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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas.
Antecedentes:
-El debate del proyecto se inició la sesión 45ª de la presente legislatura, en 10 de julio de 2018, ocasión en que se rindió el informe de de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Continuó en la sesión 50ª, en 19 de julio de 2018, ocasión en que se solicito reenviar el proyecto a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para un segundo informe, el que se rindió en la sesión 87ª, en 17 de octubre de 2018.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .
La señora PÉREZ (doña Catalina).-
Señora Presidenta, hoy vivimos una situación de contingencia que es conocida por todos: la tremenda crisis medioambiental que se ha desatado a lo largo y ancho del país, cuyo escenario consiste en que seis de cada diez chilenos viven en una zona declarada como latente o saturada de contaminación.
La “gracia” de que una zona sea declarada latente o saturada radica es que permite la aplicación de los planes de descontaminación respectivos. El problema es que un plan de descontaminación demora, en promedio, cerca de tres años en ejecutarse.
Hay casos emblemáticos de aquello, como el de Calama, comuna que está a la espera de un plan de descontaminación desde 2009, ¡desde hace nueve años! Las comunas de Quintero y de Puchuncaví no están ajenas a esa situación. En Chile hay más de dieciocho comunas declaradas latentes o saturadas de contaminación
Ese es el escenario, para el que se encuentran en discusión tres eventuales alternativas de solución:
1.Impedir la instalación de todas las industrias contaminantes, sin distinción, en una zona declarada latente o saturada de contaminación.
2.Permitir que toda industria contaminante se instale, siempre y cuando se aprueben criterios de compensación, es decir, siempre y cuando se pueda comprar dicho espacio para contaminar.
3.Elevar los estándares medioambientales, exigir estudios de impacto ambiental e impedir en determinadas zonas el ingreso a termoeléctricas u otras industrias excesivamente contaminantes.
Quiero hacer hincapié en que se contempla la implementación de cualquiera de las medidas señaladas mientras no se aplique el plan de descontaminación respectivo. En este caso, hablamos de un escenario intermedio: a partir de que la zona es declarada latente o saturada de contaminación, pero aún no se ha iniciado la ejecución del plan de descontaminación respectivo, cuyo plazo promedio corresponde a un período de tres años -en el caso de Calama, como dije, han transcurrido nueve años-.
La primera alternativa corresponde a la idea original del proyecto, el cual tuvo su inicio en 2015, gracias a la iniciativa de un grupo de diputados, en su minuto de oposición, hoy del oficialismo. Entonces planteaban que en una zona declarada latente o saturada de contaminación se estableciera que los proyectos de inversión no fueran admitidos, que quedaran fuera de cualquier proceso u oportunidad de instalación, sin perjuicio de que todos debían pasar por los estudios de impacto ambiental respectivos. Eso incluye varias hipótesis, y podemos consensuar que, en la práctica, significaría que la mayoría de los proyectos de inversión no podrían ejecutarse en aquellas zonas mientras no existiera un plan de descontaminación.
Reitero que esa idea no se nos ocurrió a nosotros, sino que fue planteada, de forma transversal, por entonces diputados de oposición, hoy del oficialismo; pero es lo que a nosotros nos gustaría que se hiciera. Nos gustaría que cuando una zona sea declarada latente o saturada de contaminación, las puertas se cerraran a los proyectos de inversión, por lo menos hasta que comenzaran a aplicarse los planes de descontaminación.
Podemos conceder que esa medida puede llegar a ser una restricción para la inversión en determinados territorios; pero ¿qué ocurrió ahora? Diputados del oficialismo presentaron una indicación al artículo original del proyecto con el objeto de hacer todo lo contrario: para reemplazar esa prohibición de ingreso y permitir todo proyecto de inversión, sin exigir absolutamente ningún requisito cuando contamine menos del 5 por ciento. Para que tengan un rango de comparación, una termoeléctrica contamina alrededor de 1,4 por ciento.
La indicación agrega que si un proyecto de inversión contamina más de 5 por ciento, debe compensar dicha emisión en 100 o 120 por ciento, según si la zona en que se encuentra instalado está declarada latente o saturada de contaminación.
Ese es el proyecto que hoy está en discusión.
Ante eso, surgió una tercera alternativa, contenida en la indicación que presentamos y que queremos que se vote, la cual establece que todo proyecto que requiera declaración de impacto ambiental deberá estar obligado a someterse a un estudio de impacto ambiental, con el fin de asegurar que sean evaluados sus efectos en el territorio declarado como zona latente o saturada.
Asimismo, se propone que una termoeléctrica no podrá instalarse en una zona declarada latente o saturada de contaminación, y que los proyectos que emitan más del 1 por ciento del contaminante que motivó que la zona fuera declarada latente o saturada, tampoco puedan implementarse. Si bien el 1 por ciento es un porcentaje que suena bajo, en términos de contaminación en una zona latente o saturada es muy alto. Al respecto, quiero insistir en el ejemplo de referencia que ya señalé: una termoeléctrica contamina alrededor de 1,4 por ciento.
Esas son las tres alternativas que se pusieron en juego en la tramitación del proyecto, y la última es la que estamos tratando de defender con la indicación presentada. Si esta no se aprueba hoy, las industrias se seguirán instalando, pero prometerán compensación.
Cabe señalar que la compensación tiene problemas.
El primero tiene que ver con una definición de carácter ideológico, en términos de si nos gusta o no la compensación, de si nos gusta o no que se puedan comprar espacios para contaminar en una zona que ya está contaminada, de si se puede seguir tirando basura en una zona que está declarada latente o saturada de contaminación, con la promesa de compensación de que se retirará otra basura. No estoy de acuerdo en principio con eso.
Lo planteado tiene, además, problemas prácticos. La institucionalidad ambiental es tan débil que, aunque el titular del proyecto tuviera la mejor de las intenciones, aunque todos estuviésemos de acuerdo con el plan de descontaminación, en la actualidad no hay capacidad ni de las seremis ni de las superintendencias para aplicar planes de compensación con tres o cuatro fiscalizadores en Quintero y Puchuncaví , y en Antofagasta.
Entonces, en la práctica, por más buenas intenciones que existan, esto termina siendo una carta blanca para que tiremos basura, prometiendo sacar basura, sin poder medirlo. No podemos permitirlo.
Otro problema es que este proyecto de ley no establece ninguna exigencia para quien contamine menos de 5 por ciento. Debido a eso, proyectos de alta envergadura, como las termoeléctricas en Mejillones y Tocopilla , que contaminan 1,4 por ciento, podrían tener carta blanca y ser aprobados bajo esta regulación sin ningún problema.
Esa situación no se puede permitir, de manera que si la indicación que presentamos no es aprobada, prefiero que el proyecto no pase este trámite y que lo rechacemos, porque incluso constituye un retroceso, una falsa idea de que estamos protegiendo zonas de sacrificio, en circunstancias de que tenemos un gran problema no solo medioambiental, sino también en términos del aseguramiento de la vida y la salud de las personas.
No hemos sido capaces de hacernos cargo de ello ni de asumir la responsabilidad de que el Estado fue incapaz de hacer algo en una zona declarada latente o saturada de contaminación; pero si además permitimos que se eche más basura en ese lugar, sería un atentado contra los derechos humanos de los habitantes de ese territorio, y creo que la Cámara de Diputados no puede permitirlo.
Por eso, desde la bancada de Revolución Democrática, desde el Frente Amplio y desde la oposición, hacemos un llamado a todos los diputados presentes en la Sala. Esto no se trata de ideología ni de culturas políticas, sino de sentido común. ¿Vamos a seguir permitiendo que las zonas de sacrificio continúen proliferando en nuestro país o nos vamos a comprometer con la salud y la vida de los chilenos que hoy están esperando una solución y con quienes tenemos una tremenda deuda pendiente?
