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La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental con el propósito de garantizar la protección de la infancia y la adolescencia.
Antecedentes:
-El debate del proyecto se inició en la sesión 37ª de la presente legislatura, en martes 11 de junio de 2019, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .
El señor SCHALPER.-
Señora Presidenta, volvemos a discutir el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental, nuestra Constitución, con el objeto de establecer un deber especial del Estado en orden a proteger a la infancia.
¿Quién en principio podría estar en contra de una cosa así? Es evidente que todos quienes estamos acá valoramos profundamente la protección a la infancia, el resguardo a la primera infancia, y por eso hemos celebrado con tanto entusiasmo la agenda proinfancia que se ha venido promoviendo transversalmente. Pero de ello no se colige agregar las cosas que este proyecto de ley pretende añadir.
Esta iniciativa tiene tres grandes capítulos. El primero busca crear un deber del Estado en favor de la protección de los niños, reconociéndolos como sujetos de derecho y garantizando su autonomía progresiva. Ya tuvimos esta discusión en demasía en las últimas semanas, así es que ya se ha manifestado que dicho concepto, interpretado a la luz de lo que ha establecido la jurisprudencia de algunos tribunales, tiene que ver con la supuesta capacidad del niño para sobreponerse a la potestad paterna en defensa de sus propios intereses.
Nos parece que materias tan sensibles como la educación sexual, la capacidad económica, la capacidad de celebrar contratos y, en general, el sinfín de cosas que se pueden ir suscitando, no pueden quedar al alero de un principio general establecido en el artículo 1º de la Constitución. Por eso, cual, como bancada, no podemos sino estar unánimemente por rechazar esta norma, dado que consideramos que genera un principio general que, vinculado con la responsabilidad penal -esta es la inquietud que tenían algunos colegas-, ya está resguardado en nuestros cuerpos legales. Por lo tanto, establecer este principio a nivel de la Constitución aparece como poco aconsejable.
Señora Presidenta, el artículo 19 bis que se propone, que lo que hace es crear una especie de recurso de protección especial en favor de los niños, podría ser discutible, en tanto se mantuviera hasta ahí, aunque, para ser franco, sería absolutamente innecesario, porque el artículo 19, al hablar de personas, no distingue entre niños y adultos.
En todo caso, vamos a suponer que eso tuviera algún mérito. Fíjese que, en tal caso, hay algo que pasaría como de contrabando: que esta disposición no solo se aplicará respecto de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, sino también de aquellos establecidos por los tratados internacionales.
¿Por qué esto es desaconsejable? Porque ninguna democracia moderna, como las de Alemania o España, establece la posibilidad de que sus ciudadanos puedan demandar directamente al alero de los tratados, porque muchas veces estos no son autoejecutables e involucran cuestiones que luego hay que concretizar en cada país. Eso hace que la discusión política se pueda llevar adelante. Si por el solo hecho de ratificar un tratado uno anula la posibilidad de tener una discusión política sobre temas tan diversos como los relacionados con derechos sociales, culturales, políticos, etcétera, francamente lo que se hace es anular la discusión.
Por lo tanto, reitero, es poco aconsejable establecer esto.
Si existe algún ejemplo paradigmático en esta materia es el de Alemania, país que se caracteriza por garantizar los derechos de las personas, el que se negó a la posibilidad de establecer acciones constitucionales directas en favor de los tratados, para no ceder soberanía en materias tan relevantes.
Para finalizar mi intervención, deseo referirme a la tercera propuesta, consistente en agregar un inciso tercero, nuevo, al artículo 20 de la Constitución Política, apelando nuevamente a los tratados internacionales.
Chile está inserto en la comunidad internacional. Sin duda, queremos hacer propias muchas garantías de derecho que tienen otros países; pero queremos hacerlas propias después de que realicemos una discusión política interna.
Por lo tanto, sería un grueso error de nuestra parte, como legisladores, creer que esto nos fortalece. En definitiva, lo que hace es aminorar la capacidad que tiene Chile para resolver.
Por lo tanto, anunció que los diputados de Chile Vamos votaremos mayoritariamente, si no de manera unánime, en contra este proyecto, que, dado su alto quorum, espero no se apruebe.
He dicho.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señora Presidenta, antes de hablar acerca del proyecto, quiero consultar si todavía es posible inscribirse para intervenir.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Señor diputado, se solucionó el problema técnico. En consecuencia, está abierta la inscripción para los diputados que deseen intervenir.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
¿Hay límite de tiempo establecido por los Comités? Lo pregunto, porque tengo entendido que un parlamentario puede hacer dos discursos de hasta diez minutos cada uno. ¿Es así?
