiento.
Hizo hincapié en que se propone un pago máximo de 60 días, y en ningún caso puede aceptarse que ello incentive a prolongar los plazos de pago de quien hoy lo hace de manera oportuna, que es algo que además le conviene desde distintos punto de vista, porque también pagar oportunamente es beneficioso para la compañía o empresa. Quiero agregar que, al respecto, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ha presentado indicaciones al proyecto que claramente cambian el guarismo de 60 días, pero eso no es parte de este informe.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo destacó que los intereses que se aplican en este caso, y que pagará la empresa, son más altos que aquellos a los que podría acceder en el mercado.
El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño informó que se ha conversado en la mesa de trabajo sobre la aplicabilidad de este proyecto solo a la pyme. Sin embargo, han sido ellos quienes han advertido del posible perjuicio para la pyme, porque se podría generar un incentivo a la gran empresa, que, al tener trabas para comerciar con la pyme, finalmente busque comerciar con grandes empresas proveedoras. Por ello, se hace aplicable a todas las empresas, sin discriminar por tamaño.
Discusión particular
En la discusión particular del proyecto, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señor Ignacio Guerrero , explicó las indicaciones del Ejecutivo. En relación con el plazo de pago, el proyecto de ley considera el inicio del pago de intereses a los 60 días, como regla general, con excepción de los alimentos perecederos, lo que ocurriría al cabo de 30 días.
La indicación que ha presentado el Ejecutivo apunta a mantener el carácter general de la norma; es decir, se aplicará a todo tipo de relaciones comerciales, sin distinguir el tamaño o el tipo de empresa, con un plazo común de 60 días para todas las operaciones, eliminando la excepción de los 30 días que se estableció para el caso de los alimentos perecederos, porque se considera que esta condición de los alimentos no justifica establecer un plazo especial.
En cuanto a la posibilidad de pactar plazos mayores, estos deben ser acordados por las partes; por ello, la indicación propone que el acuerdo sea suscrito por ambas partes y se establecen cláusulas para modificar unilateralmente los contratos y fijar intereses inferiores a los establecidos en el proyecto. Señala que en otros países esta posibilidad se establece, siempre que sea de común acuerdo, y se usa una regulación similar a la que se establece en la ley N° 19.496, en materia de contratos de adhesión.
En cuanto a los intereses, el proyecto contempla intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días por montos superiores a 200 unidades de fomento e inferiores o iguales al equivalente a 5.000 unidades de fomento que rija durante ese período.
La indicación propone mantener el interés moratorio que transparente el costo financiero al proveedor y crea incentivos para el pago en una fecha estipulada y, al devengar intereses, la factura pasará contablemente de facturas por pagar a deuda financiera de corto plazo.
El proyecto de ley aprobado por el Senado contempla una comisión moratoria fijada según el monto de la transacción: 1 UF si el monto es menor de 100 unidades de fomento, 5 UF si el monto va entre las 100 y las 1.000 UF, y 10 UF si el monto es superior a 1.000 unidades de fomento.
La indicación propone la eliminación de esta comisión moratoria, por cuanto se constituye en una doble sanción, los intereses y esta comisión, y es una norma de carácter general que se aplica transversalmente.
El proyecto de ley hace referencia a la ley de competencia desleal. Considera que el incumplimiento de los plazos previstos es una infracción a ella. Proponen eliminar esa sanción, porque se aplica a pequeñas y medianas empresas, así como las conductas de competencia desleal en desmedro de los proveedores y también el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos.
En cuanto a la limitación del valor original de la factura cedida, se contempla que las notas de crédito y débito serán inoponibles a cesionarios de las facturas irrevocablemente aceptadas. Esto se mantiene en el proyecto y se considera que es importante dar mayor certeza al valor de las facturas cedidas a efectos del factoring y del riesgo que se cobra al proveedor y el costo de su financiamiento.
En las indicaciones se ha incluido la obligatoriedad de la emisión electrónica de la guía de despacho, de manera de fijar un punto a partir del cual se debe emitir la factura.
En materia de uso de crédito fiscal del impuesto al valor agregado (IVA), el Ejecutivo, lamentablemente, ha considerado no incluir esta idea, por cuanto considera que tiene algunas dificultades de implementación operacional, que ha hecho ver el Servicio de Impuestos Internos, y porque considera, además, de sumo interés contar con este proyecto de ley aprobado en breve tiempo.
Finalmente, en lo que se refiere a las medidas del sector público, se mantiene el plazo de pago en 30 días y 60 días, en el caso de las concesiones. Se propone un cambio en el tiempo de aplicación de la ley para los municipios y el sector salud, que actualmente es de dos años, lo que se ha extendido para permitir ese ajuste con responsabilidad.
El presidente de la comisión, diputado Alexis Sepúlveda -quien habla-, sostuvo que se ha planteado la necesidad de ver la posibilidad de que la factura impaga no pueda ser usada en el crédito fiscal del IVA como mecanismo para dinamizar el pago oportuno.
El señor Ricardo Pizarro , jefe del Departamento de Operaciones de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, aclaró, en primer lugar, que el problema de la implementación del mecanismo de no pago del crédito IVA por facturas no pagadas no es un problema tecnológico; de hecho, afirmó que con un sistema de factura electrónica es factible de implementar.
Precisó, sin embargo, que la dificultad ocurre por problemas de información; es decir, es necesario definir quién será el sujeto que informe sobre el pago efectivo de una factura y la manera cómo afectaría la naturaleza del impuesto el uso del crédito, que es un tema de índole normativa, y por ello el servicio solicita que se le dé el tiempo necesario para poder dimensionar los efectos que tiene asumir una medida como la que se discute. Además, sostuvo que habrá que pedir facultades para el acceso a cierto tipo de información y que se deberá resolver cómo se afecta la naturaleza del impuesto, y cómo puede impactar en la cadena de pago del IVA.
En el artículo 1° se modifica la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a la copia de la factura.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo recordó que se está regulando toda la cadena de pago, que incluye proveedores pyme y no pyme, y que reducir el plazo pone en problemas a estas industrias, que no tienen las posibilidades o capacidades para hacerlo. Se trata de no intervenir de manera que se obligue a las empresas pequeñas a recurrir a la informalidad.
Por las razones expuestas, se busca que el plazo de pago sea de 60 días y no de 30 días.
La indicación del Ejecutivo fue aprobada por mayoría de votos.
Se incorpora el artículo 2° bis, que regula el no pago, dentro de los plazos que indica, constituyéndose el deudor en mora y afecto al pago de intereses.
Respecto de la indicación del Ejecutivo que elimina el artículo 2° ter, el señor ministro explicó que es procedente, porque se establece una doble sanción: multas e intereses. Señaló que el objetivo del Ejecutivo es que el proveedor pueda, llegado el momento, recurrir al mercado con su factura para financiarse con un interés adecuado. Se busca establecer una tasa de interés alta para el comprador, de manera que no haya incentivos para pagar con retardo.
Puesto en votación ese artículo, fue aprobado por unanimidad.
Respecto de la indicación del Ejecutivo que reemplaza el artículo 2° quinquies, que pasa a ser 2° quáter, el diputado Jaime Naranjo señaló que se exige al Estado que pague en 30 días, pero a los privados se les permite pagar en un plazo superior, de 60 días, sin que quede clara la razón de esa diferencia. Al respecto, el ministro de Economía explicó que esta es la forma en que se regula la situación que afectará al Estado, con un plazo de 30 días y de 60, cuando se trate de licitaciones. Luego explicó la forma en que eso se llevará a cabo.
En el artículo 2° ter se establece una comisión que deberá pagar el comprador que esté en mora. El Ejecutivo formuló una indicación para eliminar ese artículo, la cual fue aprobada por mayoría de votos.
La indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo 2° quáter, que pasó a ser 2° ter, fue aprobada por mayoría de votos.
En el artículo 2° quinquies se regulan las responsabilidades administrativas de los funcionarios si no se efectúa el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato. En este caso, el Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar dicho artículo, que fue aprobada por mayoría de votos.
El artículo 2° aprobado por el Senado modifica la ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, reemplazando el literal i) de su artículo 4°. El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar el artículo 2° y agregar la guía de despacho electrónica, lo que fue aprobado por unanimidad.
El resto de la discusión particular se consigna en el informe de la comisión.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor RAMÍREZ (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño en materia de plazos y procedimientos de pago a las pequeñas y microempresas.
La iniciativa tiene su origen en una moción de los senadores Andrés Allamand , Alfonso de Urresti e Iván Moreira , y de los entonces senadores Andrés Zaldívar y Eugenio Tuma , con urgencia calificada de suma, que fue informado en este segundo trámite constitucional y primero reglamentario por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
La Comisión de Hacienda contó con la presencia del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor José Ramón Valente , y del subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señor Ignacio Guerrero Toro .
La iniciativa busca establecer mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicio que efectúan las empresas de menor tamaño, particularmente las pequeñas y microempresas, considerando su posición en el mercado, su baja participación en ventas y exportaciones, su aporte en la generación de empleos y las dificultades que enfrentan para acceder a fuentes de financiamiento formales.
El Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto, iniciado en moción, mediante las cuales introdujo diversas modificaciones con incidencia presupuestaria o financiera del Estado, acompañando los respectivos informes financieros, como paso a explicar.
Primer informe financiero, de 31 de julio de 2017:
Las indicaciones presentadas por el gobierno anterior dicen relación con las siguientes materias:
1.- Se alinea la tasa de interés que se cobrará por la mora al costo alternativo del proveedor.
2.- Se establece un plazo de 30 días para el pago de las facturas por parte de los organismos públicos afectos a las normas de la ley Nº 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. El plazo podrá ser de 60 días en el caso de licitaciones públicas o privadas o en el de contratos, cuando se trate de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados.
3.- Se establece la exigencia a los organismos públicos de publicar en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos, con el objetivo de aumentar la información y la transparencia acerca del comportamiento de pago de las entidades públicas.
4.- Se establecen excepciones a la aplicación de estas obligaciones para los servicios de salud, la Cenabast y las municipalidades, a la vez que se instruye que la Dirección de Compras y Contratación Pública realice un estudio, dentro de los 36 meses siguientes a la publicación de la ley, sobre la procedencia de modificaciones legales que permitan la completa aplicación de estas normas a dichas entidades.
Efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal
En lo referente a los intereses que deberán solventar los órganos del Estado en caso de no pagar sus obligaciones en la oportunidad que señala la ley, estos se financiarán con cargo a sus respectivos presupuestos. Para efectos del informe financiero se asume el cumplimiento de esas obligaciones, por lo que no se proyecta mayor gasto fiscal por este concepto.
En el caso del estudio que mandata realizar el artículo tercero transitorio del proyecto de ley a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, su costo se estima en 50 millones de pesos, por una sola vez, el que se financiará con cargo al presupuesto de dicha institución.
Segundo informe financiero, de 5 de junio de 2018
Las indicaciones presentadas dicen relación con las siguientes materias:
1.- Se fija en 60 días el plazo máximo de pago sin intereses, pero se establece la posibilidad de convenir plazos mayores a 60 días por medio de un acuerdo que conste por escrito y que debe ser suscrito por quienes concurran a él.
2.- Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley Nº 19.886, los pagos a los proveedores deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta 60 días corridos en las bases de licitación respectivas. En este caso, deberán informar a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración.
3.- Se devengarán intereses por los días de pago vencidos de la factura. La tasa de interés será igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de 90 días, por montos superiores al equivalente a 200 unidades de fomento e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento, que rija durante dicho periodo en conformidad a la ley Nº 18.010, sobre las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero. En el caso de los órganos del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos.
4.- Se incorporan incentivos a los funcionarios públicos para el cumplimiento de los plazos de pago, generando responsabilidades administrativas de los funcionarios y sanciones en caso de falta de pago oportuno. La Contraloría General de la República podrá incoar el sumario respectivo y establecer las sanciones que correspondan.
5.Los organismos públicos deberán publicar en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos.