Espero que aprobemos la indicación, y si no se aprueba, que rechacemos el proyecto, puesto que, lamentablemente, constituye un retroceso.
He dicho.
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .
La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-
Señora Presidenta, al ver algunas de las indicaciones que se han presentado a esta iniciativa legislativa, la primera pregunta que me surge es de qué estamos hablando. Realmente, no puedo creer que estemos discutiendo algunos de los artículos que se proponen después de haber visto todo lo que han sufrido y siguen sufriendo tantas y tantas comunidades, tantos niños y familias como las de Quintero y Puchuncaví, así como han sufrido todas las regiones de Chile, particularmente la Región de Atacama, zona minera que en los últimos años se ha visto afectada por distintas situaciones en términos de contaminación.
Después de ver las imágenes dramáticas que hemos conocido recientemente, no entiendo con qué cara se puede siquiera plantear la posibilidad de aprobar este proyecto con la indicación presentada por diputados de gobierno, que atenta contra el espíritu original de la iniciativa.
De lo que estamos hablando es de una aberración. No solo se pretende torcer completamente el espíritu original de la moción, que buscaba impedir la instalación de nuevas industrias contaminantes en zonas latentes o saturadas, para no seguir victimizando y dañando la salud y la calidad de vida de esa gente, sino que, no contentos con eso, quieren permitir lo contrario: que puedan instalarse más industrias contaminantes, en tanto compensan o paguen, de alguna forma, por contaminar.
Les digo que no se puede compensar la vida y el daño irreversible a la salud de las personas, y no se puede comprar la dignidad de la gente y de las comunidades. La dignidad y la vida de las personas no tienen precio. Tampoco se les puede seguir pasando a llevar y faltarles el respeto.
No se puede seguir tratando a algunas comunas y regiones como si valieran menos que otras, como si no importara seguir convirtiéndolas en basurales, en receptoras de relaves y desechos de las termoeléctricas o de industrias contaminantes de todo tipo.
No podemos condenar a la gente de muchas comunas o regiones de Chile a seguir siendo zonas de sacrificio y de contaminación a todo evento, donde todo vale y nada importa.
No podemos seguir creando verdaderas regiones de sacrificio, porque más allá de la definición técnica de zona de sacrificio, de zona latente o de zona saturada, o lo que sea, hay que ponerse en los zapatos de la gente que vive y sufre allí la contaminación, como la que vive en las comunas de Huasco y Chañaral y la de casi todas las comunas de mi región, porque en la práctica eso es lo que hemos creado: verdaderas regiones de sacrificio, completas, como -insisto- se ha querido hacer con mi región, la de Atacama, en donde sabemos de contaminación por casos tristemente célebres, como el de Agrosuper, que fue obligada a cerrar por la gente, que defendió su dignidad ante los malos olores que emanaban de la planta de cerdos de esa empresa en Freirina; como el de Pascua Lama, en el valle del Huasco, que causó un daño irreparable a sus glaciares y al valle propiamente tal; como la minera Maricunga que secó valiosos humedales de agua; o las termoeléctricas en Huasco; o los relaves abandonados en Tierra Amarilla, Diego de Almagro y Copiapó , o la contaminación histórica de la bahía de Chañaral, con millones de toneladas de relaves, etcétera. Esta es una realidad que se repite en distintos lugares del país.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con la intención original de esta iniciativa y, por supuesto, en la indicación que se ha presentado, que pide elevar el estándar de evaluación de las empresas vinculadas a termoeléctricas, para que no puedan instalarse, y para que las empresas que tienen emisiones por sobre el uno por ciento del contaminante que motivó la declaración de zona de latencia o saturada tampoco puedan ejercer dentro de las zonas saturadas o latentes mientras no se apliquen e implementen verdaderos y efectivos planes de descontaminación para esas zonas. Apoyamos esa medida porque creemos que va en el camino correcto.
Mi llamado es a tomar conciencia y a aprobar el proyecto en general, pero no en las condiciones en que fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente. Hago esa salvedad, porque deja abierto no un resquicio, no una ventanita, sino un verdadero portal y da manga ancha para que las empresas sigan contaminando en esos sectores de manera legal, con la complicidad y la venia del Estado.
He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, tenemos dos opciones en el Congreso Nacional. Una es colocar las ideas, discutirlas y debatirlas como lo hemos hecho hasta ahora, y la otra, hacerlo como parte de una bancada, para fijar una posición respecto de cómo votar un proyecto.
Hoy hablaré en nombre de la Federación Regionalista Verde Social, luego de las reuniones que hemos tenido para tratar esta materia.
Para nosotros lo importante es el desarrollo territorial de las localidades de regiones, donde se encuentra la mayoría de las zonas saturadas o latentes y de sacrificio, y donde las industrias hacen lo suyo para contaminar. Esto no ocurriría en Las Condes, Providencia o Lo Barnechea , fundamentalmente porque los vecinos de esas comunas no permitirían que se instalaran industrias contaminantes en ellas, dado que tienen un poder político y económico que les permite impedir que se cometan errores dramáticos como los que hemos conocido.
Como Federación Regionalista Verde Social estamos dispuestos a votar a favor la iniciativa, pero con la indicación presentada por la diputada Cristina Girardi . Para nosotros es fundamental no solo -esto lo conversábamos en las reuniones que desarrollamos en el Congreso- votar para que no se instalen más industrias u otras fuentes contaminantes, sino también que se cierren las que están contaminando en las llamadas zonas de sacrificio, que reciben este calificativo tremendo, por la connotación que tiene, en cuanto supone un enorme sufrimiento para los vecinos, para las personas, para las familias, para esos niños y esos adultos que hacen ese sacrificio tremendo para mantenerse en sus hogares y son castigados una y otra vez por quedarse.
Nos habría gustado que se cerraran esas empresas en este minuto. Tal como hicieron los vecinos a través de la televisión, nosotros también nos preguntamos por qué tienen que cerrarse las escuelas y los lugares de convivencia de las personas, en lugar de cerrar las industrias que producen la contaminación.
De verdad, hubiese preferido votar una disposición de ese tipo, para saber quién es quién en el Congreso Nacional en estos temas. Prefiero mantener cerradas las industrias mientras se realiza el estudio y se elabora el respectivo plan de descontaminación.
Sabemos cuáles son los lugares más contaminados, así que lo que corresponde es descontaminarlos. Lo que debemos hacer es recuperar esas zonas de sacrificio, y no entregar compensaciones a quienes viven en ellas, porque lo único que hacen es, raya para la suma, dar algunos días para que la gente pueda respirar, pero al final tendremos los mismos niveles de contaminación y de daño a la salud de los vecinos.
Hay momentos en la vida en que debemos tomar decisiones, y este Congreso, que es distinto al anterior, enfrenta uno de esos momentos. Debemos colocar las cosas en blanco y negro y votar, y después de eso busquemos alternativas. Lo importante es que digamos lo que pensamos.
¿Cuál es el bien común que queremos proteger? ¿Cuál es el bien común que este proyecto quiere proteger? ¿Queremos proteger el empleo con contaminación o queremos proteger de verdad la salud de los vecinos y vecinas que viven en esas zonas de sacrificio, saturadas o latentes?
Por esa razón, vamos a votar a favor la indicación de la diputada Cristina Girardi , pero creo que debemos seguir avanzando en el Congreso. Siempre he dicho que no importa que perdamos, pero sí que sepamos quién es quién al minuto de votar.
Como bancada, vamos a concurrir con nuestro voto a favor de la indicación de la diputada Cristina Girardi , pero en contra de lo propuesto por la comisión. Podríamos haber avanzado más, porque, en la medida en que perdemos acá, ganamos afuera en relación con lo que cada uno cree y con las cosas que hay que hacer, sobre todo en este tema, que para la Federación Regionalista Verde Social es muy importante.
