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La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señora Presidenta, agradezco la deferencia de que me haya otorgado de inmediato el uso de la palabra, por cuanto debo asistir, junto con otros parlamentarios, a la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Finalmente, llegó el día de sincerar nuestras posiciones respecto de este proyecto de reforma constitucional.
Lo primero que quiero señalar es que lo votaré a favor, porque tiene por objeto reducir en forma temporal la dieta parlamentaria en 50 por ciento.
Asimismo, votaré a favor la indicación que propone la revisión y disminución en 50 por ciento de todas nuestras asignaciones, en espera de lo que planteará la entidad técnica encargada de pronunciarse al respecto.
No obstante, suscribí otra indicación para que los alcaldes no sean considerados dentro de la reducción que se propone. Me parece que la complejidad que determina esa reducción tendería a desvirtuar su propósito y provocaría muchos problemas en el ámbito municipal, por la forma en que está estructurada su escala de remuneraciones. Además, no son precisamente los alcaldes los que perciben los sueldos más altos de la administración del Estado. Incluso, algunos se encuentran en el grado 5º o 6º en la escala de remuneraciones del personal municipal.
Por lo tanto, suscribí esa indicación con la convicción de que no se debe incluir a los ediles en la reducción que plantea este proyecto.
Me parece un buen avance la revisión y reducción a la mitad de nuestras asignaciones, lo cual no tiene por qué significar un detrimento para nuestros trabajadores. Ustedes saben perfectamente que el Comité de Asignaciones Parlamentarias permite el traslado de gastos operacionales a la contratación de nuevos funcionarios. Para decirlo con claridad: aquel que no gasta la plata en la bencina puede contratar personal de apoyo. En la práctica, eso se ha traducido en un regimiento de activistas que no sé en cuánto ayudan al proceso de desarrollo legislativo.
Sinceremos las posturas. Aquí hay algunos que no gastan los recursos destinados a gastos operacionales, los traspasan inmediatamente a la contratación de más personas. Por eso, hay parlamentarios que tienen hasta veinte funcionarios, muchos de los cuales incluso han llevado a cabo manifestaciones en las tribunas, situación que a muchos nos ha causado extrañeza.
Por lo tanto, soy partidario de que sea una entidad externa, que no debe estar conformada por exparlamentarios, la que fije tanto nuestra remuneración y asignaciones como la de los altos cargos públicos del país.
Lo reitero: votaré a favor este proyecto de reforma, que propone reducir en 50 por ciento la dieta parlamentaria. Incluso, estoy de acuerdo con lo planteado por el diputado Ignacio Urrutia en cuanto a que debiéramos estar dispuestos a percibir cero pesos durante treinta o sesenta días.
Asimismo, votaré a favor la indicación que excluye a los alcaldes de los alcances de esta iniciativa, porque me parece que su inclusión desvirtuaría absolutamente su sentido.
En consecuencia, esperamos que esto se resuelva hoy en beneficio del Parlamento y del país, en el entendido de que no contaremos con atribuciones de ningún tipo para la fijación de nuestras dietas y asignaciones, porque los recursos que se nos entrega deben estar destinados a mejorar el proceso legislativo, y no a la contratación de verdaderos regimientos de activistas, cuyo objetivo básico es que los diputados para los que trabajan sean reelegidos.
He dicho.
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