6.Se modifica el artículo 54 del decreto ley N° 825, de 1974, para incorporar la obligatoriedad en la emisión de guías de despacho electrónicas.
7.Se contempla la excepción temporal para los servicios de salud, Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades.
Efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal.
En lo referente al interés que deberán solventar los órganos del Estado en caso de no efectuar sus obligaciones de pago en la oportunidad que señalan las indicaciones de este proyecto de ley, este será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos. Para efectos del presente informe financiero, se asume cumplimiento de estas obligaciones, por lo que no se proyecta un mayor gasto fiscal por este concepto.
En lo referente a la obligatoriedad de la emisión de guía de despacho electrónica, con base en la información del Servicio de Impuestos Internos, se estima un costo de 2.706 millones de pesos y fracción de inversión durante el primer año, y un gasto recurrente de 420 millones y fracción de pesos los años siguientes.
Se fortalecerá a la Dirección de Compras y Contratación Pública para que preste asesoría a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago e informe a la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o por aquella que cumpla tales funciones, lo cual tiene un costo de 51 millones de pesos y fracción anuales, lo que considera la contratación de dos profesionales grado 13.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en proyecto durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos vigentes de las partidas incluidas en el articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplir dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuestos respectiva.
De acuerdo con lo anterior, las indicaciones al proyecto de ley irrogarán un mayor gasto fiscal en el año uno de 2.758 millones de pesos y fracción y de 471 millones de pesos y fracción en los años siguientes.
Tercer informe financiero, de 19 de junio de 2018.
La indicación presentada dice relación con la obligación que tendrá el Servicio de Impuestos Internos de elaborar un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el periodo tributarlo en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.
Efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal.
En lo referente al informe que deberá elaborar el Servicio de Impuestos Internos, las estimaciones señalan que esta indicación al proyecto de ley no irrogará un mayor gasto fiscal.
La comisión técnica señaló que son de competencia de la Comisión de Hacienda el artículo 2° bis, nuevo, que ha sido incorporado en la ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, por el N° 2 del artículo 1 del proyecto, el cual regula que el no pago dentro de los plazos y las condiciones que exige la ley, esto es, de 60 días corridos como tope, contados desde la recepción de la factura, o de 30 días si se tratare de actividades del sector primario, productoras o extractivas de materias primas, constituye al deudor en mora y afecto a intereses, haciendo extensiva expresamente la sanción a los órganos del Estado, con cargo a sus propios presupuestos.
Asimismo, lo son igualmente los artículos quinto transitorio, que señala la fuente de financiamiento que represente la aplicación de esta ley en proyecto, y sexto transitorio, por el cual se agrega una nueva facultad al Servicio de Impuestos Internos, que consiste en presentar a las comisiones de Economía de ambas ramas del Congreso Nacional, en un plazo de 24 meses desde la publicación de esta futura ley, un informe técnico que analice la factibilidad de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el periodo tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.
Los diputados integrantes y la diputada señora Sofía Cid , en reemplazo del diputado Santana , valoraron las intenciones del proyecto, por cuanto consideraron que forma parte de un historial de iniciativas que buscan corregir las asimetrías entre las grandes y pequeñas empresas. Coincidieron en que hoy las grandes empresas no tienen incentivos para pagar oportunamente, lo que genera un espacio para el abuso.
Asimismo, destacaron que se acortan los plazos para el pago no solo a las grandes empresas, sino también para las pymes, porque estimaron que era razonable establecer un plazo de 60 días. También concordaron en que la digitalización de la guía de despacho también agiliza mucho los procesos de pago y constituye un gran avance.
Sin embargo, algunos diputados manifestaron que este proyecto aborda un tema histórico, de más de diez años de discusión, de manera que no les parecía prudente que se esté tomando una decisión en una sola sesión que puede producir importantes consecuencias, debido a que el gobierno ha hecho presente la urgencia suma.
En definitiva, los diputados presentes coincidieron en que este proyecto se discutió latamente en la Comisión de Economía, además de haberse formado con anterioridad una mesa prelegislativa con muchos de los actores relevantes, de manera que estuvieron de acuerdo en lo positivo de mantener la urgencia del proyecto y aprobarlo a la brevedad.
La Comisión de Hacienda alcanzó los siguientes acuerdos respecto de los artículos que la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo sometió a su conocimiento:
1. Los artículos 2° bis, incorporado en la ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, por el número 2 del artículo 1° del proyecto, y quinto transitorio fueron aprobados en los mismos términos propuestos por la comisión técnica, por la unanimidad de los doce diputados presentes, señor Auth , señora Cid y señores Jackson , Kuschel , Lorenzini (Presidente), Melero , Monsalve , Ortiz , Pérez, don Leopoldo ; Ramírez , Schilling y Von Mühlenbrock .
Respecto del artículo sexto transitorio, el diputado señor Lorenzini planteó la necesidad de eliminarlo o acortarlo a doce meses mediante indicación, porque consideró que deja trabada la elaboración de un insumo por parte del Servicio de Impuestos Internos, que será necesario en el contexto de la reforma tributaria.
La mayoría de los integrantes de la comisión estuvieron contestes en que esto tiene que ver con la imposibilidad técnica de dicho servicio de incorporar el IVA crédito fiscal en el proyecto. Consideraron que es una medida importante para incentivar el pago oportuno, y manifestaron que adelantar la fecha del informe implicará que la respuesta del Servicio de Impuestos Internos será que no se puede hacer y que es más pertinente esperar los veinticuatro meses para que sea más probable una respuesta positiva.
La proposición fue rechazada y el artículo fue aprobado en los mismos términos, con el voto en contra del diputado Lorenzini .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor José Ramón Valente .
El señor VALENTE (ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Señor Presidente, agradezco la presencia de los señores diputados en este día tan especial para más de un millón de pymes y para cuatro millones de chilenos que trabajan en las pymes o son familiares de sus dueños.
Señor Presidente, se sabe que por más talento y esfuerzo que pongan las pymes y los emprendedores a sus empresas, siempre van a necesitar algo de capital para sacarlas adelante, capital que es escaso para la gran mayoría de los chilenos.
Por lo tanto, el proyecto de ley que obliga a pagar en un plazo máximo de treinta días, que hoy estamos debatiendo, tiene por objeto reducir las necesidades de capital y de financiamiento para las pymes, y devolverles ese dinero rápidamente. Nos estamos haciendo cargo de una importante fuente de desigualdad de oportunidades en nuestra sociedad.
Con este proyecto estamos nivelando la cancha para que el talento y el esfuerzo determinen el éxito empresarial de las pymes y de los emprendedores chilenos, no el acceso al capital financiero. Todos estamos de acuerdo en que esto representa un anhelo no solo de las pymes, sino de toda la sociedad en general.
Llevamos más de quince años buscando una solución para el financiamiento de las pymes. El gobierno del Presidente Piñera tiene la convicción de que los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas del país no pueden seguir esperando.
Hoy sometemos a consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que se construyó sobre la base del aporte de muchos parlamentarios -del actual y de anteriores períodos legislativos-, de las agrupaciones gremiales y del gobierno. En ese sentido, el proyecto de ley es transversal y muy sentido por una gran cantidad de chilenos.
No me extenderé en cada una de las consideraciones del proyecto, pero sí daré algunos antecedentes.
El proyecto trae varias novedades, gracias a que hemos discutido y escuchado abiertamente este tema y nos hemos hecho cargo de las propuestas entregadas por las agrupaciones de emprendedores, por las pymes y por diputados en las comisiones.
Además, hemos realizado un estudio al interior del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para obtener la mejor ley posible.
En suma, hemos incorporado todo aquello que fue discutido en el pasado, pero también henos incluido novedades que son muy interesantes para lograr el objetivo.
En primer lugar, de aprobarse el proyecto, las guías de despacho que entreguen los proveedores al momento de hacer sus ventas serán electrónicas, con el objetivo claro de eliminar esa costumbre tan chilena del bicicleteo, esto es, que una vez despachados los productos, el proveedor pierda la dignidad tratando de cobrar aquellos productos.
Hoy la ley es clara en el sentido de establecer que tiene que facturarse durante el mes en que fueron despachados los productos. Sin embargo, como eso se realiza de forma manual y en papel, y existen alrededor de un millón de transacciones diarias, es prácticamente imposible fiscalizar. Con la guía de despacho electrónica esto será fiscalizable y podremos acortar los plazos y hacer que la ley se cumpla respecto del momento en que se entregan las mercaderías y el momento en que se produce la facturación.
Ese tema no había estado antes en discusión, no había sido abordado. Por lo tanto, es una gran noticia su establecimiento en el proyecto.
En segundo lugar, el proyecto de ley se hace cargo del plazo de pago después de emitida la factura. Un anhelo de los emprendedores y de las pymes del país que data de muchos años es reducir el plazo a treinta días. En este sentido, el Presidente de la República, en una reunión con emprendedores y con pymes sostenida el viernes pasado, señaló que avanzaremos para que ese plazo efectivamente sea de treinta días.
Les recuerdo que hoy no existe plazo, por lo que responsablemente pasaremos de un plazo infinito, como el actual, a sesenta días, luego a cuarenta y cinco días y, por último, a treinta días. Esto no es por ser tozudos, sino porque no queremos destruir la armonía en la cadena de pagos existente en nuestra economía, que tiene una gran complejidad, la cual conocen cabalmente solo aquellos que están en cada uno de esos trabajos prestando sus servicios. Por lo tanto, tenemos que dar un plazo para ver cómo funcionan estas nuevas restricciones que impondremos a la forma de operar de nuestra economía.
No obstante, no nos quedaremos solo en eso. Entendemos que muchas pequeñas y medianas empresas necesitan ese capital lo más rápido posible, por lo que, una vez que tienen su factura, recurren al mercado financiero con el objeto de obtener de vuelta ese capital de forma inmediata y no esperar el plazo de pago.
Por eso, es muy importante que el documento que ellos obtengan les permita financiarse en condiciones adecuadas. Hoy no ocurre eso, pues las pymes tienen que pagar tasas de interés muy superiores a las que pagan las grandes empresas. La razón principal es la falta de incentivos a las grandes empresas para pagar dentro de plazo las facturas o, en su defecto, la falta de castigo en caso de que no lo hagan.
Pondremos ese castigo y esos incentivos por la vía de incluir intereses corrientes, intereses que, desde el punto de vista de las grandes empresas, son extremadamente onerosos, con el fin de incentivarlas a que paguen las facturas en el plazo que corresponde.
Adicionalmente, haremos que esa factura emitida, una vez cedida a alguna institución financiera, sea invariable en su monto, de tal manera que, fijados plazos y montos, la tasa de interés que se cobre a las pymes y a los emprendedores sea competitiva, baja, lo más cercana a la que se aplica a los créditos de las grandes empresas.
Desde el primer día, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo monitoreará que esta sea la condición que efectivamente prevalezca en el mercado. Queremos que el mercado funcione, que sea competitivo, y que las tasas de interés que se cobran hoy a las pymes vayan reduciéndose paulatinamente en la medida en que se vaya aplicando la ley en proyecto.
El Estado debe dar el ejemplo y no quedar al margen de lo que estamos aplicando a los demás. Por lo tanto, en sus contrataciones el Estado tendrá que regirse por las mismas normas que exigimos al resto de los actores de la economía, o sea, a compradores y a proveedores. Hemos exceptuado, solo por el plazo de 36 meses, al sector salud y a las municipalidades porque ellos tienen una mochila financiera muy grande y la forma en que administran sus pagos es bastante desordenada.
Se trata de una herencia que ha recibido este gobierno, y no una buena herencia, sino una carga importante. Debemos arreglar ese problema, pero no lo podemos hacer inmediatamente. Sin embargo, eso no significa que el sector salud y las municipalidades no van a ponerse a tono con el resto de las instituciones de los sectores público y privado, ya que a los treinta y seis meses tendrán que estar en ese caso.