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Sí, así lo señala el Reglamento.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Entonces, ¿puedo hablar durante veinte minutos?
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
No. El Reglamento establece que cada intervención puede ser de hasta diez minutos, salvo un acuerdo en contrario. Como en este caso no existe un acuerdo al respecto, tiene hasta diez minutos para intervenir.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Entonces, ¿me puedo inscribir de nuevo para hablar otros diez minutos?
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
No, señor diputado. Solo puede inscribirse una vez.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Según nuestro Reglamento existen un primer y un segundo discursos, cada uno de diez minutos. Quiero que me aclaren esto.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
No, solo es posible una intervención de diez minutos o dos de cinco minutos cada una. No puede sobrepasar los diez minutos que establece el Reglamento.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Se agradece la aclaración. Trataré de ocupar menos de los diez minutos. En todo caso, si me hubiese dado veinte minutos, tal vez los habría ocupado.
Este proyecto de ley, que modifica la Constitución Política de la República, a mi modo de ver no va por el camino correcto. Además, lo considero total y absolutamente innecesario.
El artículo 1º de nuestra Constitución Política establece que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.”. Luego, agrega: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.”.
¿Qué es la familia? Para mí, una familia está compuesta por un hombre, una mujer y sus niños. ¡Nada de dos hombres o dos mujeres! ¡Por un hombre, una mujer y sus niños! Según entiendo, nuestra Constitución también lo especifica así.
En el proyecto se plantea que es deber del Estado velar especialmente por la protección de niños, niñas y adolescentes. Al respecto, cabe recordar que en el mismo artículo 1° de la Constitución se dispone que “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia,…”. ¡A la familia! Ya está especificado que el Estado tiene que dar resguardo a la familia.
Para mí, los niños son parte de la familia, por lo que no tiene ningún sentido incorporar un artículo nuevo para incorporar algo que ya está establecido en la Constitución, salvo que haya algo escondido tras esta idea y se quiera pasar gato por liebre. Me da la impresión de que es así, porque luego el proyecto propone incorporar un nuevo inciso tercero al artículo 20 de la Carta Fundamental, que dispone que “Cuando sea un niño, niña o adolescente quien sufra una perturbación, privación o amenaza de cualquiera de los derechos constitucionales resguardados por el recurso de protección, estos deberán ser interpretados resguardando su especial condición y teniendo presente lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Chile…”.
Ahí está el problema. ¿Quiénes tienen derecho a preocuparse de la vida y de la educación de sus niños? Sus familias y, eventualmente, el Estado, cuando los padres abandonan a sus hijos. Pero ¿por qué tienen que hacerlo los tratados internacionales? ¿Por qué mis hijos tendrían que regirse por los tratados internacionales? Eso está absolutamente fuera de todo foco. A mis hijos y a los hijos de cualquier persona los educa su propia familia. Solo cuando esa familia se rompe o cuando los hijos quedan abandonados, el Estado se hace cargo de ellos, como lo especifica la Constitución.
Este proyecto agrega que debemos regirnos, además, por los tratados internacionales. Ahí está el “pero”. ¿Por qué debiéramos regirnos en este caso por tratados internacionales? ¿Nuestra Constitución Política y nuestro Estado no son suficientes para resguardar y proteger a nuestros hijos, y por eso debemos recurrir a organismos internacionales?
Me parece que eso está absolutamente fuera de foco y, a mi modo de entender, es lo más grave de este cambio que se propone incorporar a la Constitución.
Tal como dijo el diputado Schalper , para aprobar un proyecto de reforma constitucional se requiere un quorum alto. Doy gracias de que sea así, porque, de lo contrario, nuestra Constitución se habría desarmado hace mucho rato gracias a estas mayorías espurias que tiene la izquierda.
Tenemos la posibilidad de que este proyecto no se apruebe. Por eso, el Partido Republicano -espero que también la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli- votará en contra esta iniciativa, que quita a los padres la potestad para educar a sus hijos y se la entrega al Estado y a organismos internacionales, que es lo que se esconde detrás de este proyecto.
Pueden parecer muy loables los argumentos que se han entregado. Desde ese punto de vista, resultaría casi imposible votar en contra. Sin embargo, reitero, este proyecto le quita a los padres la potestad para educar a sus hijos y se la entrega al Estado y, principalmente, a organismos internacionales.