He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .
El señor CELIS (don Andrés).-
Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos analizando tiene por objeto regular el transcurso de tiempo que va desde la declaratoria de zona saturada o latente hasta la dictación del respectivo plan de descontaminación, plazo que puede durar años.
El texto aprobado en particular en la comisión propone regular el ingreso de los proyectos que aportarán en más de un 5 por ciento a la condición de la zona. No se trata de exigir eso a todos los proyectos, sino solo a aquellos que impliquen un aumento de las emisiones.
El aporte normativo del texto aprobado en la comisión es establecer en la ley los rangos de compensación de emisiones que necesariamente deben cumplir los proyectos: 120 por ciento en zonas saturadas y 100 por ciento en zonas latentes, es decir, para que un proyecto se pueda ejecutar en una zona latente o saturada, debe contribuir efectivamente a descontaminar la zona, lo que se concretará por medio de la compensación de emisiones.
Las indicaciones presentadas por los diputados de oposición, que fueron rechazadas en la comisión y que ahora se renuevan en la Sala, tienen un sentido muy distinto al de las ideas matrices del proyecto de ley. En la práctica, prohíben el ingreso de proyectos que emitan sobre un 1 por ciento del contaminante regulado y de aquellos que generen más de 3 megavatios de energía a partir de combustibles fósiles.
Además, en las zonas declaradas latentes y saturadas que no cuenten con un plan de prevención o de descontaminación, se establece la obligación de que todos los proyectos nuevos o las modificaciones que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se tramiten vía estudio de impacto ambiental.
El hecho de que todos los proyectos, sin importar su magnitud, deban pasar por un estudio de impacto ambiental va en contra de la lógica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que incluso proyectos pequeños, que no producen mayor impacto, como una estación de servicios, un loteo, un pequeño proyecto inmobiliario, un camino o una lechería deberán pasar por todos los trámites que significa un estudio de impacto ambiental. Lo anterior parece excesivo para proyectos de menor envergadura que, en la práctica, no afectan considerablemente el medio ambiente o que generan un impacto mínimo en su entorno.
El hecho de que todos esos proyectos requieran de estudios de impacto ambiental implica un grave perjuicio para los proyectos pequeños, ya que ese trámite les ocasionará fuertes impactos económicos y afectará de manera significativa a las pequeñas empresas, con los consiguientes costos para sus titulares y la mayor demora en su aprobación.
Hay que tener presente que el tiempo de tramitación de un estudio de impacto ambiental es de aproximadamente 808 días, a diferencia de una declaración de impacto ambiental, que demora menos de la mitad de ese tiempo.
En consecuencia, los proyectos de relevancia social, como viviendas, escuelas y hospitales, entre otros, que requieren ser aprobados con urgencia para satisfacer necesidades públicas, demorarán mucho más tiempo en ser tramitados, al tener que presentar obligatoriamente un estudio de impacto ambiental y no una declaración.
Por las consecuencias negativas que tienen las indicaciones descritas para la aprobación de nuevos proyectos que pueden ser relevantes para la zona, y por el impacto negativo que puede significar para las pequeñas empresas, insto a los señores diputados a votar a favor del texto aprobado en la Comisión y a rechazar las indicaciones presentadas por los diputados de oposición.
He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .
La señora MARZÁN (doña Carolina).-
Señor Presidente, a través de este proyecto de ley se pretende fijar un estándar mínimo y establecer ciertas prioridades, como son la vida de las personas, la salud y todos aquellos derechos que se ven afectados cuando no se vive en un medio ambiente libre de contaminación, al menos en un sentido razonable.
Si atendemos al significado literal de la palabra “compensación”, la Real Academia Española define el verbo “compensar” como “Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra”. En los casos a que hace referencia este proyecto de ley no se necesita compensar, no se puede aceptar la lógica de emplazar nuevos proyectos, sobre todo en zonas declaradas como saturadas, contaminadas o dañadas. No se necesita igualar un determinado estado, pues la contaminación es tan lesiva que el estándar debe ser mejorar, siempre mejorar, ir un paso más allá cuando se trata de la calidad de vida de las personas.
¿Cómo explicarles a los estudiantes que se les compensará el hecho de que se intoxiquen y pierdan sus clases? ¿Cómo explicarles a los niños que se les compensará porque no puedan jugar en sus plazas? ¿Cómo explicarles a los adultos mayores que hace cincuenta o sesenta años decidieron vivir sus últimos días en esos lugares paradisiacos, como eran Quintero y Puchuncaví , que su salud deteriorada, sus enfermedades y la condena a respirar un aire sucio u ocupar agua inutilizable serán compensados de alguna manera?
Lo conceptos “calidad de vida” e “inversión” no pueden ser antónimos, no pueden ser contrapuestos, sino que deben convivir, siempre con la mirada puesta en las personas, en las familias, en la comunidad y en el pueblo. La calidad de vida de las personas nunca debe ser instrumentalizada ni se puede prescindir jamás de ella. Se debe asegurar siempre la participación de la población en la decisión de invertir.
Por eso, rechazo abiertamente que no se suscriba el Acuerdo de Escazú, paso crucial y fundamental hacia el compromiso con la comunidad y con el medio ambiente.
Hoy no se trata de discutir quién hizo qué cosa y quién omitió otra -creo que todos lo sabemos-; se trata de que dediquemos nuestro trabajo a las mal llamadas zonas de sacrificio, para que no lo sean más, pero no mediante la flexibilización de las normas, sino porque hemos fijado estándares y planes de descontaminación acordes a lo que se necesita para que las ciudades sean efectivamente descontaminadas. Se trata de realizar un plan de descontaminación responsable y de calidad, que exija al Estado garantizar que todos podamos vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No legalicemos la contaminación con compensación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .
El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto consignado en el boletín Nº 11140-12, que hoy se encuentra en discusión en la Sala. Dicho proyecto pretende proteger las zonas declaradas saturadas o latentes que no cuenten con planes de descontaminación o de prevención.
La moción establece que los proyectos que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deberán compensar sus emisiones para evitar su incremento en una zona latente o saturada; es decir, si un proyecto genera el tipo de contaminantes que determinaron la declaratoria de zona latente o saturada e ingresa a evaluación, deberá presentar compensaciones y esa será la única forma en que pueda ser admitido en la zona, para contribuir a la disminución de los niveles de contaminantes y considerar medidas para reducir las fuentes emisoras existentes.
El aporte de esta iniciativa legal consiste en establecer en la ley los rangos de compensación de emisiones que necesariamente deberán cumplir los proyectos. En términos sencillos, para que un proyecto pueda ser ejecutado en una zona latente o saturada, deberá contribuir a descontaminar su entorno, lo que se hará a través de compensación de emisiones.
Si una empresa ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental un proyecto que emita 5 por ciento del contaminante, por ejemplo, 5 por ciento de PM 2,5 en una zona saturada de PM 2,5, deberá restringir sus emisiones en una cantidad de hasta 120 por ciento de ese contaminante.
La iniciativa busca disminuir los contaminantes por medio de la compensación de emisiones, mecanismo utilizado normalmente en los planes de descontaminación y prevención.
El proyecto no busca proteger a las grandes empresas; tampoco pretende la instalación de termoeléctricas en zonas de sacrificio, como han intentado insinuar algunos diputados por las redes sociales, sino más bien regular definitivamente la obligación para las empresas de compensar emisiones en aquellos lugares saturados o latentes que no cuenten con un plan de descontaminación o prevención.
Las indicaciones presentadas por diputados de la oposición que hoy se pretenden renovar en la Sala fueron rechazadas en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su aprobación tiene consecuencias muy negativas, ya que exige a todos los proyectos presentados en la zona declarada saturada o latente que no cuenten con un plan de descontaminación o de prevención el tener que pasar por un estudio de impacto ambiental, sin distinguir si el proyecto es contaminante o no.