No hay estudios que señalen si esto se puede hacer o no; esto simplemente se hará. Los estudios que hemos encargado son para que se implemente en el tiempo y no nos encontremos al término de los treinta y seis meses con que esto no se puede implementar.
El proyecto de ley que debatimos no es patrimonio de una persona ni de un gobierno, sino que es el resultado de un esfuerzo transversal por entregar una solución real a los más de cuatro millones de chilenos que conforman la gran familia pyme en nuestro país. El proyecto de ley, que nace originalmente de una moción, ha sido enriquecido tras su paso por las comisiones de Economía y de Hacienda de la Cámara de Diputados, lo cual agradezco, y, ciertamente, también gracias a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.
Los chilenos piden a gritos, a ustedes como parlamentarios y a nosotros como gobierno, que, respetando nuestras legítimas diferencias, seamos capaces de llegar a acuerdos que permitan a Chile progresar en paz. El proyecto en estudio es una buena muestra de que ese anhelo de los chilenos es posible. De hecho, durante su tramitación, entre varias otras modificaciones, hemos bajado el plazo original de pago, de sesenta a treinta días.
En consecuencia, los invito a votar a favor la iniciativa, que apunta a beneficiar a las pymes y a los emprendedores, y que la aprobemos con el pago a treinta días. He dicho.
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señora Presidenta, en las tribunas se encuentran los futuros emprendedores de Llolleo, así que este tema les va a interesar en su minuto. En diez años más van a ser emprendedores, y espero que este proyecto lo tengamos aterrizado en diez años más.
Con mucho respeto, agradezco la idea del ministro y del subsecretario, pero aquí hablamos entre los que conocemos el tema. No están los asesores.
¿Cuántas páginas tiene el proyecto? Son cuatro o cinco artículos y son casi un millón de pymes.
Comparto con el ministro en que efectivamente no se trata de un tema en que aplaudan o pifien gobierno y oposición. Las pymes son de todos, son de Chile, y en ese sentido este es uno de los proyectos más importantes, y en sus cuatro o cinco páginas, en sus seis artículos, tenemos que dejarlo clarísimo.
Así como está redactado hoy, la Democracia Cristiana lo va a votar en contra. Lo aprobaremos en general, porque lo queremos discutir, pero tiene que volver a comisiones, por los temas que se han planteado. No se trata de unos aplaudan y otros pifien. Lo que se trata es justo.
¿Qué es lo que manda? Lo que manda es que quien tenga una factura no aproveche el IVA mientras no la haya pagado. Ahí está el daño, porque a los grandes les estamos permitiendo que negocien con los chicos. Es como cuando el Senado negocia con la Cámara de Diputados. ¿Quién gana siempre? No lo voy a decir, pero es la misma situación. No podemos permitir que los supermercados y en otros lados -lo conversamos con el diputado Víctor Torres - se pueda tener una negociación vis a vis. No existe.
Segundo, en los sistemas públicos -salud, municipios- también tenemos que pasar de aquí a un año de 45 días a 30 días, igual que todos. Tiene que ser parejo.
El Servicio de Impuestos Internos ha señalado que necesita dos años para hacer un estudio. Quedó anotado en el acta. En 2001 se legisló en ese sentido. Todos sabemos lo que es el Servicio de Impuestos Internos. Algunos que han sido empresarios lo saben mejor, lo mismo que algunos senadores. ¡Tiene el mejor personal y quieren 24 meses para estudiar esta materia! ¡Perdónenme! ¡Seis meses es más que suficiente! Esas son dilaciones que no se entienden.
Presenté una indicación y el diputado Pérez , jefe de bancada, me respaldó, pero se dice que se rechazó. No fue así. Solo cuatro diputados votaron en contra; cuatro votamos a favor, incluido el diputado Giorgio Jackson , y los demás se abstuvieron. Es decir, cuatro diputados respaldaron la indicación, que se cayó por las abstenciones, que señalaba lo que decíamos: que no tiene sentido el plazo de 24 meses.
¿Por qué no está presente el Servicio de Impuestos Internos? Desde ya no podemos votar el proyecto hoy porque la clave de todo esto es la factura, el IVA, es el Servicio de Impuestos Internos, que dice que necesita dos años para estudiar esta materia. ¿Y por qué no está presente? El primero que debería estar aquí es el director de Impuestos Internos, porque de él depende casi todo este proyecto, y no está. ¿Le habrán ordenado que no venga o le importan un comino las pymes?
Evidentemente, así como está el proyecto, tiene que regresar a las comisiones. Conversamos con el ministro y el subsecretario que se han presentado indicaciones que aclaran, que acotan y dan realidad a lo conversado con los representantes de las pymes.
Entonces, en ese sentido, los treinta días debieran ser aplicables en no más de un año.
Claramente, la negociación entre pymes y los grandes debe eliminarse.
Debe establecerse que el IVA no se puede utilizar si no se ha pagado la factura.
Es necesario disminuir de cuarenta y cinco a treinta días, de aquí a un año, si es viable, el plazo para pagar facturas en el sector público -salud y municipios-.
Que no jueguen con la recepción de la factura: que no digan que no la recibieron, que está mala, que hay que enmendarla, etcétera. Hay que dar entre ocho y diez días como máximo, y desde ahí se entiende por recibida y empiezan a correr los plazos. De lo contrario este tema, que es de todos, va a quedar en la nada, no va a tener los votos y así perderemos todos. En las tribunas están los representantes de las pymes. Entre ellos tienen diferencias, pero hemos logrado llegar a un acuerdo mínimo.
Confío en las buenas intenciones del ministro y del subsecretario para que en las comisiones rápidamente se hagan las adecuaciones del caso, y que en algún momento el Servicio de Impuestos Internos se haga presente, porque la verdad es que no entiendo su ausencia. He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Mario Desbordes .
El señor DESBORDES.-
Señor Presidente, en primer lugar, debemos valorar el proyecto presentado por un grupo de senadores, sobre todo que este gobierno lo haya hecho propio. Si lo estamos discutiendo con esta urgencia es porque el gobierno del Presidente Piñera lo hizo propio, lo que nos permite desarrollar esta discusión y constatar la prioridad que esta administración ha dado al apoyo a la pequeña y mediana empresa.
En ese contexto, estamos todos de acuerdo en que hay que apoyar el emprendimiento, sobre todo de los más pequeños. Como señaló el ministro, estos no tienen las mismas capacidades, son tratados de manera distinta por la banca y que no tienen nada que hacer frente a algunos mercados con enorme concentración.
Creo en el libre mercado, pero con apellido, es decir, en una economía social de mercado. Es evidente que es necesario legislar donde se han detectado abusos atroces. En ese contexto, me parece urgente y necesario evaluar que se llegue al pago en 30 días antes de 36 meses, ojalá, a lo más, en 24 meses. No encuentro una razón para que no se pueda hacer en dos años.
En paralelo, estoy de acuerdo con lo que señala el colega Pablo Lorenzini , en cuanto a que me parece excesivo el plazo entregado al Servicio de Impuestos Internos para que determine fórmulas a fin de que quien no haya pagado una factura no pueda usar el IVA en su beneficio. No encuentro razones para ello. He escuchado varias explicaciones y no comparto ninguna que nos lleve a pensar que esto no es materializable. Dos años para hacer un estudio me parece un exceso.
Aprovecho la oportunidad para plantear que sería bastante conveniente que empecemos a avanzar en un Servicio de Impuestos Internos que sea un órgano autónomo, que no sea una herramienta política del gobierno de turno. Como señalaba el diputado Lorenzini , hay gente que ha recibido cariñitos y otros que han recibido la mirada hacia el techo de parte de ese servicio. ¡Cómo no recordar -a confesión de parte, relevo de pruebas- las declaraciones de un director del Servicio de Impuestos Internos que reconoce que un ministro del Interior de la gestión anterior le exigía esconder pruebas! Ojalá avancemos en un Servicio de Impuestos Internos completamente autónomo de la gestión de turno, que nos permita confiar en que quien fiscaliza lo hace solo por criterios técnicos.
Dicho sea de paso, ojalá también podamos avanzar -por su intermedio, señor Presidente, se lo digo al estimado ministro de Economía- en que haya mayor competencia en los medios electrónicos de pagos. Hoy existe un monopolio de Transbank. Sería importante, sobre todo para el pequeño comercio, que existan alternativas que permitan mejorar las condiciones en que se vincula contractualmente la pyme con esa empresa.
Hay que evaluar muy bien la posibilidad de establecer excepciones. Voy a nombrar solo dos mercados. En Chile hay dos bancos que controlan más de la mitad del mercado financiero y tres farmacias que controlan casi el ciento por ciento del mercado de los medicamentos. Cuando hablamos de asimetrías, hablamos elegantemente de abusos, y creo que es muy difícil que una pyme contrate, en condiciones de desigualdad absoluta, con determinadas empresas, sobre todo en áreas donde actualmente tenemos una participación que está muy por debajo de los mínimos deseables en un marco de libre competencia.
Por último, valoro enormemente el esfuerzo del Ejecutivo respecto del avance en cuanto a que el Estado, que debe ser uno de los peores pagadores y de los peores empleadores, comience a pagar en plazos claros y con horizontes definidos. Si el señor ministro logra que la Cenabast y los municipios empiecen a pagar dentro de plazo, sería impresionante, porque hemos recibido la Cenabast con una deuda estratosférica.
Aquí y en la comisión hemos escuchado comentarios respecto de apurar el tranco, pero sin asumir la responsabilidad ni hacerse cargo del desastre en que nos han dejado las cuentas por pagar en el área de la salud, ni tampoco del desastre que hemos encontrado cada vez que se ha producido un cambio de edil, y no es que el alcalde anterior se haya llevado la plata para la casa, sino que esta simplemente no alcanza.
Por eso, si logramos que el Estado por fin empiece a pagar, este gobierno daría un salto gigantesco, que no se ha dado antes y que será muy difícil dar, porque, insisto, nos han entregado una deuda gigantesca en aquellas áreas que hoy nos exigen poner al día de inmediato, en circunstancias de que nos han dejado un enorme déficit.
Felicito al señor ministro y me alegro por la iniciativa del gobierno. Sin embargo, tengo algunos reparos que son democráticos…
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Renato Garín .
El señor GARÍN.-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención con un análisis de lo que han denominado los tiempos mejores.
Hemos visto el cierre de la empresa Iansa en Linares y también de otras empresas emblemáticas en distintas regiones del país. Al parecer, el crecimiento que trae este gobierno va a ser paradójico. Es un crecimiento con desempleo, que no va a aumentar la masa laboral, ya que el crecimiento que ofrece la derecha siempre es financiero, de la banca, del gran capital financiero, y no de la productividad. ¡Esos son los tiempos mejores!
La economía chilena se basa en el acceso al capital, en tener liquidez para producir y pagar sueldos. Sin embargo, las pymes chilenas no tienen liquidez, porque ha sido absorbida por las grandes corporaciones que no les pagan los bienes y servicios que aquellas les ofrecen y les prestan. Las grandes corporaciones se quedan con el capital de trabajo de las pymes, y con ese capital rentan financieramente.
No se trata de que las grandes corporaciones no paguen porque no quieren o son malas personas. ¡No pagan porque con ese capital consiguen renta financiera! El negocio del retail en Chile no consiste en vender hornos microondas, lavadoras u otros productos, sino que vender crédito y conseguir renta financiera a través de ese negocio. Por eso el retail en Chile está tan emparentado con la banca; por eso Falabella, la empresa más exitosa de la transición, ha terminado convertida en un banco, el Banco Falabella, porque el negocio está en el crédito, la deuda y la renta financiera.
Entonces, hablemos del Estado, que está fuertemente endeudado, con un déficit fiscal que ha crecido. En la misma condición están algunas municipalidades, como, por ejemplo, la de Valparaíso, que asumió el alcalde Jorge Sharp con una deuda de 70.000 millones de pesos. Otras municipalidades deben 3.000 millones, 4.000 millones o 5.000 millones de pesos. ¿A quiénes deben las municipalidades? A los proveedores pymes.
