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El señor DURANA.-
Señor Presidente , los medios de transporte público de pasajeros, en especial los buses y trenes, constituyen un elemento de servicio esencial a la comunidad, cuya alteración y daño ocasionado por actos vandálicos tienen innumerables efectos negativos para nuestra población, fundamentalmente para aquellos sectores que realmente lo necesitan con el fin de realizar sus desplazamientos diarios.
La alteración de una frecuencia, de la continuidad normal de un servicio de este tipo por la acción malintencionada de terceros conlleva negativos efectos económicos y sociales.
El promedio anual de buses vandalizados en los últimos siete años es de 3 mil 919 vehículos; es decir, el 61,7 por ciento de la flota operativa ha sido atacada anualmente, a un promedio de 15 buses diarios.
También se destacó que el gasto anual promedio por fenómenos de esta naturaleza en los últimos siete años (2012-2018) es de un total aproximado de 5 mil 300 millones de pesos.
Por ello, las conductas dolosas que buscan la destrucción o el daño de los medios de transporte deben ser drásticamente sancionadas, puesto que gran parte de sus autores se ocultan en el anonimato y ni siquiera miden, al momento de cometer sus delitos, las reales y efectivas consecuencias que pueden traer sus actos, lo que muchas veces afecta a peatones, niños y personas de la tercera edad.
Por eso, la incorporación de una pena privativa de libertad, en el marco del nuevo artículo 198 bis, u otras penas, se considera una medida adecuada y disuasiva, dada la gravedad de estas conductas y teniendo en cuenta el ámbito de una política criminal coherente con las necesidades de la comunidad.
Quienes somos representantes de regiones obviamente estamos a favor de esa medida, pues en general es en la Región Metropolitana donde se producen los mayores efectos negativos que finalmente debe pagar todo Chile.
La Región de Arica y Parinacota ciertamente tiene una situación mucho más tranquila en la materia. Pero, sí, nos vemos tremendamente afectados, porque los recursos terminan instalándose en la Región Metropolitana o en grandes regiones, al no existir medidas efectivas para controlar aquello.
Voto a favor de este proyecto en general, y estaré muy atento en la discusión en particular.
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