Si un proyecto no es contaminante, implicaría que se reconozca un impacto significativo que en la realidad no existe. Se establece el absurdo de que aquellos proyectos que no emiten el contaminante regulado deben someterse a un estudio de impacto ambiental (EIA) y cumplir con lo que pretende la indicación. Lo anterior va en contra de toda lógica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Lo más complejo es que de aprobarse las indicaciones, se aumentaría significativamente el tiempo de tramitación de todos los proyectos en la zona declarada latente o saturada, ya que un EIA demora, en promedio, más de ochocientos días.
Finalmente, la aprobación de las indicaciones va a afectar en mayor medida a pequeños proyectos que normalmente eran aprobados por declaración de impacto ambiental (DIA), que ahora deberán asumir los costos de tener que desarrollar un estudio de impacto ambiental.
Por todo lo anterior, los insto a votar favorablemente el proyecto de ley aprobado por la comisión y a rechazar las indicaciones renovadas en la Sala.
He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcos Ilabaca .
El señor ILABACA.-
Señor Presidente, pensé mucho si debía intervenir en esta sesión. He decidido participar por dos razones.
Primero, estoy convencido de que el Estado debe tomar posición en esta materia por el bienestar y la salud de las personas. Es decir, si como consecuencia de la acción humana se atenta contra la salud de la población, el Estado, sin vacilar, debe tomar todas las acciones necesarias para resguardarla, incluso si estas fueran impopulares.
Segundo, represento a una región que si bien es la más bella de Chile, con su capital, Valdivia , fue declarada zona saturada a consecuencia de los altos niveles de material particulado PM10 y PM2,5 detectados en el aire, provenientes en su gran mayoría del sector residencial. La zona, durante este invierno, alcanzó más de ochenta episodios críticos, a pesar de encontrarse en marcha un plan de descontaminación atmosférica en la comuna de Valdivia.
Esta contaminación atmosférica de origen residencial, sin duda, requiere un tratamiento distinto de la contaminación existente en algunas zonas saturadas del norte del país. Si hay algo en lo que supongo que existe consenso en la Cámara es en que debemos combatir la contaminación y en que no es posible que avance sin que desarrollemos algún tipo de acción.
Lo acontecido las últimas semanas en Quintero y Puchuncaví es solo un episodio más del profundo malestar social a consecuencia de una contaminación que, a vista y paciencia del Estado, atenta gravemente contra la salud de las personas. Digo que es un episodio más, porque el fenómeno de la contaminación no es reciente; es casi endémico desde la puesta en marcha del modelo de dependencia basado principalmente en commodities.
Señalé que la contaminación de origen residencial es distinta, por el solo hecho de que es la comunidad en su conjunto la que contamina. En el sur, en la gran mayoría de los casos, esta se genera por el uso de leña con fines de calefacción y cocina, lo cual es parte de la cultura del sur de Chile y una necesidad para combatir las bajas temperaturas a un menor costo. Es así como las familias del sur de Chile logran sobrevivir a las bajas temperaturas; sin embargo, cuando el aire colapsa se implementan restricciones de uso.
Dicha medida, que, por cierto, es impopular, se aplica con vehemencia, fuerza, y conlleva multas para quienes no la acatan. No importa si las temperaturas son bajas: la restricción se aplica porque el Estado busca resguardar un fin mayor, cual es la salud de las personas.
Si en esos casos el Estado actúa de esa forma en relación con la comunidad en general, ¿por qué no lo hace con la misma o mayor vehemencia con el sector industrial? ¿Por qué a las familias humildes y pobres del sur de Chile se les aplica de manera férrea la normativa y no se les permite encender estufas ni calefactores, y tampoco cocinar? ¿Por qué tenemos esta mirada más bien liviana, débil y laxa con el sector industrial?
Estoy a favor de esta iniciativa. No transformemos las zonas saturadas y latentes en zonas de sacrificio, y establezcamos restricciones para los proyectos que van a afectar aún más la salud de los habitantes de esas zonas.
Existen algunas consideraciones que deberíamos tener en cuenta al momento de exigir un estudio de impacto ambiental (EIA) en aquellas zonas que no tienen plan de descontaminación, en particular respecto de la construcción de caminos y de viviendas sociales. En esos casos no sería procedente exigir un EIA.
Independientemente del origen de la contaminación, o de si se trata del norte o del sur de Chile, debemos ser consecuentes con lo que señala el artículo 19, número 8°, de la Constitución, que plantea que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Resguardemos la salud de las personas y su bienestar. Ninguna compensación es suficiente para lograrlo. Estamos destruyendo no solo nuestro ecosistema, sino nuestro mundo. He dicho.
El señor SILBER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, claramente la iniciativa legal era buena; pero participo de la idea de quienes han señalado que el proyecto se desnaturaliza en la forma como fue aprobado.
Por ello, es importante acoger las indicaciones presentadas por las diputadas Catalina Pérez y Cristina Girardi .
Mi intención es hablar sobre este proyecto en esa línea.
Represento a la Región de Atacama, región de sacrificio, concepto que se está usando más que zona de sacrificio. En verdad, considero que es la primera región en materia de sacrificio, porque prácticamente las nueve comunas de la Región de Atacama tienen problemas ambientales graves y severos. Esta situación ocurre no solo en Huasco, por la contaminación de las termoeléctricas o de la planta de pellets, sino también en Alto del Carmen, por las compañías mineras y Pascua Lama , famoso proyecto que hoy, gracias a un fallo del tribunal ambiental, está fuera de toda posibilidad de ejecutarse, pues se clausuró definitivamente hace unos días, lo que fue una muy buena noticia.
Tenemos el caso de Freirina, comuna que tuvo una planta de Agrosuper. La comunidad se levantó y logró terminar con ese proyecto, que contaminaba severamente a esa comuna. Caldera tiene situaciones de contaminación.
Para qué hablar de Copiapó, con la fundición de Paipote y los problemas que esta genera. A ello se suma la contaminación atmosférica a consecuencia de los relaves que hay en distintos lugares.
Algo similar ocurre en Tierra Amarilla, que tiene una gran compañía minera al lado. Allí existe una contaminación absolutamente severa, por los relaves y los temblores provocados por las explosiones que realizan las compañías mineras en todo el territorio, lo que confirma que esta es una zona de sacrificio.
Lo mismo ocurre en Diego de Almagro y Chañaral.
En suma, prácticamente la región completa está comprometida como zona de sacrificio.
Asimismo, hay relaves históricos, que tienen que ver con responsabilidades de decenios, como ocurre en la bahía de Chañaral, donde por más de cien años se han ido acumulando los relaves provenientes de las minas de Potrerillos, El Salvador y otras, que embancaron la bahía. Ese embancamiento hoy levanta polvo contaminado que es respirado por los chañaralinos.
Está comprometida la salud de prácticamente toda la población de la Región de Atacama, por lo que, además de zonas de sacrificio, hablemos de regiones de sacrificio.
Ahora bien, por los caminos legales se ha avanzado muy poco. Tenemos a Huasco como zona latente, pero no tiene un plan de prevención.
Otra zona saturada es la fundición de Potrerillos y un pequeño perímetro donde vive muy poca gente.
Asimismo, se declaró zona saturada a un sector que está cerca de la fundición de Paipote.
Los respectivos planes de descontaminación ya fueron superados por nuevas normas que tienen que empezar a regir de aquí a fin de año, por aplicación del decreto Nº 28, que deben cumplir las fundiciones respecto de sus emanaciones. De manera que, reitero, los planes de descontaminación en esas pequeñas zonas ya fueron superados por otras normas.