Entonces, a través de las municipalidades, el Estado tiene frenadas las cadenas de pago en muchas comunas pequeñas y también en las grandes, como Valparaíso. ¿Por qué? Porque las municipalidades se transformaron en gigantescos elefantes de deudas.
Las deudas familiares, a través del CAE y de los créditos hipotecarios; las deudas de las pymes y las deudas del Estado son sistemáticas en este país. Hemos transformado la deuda y el crédito en el único instrumento de desarrollo, y para eso la centroizquierda debe tener una respuesta.
¿Qué hacen las pymes cuando no tienen liquidez? Van al banco y se endeudan. ¿Qué pasa cuando no pueden pagar al banco? Quiebran. ¿Y por qué quiebran? Porque no tienen acceso a créditos baratos como las grandes corporaciones; es decir, las grandes corporaciones, los grandes supermercados y las grandes tiendas tienen, por un lado, la liquidez que les aportan las pymes y, por otro, los préstamos bancarios baratos.
La banca dirige la economía chilena y tiene las mayores utilidades de toda Iberoamérica, según el PIB. El Banco Santander y el Banco de Chile suman, en conjunto, más de 2.000 millones de dólares en ganancias en Chile. ¿Por qué? Porque el negocio es para la banca.
Este proyecto pretende dar liquidez a las pymes, algo que la centroizquierda debe comprender muy bien: dar liquidez y desarrollo a la economía.
Nuestra posición es que la liquidez debe ser un incentivo para el desarrollo y la producción, y por eso que el plazo máximo para el pago de facturas debe ser el más breve posible.
Vamos a insistir en el plazo de treinta días, porque, de otra manera, seguiremos incentivando que las grandes corporaciones roben el capital de trabajo de las pymes y renten con él. Esa es una manera de apropiarse de los excedentes de la economía. De esa manera, los bancos llevan a sus bóvedas las enormes ganancias que generamos todos juntos a través de las pequeñas empresas.
La centroizquierda debe entender algo muy importante: luego de cada crisis económica, se generan enormes masas de excedentes financieros que no tienen dónde ir durante las crisis. Eso ha ocurrido desde el 2009 en adelante. Y ha ocurrido muy simple, cual es que los excedentes financieros van a las empresas que han desarrollado mayor tecnología. ¿Qué empresas capitalizaron las crisis en los últimos diez años? Google, Facebook , Microsoft , Apple .
¿Qué debe hacer Chile? ¿Qué debe ofrecer la centroizquierda al país? Un modelo de desarrollo en que el Estado tenga un rol, con derechos y seguridades sociales aseguradas, pero también una economía en que las pymes tiren del carro tecnológico y permitan constituir, por ejemplo, empresas que desalinicen el agua y limpien los océanos, empresas medioambientales y de alimentación sana. ¡Eso es lo que requerimos!
Para dar el salto tecnológico, las pymes requieren liquidez financiera. No podemos seguir con una economía capturada por la banca. No me refiero a la banca en general, sino a un grupo de banqueros que se han apropiado de las condiciones económicas del país.
Es posible la contradicción entre crecimiento financiero y desempleo, porque la vamos a ver en estos años. Esa contradicción tiene nombre: los tiempos mejores. He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Nicolás Noman .
El señor NOMAN.-
Señor Presidente, hoy tenemos una tremenda oportunidad. Luego de mucho tiempo de espera, nos corresponde votar un proyecto de ley que va en directo beneficio de nuestras pequeñas y medianas empresas, y de nuestra economía en general.
En los últimos años han ingresado a tramitación variadas mociones que han intentado dar solución a los problemas de pago y de liquidez que sufren las pymes, pero ninguna de ellas llegó a puerto. De ahí la importancia de avanzar en esta iniciativa, en la que, por primera vez, se acuerdan medidas concretas para solucionar los problemas de pago de las facturas.
Para analizar en detalle la iniciativa, debemos recordar que más del 95 por ciento de las empresas de nuestro país son pequeñas y medianas. Aun cuando solo participan del 14,8 por ciento de las ventas, aportan casi el 50 por ciento de los trabajadores con contrato. Estas cifras revelan la importancia de dar atención a los problemas que aquejan a las pymes, ya que una buena solución permitirá importantes avances en la economía nacional en materia de crecimiento y productividad.
El gobierno del Presidente Piñera está recogiendo una herencia de desempleo, de falta de crecimiento y de poca productividad. En ese sentido, esta medida es sumamente necesaria, porque se ha constatado que las empresas de menor tamaño no pueden pactar libremente con los plazos de pago que existen, ya que su fuerza negociadora disminuye ante las grandes empresas.
La otra medida incorporada en el texto también permite hacer frente a toda la cadena de pagos, lo que hace del proyecto una iniciativa más global y completa, pues atiende problemas de pago en diferentes aristas, desde la emisión de la guía de despacho hasta el pago efectivo de la factura.
En virtud de lo anterior, votaré favorablemente el proyecto, más aún considerando las indicaciones del Ejecutivo que potenciarán sus disposiciones.
Agradezco la presencia en esta sesión del ministro de Economía y del subsecretario de la cartera.
En el fomento y protección de nuestras pequeñas y medianas empresas debe estar el centro de nuestra atención.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .
El señor CELIS (don Ricardo).-
Señor Presidente, felicito que estemos tratando este proyecto de ley y que entre las personas presentes en las tribunas se encuentre el exsenador Eugenio Tuma -de mi partido-, quien participó junto con un equipo transversal de senadores, integrado, entre otros, por los señores Allamand , De Urresti , Zaldívar , en la elaboración y presentación de la iniciativa.
Sin embargo, la carta que nos han hecho llegar las organizaciones gremiales de las pymes reunidas en la mesa de trabajo denominada Convergencia Nacional de Gremios señala claramente que este proyecto no cumple algunas de sus expectativas, porque hay tres elementos que son de su preocupación, uno de los cuales tiene que ver con la denominación que se ha dado a la iniciativa y con la cual la hemos conocido: “proyecto de pago a treinta días”. Hubo un compromiso de campaña del Presidente Piñera de que el pago a las pymes sería a treinta días, pero no con elástico, sino a treinta días ahora.
La bancada del Partido por la Democracia votará a favor en general el proyecto, pero no lo hará de la misma manera en particular, cuando vuelva a la comisión, porque creemos que hay elementos importantes que han generado desazón en las organizaciones gremiales.
Los gremios que suscriben la carta enviada a los diputados son la Federación Gremial de Mujeres Empresarias, Emprendedoras , Artesanas y Recicladoras de Arica; la Federación Gremial De La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa De Arica y Parinacota; la Asociación Gremial Pymes de Vallenar; la Asociación Gremial de Proveedores del Estado; la Asociación Gremial MiPymes Artesanos y Servicios Linares; la Asociación Gremial de Medianos Pequeños Industriales y Artesanos de Coyhaique; la Asociación Gremial de Empresarios Centro Oriente; la Asociación Gremial Colegio de Instaladores Electricistas de Chile, etcétera. Se trata de pequeños empresarios para quienes es muy importante el pago oportuno y terminar con el verdadero abuso que ha habido respecto del pago de sus facturas.
Por eso, es muy importante que se cumpla el compromiso asumido y que el pago oportuno sea efectivamente en treinta días y sin elástico. Esperamos que aquello se resuelva en la comisión en su oportunidad.
Otro elemento que mencionan los gremios dice relación con que es importante que aquellas empresas que tengan facturas impagas no puedan hacer uso del crédito fiscal. Es un asunto de mucha relevancia, porque finalmente los pequeños empresarios no sienten que estén protegidos ante una asimetría de esta naturaleza. Los gremios son claros al señalar la importancia de que las grandes empresas cumplan con los pagos oportunamente, pero también los órganos del Estado, particularmente los municipios, porque en regiones -en la Región de La Araucanía, soy representante de la provincia de Cautín- el Estado tiene una labor muy importante. Los municipios realizan una labor muy importante; los servicios de salud también son organismos muy importantes. Así lo señalaron en su oportunidad el ministro de Economía y el subsecretario.
Por ello, hay que avanzar en lo comprometido: pago oportuno en treinta días ahora y no después, porque son los pequeños empresarios los que sufren los efectos del abuso de los grandes empresarios, lo que ya es histórico.
Hay que tener en consideración que las pequeñas y medianas empresas dan empleo al 42 por ciento de los trabajadores; por lo tanto, tienen una tremenda responsabilidad sobre su espalda. Pero el pequeño y mediano empresario en ocasiones se ve en situaciones económicas de gran labilidad; muchos han quebrado y han perdido su patrimonio, porque el Estado no se ha hecho responsable de esta situación.
Como se ha dicho, esta iniciativa es una buena oportunidad. Debemos mirar quiénes la están impulsando: los artesanos, los pequeños empresarios, porque son los que han sufrido el mayor efecto de la asimetría que se establece en la regulación, particularmente cuando no se les paga su factura oportunamente o cuando son sujetos de intereses en créditos porque no se les hace el pago en el momento que requieren.
Como bancada votaremos a favor en general el proyecto, pero tenemos grandes observaciones en particular, que haremos saber en la comisión pertinente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .
El señor BERNALES.-
Señor Presidente, quiero señalar un par de datos para comenzar.
La Encuesta Nacional de Empleo indica que hoy los emprendedores aportan el 65,6 por ciento de la fuerza laboral en Chile, versus el 34,5 por ciento que aportan las grandes empresas. Mientras el desempleo alcanzó el 7,2 por ciento durante el primer trimestre, el empleo por cuenta propia aumentó en 5,1 por ciento.
Según la OCDE, somos el país con más emprendedores, pero también el más desigual. Es desde esta desigualdad que nace la necesidad de los emprendedores y legisladores por crear y promover esta iniciativa de ley.
En promedio, 19.000 pequeñas y medianas empresas mueren al año en Chile porque sus compradores no les pagan a tiempo, y solo 80,8 por ciento de las pequeñas empresas logra sobrevivir a sus primeros tres años de vida. El desfase en el pago de facturas supone un riesgo gigante para las empresas más pequeñas, pues eventualmente puede llevarlas a la quiebra.
Lo anterior se suma a la dificultad de financiamiento que tienen las pequeñas y medianas empresas y a su dificultad de acceder a créditos, lo que obliga a muchas a recurrir al factoring y, peor aún, a préstamos informales, que terminan por encarecer el costo dentro de su cadena de producción.
El corazón del proyecto no solo establece el pago a las pymes en tiempo justo, sino también propone el inicio del fin de la asimetría entre pequeñas y grandes empresas. Además, busca regular y controlar a aquellos que no son capaces de cumplir.
Tanto grandes empresas, multinacionales, como la banca, e incluso algunas ONG saben que se están aprovechando de la situación. Incluso, el Estado es reconocido como un muy mal pagador, lo que da como resultado retrasos en el pago de facturas por más de tres años, como ocurre en los sectores municipal y de salud.
“Pronto pago”, “pago oportuno” y, hoy, “pago a treinta días”.
Los emprendedores son el motor de Chile, pero a la hora de legislar, poco se les escuchó. En la Comisión de Economía, las diferentes organizaciones representantes del sector de la mediana, pequeña y microempresa -Mipyme, Asech y Conapyme- nos dijeron que necesitan que se les pague a treinta días. Sin embargo, sesión tras sesión, el Ministerio de Economía nos dijo que se iba a pagar a sesenta días, y que no se podía a treinta. Incluso, nos dijo que se iba a pagar a sesenta días y más, pues si había acuerdo entre ambas partes, se podía pagar a más de sesenta días.
Hace cinco días esto se cambió; cambió esta realidad, y de la noche a la mañana dicen que ahora sí se podrá pagar en treinta días a los proveedores.
Al respecto, me pregunto qué cambió, por qué si nos decían que no se podía pagar a sesenta días, hoy se propone que se pague a treinta días.