Por eso, estamos total y absolutamente en contra de la iniciativa.
Por las razones expuestas, anuncio que como integrante del Partido Republicano votaré en contra el proyecto, y no tengo duda alguna de que las bancadas de Renovación Nacional, de la UDI y de Evópoli procederán de la misma forma.
He dicho.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señora Presidenta, en el contexto de lo que ha estado ocurriendo durante las últimas décadas en materia de derecho constitucional, se ha ido definiendo una tendencia de ir desde lo genérico a lo específico en relación con la forma en cómo el Estado o los Estados -para hablar de la experiencia habida en otros países- han desarrollado normas para garantizar la protección de los derechos ciudadanos. Digo que la tendencia ha sido ir desde la garantía genérica hacia las garantías específicas para referirme particularmente a aquellos grupos que se encuentran dentro de las sociedades en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Así, podemos hacer referencia a los discapacitados, a los adultos mayores y -¡cómo no!- a niños, niñas y adolescentes. Menciono solo tres de los grupos sociales respecto de los cuales se pueden dar condiciones de vulneración de derechos dentro de la sociedad, en países en que, indistintamente, se considere o no su nivel de desarrollo social o económico. Esto está ocurriendo en democracias europeas, con economías desarrolladas, sin perjuicio de las crisis del momento, y en países latinoamericanos, con economías más débiles.
Entonces, más allá de las consideraciones que tienen que ver con las características propias de la sociedad en que se comienzan a producir estos cambios, siempre sigue siendo importante el reconocimiento de la condición desmedrada en que se encuentran grupos en particular. Por eso, el derecho constitucional recoge esa diversidad, esa necesidad, y va hacia lo genérico, estableciendo como garantías constitucionales derechos de personas que están más expuestas. Se trata de un primer punto que me parece importante tener presente.
He hecho referencia a que este proyecto busca ir a lo específico de las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes porque precisamente nuestro país no es uno de los que puedan vanagloriarse por la forma cómo ha tratado a su infancia y a su adolescencia, así como a nuestros pueblos originarios, a los adultos mayores y a los discapacitados. Ejemplos hay muchos.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
Señora Presidenta, le ruego que solicite el silencio de la Sala, porque cuesta concentrarse con el ruido ambiental.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Señor diputado, le ofrezco las disculpas pertinentes.
Solicito a los colegas parlamentarios, diputados y diputadas, que guarden el debido silencio y respeto ante la intervención del diputado Saffirio .
Puede continuar con el uso de la palabra, señor diputado.
El señor SAFFIRIO.-
Gracias, señora Presidenta.
Señalaba que el anterior es el primer punto, un cambio que se produce en muchas sociedades, de distinta naturaleza, a través del mundo, que es lo que se busca hacer aquí.
Un segundo punto fue materia de discusión durante la semana previa a la distrital, respecto de la cesión de soberanía que implicaba suscribir determinados acuerdos en materia de derechos humanos. En esa ocasión, recuerdo haber hecho mención a la contradicción que se produce cuando aprobamos un tratado comercial y no consideramos que hay cesión de soberanía cuando sometemos a tribunales arbitrales externos a la judicatura nacional la resolución de las controversias que se producen entre el país que invierte y el que recibe la inversión. Sin embargo, los grupos más conservadores de nuestro país sí estiman que hay una cesión de soberanía cuando ella tiene que ver con materias de derechos humanos. ¡Qué profunda contradicción se produce cuando, por una parte, se hacen discursos asociados a la libertad, a la justicia, a los derechos humanos, al valor de la persona humana y su respeto, y, por otra, se ponen cortapisas para que sea la comunidad internacional la que pueda intervenir en aquellos casos en que el Estado chileno es incapaz de garantizar los derechos de los grupos más vulnerables!
No se cede soberanía, sino que se cumplen los compromisos contraídos por nuestro país cuando suscribimos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se cumplen cuando suscribimos la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. ¡Y es urgente que lo hagamos! Por su intermedio, señora Presidenta, repito a mis colegas que es urgente que lo hagamos, porque si no tenemos una legislación que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de las garantías establecidas en la Carta Fundamental, todo el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, para reformar nuestra institucionalidad dirigida a la infancia, eliminando el Sename, creando el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, creando la ley sobre Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, creando la ley sobre responsabilidad penal adolescente, modificando la ley sobre adopción, etcétera, no tendrá ningún valor. Lo digo porque los servicios que estamos creando dentro del sistema público tendrán que sujetarse a esa garantía constitucional, y no es contradictorio que sea así.