Tenemos mediciones hechas, por ejemplo, en la comuna de Copiapó, donde viven aproximadamente 180.000 habitantes, y en la comuna de Tierra Amarilla, donde viven cerca de 20.000 habitantes, es decir, más de la mitad -cerca del 70 por ciento- de la poblaci��n de la región. Me refiero a mediciones de zonas saturadas por MP10 en las mencionadas comunas.
Esas mediciones se hicieron hace más de cinco años y todavía ni siquiera se dicta el decreto para declarar zonas saturadas. O sea, estamos muy lejos del plan de descontaminación, que tiene que venir después de la declaración de zona saturada.
Reitero: esas mediciones fueron hechas hace más de cinco años.
Entonces, el sistema, como está establecido en la ley, no avanza. Esas zonas no están declaradas saturadas, pero sí están las mediciones, lo que hace que el caso de Copiapó sea más grave aún. Le pedí preocupación por estos temas a la primera ministra del Medio Ambiente que hubo en este gobierno. Ahora hay una nueva ministra.
Por otro lado, hay situaciones bien especiales en Huasco, donde, con cierta eficiencia, ha operado el Programa de Recuperación Ambiental y Social, que ha permitido al menos acercar a las partes y abordar el tema.
En definitiva, este proyecto tiene que ser más severo que lo que viene aprobado y que hoy propone la Cámara de Diputados en estas materias.
Aquí no se está jugando con proyectos mineros o industriales; aquí se está jugando con la salud de la gente de mi región; con la salud de la gente de Huasco, de Tierra Amarilla y de todos los lugares de mi región; con la salud de la gente de Copiapó, de Paipote y de Chañaral. Durante más de veinte años se ha jugado con su salud.
Esto no solo es responsabilidad de este proyecto de ley o de este gobierno, sino del Estado del Chile. No voy a cargar la mano al gobierno de Sebastián Piñera o al gobierno de Michelle Bachelet, sino al Estado de Chile, porque se trata de una deuda histórica que existe en relación con algunos sectores del país, una deuda de decenios. En el caso de Chañaral, el embancamiento de su bahía ha durado cien años.
Entonces, esta modificación legal resolverá parte del problema -algo ayuda- en la medida en que se acojan las indicaciones presentadas por los colegas parlamentarios del Frente Amplio y por la diputada Cristina Girardi . De manera que, por responsabilidad política y moral, los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social vamos a rechazar el proyecto que viene redactado de la comisión y a aprobar las indicaciones.
¡La salud de nuestra gente está primero!
He dicho.
-Aplausos.
El señor SILBER (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .
La señorita NUYADO (doña Emilia) .-
Señor Presidente, quiero emitir mi opinión desde la realidad del territorio del que provengo, donde en gran parte de las afectaciones a las comunidades encontramos vertederos, centrales hidroeléctricas y parques eólicos que terminan afectando la vida de las respectivas familias.
Como han señalado muchos parlamentarios en esta Sala, es importante entender que se trata de un derecho. El hecho de que las familias puedan vivir libres de contaminación y tener una mejor calidad de vida en lo que dice relación con su salud, constituye un derecho humano.
Históricamente, en virtud de que no se ha podido modificar la Constitución de 1980, tenemos un sistema económico neoliberal que, lamentablemente, termina apoyando a los grandes poderes económicos, lo que permite que las empresas se instalen, puesto que la normativa medioambiental ha sido bastante débil: no existen consultas ni estudios de impacto ambiental, lo que termina afectando a los diversos territorios.
Tampoco hay una planificación en que se deba consultar a la ciudadanía. Por lo tanto, las empresas comienzan a instalarse en los centros urbanos o en aquellos lugares donde tienen mejor acceso y mayor facilidad para poder establecer sus propias industrias y sus afectaciones. Por ello, debemos tener una nueva Constitución.
En esa línea, con gran esfuerzo las diputadas y los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales han planteado en sus indicaciones que se pueda reconocer el derecho humano a vivir en un ambiente libre de contaminación, y que no se sigan instalando empresas contaminantes.
Es importante señalar que en las ciudades más pequeñas que se han declarado zonas saturadas, los diversos subsecretarios, especialmente el de la actual administración, han resuelto restringir el uso de la leña, en circunstancias de que para esas familias la leña es de uso necesario y tiene un doble propósito. Sin embargo, no se ha actuado de la misma manera con las grandes empresas.
Por lo tanto, se debe establecer un criterio común en las instituciones medioambientales, y también las fiscalizaciones, que tampoco han sido establecidas.
Es necesario y urgente que tengamos un actuar distinto. No es posible que veamos a más personas, niños y familias con situaciones complejas de salud, como las que hemos conocido en Quintero y Puchuncaví .
En el territorio de la Región de Los Lagos no vamos a permitir que sigan tirando desperdicios en zonas cercanas a donde vive la ciudadanía, en vertederos instalados cerca de las comunidades.
Así ha sido tratada la ciudadanía; pero así también nosotros hemos dejado pasar que, de manera sistemática, los diversos gobiernos no hayan creado leyes que tengan la fortaleza de establecer restricciones y prohibiciones a este gran poder económico.
En ese sentido, nosotros podemos dar una señal si aprobamos las indicaciones presentadas por parlamentarios, porque al menos no permitirán que más empresas se instalen en zonas saturadas.
He dicho.
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señora Presidenta, creo que la indicación que presentaron algunos diputados a este proyecto es fundamental, porque permite poner fin, de verdad, a la creación de zonas de sacrificio y contribuye a disminuir lo que significan estas zonas de sacrificio.
Me parece que, sin la indicación, el proyecto carece de todo sentido, porque lo que hace finalmente el proyecto, de aprobarse como está, sin la indicación, es permitir que se siga contaminando y envenenando el medio ambiente, pero pagando, y sabemos que hay empresas que tienen capacidad de pago. El problema es que ese pago económico no resuelve ni se va a hacer cargo de la dimensión de salud o ambiental que va a afectar a los vecinos. Es como una suerte de peaje caro, posible y razonable para muchas empresas, para seguir avasallando el medio ambiente y la salud de la población. Ya aprendimos que ese no es el camino, porque hemos visto que grandes empresas están dispuestas a poner muchos recursos para viabilizar sus proyectos, aun a sabiendas del impacto ambiental y sanitario que se va a generar.
Espero que la crisis de Quintero y Puchuncaví nos sirva de ejemplo, pero también de rectificación. Porque en el caso de Quintero y Puchuncaví , esto se arrastra desde hace cincuenta o sesenta años, cuando no existía ningún tipo de normas de protección ambiental, ni se acordaron estándares elevados. Por cierto, debiésemos homologar nuestros estándares a los de la OMS -hemos presentado un proyecto de resolución en esa dirección-, porque son estándares razonables. Si somos parte de ese organismo internacional, ¿por qué fijar un estándar más bajo que el que esa organización dice que debiese ser el piso desde el cual proteger la salud de la población?
Ante lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví , y también ante lo que sucedió ayer, si no me equivoco, en Punta Arenas, en que se produjo un derrame significativo de petróleo, o establecemos normas reales que pongan fin a las zonas de sacrificio o lo que estaremos haciendo será hacerles pagar más, un peaje más caro, a las empresas para que sigan contaminando y destruyendo el medio ambiente y continúen generando condiciones de daño a la salud de la población.
Advierto que me hago cargo; no me hago el leso. Formo parte de un partido que ha sido parte de dos coaliciones que han gobernado Chile por veinticuatro años. Y si bien avanzamos mucho, creamos la institucionalidad ambiental, elevamos las normas, no fuimos capaces de resolver problemas de fondo. La crisis de Quintero y Puchuncaví es una crisis que se instala precisamente por nuestra incapacidad de darnos cuenta de que esto fue el resultado de la inacción del Estado, y nadie puede decir que está libre de responsabilidad o de culpa.