Nosotros, en el Partido Liberal y el Frente Amplio, desde el primer día defendimos incansablemente los treinta días. Es más, creo que si el Presidente Sebastián Piñera hubiese estado en la comisión hubiese votado igual que nosotros, porque luego de la reunión que se sostuvo con el Presidente en La Moneda vino este cambio de opinión.
El plazo de treinta días para pagar es parte del corazón de este proyecto, y ya he dicho que este plazo fue negado en reiteradas ocasiones en la Comisión de Economía por parte del gobierno, y también de sus parlamentarios. Hay que decirlo, porque varios parlamentarios de Chile Vamos votaron en contra del pago a los treinta días y a favor de los sesenta días.
Las pymes han soportado este escenario adverso demasiado tiempo, pero, al parecer, se les continúa negando la importancia que tienen para el desarrollo del país, sobre todo si consideramos que gracias a ellas se genera cerca del 66 por ciento de la fuentes de trabajo.
Me preocupa ver cómo este proyecto ha ido cambiando; me preocupa ver cómo van cambiando las definiciones; me preocupa ver qué va a pasar nuevamente cuando vuelva a la Comisión de Economía. A nosotros nos alegra cuando se toman determinaciones en favor de las pequeñas y medianas empresa, tal como el pago a treinta días, pero esto nos sigue preocupando. Por ejemplo, me preocupa que haya más de veinte parlamentarios de Chile Vamos inscritos para hablar en esta sesión, porque eso impedirá votar hoy la iniciativa.
Por lo tanto, hago la invitación a que hoy la podamos votar, que la podamos sacar adelante, y que logremos buscar el corazón de esta iniciativa, que es establecer un plazo de treinta días para el pago a los proveedores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .
El señor BARRERA.-
Señor Presidente, cuando votamos por primera vez este proyecto en la comisión -era una iniciativa que no nos gustaba-, lo hicimos con la condición de avanzar, de mejorarlo.
Después de eso el Ejecutivo ingresó una indicación que dejó el proyecto, que originalmente se llamaba de pronto pago, en sesenta días, lo cual obviamente cambió por completo el nombre al proyecto, por lo que ya no era de pronto pago.
Debido a eso, veníamos dispuestos a rechazar el proyecto en esta Sala, porque esa indicación, sin duda, perjudicaba a las microempresas y a las pequeñas y a las medianas empresas. Sin embargo, hace un par de días nos enteramos de que después de presentar esa indicación el gobierno, junto con toda su coalición, la defendió con mucha entereza en la comisión-, en el sentido de que el pago fuera a sesenta días, hace un par de días se dieron una vuelta carnero, se dieron vuelta la chaqueta, y dijeron que lo importante era llegar a treinta días.
Si bien eso se puede considerar como un avance, llegar a treinta días en tres años no es un avance, sino algo que va a perjudicar a las microempresas y pequeñas empresas, porque no sabemos qué van a hacer durante estos tres años las empresas a las cuales se les paga en menos de sesenta días. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que recurrir a la banca, van a tener que recurrir a los factoring, y si eso sucede, en el fondo, este proyecto, al cual le cambiarán el nombre, que se llamará pago a treinta días, no va a ser el proyecto del pago a treinta días, sino que va a ser la futura ley del factoring, la ley que obligará a las pequeñas empresas y a las microempresas a recurrir a los factoring para que les presten dinero para poder llegar a los sesenta días, porque la gran empresa se quedará con su factura, con el IVA, con el sueldo de sus trabajadores, con el margen; se quedará con todo.
Estamos por avanzar en el pago a treinta días, pero esto no puede ser en tres años, porque la microempresa lleva toda su vida esperando que le paguen a treinta días. Entonces, ¿por qué van a seguir esperando tres años más?
El señor ministro dice que lo hacen por ser responsables, porque no saben lo que va a pasar en el futuro si obligamos a la pequeña empresa a pagar a treinta días. Sin embargo, resulta que esa incertidumbre también la colocaron ellos, porque el proyecto original, de los senadores Allamand , Zaldívar , Moreira y otros, establecía el pago a los treinta días a la microempresa, a la pequeña empresa. El proyecto hacía esa distinción; no era de empresa a empresa por igual, porque no son iguales.
Por lo tanto, cuando presentaron la indicación que señala que el pago a treinta días tiene que ser a la pequeña empresa y a la microempresa crearon la incertidumbre que los lleva a decir que no saben si las pequeñas empresas serán capaces de pagar a treinta días.
Hagámoslo fácil; hagamos la distinción. Partamos hoy o partamos el próximo mes, y que el pago sea a treinta días, pero a la microempresa y a la pequeña empresa. Con eso sí que vamos a avanzar en esta lucha histórica, tal como aquí se ha dicho, de los que dan más del 50 por ciento de los empleos en Chile, pero cuya participación en las ventas no alcanza a superar el 16 por ciento.
Se nos dijo que en otros países, de Europa, se paga a más de sesenta días. Es decir, estamos comparando a países de Europa con Chile; con Chile, que es el país más desigual de América Latina y del mundo, donde hay desigualdad no solamente en la salud, en la educación, en la vivienda, en los sueldos, sino también en las empresas.
Esa desigualdad también se genera entre la gran empresa y la pequeña empresa, por lo que es incomparable. Chile es Chile, y en Chile el más grande abusa del más pequeño; en Chile la gran empresa abusa de la pequeña empresa.
Por lo tanto, vamos a votar a favor en general este proyecto de ley, para que vuelva a comisión, pero vamos a seguir peleando por los treinta días desde ahora. He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .
El señor UNDURRAGA.-
Señor Presidente, hoy vengo a hablar en mi calidad, primero, de parlamentario -de lo cual estoy muy orgulloso-, y segundo, de emprendedor, puesto que el emprendimiento ha sido parte de mi vida: ha sido lo que ha construido mi vida y ha dado las posibilidades a mi familia de desarrollarse; y no solamente a mi familia, pues también nos ha dado la posibilidad -como les ocurre a todos los microempresarios, pequeños empresarios y emprendedores que hoy nos acompañan- de desarrollar a las familias de nuestros colaboradores.
Quiero decir al diputado que me antecedió en el uso de la palabra que lo que él dice que va a suceder con la aprobación de este proyecto de ley, es decir, que los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas van a tener que ir a buscar crédito, es precisamente lo que pasa hoy.
Esa asimetría que se genera hoy es la asimetría que estamos comenzando a romper con esta iniciativa y con las indicaciones anunciadas y presentadas por el gobierno.
No puedo sino aplaudir esta iniciativa y comprometer mi apoyo para que logre salir a flote, haciendo realidad una aspiración que durante años han manifestado miles de emprendedores en este país.
La obligatoriedad de un plazo de treinta días en el pago a los proveedores, la guía de despacho electrónica, el cobro de intereses moratorios por el retardo, la oportunidad de solicitar la rescisión por incumplimiento con derecho a indemnización, y muchos otros elementos de esta ley en proyecto, vienen de una vez por todas a acortar las brechas existentes a la hora en que las pequeñas y medianas empresas se relacionan con el Estado y con las grandes empresas.
Por medio de este proyecto de ley, la asimetría durante la negociación comienza a desaparecer, y se permite que cada uno de los actores del mercado pueda moverse con mayor autonomía y no dependiendo de los criterios establecidos por aquellos que tienen un control o posición dominante.
Esta iniciativa es una clara señal de que el gobierno ha entendido que los políticos debemos hacer un cambio de foco y poner nuestras iniciativas en pro del desarrollo de las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, y no en el interés particular de los empresarios.
Las empresas, particularmente las pymes, son el motor de la economía y del crecimiento, las generadoras de la mayoría de los puestos de trabajo y del espíritu pujante e innovador de nuestra sociedad.
Está en nuestras manos, en las manos de las empresas, en sus ideas y en su talento generar un Chile más moderno, más productivo y con menos desigualdad, y es nuestra labor, como políticos, permitirles la libertad necesaria, las condiciones justas y las bases democráticas para que puedan llevar a cabo sus iniciativas.
Me enorgullecen la coordinación que han mostrado en pro de un objetivo común, el actuar respetuoso a través de los canales establecidos y el diálogo permanente que han generado con la clase política.
Felicito al ministro, al subsecretario, a los diputados que participaron en las comisiones y a los emprendedores que generosamente defendieron sus posiciones, a quienes han dado la urgencia necesaria a este proyecto y han participado activamente en el debate durante este segundo trámite constitucional, pero, por sobre todo, reitero mi compromiso, el compromiso de esta bancada, de Chile Vamos, y del presidente Sebastián Piñera , de no solo apoyar este proyecto de ley, sino también de hacer que esta futura ley se transforme en un gran instrumento de desarrollo para todo el país, en especial para nuestros medianos, pequeños y microemprendedores.
Porque viví la angustia de no saber cuándo nos iban a pagar en nuestro sueño de emprendimiento y tener que buscar malos financiamientos, les pido, les imploro, que apoyen este proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, como se sabe, hay 1.094.673 empresas en Chile; 14.564 de ellas son grandes o megaempresas, en tanto que 1.080.109 son medianas, pequeñas o microempresas.
Bueno, ese 1,3 por ciento, el de las grandes o megaempresas, reúne, tiene o vende el 85 por ciento de lo que se transa en el mercado nacional, en tanto que el millón de mipymes capta, vende o transa el otro 15 por ciento.
Las cifras dan cuenta de una increíble concentración económica. Lo más terrible es que en los últimos años, entre 1990 y 2017, en lugar de democratizarse, nuestra economía ha vivido el proceso inverso: las mipymes tenían el 25 por ciento de las ventas en 1990, en tanto que hoy tienen solo el 15 por ciento.
Si no acometemos reformas importantes que faciliten e igualen el acceso al crédito y no resolvemos el tema que estamos discutiendo, es muy posible que en 10 o 15 años más muchos ya no estaremos acá- las cifras sean aún peores y que la concentración económica sea mayor.
El tema es bien simple: las grandes empresas y las megaempresas venden, en general, al contado, y cuando no venden al contado, tienen un dispositivo que hace muy eficaz su capacidad de cobro. ¿Qué deudor está en condiciones de no pagar o de atrasarse frente a Falabella o a cualquier gran empresa, incluidas las públicas, por supuesto?
Cuando una mipyme se atrasa, la consecuencia normal es que termina siendo excluida de su posibilidad de continuar haciendo negocios. Por lo tanto, para las mipymes atrasarse significa quedar excluidas del mercado, por lo cual se ven obligadas a conseguirse créditos para pagar a tiempo.
¿Y cuál es el problema hoy de esos créditos? Que los bancos, como no saben cuándo les van a pagar o cuánto les van a pagar, porque las facturas pueden ser corregidas a la baja, cobran un interés exorbitante.
Entonces, ¿qué está ocurriendo en la práctica? Que las pequeñas y medianas empresas están financiando el IVA que no pagan las grandes y las megaempresas. ¡Miren qué paradoja! Los pequeños y medianos financian a los grandes. Y los grandes pueden vanagloriarse de que se han atrasado en los pagos y que por esa vía han ahorrado cantidades importantes de dinero. Pero resulta que el ahorro de esas grandes empresas es la sangría de las medianas, pequeñas y microempresas.
Ese es exactamente el problema que el proyecto de ley impulsado por el entonces senador Eugenio Tuma y un conjunto transversal de legisladores quería resolver. Felizmente, el gobierno lo hizo suyo, le puso la urgencia necesaria y presentó algunas indicaciones importantes.
Reconozco la importancia que tiene el que los días cuenten a partir de la guía de despacho y no de la emisión de la factura, porque a veces transcurrían 30, 60, 90 o más días antes de que se emitiera la factura, fecha a partir de la cual empiezan a contarse los días para que proceda el pago.
Este proyecto de ley será letra muerte si no tiene sanciones claras, por lo cual se establecen sanciones para el sector público y para los funcionarios que fallan en el proceso de cumplimiento de la ley. Lamentablemente, no hay sanciones fuertes para los privados que incumplen. No puede ser que luego de los treinta días se aplique una determinada tasa, normalmente la promedio, para sancionar a quien se atrase, pero que dé lo mismo que se atrase 30, 60, 120, 150 o 180 días, porque se mantiene la misma tasa.