El mundo es cada vez más interdependiente ¡Cómo no lo va a ser! Si lo es desde el punto de vista económico, ¿por qué negamos que lo sea desde el punto de vista de los derechos humanos?
Acabamos de firmar una propuesta del diputado Naranjo para hacer presentes las violaciones a los derechos humanos en Hong Kong. ¡Ahí los vamos a sacar al pizarrón! Muy ricos y muy importantes serán los chinos desde el punto de vista de la inversión, de los tratados comerciales que tiene Chile y para nuestra economía, pero, ¿en qué nivel ponemos la defensa de los derechos humanos en relación con los derechos económicos? ¡Ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas, como decía mi abuelo! ¡A ver si somos capaces de reconocer el valor de la persona humana, no solo en el discurso, sino al momento de apretar el botoncito para votar y aprobar o rechazar una propuesta!
Quiero pedir, sentidamente, que aprobemos este proyecto, porque no hacerlo va a significar echar por la borda muchos años de trabajo en materia de protección de la infancia, independientemente de aquello a lo que, desde el punto de vista ideológico, adscribamos. Lo que niñas, niños y adolescentes están esperando de esta Sala es que haya cada vez más instrumentos de protección y de salvaguarda. No existe un instrumento más valioso que la Constitución Política de la República para garantizar aquello.
Después, nos vamos a ver sometidos a una presión distinta. Vamos a tener que tratar en esta Sala el proyecto de ley sobre garantías y derechos de niños, niñas y adolescentes. Allí vamos a tener una discusión que probablemente va a ser muy dura, porque el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva, en virtud de la cual elimina de la ley, en todas sus partes, la expresión “garantías”, con lo cual ese proyecto se transforma en un simple poema a los niños y no en una norma.
Por eso es necesario que lo dejemos establecido aquí, porque si no es posible garantizarlo en la ley sobre garantías y derechos, por la iniciativa del Ejecutivo de eliminar la expresión “garantías”, nunca va a ser posible garantizar en nuestro país los derechos de niños, niñas y adolescentes si esta norma es rechazada.
He dicho.
-Aplausos.
La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz González .
La señora MUÑOZ (doña Francesca).-
Señora Presidenta, todos queremos una mejor regulación en lo que a protección de la infancia se refiere. Sin embargo, más que una abundante regulación, que muchas veces corre el riesgo de que sea meramente enunciativa, en materia de infancia se requiere una política pública que permita poseer una institucionalidad y una agenda programática que opere eficientemente en la protección de los niños, niñas y adolescentes.
A mi juicio, desde esa perspectiva, nuestro ordenamiento jurídico ya posee una regulación en materia de infancia, partiendo por los preceptos constitucionales que se hacen plenamente aplicables a los niños, niñas y adolescentes, al reconocerles derechos y protección del Estado.
Ahora bien, el proyecto de reforma constitucional se enmarca dentro de un fenómeno que busca consagrar expresamente en la Constitución figuras jurídicas que ya se entiende que forman parte de esta sin necesidad de mención expresa. Así sucede, por ejemplo, en materia de protección de la infancia.
En ese sentido, pareciera ser que al momento de advertir una falencia en la eficacia de las normas optamos por elevarlas a un nivel constitucional, esperando que ello resuelva el problema; sin embargo, como se ha dicho, el problema no radica en la carencia de normas, sino en la eficacia de estas, y si ese es el problema, a mi juicio, debemos poner el enfoque en dos aspectos: primero, no generar más y más normativas, sino que estas sean realmente operativas y efectivas, y, segundo, pensar en mecanismos que hagan que las resoluciones judiciales se cumplan efectivamente, sobre todo en asuntos tan importantes como los que afectan a la infancia.
Por último, considero que algunos artículos de este proyecto entran en conflicto con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y pueden generar un efecto completamente adverso al que se busca.
Recordemos que los menores están en un proceso de desarrollo, crecimiento y formación. El problema del principio de la autonomía progresiva es que sigue la lógica del individualismo, de una desvinculación y separación entre el menor y sus padres, en circunstancias de que lo primordial en esta etapa de desarrollo es la protección, la guía, el acompañamiento y la contención que prestan los padres a sus hijos.
