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- rdf:value = " El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe manifestó su preocupación respecto a la rebaja dirigida de las remuneraciones para un tipo de funcionarios y autoridades. Agregó que la clave, desde el punto de vista de la transparencia obliga a la imposición de criterios explícitos. Agregó que si se va a establecer por grado de responsabilidad, los subsecretarios, que tienen la responsabilidad penal, civil y administrativa del manejo de patrimonio fiscal, deberían tener una remuneración superior a la del ministro, ya que este último sólo tiene la responsabilidad política.
Se mostró contrario a que un profesional contratado a honorarios perciba un sueldo más alto que una autoridad o jefe de servicio, quien tiene un alto grado de responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Recalcó que para regular las remuneraciones del sector público, deben fijarse criterios claros.
Hizo presente que el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados contempla la reducción de las remuneraciones de los fiscales; los jueces, en toda su escala y de los funcionarios públicos. Afirmó que si se rebaja el sueldo de un Ministro de la Corte Suprema, se deberían ajustar las remuneraciones de los Ministros de las Cortes de Apelaciones. Ello afectará la carrera funcionaria, ya que implicará rebajar las remuneraciones de todos los magistrados. A partir de lo anterior, consultó si es constitucional reducirle el sueldo a alguien que está sujeto a carrera funcionaria.
Añadió que si se quiere circunscribir sólo al Parlamento, no se puede abordar la disminución de la remuneración de legisladores sin estudiar la situación de los funcionarios. Reconoció que estamos ante dos situaciones distintas, ya que los primeros son cargos políticos y los segundos realizan una labor profesional y técnica.
Afirmó que, desde el punto de vista de la transparencia, se deben configurar muy claramente estos criterios. Mostró su preocupación respecto a que el Senado reciba un proyecto, en segundo trámite constitucional, que no contenga una simulación de sus consecuencias en todo el Estado.
Finalmente, aseveró que la iniciativa legal, tal como fue aprobada en la Cámara de Origen, puede provocar un daño irreversible para las empresas públicas, como Codelco, Metro, etcétera.
El Presidente del Banco Central, señor Marcel, señaló que se debe distinguir entre los criterios y los alcances de cobertura de la norma. Dado que lo planteado anteriormente, una de las normas aprobada por la Cámara de Diputados constituye una excepción al artículo 65, número 4 de la Constitución Política de la República. Esta situación debe precisarse muy bien para fijar su alcance con precisión.
Finalmente, agregó que una vez definida dicha cobertura, se deben fijar los criterios que llevan a incluir a las autoridades que se verán afectadas por la presente iniciativa.
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