A partir de los 90 días se debe aplicar la tasa de interés máximo convencional, para que sea un verdadero desincentivo al atraso de las grandes empresas en el pago a las pequeñas.
Por otra parte, hay cuestiones que quedan pendientes, como que no podemos dejar entregado a un informe del Servicio de Impuestos Internos el si es posible o no aplicar estos cambios.
Hicimos la reforma de la factura electrónica, por lo cual es perfectamente posible, en un plazo…
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, trataré de ser breve.
No basta con que el gobierno, como dijo el diputado Mario Desbordes , decida hacer suyo este proyecto de ley si, al hacerlo, lo desfigura a tal punto que, en lugar de favorecer a las pymes, termina pareciendo más bien una defensa corporativa a las grandes empresas.
El sentido de esta moción -no olvidemos que es una iniciativa parlamentaria- era establecer justicia, reparar una modalidad de asfixia a la que las grandes empresas someten a las pymes, a través de condiciones leoninas de pago que estrangulan financieramente a las pymes.
Si esto sigue así, las pymes van a tener que utilizar el consejo del ministro Varela y organizar bingos para financiar sus necesidades, porque van a tener que seguir esperando para poder recibir recursos.
Las pymes son las grandes generadoras de empleos. Creo que sobre el 40 por ciento del empleo de los chilenos -42 por ciento es la cifra exacta, si no me equivoco, aunque no soy experto en la materia- proviene de las pymes. Si miramos la experiencia italiana, por ejemplo, que tantas veces hemos citado en esta Cámara, el 70 o el 80 por ciento de la economía se mueve a través de las pymes, así como también el empleo de calidad y el autoemplo.
Entonces, tenemos que rescatar el sentido original del proyecto, lo que tiene que ver con los plazos que se han modificado y que, a mi juicio, son distorsionadores del objetivo de la iniciativa. Si coincidimos todos en eso, a tal punto que esta Cámara de Diputados creó una comisión permanentemente para la pequeña, micro y mediana empresa, y todos rasgamos vestiduras respecto de la importancia de apoyarlas, de respaldarlas, ya que las consideramos puntal del desarrollo de Chile, entonces elaboremos normas que las favorezcan, en lugar de perjudicarlas.
Entonces, creo que para que el proyecto cuente con nuestro apoyo en la votación particular, deben respetarse los seis puntos concordados por la Mesa de Convergencia Nacional de Gremios y Pymes, ya que es un requisito sine qua non para este diputado, los que señalaré a continuación:
1.El plazo máximo de vigencia para el pago a treinta días no puede superar un año desde la puesta en vigencia de la ley. Esto da un tiempo más que razonable para el ajuste, ya que lo otro es seguir prolongando la asfixia financiera de las pymes.
2.Debe eliminarse la negociación directa entre pymes y grandes empresas para convenir plazos de pago más allá de los 30 días, dado que la asimetría no permite una negociación justa. Siempre va a primar la voz del más fuerte, por lo que las pymes se verán perjudicadas. No hay razón alguna para establecer esa negociación directa, porque no existe un equilibrio que permita una negociación justa.
3.El crédito fiscal originado por el IVA no puede ser utilizado por el comprador hasta que este no cancele en su totalidad la factura del proveedor. Esto deberá regir a partir de seis meses, plazo suficiente para que el Servicio de Impuestos Internos adecúe el sistema.
4.Mantener los treinta días actuales de pago en el sector público, con excepción de la salud y los municipios.
5.Para el caso de la salud y los municipios, se debe mantener el actual plazo de cuarenta y cinco días, para llegar a treinta días al año de puesta en vigencia de la ley.
6.Finalmente, mantener el plazo de ocho días obligatorio para la recepción de la factura. De no haber reclamos, al noveno día se dará por recibida conforme.
Estos son seis puntos muy sencillos, que consideran tiempos razonables de ajuste y una gradualidad que permitirá que los servicios y las grandes empresas se ajusten a esta nueva realidad.
De aprobarse con los otros criterios, significará un año más de maltrato para las pymes, dificultades de acceso al financiamiento y al pago, que no están dispuestas a soportar. Pedir a las pequeñas y medianas empresas que soporten tres años más en esas condiciones, me parece francamente impresentable y altera -insisto- el sentido profundo y el espíritu que hay detrás de la moción.
Reitero que estos seis puntos son, a nuestro juicio, esenciales, indispensables para que el proyecto pueda contar con nuestro apoyo, con el objeto de que beneficie a la pequeña y mediana empresa, en lugar de que se convierta en una defensa corporativa de las grandes corporaciones.
He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Harry Jürgensen .
El señor JÜRGENSEN.-
Señor Presidente, las pymes están en el corazón de nuestro país y son el resultado del espíritu emprendedor de chilenas y chilenos, quienes con esfuerzo, perseverancia y una buena idea trabajan día a día para sacarlas adelante, para mantener puestos de empleo y para crear nuevas fuentes de trabajo.
Sin embargo, como Estado, estamos al debe en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas. Las hemos tratado como si fueran iguales a las grandes empresas o a las grandes cadenas que operan en nuestro país. Muchas veces se nos olvida que tienen tremendas dificultades, entre ellas, las más importantes son sus restringidas opciones de financiamiento y la baja capacidad y margen de negociación que tienen como vendedores frente a los más grandes, que aprovechan su ventaja o posición dominante.
Todos coincidimos en que la idea de fondo de este proyecto es ayudar a la pequeña y mediana empresa para que les vaya bien, para que puedan cumplir sus compromisos y crecer, sin sufrir decisiones unilaterales que posterguen el pago de sus facturas y que les obligue a endeudarse y recurrir a un financiamiento como el factoring o, incluso, en el peor de los casos, a prestamistas informales para cubrir los gastos operacionales mes a mes.
Desde esa visión y preocupación, participamos en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, y discutimos el proyecto que hoy votaremos en la Sala.
Siempre fui claro en señalar que si queríamos avanzar en que a las pymes se les pague en un plazo oportuno, era necesario que se concretara en 30 días.
Presentamos una indicación al proyecto en esa dirección, que fue aprobada, la que apunta al sector primario de las pymes, que constituye el primer eslabón productivo de toda economía; es el emprendedor que, para producir, debe comprar insumos y pagarlos al contado, porque no tiene acceso a créditos en casas comerciales, que son sus principales proveedores; también debe pagar sueldos, cuentas básicas como luz y agua, y, por cierto, también debe cumplir con el pago del IVA; además, gran parte de ese sector declara el impuesto de primera categoría con renta presunta.
Este sector de la economía se mueve solo entre grandes, le compra a grandes y vende sus productos a los grandes, lo que genera el problema. Si hay abusos, constantemente va a tener dificultades de caja.
Es importante reconocer el compromiso que adopta el Ejecutivo para exigir al sector público que también pague a sus proveedores en treinta días, ya que históricamente se ha tenido el concepto de que el Estado es un mal pagador. Llegó el momento de demostrar que no son los chilenos los que están al servicio del Estado, sino que este último está al servicio de cada uno de nosotros y de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Invito con entusiasmo a los estimados diputados y diputadas a votar a favor el proyecto de ley. Espero que esté dentro del espíritu del gobierno continuar con el envío de iniciativas que faciliten el trabajo de las miles de pymes de nuestro país.
Hoy estamos apoyando con fuerza a los emprendedores más necesitados al votar que el pago de sus facturas sea en un plazo justo para todos; pero también debemos continuar la defensa de la pequeña y mediana empresa, el sector primario de nuestra economía, por los productores de materias primas, entre los que se encuentran la agricultura familiar campesina y la pesca artesanal, que con su sacrificada gente ponen el hombro día a día para producir los mejores alimentos para el país. Debemos ponernos la camiseta por ellos para que reciban un precio transparente y justo por sus productos. Sabemos que eso no ocurre en muchos casos, sobre todo cuando el poder comprador se concentra en unos pocos que pagan mal.
Hoy se fija un plazo justo de pago a treinta días, pero no podemos esperar tres años; debe establecerse para el 2019.
No olvidemos que además debemos defender, y con mucho ímpetu, que de aquí en adelante se siga apoyando con fuerza y con herramientas de capacitación, fomento e innovación al sector primario de nuestros pequeños y medianos emprendedores, motores de nuestra economía tradicional. Además, como ahora es clave fijar un plazo justo para el pago de sus facturas, también lo es que garanticemos un precio justo y transparente por lo que producen. He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, en primer lugar, estoy de acuerdo con el diputado Bernales , del Frente Amplio, en cuanto a que debiéramos votar hoy el proyecto. Ojalá pudiéramos acelerar el debate o insertar algunos discursos en el boletín de sesiones, ya que este es una iniciativa para apurar la economía, pero nosotros estamos haciendo más lento el proceso. Hay una contradicción en esto.
El proyecto de pronto pago va en la dirección correcta.
Agradezco la presencia del ministro y del subsecretario de Economía, así como la moción de los senadores Iván Moreira , Andrés Allamand y Alfonso de Urresti , y del entonces senador Eugenio Tuma .
¿Por qué no es solo para algunas empresas, como se pensó en un principio? Porque si fuera una regla solo para las pequeñas empresas, las grandes evitarían contratarlas, porque tendrían que pagarles antes, lo que significaría un costo superior. Por eso, el proyecto se modificó para no perjudicar a las pequeñas empresas, estableciéndose la ley pareja para todo tipo de empresas.
Quiero hacer un homenaje a los dueños de pymes de nuestro país. Tener una pyme no es fácil: significa luchar contra la corriente. Salir de la informalidad es complicado; pasar de ser un vendedor ambulante a pagar impuestos es un desafío muy difícil de sortear.
Los empresarios confían en que el Estado los va a ayudar, pero muchas veces sucede todo lo contrario, porque cuando el emprendedor formaliza su negocio se le vienen encima los cuatro jinetes del apocalipsis, quienes lo persiguen y le ponen todo tipo de trabas, impuestos y papeleos. Por alguna razón, cuando se trata de pequeños empresarios, los tildamos de emprendedores, pero cuando crecen, los convertimos en el diablo.
Quiero contar cómo es el mes del dueño de una pyme, porque, según información de la Biblioteca del Congreso Nacional, solo 15 por ciento de los parlamentarios ha emprendido alguna vez en su vida. Eso no es malo ni es bueno: es simplemente la realidad.
Antes de narrarles lo indicado, invito a los diputados a conversar con los emprendedores de sus distritos para empaparse de lo que hacen. Cuando un emprendedor se dirija a ustedes como “honorable diputado”, corríjanlo diciéndole “No, señor, el honorable es usted, porque es usted quien ayuda a echar a andar la máquina”.
Volviendo a lo que deseo contarles, quiero recordar a los colegas que una pequeña empresa, ubicada en el quintil más grande de las pequeñas, quizás acercándose a ser mediana, tiene alrededor de cuarenta trabajadores, emite treinta facturas mensualmente y le paga al Estado, en promedio, 20 millones de pesos al mes por concepto de IVA, de PPM y del 10 por ciento de las boletas recibidas. Es decir, cada mes, una pequeña empresa, con un emprendedor endeudado, que involucra en su negocio a su familia, su capital y todas sus ideas, financia el sueldo de un parlamentario.
Por lo tanto, la próxima vez que cada uno de nosotros asista a algún evento público en nuestras comunas y nos ofrezcan el primer asiento, miremos si hay un emprendedor cerca y cedámosle el asiento. Así, sentirán que los valoramos, que entendemos que sin ellos la economía no funciona, que si no pagan el IVA todos los meses, la máquina del Estado no funciona.
