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- rdf:value = " A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Honorable Senador señor Huenchumilla, quien expresó que tiene dudas de constitucionalidad y de admisibilidad respecto a la iniciativa en discusión. Agregó que lo que está regulado en nuestra Carta Fundamental es la dieta parlamentaria. Sin embargo, sostuvo que las remuneraciones del sector público y el Poder Judicial no se encuentran en la Constitución Política de la República, y son materia de ley. Consultó si es posible mediante una reforma constitucional afectar las remuneraciones de estos últimos.
Se hizo presente que el proyecto de reforma constitucional es innovador en materia de remuneraciones, ya que las únicas que estaban fijadas constitucionalmente correspondían a la de los parlamentarios. Todas las demás materias correspondían al ámbito del legislador y a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Asimismo, se tuvo en cuenta que podría haber eventuales conflictos entre algunas de las disposiciones de esta reforma constitucional y otras normas de nuestra Carta Fundamental, como por ejemplo, lo que dice relación con los derechos de propiedad o derechos laborales. Ello puede dar lugar a algún conflicto entre las mencionadas disposiciones.
Dado lo anterior, se estimó necesario llevar a cabo el debate sobre lo planteado antes de que la Comisión tome una decisión sobre la idea de legislar, con la finalidad de evitar colisión entre normas constitucionales.
A partir de estos antecedentes, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, manifestó que se visualizan dos temas distintos, uno de ellos dice relación con el mecanismo para poder modificar las remuneraciones del sector público, sin afectar, por ejemplo, los contratos que están sujetos al Código del Trabajo, y un segundo, que refiere la posibilidad de que, mediante una moción parlamentaria se puedan modificar las remuneraciones del sector público, particularmente aquellas que se encuentras reguladas en la ley.
Respecto al primer aspecto planteado, la Comisión acordó insistir en lo importante de la presencia del Gobierno en este debate. Asimismo, se acordó escuchar a organizaciones del sector público, al Presidente de la Corte Suprema y a expertos en derecho constitucional y administrativo, con el fin de aclarar las dudas que han ido surgiendo durante el estudio de este proyecto.
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