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Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans Araya , quien además hará uso del tiempo correspondiente al Comité Revolución Democrática, lo que suma cinco minutos y cincuenta y seis segundos.
La señorita YEOMANS (doña Gael ).- Señora Presidenta, quiero comenzar mi intervención haciendo un reconocimiento público a la Fundación Valídame, que durante bastantes años ha luchado para que este tema saliera a la luz; a las distintas organizaciones sobre la materia y a las personas que pudieron dar su testimonio y acompañar los antecedentes de lo que, lamentablemente, les tocó vivir, que no les permitió seguir trabajando y las obligó a solicitar la pensión de invalidez para subsistir. También saludo a aquellos que hoy no nos pueden acompañar presencialmente porque su enfermedad se los impide, o porque, por desgracia, murieron esperando su pensión. Vaya desde aquí mi más sentido pésame a los familiares de esas personas.
Quiero saludar especialmente a Alejandra Vidal , extrabajadora de AFP Provida, quien vivió ambas caras de la moneda, como trabajadora y como solicitante de una pensión de invalidez. Alejandra entregó información relevante y valiosa para nuestra investigación. Además, tuvo que soportar más de treinta y seis meses de espera para obtener su pensión, sin ningún tipo de ingreso económico, ya que permanentemente sus licencias médicas fueron rechazadas, por lo que tuvo que vivir de la caridad de terceros.
El trabajo de la comisión investigadora fue arduo, pero permitió comprobar las sospechas que teníamos desde el inicio sobre las irregularidades que existían respecto del funcionamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Durante nuestro trabajo acreditamos que existen denuncias no resueltas por manipulación de la cantidad de personas acogidas a pensión de invalidez, sobre lo cual ninguna autoridad ha realizado investigaciones rigurosas con posterioridad a 2008.
Asimismo, que el sistema funciona con un alto grado de conflicto de interés tanto en su financiamiento como en su estructura administrativa.
Quiero decir lo siguiente sin rodeos: Acá existe control de siniestralidad, a pesar de que el superintendente lo negó insistentemente. Las AFP, como dijo Paola González -ella también sufrió obstaculizaciones en el reportaje que transmitió TVN hace algunas semanas, crearon un sistema siniestro, ya que financian desde el sistema informático que utilizan las comisiones médicas y el personal administrativo hasta -escúchenlo bien, colegas los honorarios de los médicos interconsultores, que son determinantes para definir si se concede o no una pensión de invalidez.
Las AFP y las compañías aseguradoras tienen, por ley, un representante cada una en la Comisión Técnica de Invalidez, que cuenta con un total de cinco integrantes. Ella es la instancia encargada de definir si una enfermedad habilita o no para que se otorgue una pensión y de calificar los grados de invalidez; es decir, las AFP deciden a qué enfermedades se les debe considerar objeto de pensión de invalidez y su grado, definición que luego aplican las comisiones médicas de salud en el examen que hacen a los usuarios.
Solo un ejemplo del poder que ejercen: a petición de las compañías aseguradoras, la fibromialgia es una invalidez tipo 3. ¿Qué implica esto? Que las personas que padecen esta enfermedad jamás podrán acceder a una pensión de invalidez total y, por ende, recibirán una pensión paupérrima que no les permitirá costear su tratamiento médico y dejar de trabajar, no obstante que su enfermedad se lo impide.
Por si fuera poco, la ley no prohíbe la participación de las compañías de seguros relacionadas o dependientes de las AFP en la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia. Por ende, no está prohibido el conflicto de intereses; acá se permite por ley.
En términos simples, son los mismos dueños de las AFP, los mismos dueños del seguro de invalidez de las compañías aseguradoras que se adjudican la licitación, lo que ha ocurrido en varias oportunidades desde 2008, año en que se realizó la última reforma previsional.
La ley tampoco contempla sanciones para cuando se incumplen los plazos en el fallo de los expedientes médicos. Tampoco se cumple el derecho de todo afiliado a contar con un asesor médico.
Eso significa, lamentablemente, que estamos amparando que se incline la balanza en favor de las compañías aseguradoras, que cuentan con los recursos necesarios para financiar a los médicos interconsultores, lo que no ocurre con los afiliados, que ni siquiera pueden revisar el expediente de invalidez.
Finalmente, quien pone la lápida acá es la Superintendencia de Pensiones, que ha tenido un rol activo en posibilitar los abusos de los privados. En 2012, a petición de la gerencia de una AFP, la Superintendencia de Pensiones autorizó un procedimiento llamado “agendamiento de horas”, que impone más requisitos que los establecidos en la ley. En efecto, la ley establece que a una persona que quiere optar a una pensión de invalidez se le debe pedir solo su carné de identidad. ¿Qué hizo la Superintendencia? Estableció más requisitos a través del agendamiento de horas, con lo cual se postergó la posibilidad de los afiliados de acceder a su pensión de invalidez en el tiempo que corresponde.
Ante tales hechos, no queda otra que citar a Violeta Parra : “Todo es penuria y quebranto, de las leyes de hoy me espanto”. Así debería espantarse la Cámara de Diputados de lo que está sucediendo al amparo del Estado, porque, lamentablemente, tenemos enfermos sin pensión de invalidez, por lo cual, lastimosamente, deben seguir trabajando.
¿Con qué cara les vamos a ir a hablar a esas personas? Me parece tan indignante, que es necesario que el gobierno se pronuncie al respecto y lo incluya en su reforma de pensiones. Como digo, no tengo cara para mirar a esas personas.
He dicho.
-Aplausos.
"
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