Resumiré el mes de un emprendedor: el día 1 debe pagar los sueldos de sus empleados, aun cuando ningún cliente le ha pagado todavía; el día 13 debe pagar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, y sigue sin recibir un peso; el día 20 debe pagar el IVA, es decir, pagarle al Estado un dinero que todavía no recibe. Además, tiene que enterar el pago provisional mensual (PPM) y, como si fuera poco, debe adelantarle al Estado 10 por ciento de cada boleta que ha recibido hasta esa fecha. A fin de mes ya no le queda un peso. Por eso, muchas veces debe recurrir a un financiamiento caro, a los factoring, o debe echar mano a sus ahorros, recurrir a su familia o hipotecar su casa.
El desafío del ministro es resolver cómo apurar el pago de las facturas, porque este proyecto no puede quedar solo en buenas intenciones.
Sumo un séptimo punto a los seis que mencionó el diputado Marcelo Díaz : no podemos olvidar las órdenes de compra. Una cosa es que se paguen las facturas a treinta días y otra cosa distinta es que se emita la orden de compra. Hecha la ley, hecha la trampa: rápidamente, a las pymes les atrasarán las órdenes de compra. Estamos legislando para cambiar el valor de las guías de despacho para los emprendedores que venden bienes; pero en el caso de aquellos que venden servicios, se trabaja con órdenes de compra. Por lo tanto, por mucho que la ley diga que el pago es a treinta días, van a atrasarles y atrasarles la entrega de las órdenes de compra, lo que finalmente significará el pago tardío.
De 1.074.000 empresas, 1.059.000 son microempresas, pequeñas empresas o medianas empresas. El 49,75 por ciento de los empleos de nuestro país son entregados por este tipo de empresas; 4.400.000 chilenos trabajan en pequeñas o medianas empresas.
Por lo tanto, refuerzo lo dicho: las pymes hacen funcionar la máquina del Estado. Por eso es tan importante apoyarlas.
En períodos legislativos anteriores el Congreso Nacional ha sobrelegislado en algunas materias con el afán de proteger a las pymes, pero ha terminando protegiendo a las grandes empresas. No cometamos los mismos errores y apoyemos este proyecto de ley. He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber .
El señor SILBER.-
Señor Presidente, el debate que hemos tenido ha sido interesante. En la Sala, hemos contado con la presencia del ministro de Economía y del subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y, en las tribunas, con la presencia de representantes de las organizaciones gremiales vinculadas a la pequeña y mediana empresa de nuestro país, quienes participaron de manera activa en el debate de este proyecto de ley y son los protagonistas de una política pública necesaria para el país.
“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, dice la conocida frase literaria; pero, desgraciadamente, en el caso de la pequeña y mediana empresa los plazos no se cumplen y las deudas no se pagan. El Estado nos muestra un ejemplo palmario en este sentido, pues no está cumpliendo con sus obligaciones ni con los plazos.
Lo indicado explica en buena medida la raíz del problema que sufre buena parte de los emprendedores de nuestro país, quienes trabajan con capital propio. A lo indicado se suma la participación de terceros que aprovechan la debilidad financiera de dichos emprendedores, originada en una asimetría evidente, que este proyecto busca corregir.
El diario El Mercurio de hoy destaca: “Plazo de pago a pymes baja a 49 días en segundo trimestre…”. A contrario sensu, la iniciativa que discutimos en la Cámara de Diputados busca que, en un plazo de treinta y seis meses, el pago a las pymes se efectúe en treinta días, e impone obligaciones a cuarenta y cinco y a sesenta días, en circunstancias de que el promedio nacional es mucho menor que lo que plantea el proyecto.
Señor Presidente, por su intermedio invito al señor ministro a leer con atención el proyecto del Ejecutivo. Si hablamos de pago oportuno en treinta días, ¡que sea pago oportuno en treinta días, sin letra chica! Además, la idea es que se concrete ahora, no en treinta y seis meses más.
De esa manera se podría lograr que la iniciativa se convirtiera en ley de la república, con el respaldo mayoritario de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional; pero, lo más importante, que recibiera el respaldo, ojalá unánime, de todas las organizaciones gremiales, porque va en beneficio de las pymes.
El artículo sexto transitorio encarga al Servicio de Impuestos Internos la presentación de un informe para la aplicación de uno de los compromisos más importantes que reclaman la pequeña y mediana empresa respecto del sistema de crédito fiscal del IVA. Al respecto, uno duda si hay convicción plena del Ejecutivo respecto de implementar esta reforma. La pregunta que cabe formular es si nos vamos a quedar con grandes discursos para la galería y puestas en escena en La Moneda o si existe un genuino interés por que lo señalado tenga expresión patente en lo que vamos a aprobar.
¡No basta un informe! ¡Podemos pedir informes de todo tipo de cosas! Lo que queremos es que el Servicio de Impuestos Internos, entidad que esperamos sea de excelencia, autónoma, independiente, con robustez fiscalizadora y con musculatura respecto de las facultades que le estamos dando, esté a la altura de los tiempos que la economía demanda en nuestro país. El Servicio de Impuestos Internos está obligado, no a hacer un informe, sino a adecuarse a las exigencias de la sociedad chilena. La idea es que lo indicado se implemente en la ley en proyecto.
En consecuencia, solicitamos al señor ministro que esto quede en la letra de la ley -no como un informe-, caso en el cual, obviamente, van a contar con nuestros votos.
La mesa Convergencia Nacional de los Gremios Pymes nos ha hecho una invitación para implementar seis puntos. Desde la oposición -lo decimos de frente- queremos honrar la palabra empeñada y defenderlos con todo y con fuerza en la Comisión de Economía. Ni más ni menos que allí estarán nuestros votos, pues queremos que esto sea ley de la república lo antes posible; pero obviamente queremos que este proyecto no se apruebe a la chilena, a medias tintas, sino que tenga el sello de los emprendedores, de la meritocracia, del esfuerzo, de la responsabilidad y de que la palabra empeñada se cumple.
Cuando uno se refiere a este sector económico está hablando del 50 o del 60 por ciento de la capacidad productiva en términos de generación de empleo en nuestro país. Sin embargo, este sector solo aporta el 15 por ciento del producto interno bruto, lo cual está muy distante del 50 por ciento que se advierte en las grandes economías de los países OCDE a los que queremos igualar.
En consecuencia, desde la Democracia Cristiana vamos a estar con las pymes, las queremos defender, pero nuestros votos solo estarán disponibles en la medida en que se cumplan estos seis puntos que acaba de expresar la mesa Convergencia Nacional de los Gremios Pymes. He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, he escuchado a mis colegas, y en Chile la palabra emprendedor se usa mucho para las campañas electorales, para comerciales de bancos, entre otros. Debemos preguntarnos cómo hacemos para que el país haga lo necesario para levantar a nuestros emprendedores.
Una de las demandas más importantes de nuestros emprendedores y, por ende, de las pymes, es que se les pague oportunamente. Es algo de sentido común y de toda lógica.
Hoy o mañana se viene la discusión sobre el salario mínimo, y los argumentos en contra para no hacer un reajuste mayor es que ello afecta a las pymes. En un programa de radio señalé que cuando el ingreso per cápita de los países desarrollados era el mismo de Chile, en esos lugares el salario mínimo era tres veces mayor. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Ellos también tienen pymes.
Por lo tanto, siento que a ellas debemos ayudarlas de otras formas, no solo proyectando un reajuste menor. Si creemos que esa es la gran ayuda que les estamos dando, ello no es así. Pienso que debemos darles algún tipo de beneficio tributario, subsidios para la contratación. Un tema principal tiene que ver con el pago.
Aquí estamos discutiendo un proyecto impulsado por senadores en 2016; pero resulta que quien habla -y me imagino que otros colegas también- ya en 2012 había presentado un proyecto similar en la Cámara.
Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente, le pido al ministro, pues seguramente esto va a volver a comisión, que exista el debido respeto a las mociones -hay varias- que han sido presentadas en la Cámara y se tomen en cuenta.
Presenté a varios ministros, de varias administraciones, la moción a la que me refiero, que era muy clara. No abordaba ninguna idea general, sino una copiada de España, que señalaba que el plazo para pagar facturas tanto en el sector público como en el privado era de treinta días, sin posibilidad de acuerdo. Pienso que eso es lo primordial en esto, porque cuando se da la posibilidad de llegar a acuerdos, el grande le pone el pie al más pequeño, lo cual me parece tremendamente injusto.
Las grandes empresas pagan mal a sus trabajadores. Las enormes utilidades que exhiben no dicen relación alguna con los sueldos de sus trabajadores, por lo que siento que allí hay un abuso; pero también abusan de los pequeños emprendedores, de las pequeñas empresas, en el sentido de que les pagan a noventa días. Muchas veces les dicen que vayan a pedir plata prestada a otras empresas, que finalmente pertenece a ellos mismos. Por lo tanto, el negocio circula entre ellos. Muchas veces, el producto está vendido y, así y todo, no les pagan. Es un abuso que tenemos que terminar.
En consecuencia, nuestra bancada va a votar a favor el proyecto; sin embargo, espero que vuelva a comisión, se tomen en cuenta todas las mociones sobre la materia que han sido presentadas en el Congreso y se saque el mejor proyecto posible, de manera de beneficiar realmente a los emprendedores de las pequeñas y medianas empresas.
He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez .
El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro y a sus asesores que se encuentran en esta Sala.
En primer lugar, tal como señalaba el diputado Tucapel Jiménez , no es muy usual que los gobiernos de turno tomen mociones y que estas finalmente se transformen en proyectos de ley, más aún cuando se siente afectado el erario o grupos económicos importantes. Digo esto porque en el Senado -los autores de la moción son los senadores Andrés Allamand , Alfonso de Urresti e Iván Moreira , y los entonces senadores Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar - se aprobó que el pago de una factura emitida por una pyme no podía ser superior a sesenta días; pero una indicación de autoría de un grupo de diputados propuso que transcurridos dos años desde la entrada en vigencia de la ley, el plazo pactado debía reducirse a un máximo de cuarenta y cinco días. Lo comento porque ello significó que un sector de la comisión se molestara porque no era lo que quería el gobierno.
Lo que me preocupa es que después de que se despachó el proyecto desde la Comisión de Economía -se lo dije ayer al ministro-, a última hora concurrieron grupos a exponer sus legítimos puntos de vista, pero cuando todo estaba prácticamente votado. Como esos grupos no lograron su objetivo, se generó presión hacia el gobierno, el cual anunció que presentará indicaciones. Si bien estas mejoran la iniciativa -de hecho, las vamos a apoyar-, no compartimos el procedimiento, porque la labor parlamentaria queda a medio andar en lo que dice relación con el trabajo de recibir a distintas autoridades, invitados y expertos. Las excesivas atribuciones del Presidente finalmente van vulnerando poco a poco el actuar del Congreso.
Por otro lado, hago un llamado con cariño a los parlamentarios que forman parte de la comisión, en el sentido de que el lugar oportuno para presentar indicaciones es allí. Muchas veces nos encontramos con que organizaciones, por distintos motivos, no hacen llegar sus puntos de vista a tiempo, lo que da como resultado que legislemos al filo del tiempo e improvisadamente.
Si por algo debemos caracterizarnos como país es por tener una legislación certera. Ello nos ha valido ser un país respetado en el extranjero, en especial en el ámbito económico.
Estamos frente a un proyecto que se pretende mejorar con las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo. Esperamos que esto efectivamente se pueda transformar en ley de la república porque, más allá de las diferencias que puedan existir, hay algo en que todos estamos de acuerdo: que antes no teníamos nada y ahora vamos a tener una ley que gradualmente va a llegar a establecer el plazo de treinta días al que se aspiraba para pagar las facturas.
Ahora, debemos hacer el siguiente análisis. Miramos el proyecto desde la perspectiva de la obligación que deberán cumplir las grandes empresas, pero a mí también me preocupa el pequeño emprendedor que no necesariamente va a tener caja para pagar a los treinta días. Por consiguiente, las diversas instituciones que representan a los pequeños y medianos emprendedores deben aceptar que puede haber consecuencias adversas.