El problema se agudiza cuando pretendemos poner al Estado como garante de dicha autonomía, inmiscuyéndonos en el núcleo familiar y atentando contra el derecho de los padres. Las políticas públicas y las normas jurídicas deben estar orientadas a proteger a la familia, a cuidar la unidad y a otorgarle herramientas de apoyo en el proceso de crianza y desarrollo.
En definitiva, considero que este proyecto no solo es innecesario, sino que, además, yerra en el foco y en la forma de abordar la cuestión. Nuestro énfasis deber estar en una mayor eficacia de las normas ya existentes y en la protección y la unidad de la familia; no en su separación.
Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .
El señor WALKER-
Señora Presidenta, solo quiero reforzar lo que han señalado los diputados René Saffirio , Marcelo Díaz y otros que han intervenido, y destacar que tuvimos este debate en la comisión.
Este es el típico caso en que a los diputados les llega un wasap y se asustan, porque hay una campaña del terror, o leen en Facebook una imagen distorsionada de un proyecto de ley sobre la autonomía progresiva de los adolescentes.
¿Sabrán los diputados del oficialismo que en el proyecto de ley de este gobierno sobre protección de garantías de la niñez está el principio de autonomía progresiva? ¿Sabrán los diputados de oficialistas que en el proyecto de este gobierno sobre entrevistas videograbadas, que vamos a aprobar hoy, está incorporado el principio de autonomía progresiva? ¿Sabrán los diputados de gobierno que en el proyecto de ley sobre responsabilidad penal a los adolescentes, que algunos quieren adelantar a los doce años, está el principio de autonomía progresiva?
Yo les cuento que en esos proyectos está presente el principio de autonomía progresiva, porque forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de derechos humanos suscrito y ratificado por Chile, que forma parte de nuestra soberanía como país y que, de acuerdo con el artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución, además constituye un límite a la soberanía. Dicho principio es perfectamente armónico con las conclusiones de la comisión asesora presidencial en materia de infancia, que convocó el Presidente Piñera y que nosotros integramos.
Por cierto, también está presente en el proyecto de ley de identidad de género, que fue apoyado por el gobierno del Presidente Piñera y aprobado y ratificado por una gran mayoría de los diputados.
Entonces, colegas -por su intermedio, señora Presidenta-, no se asusten por los mensajes que les llegan por WhatsApp que distorsionan el sentido del principio de autonomía progresiva, en que les dicen que ahora los niños no van a obedecer a los padres o que van a hacer lo que quieran. ¡Eso es falso!
Ese principio, que va a quedar incorporado en la Constitución y que es armónico con toda nuestra legislación y todos los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de infancia guarda plena armonía con el principio constitucional del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¡Por Dios! Esos son dos principios constitucionales que conviven, que se ponderan. Lo que no podemos hacer es legislar con ignorancia o con miedo.
Tengo una excelente relación con las iglesias evangélicas de la Región de Coquimbo, las cuales me plantearon este tema. Les mandé el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto de cómo sistemáticamente nuestra legislación, como la ley de responsabilidad penal, que está vigente, y proyectos como el de acceso a entrevistas videograbadas, que vamos a aprobar hoy, y el de protección de derechos del niño, del Presidente Piñera, reconocen el principio de autonomía progresiva. Y se quedaron tranquilas. Nadie les había informado cómo son las cosas y nadie les había explicado que es un principio reconocido en nuestra legislación nacional e internacional.
¡Por Dios! Hagamos el esfuerzo de leer los proyectos; hagamos el esfuerzo de leer el informe de la Comisión de Constitución, porque constatamos que había mucha ignorancia, muchas fake news, como les gusta a los presidentes Trump y Bolsonaro , y se estaba tergiversando el sentido y el contenido de este proyecto.
Quiero ver a todos los que dicen “los niños primero” cuando voten a favor este proyecto, porque así vamos a estar ratificando lo que dicen todos nuestros tratados internacionales en materia de infancia.
¡Si no somos capaces de reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Constitución, quiere decir que el eslogan “los niños, primero” es mentira!
Por eso, invito a la Sala a que aprobemos este proyecto de reforma constitucional -que tengo el honor de suscribir; agradezco al diputado Raúl Soto por haberme invitado a suscribirlo- no solo por las dos terceras partes de la Cámara, sino por unanimidad, para ver si el eslogan “los niños, primero” es de verdad o es solo una frase para la galería.
He dicho.
El señor FLORES, don Iván (Presidente).-
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
La discusión de este proyecto continuará en una próxima sesión.
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