Insisto en que esto no se puede resolver con la lógica de las compensaciones, porque la salud de las personas no es compensable. No me pueden pagar por enfermarme un poquito de cáncer; no me pueden pagar por enfermarme un poquito de enfermedades broncopulmonares; no me pueden pagar por tener a mis hijos contaminados en las escuelas. No hay nada que compense el daño a la salud, que es lo que este proyecto hace, porque dice a las empresas que tienen que generar compensación por tanta contaminación que va a emitir. Eso simplemente perpetúa las zonas de sacrificio. No hay medidas de mitigación respecto del daño a la salud de la población.
Entonces, si somos conscientes de que Chile está al debe en esta materia, que es una deuda de décadas, hoy tenemos la posibilidad de corregir y de rectificar. Eso es lo que uno ve en la indicación que presentaron algunos diputados -no sé exactamente quiénes son; creo que algunos son miembros de la comisión, entre ellos la presidenta de la comisión, si no me equivoco-… Me informan en este momento que la indicación la presentaron las diputadas Cristina Girardi y Catalina Pérez , que va en la dirección correcta, y sería una buena señal para la gente de Quintero, de Puchuncaví y de todo Chile, en el sentido de que nos hacemos cargo, como Estado y como Congreso Nacional, de impedir la proliferación de zonas de sacrificio.
No soy diputado por Quintero y Puchuncaví , pero soy diputado de la Región de Valparaíso. Me preocupa que hace poco tiempo la ENAP, a quien la propia ministra que nos acompaña en la Sala y el intendente salieron rápidamente a culpar, presentó un proyecto para seguir adelante o anunció que iba a seguir adelante con la creación de una termoeléctrica en Concón, que es zona de amortiguación. ¿Qué queremos hacer? ¿Seguir devastando a cualquier precio el borde costero de la Región de Valparaíso? ¿Realmente ese es el camino correcto?
Hace poco, tres peritos de la PDI estaban tratando de indagar las causas y el origen de la contaminación, y terminaron intoxicados. Sin embargo, la medida que hemos tomado es la paralización parcial de las faenas, cuando en realidad lo que está en riesgo es la salud de la población; no se trata de que se esté contaminando un humedal, el mar o las napas subterráneas, sino la salud de la población. Cientos de personas han tenido que concurrir a los servicios de salud a atenderse por problemas de intoxicación, pero, sin embargo, las faenas industriales siguen operando. En realidad, lo que debimos haber hecho era haber ordenado la paralización total de las faenas, hasta identificar las causas de la contaminación y tener la certeza de que la salud de la gente estaba protegida.
Entonces, por los habitantes de Quintero, por los habitantes de Puchuncaví, por los habitantes de Andacollo, por los habitantes de Coyhaique, por los habitantes de Pudahuel, por los habitantes de tantas ciudades donde la contaminación es un flagelo permanente, constante, quienes tienen el mismo derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, como cualquier otro chileno, pido a mis colegas que aprobemos la indicación, porque sin ella el proyecto simplemente les dice a las empresas: “Si quieren contaminar, si quieren envenenar, paguen más”.
He dicho.
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ.-
Señora Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra del Medio Ambiente, quien se encuentra con nosotros.
Ministra, anteayer fue el Día del Profesor. En Quintero se celebró el Día del Profesor; en Huasco, igual, y en Coronel, también.
Recuerdo cuando estaba en el colegio y en el Día de la Tierra nos enseñaban lo importante que resulta proteger nuestros bienes comunes, nuestros bienes naturales; lo importante que es proteger la biodiversidad en un contexto de cambio climático sin precedentes.
Y dando vueltas por nuestro distrito, el N° 6, Quinta Cordillera, el distrito con más conflictos socioambientales en Chile, me di cuenta de que faltó una parte importante en esa enseñanza: que así como hay quienes defienden la vida desde las aulas, particularmente los profesores de esos chicos intoxicados en Quintero y Puchuncaví -qué bueno que hoy estemos debatiendo estos temas que antes eran tabú, que no le importaban a nadie, ya que ni siquiera existía un Ministerio del Medio Ambiente-, también hay quienes se esfuerzan por destruir la biodiversidad, por destruir la salud, por destruir el medio ambiente, como la pesca de arrastre, por destruir la pequeña y mediana economía local en función de sus bolsillos; destruyen la vida en función de sus bolsillos.
En esta parte de la historia hay quienes, para tener oro, destruyen glaciares; para exportar uva de mesa, se apropian del agua, la roban y cortan esa uva con manos migrantes sin contrato. Eso es lo que pasa en Chile, eso es lo que pasa en Quintero, en esa zona de sacrificio. Las zonas de sacrificio no son un número; es gente, son familias. Y da rabia que existan dos tipos de ciudadanos en Chile: los pobres y los ricos. Y particularmente los pobres que viven en comunas como las que nos toca ver… Perdón, señora Presidenta.
(Aplausos)
Hoy, al gobierno le toca solucionar este problema de Estado. Se trata de un problema de políticas públicas que se han hecho sin la gente. La solución no es una aspiración al voleo de quienes hoy son autoridades públicas. Lo que hoy pasa en Chile es el reflejo del Consenso de Washington, de las políticas del Fondo Monetario Internacional que se comenzaron a implementar en los 90, de la firma sin ningún tipo de evaluación del impacto ambiental de los tratados de libre comercio, de un modelo que hoy hace agua, que está absolutamente agotado y que está violando derechos humanos.
Este proyecto de ley sigue la misma lógica. Gracias a estas políticas hemos llegado a un grado de desregulación tal que los seremis no tienen las capacidades técnicas para saber si, en materia de compensación, la compra de filtros va a permitir defender la salud y la vida de las personas. No tiene las capacidades para determinar una cosa tan simple como esa.
La lógica de la compensación puede funcionar cuando se aplican normas de la OMS, cuando existe una institucionalidad fuerte, cuando hay participación ciudadana y una política pública estratégica de desarrollo que no esté basada solamente en la exportación de materias primas a cualquier costo, para luego comprar los cables, las armas, los productos elaborados y dejarnos de manera permanente en la dependencia económica y cultural.
Más aún, la compensación la define un seremi que es nombrado a dedo por el Presidente de la República y la va a fiscalizar la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene el penúltimo presupuesto de todas las superintendencias, y en el actual proyecto de ley de presupuestos se reducen en 60 por ciento los fondos de apoyo a las energías renovables no convencionales, y por eso la subcomisión especial mixta de presupuestos encargada de materias medioambientales no lo ha aprobado.
¿Por qué se tiene miedo de legislar y de cambiar las cosas? Porque pareciera que hay compromisos adquiridos y que la voluntad política respondiera a intereses económicos. ¿Qué hizo la Sociedad Nacional de Agricultura cuando asumió este gobierno? Se juntó con el ministro de Agricultura y le pidió que ingresara indicaciones sustitutivas al Código de Aguas, y lo menciono porque los bienes comunes como el aire, el suelo y el agua son los que necesitan normas de calidad holísticas y sistemáticas; no se puede regular por separado, porque no basta.
Sin embargo, lo que propone este proyecto en materia de institucionalidad es regular por separado, porque permite que se siga sosteniendo el enriquecimiento a costa de la vida.
Muchos diputados han señalado que con este tipo de normas no pasará ningún proyecto de inversión. ¡Y en verdad no puede pasar ninguno cuando 1.500 personas, de dos comunas de 45.000 habitantes, deben estar visitando permanentemente el hospital, porque no saben qué enfermedad los aqueja! ¡Eso es Chile!