En este sentido, pido al Ejecutivo tomar todas las medidas del caso para evitar que este proyecto de ley, que parece ser beneficioso para las pequeñas empresas, termine afectando a quienes queremos defender con el cumplimiento de los pagos: los pequeños emprendedores. He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .
El señor SCHALPER.-
Señor Presidente, hoy vamos a votar una iniciativa que es tremendamente urgente.
En primer lugar, aquí se ha hecho un planteamiento al ministro de Economía y al Presidente Piñera respecto de tres temas centrales para los pequeños y medianos emprendedores.
El primero es el plazo de pago. Se accedió a que, para llegar a los treinta días, habrá un plazo de transición. Nosotros no queremos presenciar hoy un nuevo capítulo de un sector de la oposición que tiene una dinámica bien particular: durante su período gobierno no hicieron mucho respecto de algunos temas y aparecen colgándose al final, metiendo indicaciones de último minuto y levantando algún cartel de turno, para que aparezca ante la opinión pública que el poroto y el liderazgo del Presidente Piñera deben ser atribuidos a ellos.
Ayer vivimos un capítulo de esta misma situación. El gobierno del Presidente Piñera presentó el proyecto que, por primera vez, establece el deber del Estado de terminar con la discriminación entre hombres y mujeres, y creativamente aparecieron con algunas indicaciones para que el tema del día no fuera el logro histórico que tuvo el gobierno del Presidente Piñera, sino la brecha salarial, de manera que fueran ellos la guinda de la torta.
Hoy quieren hacer exactamente lo mismo. Aparecen a última hora con carteles de papel cuché, muy elegantes y claramente no sustentables, para arroparse con el logro de los treinta días, en circunstancias de que ha sido el gobierno del Presidente Piñera el que, con liderazgo, ha presentado un proyecto de ley responsable con el pago en un plazo de treinta días, al que se llegará con un plazo de transición; con un IVA crédito sustentable y con condiciones para que sea viable.
Es muy fácil hacer oposición de esa manera. Es muy fácil tratar de atribuirse los logros a última hora con algún guiño de último minuto, pero lo cierto es que aquí ha habido un trabajo serio por parte del gobierno.
Por lo tanto, hoy vamos a ver quiénes están por hacer propuestas responsables para los pequeños y medianos emprendedores, quiénes están por generar mejores condiciones para el motor de Chile y quiénes están por hacer el guiño a la galería para tratar de anotarse un mezquino poroto a último minuto.
Por lo menos, nosotros no nos perdemos. Hoy va a quedar claro quiénes quieren hacer oposición responsable y quiénes están por anotarse pequeños porotitos en un titular de un diario digital.
¡Apoyemos este proyecto!
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .
El señor SEPÚLVEDA (don Alexis).-
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir, con mucho cariño, al diputado Schalper que no ha participado ni ha visto el contexto de la discusión en la comisión, y por eso siento que le faltan algunos antecedentes.
Muy lejos de lo que él señaló, la discusión ha girado en torno a cómo hacemos un proyecto que realmente dé solución a la problemática que se ha planteado. Hay que recordar que este proyecto tiene su origen en una moción de los senadores De Urresti, Allamand , y de los entonces senadores Zaldívar y Tuma , que el gobierno hizo propia, y bienvenido que así sea. No debemos transformar las cosas en blanco o negro, porque siempre se puede hacer algo mejor. Esa es la función que tenemos en la Cámara de Diputados.
Aquí se han dado muchas versiones, pero lo importante es que el proyecto se va a aprobar en general, y eso es un avance.
Esta iniciativa ha sido mejorada sustancialmente. Hay que ser objetivos, porque este no es un tema de la oposición o del gobierno. Si comparamos el proyecto ingresado por los senadores y el que tenemos hoy, constataremos que claramente hay un avance sustancial. Más que desde un sesgo ideológico, lo hemos visto desde una perspectiva técnica, desde la realidad, porque en el papel podemos colocar un sinnúmero de cosas -nos ha pasado en muchos proyectos-, pero después la realidad nos supera y nos damos cuenta de que, efectivamente, lo que pensábamos que iba a suceder no tuvo el efecto práctico que buscábamos.
Primer elemento: cuando hablamos de sesenta o treinta días, no decimos que en esos plazos se van a pagar las facturas, sino que empiezan a correr los plazos para el cobro de inte- reses. Ese es el hecho concreto. No es que la gran empresa se sienta obligada a pagar, sino que se genera un incentivo, a través de sanciones, para que el pago se produzca. Por lo tanto, el proyecto avanza en ese sentido.
La guía de despacho electrónica, sin duda, es un tremendo avance, y hay que decirlo con todas sus letras. Quien lo desconozca no conoce el momento en que nos encontramos y las implicancias que este hecho tiene para todo lo que estamos discutiendo, pues define claramente los plazos, evita que se juegue con los tiempos y, obviamente, disminuye la presión que las grandes empresas ejercen sobre los pequeños para, inclusive, decirles: “Todavía no me envíe la factura”.
El cobro de intereses, por cierto, es un aspecto positivo, que hoy no existe, y también los plazos que se han señalado para los servicios públicos.
Quiero recordar al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, con mucho cariño, que la indicación ingresada por el Ejecutivo fue con el plazo de sesenta días y no de treinta. Esa indicación fue votada en la comisión y a ella nos opusimos un conjunto de diputados. La gran mayoría de la comisión estaba en contra. Este no es un tema ideológico, sino que entendimos que sesenta días no era un guarismo que se ajustara a la realidad, según los datos que nos señaló el diputado Gabriel Silber y la realidad empírica de empresas que hoy pagan en el plazo de treinta días. Por consiguiente, colocar el plazo de sesenta días no es lo razonable ni tampoco constituía un avance.
De hecho, hubo una indicación presentada por algunos diputados, que se aprobó transversalmente, para reducir el plazo a 45 días en un lapso de dos años. Sin embargo, el Ejecutivo ingresó una indicación, pues reconoció que estaba equivocado, lo cual es bienvenido, para establecer el plazo de treinta días.
Respecto del plazo de implementación, tenemos diferencias, que discutiremos en la comisión, pues lo considero excesivo, pero estoy convencido de que con voluntad podemos avanzar en ese sentido.
¿Qué tenemos pendiente? Esto es lo importante ahora: el acuerdo entre partes para un plazo mayor. Claramente, es una herramienta que, sin duda, permite flexibilizar en casos especiales, pero ustedes saben que abierta la ventana, se abren las puertas. Claramente, esta posibilidad permite que la presión de los grandes obligue a los pequeños a firmar un acuerdo que, en teoría, es voluntario, pero que bajo presión puede flexibilizar los plazos que estamos discutiendo.
Por último, el tema del IVA crédito fiscal. No nos sirve el informe, lo cual señalé en la comisión y también lo han expresado otros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Esto es preguntar a cualquier organismo público si está disponible a trabajar más y con los mismos recursos. Nosotros sabemos cuál va a ser la respuesta: en seis meses, en un año, en dos años. Ese no es el punto relevante.
Antes de terminar mi intervención, quiero recordar al ministro el proyecto proinversión, donde viene la digitalización de las direcciones de obras municipales, que constituye un tremendo cambio tecnológico. Si le estamos exigiendo a las direcciones de obras municipales, ¿cómo no vamos a poder pedir al Servicio de Impuestos Internos un tema tecnológico resuelto, es decir, que logre implementar la plataforma para impedir que aquellos que no han pagado la factura puedan utilizar un beneficio, que es el crédito fiscal?
Ministro, esto es totalmente posible. Es el puntapié que necesita esta iniciativa para que realmente sea un proyecto de pago oportuno, de pronto pago o como ustedes lo quieran llamar. He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, para comprender estos afanes de lograr una relación más simétrica entre la pequeña y la mediana empresas, por un lado, y la gran empresa, por otro, es necesario dar una pequeña mirada a lo que ha sido nuestra historia económica reciente.
Quiero recordar que cuando salimos de la dictadura éramos 14 millones de chilenos, 5 millones de los cuales vivían bajo la línea de la pobreza. En ese momento se tomó la decisión de afianzar las posibilidades del desarrollo y crecimiento económicos por la vía de abrir nuestras fronteras para competir en el extranjero. Naturalmente, para cumplir este propósito, había que fortalecer a las empresas y hacer que tuvieran las espaldas suficientes para librar su competencia.
Es así como se fue generoso en tener normas laborales flexibles y favorables a las empresas, se fue generoso en tener normas débiles en la protección medioambiental y también se fue generoso en permitir que estas empresas, a medida que se iban desarrollando, tuvieran ventajas en relación con las pequeñas.
Pero todo aquello que era una necesidad para sacar de la condición de pobreza a 5 millones de chilenos y que era condición sine qua non para reconstruir la libertad y la democracia ya fue cumplido con creces, y hoy no somos el país de 14 millones de habitantes con 5 millones de pobres, el 40 por ciento de la población, sino que somos un país de 18 millones de habitantes con la vergüenza de que aún quedan aproximadamente 2 millones de chilenos en condición de pobreza.
Pero no es el mismo Chile, señor Presidente y señor ministro. Por lo mismo, ha llegado la hora de emprender el camino de democratizar también la economía. No es solo la política, los derechos sociales, la manera de vivir, los cambios de las costumbres y culturales. También es hora de evitar que la concentración económica se transforme en estrangulamiento de la capacidad de crecimiento del país. Esta es la razón de este reclamo que lleva tanto tiempo y que ha significado tantas iniciativas.
Señor Presidente, sería bueno que el ministro escuchara lo que se le dice. Tal vez tiene la cabeza puesta en el extranjero, viendo cómo van los intereses de sus ahorros que tiene por allá. ¿Le están dando algún consejo, tal vez, ministro? Le pido que sea más respetuoso con el Parlamento, ya que no es respetuoso con el sentido común de los chilenos.
Ha llegado la hora de revertir las cosas en materia de derechos laborales, de derechos medioambientales y también de concentración económica.
Hace un momento escuchamos una intervención de un emprendedor que tiene un asiento ahora en esta Cámara, el presidente del Partido Evópoli -lo digo con todo respeto-, quien contaba su experiencia y decía que lo que él pudo emprender le había permitido el desarrollo de su familia y de sí mismo.
Yo también tengo una experiencia de pequeño emprendedor. En Lanco llegué a tener cincuenta vacas y un toro, pero los tuve que regalar, porque el monopsonio de la leche y el monopsonio de la carne se encargaron de fijar los precios, cosa que siguen haciendo pregúntenle a don Iván Flores- hasta hoy.
Yo pregunto qué está haciendo la autoridad regulatoria en los distintos ámbitos: la Fiscalía Nacional Económica, los que velan por los servicios de electricidad, los que velan por el agua potable, etcétera, no están haciendo absolutamente nada. La Fiscalía Nacional Económica ha tomado, como gran causa, la persecución de los notarios. Bien, persíganlos. Pero ¿por qué no persiguen verdaderamente la colusión de las grandes empresas?
Y pregunto al ministro de Economía qué hace por ponerle la picana al fiscal nacional económico para que haga cada año un programa de fiscalización al azar, a tres o cuatro sectores, de modo que por lo menos estos tengan el temor de si van a ser supervisados o no y esto sirva de disuasivo a las malas prácticas.
Nosotros vamos a apoyar este proyecto en general y vamos a tratar de perfeccionarlo en particular. Ya el diputado Marcelo Díaz planteó algunas de las cosas que nos preocupan. Cuando se deja abierta la puerta para que al pequeño o al microempresario no le paguen en treinta días y que estos puedan acordar un convenio con la empresa compradora, lo que se le está diciendo a la empresa compradora es que siga abusando.
Señor ministro, hágase cargo de las consecuencias de lo que se propone, porque el resultado de lo que se legisla no es inocuo.
Aquí acaban de entregar un libro sobre…
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
Ha concluido el tiempo del Orden del Día.
En consecuencia, la discusión de este proyecto continuará en la sesión ordinaria de mañana.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/10785-03