(Aplausos)
Esto se suma a varias señales equívocas que ha dado el gobierno, como la postergación de la firma del Acuerdo de Escazú, lo que constituye un mínimo lógico de cualquier democracia y que no pone en duda la soberanía, sino todo lo contrario, pues la protege. ¿Cómo vamos a fortalecer la soberanía si no hay mecanismos para que la ciudadanía haga que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales? Señalo eso a propósito de la Agenda 2030 y del llamado para “cambiar la historia” que el Presidente Sebastián Piñera planteó en la ONU.
La indicación propuesta por las diputadas Cristina Girardi y la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente está en consonancia con esos compromisos y con el espíritu del Acuerdo de Escazú, ya que no permite más proyectos de industrias a carbón en zonas saturadas, en las que, excepcionalmente, no se pone en marcha un plan de descontaminación. Y quiero poner énfasis en la expresión “excepcionalmente”, porque no se trata de todo Chile, habida consideración de que un plan de descontaminación tampoco es la solución estructural a estos problemas.
A propósito de la guerra comercial, ayer un diputado dijo: “Es la economía, estúpido”. Precisamente: es la economía; pero cuando hablamos de patria no nos referimos a mostrarnos como una estrella dentro de las estrellas de la bandera de Estados Unidos, pues son los propios capitales norteamericanos, financiados por las pensiones de todos los quinteranos, como los de AES Gener, que tiene cuatro termoeléctricas en la zona de Puchuncaví, los que hoy están generando una catástrofe ambiental.
Cuando hablamos de patria no nos referimos a eso, sino a la gente común y corriente que se saca la mugre trabajando y que hoy ve sus bolsillos y su vida golpeados, porque las decisiones que ha tomado el gobierno en el manejo de estas catástrofes han ido en beneficio de los grandes capitales.
Yo no quiero que esa sea mi patria. El Frente Amplio no llegó al Parlamento para hacerse eco de esa transición que trabaja para unos pocos. Llegamos para cambiar las cosas, y por eso vamos a rechazar este proyecto tal cual está e invitamos a la ministra del Medio Ambiente a que legisle en favor de las comunidades, si es que somos tan patriotas.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
Ruego silencio a los asistentes tribunas. Les recuerdo que no pueden hacer ese tipo de manifestaciones, porque impide el normal desarrollo de la sesión.
Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .
El señor ALARCÓN.-
Señor Presidente, quiero repetir lo manifestado por quienes asisten a las tribunas: “Morir luchando, de cáncer ni cagando”.
(Aplausos en las tribunas)
Se habla de zonas saturadas o de sacrificio, pero para hablar en un lenguaje claro debemos decir que se está hablando de sacrificar a niños, jóvenes, adultos, ancianos; a hombres y mujeres. Se está manipulando el lenguaje. Se ha dicho que las acciones de fiscalización llevan, en la práctica, a no fiscalizar nada. ¡Rechazo la frase: “si quiere contaminar, pague más”! ¡Eso es criminal! Repito: ¡eso es criminal!
Nosotros, los humanistas del Frente Amplio, votaremos a favor la indicación presentada por la diputada Catalina Pérez junto a otros diputados, pero si no se aprueba, votaremos en contra este proyecto de ley.
No apoyemos el derecho a contaminar y a pagar para sacrificar a hombres y mujeres. Tenemos que detener esa locura.
Invito al diputado Walker y a toda la DC, a Pancho Undurraga y a Evópoli, y a mi amigo Desbordes, de Renovación Nacional, por quien tengo mucha estimación, a votar a favor esta indicación, y luego, a favor el proyecto, pero con la indicación.
Recién estoy aprendiendo todo esto, y lo que más me ha confundido es que les encuentro la razón a todos. Hablan de allá, y pienso: ¡Tienen razón! Hablan de acá, y pienso lo mismo.
La manipulación del lenguaje es escandalosa. ¡Aquí no se dice la verdad!
Tenemos que estar por la vida, no por el sacrificio de la gente. No existe posibilidad de tener derecho a sacrificar personas por plata.
Como militante de la rebelión contra la muerte, deseo paz, fuerza y alegría para todos, y los invito a hablar con un lenguaje no manipulado.
He dicho.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Renato Garín .
El señor GARÍN.-
Señor Presidente, adhiero a lo que han dicho los diputados del Frente Amplio y buena parte del resto de los diputados de la oposición, cual es que estamos por aprobar una indicación que perfecciona este proyecto y que nos lleva a tomar en cuenta lo que está ocurriendo en Quintero, en Puchuncaví y en tantas zonas de sacrificio, donde muchas veces la compensación por vía legal implica la contaminación real de territorios y de personas que, en el fondo, sufren una degradación de sus derechos humanos para favorecer el negocio de unas pocas industrias.
La contaminación ambiental es parte del modelo económico que rige en Chile; no es solo una externalidad negativa producto de los proyectos, sino una variable dentro del modelo económico neoliberal, de la que se beneficia el capital financiero que ha invertido en las zonas de sacrifico.
Lo que tenemos en las zonas de sacrificio -me van a tildar de ideológico desde el otro lado de este hemiciclo- es la primacía del capital por sobre la vida humana; de un tipo de capital: el capital financiero que invierte en esas zonas de sacrificio.
Quiero abordar una arista que no ha aparecido en el debate y que me parece relevante colocar en la discusión. ¿Por qué las comunidades son doblegadas sistemáticamente? Me refiero a las comunidades de Quintero, Puchuncaví , San Pedro de Melipilla ; en el norte, de Freirina. ¿Por qué? Porque en Chile existe el negocio de las oficinas de lobby, de las oficinas de gestión de crisis, que bajan hasta las comunidades, diseñan planes de intervención. Y vamos regalando camisetas a los equipos de fútbol, vamos construyendo multicanchas, vamos tratando de comprar a los vecinos más influyentes de la zona para impedir que reclamen.
Se tensiona a las comunidades mediante el empleo -muchas veces son contratados- y mediante beneficios sociales que provienen de la responsabilidad social empresarial: pero lo que en realidad se está haciendo es incluir la contaminación como una variable del capital.
Ese es el negocio de la gestión de crisis de empresas de lobby que vemos incluso en los pasillos del Congreso Nacional. Sabemos muy bien quiénes son. Escribí un libro, hace un par de años, en el que señalo cuáles son esas empresas.
(Aplausos)
Esta semana hemos visto, con gran sorpresa, que el ministro Moreno , que es candidato presidencial, por si no se han dado cuenta, inició un programa de intervención empresarial en los temas más sensibles del país: Compromiso País. Me pregunto por qué, con esa misma calma, con la misma parsimonia con que convoca a las grandes fortunas del país a hacerse cargo de los temas sociales, no convoca a esos mismos empresarios, los dueños del capital en Chile, a limpiar el medio ambiente. ¿Por qué las grandes fortunas de este país, las grandes empresas, no ponen por delante los objetivos medioambientales del país? ¿Por qué el IPSA y la rentabilidad financiera son tan o más importantes que la vida de las personas?
Esas son algunas de las preguntas que nos hacemos desde el Frente Amplio, y creo que son las preguntas de sentido común que se hace todo el país. ¿Por qué beneficiar al capital cuando es el que arrasa con las condiciones de vida de las personas?
Hay un cambio en el Chile de hoy, un cambio muy profundo: las comunidades ya no se están dejando doblegar tan fácilmente; la gestión de crisis de Imaginaccion Consultores o de Tironi y Asociados no está resultando tan fácil, porque las comunidades se han vuelto insumisas, porque las comunidades están reclamando su derecho a la vida digna, que es vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Llamo a toda la centroizquierda a que aprobemos la indicación presentada por la diputada Catalina Pérez y defendida también por varios parlamentarios de la oposición. Los llamo a que nos demos el tiempo para discutir si la compensación territorial es una buena idea legislativa. Nosotros pensamos que no, que por la coyuntura política que vive el país en Quintero, en Puchuncaví y en tantas zonas de sacrificio, es impresentable que este proyecto de ley se apruebe tal como está redactado.
¡Ojo con las oficinas de lobby! ¡Ojo con las oficinas de gestión de intereses!, porque buscan doblegar a las comunidades. Estoy seguro de que las comunidades seguirán defendiendo su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, lo básico, su derecho a una vida digna en cualquier lugar del territorio de nuestro país.
He dicho.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt .
La señora SCHMIDT, doña Carolina (ministra del Medio Ambiente).-
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley cuyo objetivo es proteger las zonas declaradas latentes o saturadas que no cuenten con planes de descontaminación en operación.
El proyecto se hace cargo de regular expresamente un período que va desde que se declara una zona saturada o latente hasta que se dicta el respectivo plan de descontaminación, plazo que puede durar varios años. De ahí la relevancia de exigir a los proyectos de las empresas no solo compensar ambientalmente las emisiones que aporten, sino disminuir la contaminación en la zona, cuestión que logra el proyecto aprobado en la comisión.
La iniciativa establece expresamente que los proyectos que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que aporten a la polución con la emisión de un contaminante específico que establece la declaración de zona saturada, que pueden ser diversos, no solo deberán compensar obligatoriamente el 100 por ciento de sus emisiones, sino además compensar un 20 por ciento adicional por las emisiones que generen; es decir, disminuirán la contaminación en las zonas saturadas, ya que se exigirá 120 por ciento de compensación a todo proyecto empresarial que aporte 5 por ciento a los contaminantes considerados en la saturación de la zona.
De esta manera, el proyecto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales contribuye de manera efectiva no solo a compensar emisiones, sino a reducir la contaminación en las zonas saturadas, sin paralizarlas ni quitar a las comunidades la posibilidad de obtener mejoras en el marco de un desarrollo sustentable.
En gran parte de nuestro país, en particular en el sur, existen zonas declaradas como saturadas. La mayoría de ellas no corresponden a zonas de concentraciones empresariales altas o a polos industriales, sino a lugares en que la saturación por contaminación proviene de la leña. Es una realidad que sufrimos con mucha fuerza en nuestro país.
Por lo tanto, felicito a los autores de la moción que dio origen a este proyecto: Paulina Núñez , de Renovación Nacional; Cristian Campos , del PPD; Daniel Melo , del Partido Socialista; Gonzalo Fuenzalida , de Renovación Nacional; Leopoldo Pérez , de Renovación Nacional; Alejandro Santana , de Renovación Nacional; Claudia Nogueira , de la UDI, y Andrea Molina , también de la UDI.
El Ejecutivo apoya el proyecto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Si bien esta medida compensatoria y de exigencia obligatoria para reducir emisiones en zonas saturadas no es suficiente para solucionar los problemas que tenemos, consideramos que sí será un avance para muchas zonas de nuestro país, pues regulará el período que va desde la declaración de saturación hasta que se ponga en operación un plan de descontaminación.
Nos parece positivo, forma parte del proyecto de modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que ha solicitado el Presidente Piñera . Las medidas que nos permitirán avanzar para cambiar las miradas antiguas sobre el país, aquellas según las cuales el cuidado de la naturaleza no es el que necesitamos para un verdadero desarrollo nacional, solo serán posibles si optamos por un modelo de desarrollo sustentable que cuide el medio ambiente.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación, el artículo transitorio se da por aprobado ipso iure, por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe ni de modificaciones en el segundo.
Se ha renovado la indicación de las diputadas Cristina Girardi y Catalina Pérez , y de los diputados Félix González y Amaro labra.
El señor Secretario dará lectura a dicha indicación.
El señor ROJAS (Secretario subrogante).-
Señora Presidenta, la indicación es para reemplazar el artículo único por el siguiente: “Artículo único.- Incorpórase el siguiente inciso segundo en el artículo 46 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente: “En zonas declaradas como latentes o saturadas por contaminación, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención y/o descontaminación, los proyectos nuevos y ampliaciones de proyectos existentes que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)Todo proyecto requerirá de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental.
b)Los proyectos que generen emisiones que representen un aporte superior al 1 por ciento de los contaminantes, en consideración a la norma ambiental establecida y a la declaración de zona correspondiente, no podrán ser admitidos a tramitación.
c)Los proyectos comprendidos en el artículo 10, literal c), que generen energía a base de
combustibles fósiles, no podrán ser admitidos a tramitación.
d)Los organismos del Estado a cargo de la evaluación y coordinación de los procesos de
evaluación de impacto ambiental deberán promover medidas y propuestas dirigidas a prevenir el detrimento de la calidad del aire.”.
-Durante la votación:
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Celso Morales .
El señor MORALES.-
Señora Presidenta, tal como señalé, solicito que se declare inadmisible la indicación, dado que la letra d) del artículo único propone entregar al Estado funciones que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República -deberían ser patrocinadas por este-, no parlamentaria.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señora Presidenta, efectivamente, la letra d) de la indicación señala que los organismos del Estado que tienen que ver con el tema medioambiental deberán promover medidas y propuestas dirigidas a prevenir el detrimento de la calidad del aire.
Eso está consagrado en la norma, por cuanto el párrafo 4° de la ley N° 19.300, que se refiere a las normas de calidad ambiental y de la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, otorga la facultad y el deber de elaborar las normas ambientales primarias y secundarias, tanto al Ministerio del Medio Ambiente como al Ministerio de Salud. Por lo tanto, esas medidas deben prevenir el detrimento de la calidad del aire.
Además, el artículo 33 de la misma ley señala: “El Ministerio del Medio Ambiente administrará la información de los programas de medición y control de la calidad ambiental del aire, agua y suelo para los efectos de velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.”.
Esa disposición tiene que ver con las medidas dirigidas a prevenir el detrimento de la calidad ambiental que planteamos en la letra d) de la indicación.
Insisto: esas facultades ya están en la legislación. En consecuencia, la indicación no es inadmisible.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señora Presidenta, el diputado Celso Morales solicitó la declaración inadmisibilidad de toda la indicación en conjunto, lo cual no procede, porque él está reclamando solo respecto del literal d).
En consecuencia, esa letra debiese ser lo único que se someta a votación, no el resto de la indicación. Lo demás no ha sido cuestionado por el diputado Morales ni por ningún otro diputado en términos de su admisibilidad.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Se trata de una indicación renovada; por lo tanto, se vota la admisibilidad de toda la indicación.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señora Presidenta, me gustaría saber cómo calificó la Mesa la indicación. El diputado Díaz señaló que solo se debe someter a votación la letra d), lo cual procedería si se hubiese presentado una indicación distinta. Pero en este caso se considera la indicación completa.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
La Mesa declaró admisible la indicación, pero se votará su admisibilidad, dado que se hizo el punto.
Quienes voten a favor, aprueban la admisibilidad de la indicación; quienes voten en contra, la rechazan.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mellado Pino, Cosme ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry , Gonzalo .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Baltolu Rasera, Nino ; Bellolio Avaria, Jaime ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Longton Herrera, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabat Fernández, Marcela ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Hernández Hernández, Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Muñoz González, Francesca .
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Por lo tanto, se declara admisible la indicación.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .
El señor PÉREZ (don Leopoldo).-
Señora Presidenta, quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto de esta indicación.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Muy bien.
Corresponde votar la indicación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 10 abstenciones.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Mellado Pino, Cosme ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry , Gonzalo .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Baltolu Rasera, Nino ; Bellolio Avaria, Jaime ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Eguiguren Correa, Francisco ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Longton Herrera, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabat Fernández, Marcela ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Calisto Águila , Miguel Ángel ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Salinas, Eduardo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Muñoz González, Francesca ; Núñez Urrutia, Paulina ; Pardo Sáinz, Luis ; Rey Martínez, Hugo ; Walker Prieto , Matías .
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Despachado el proyecto al Senado.
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