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La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
Rinde el informe de la Comisión de Educación la diputada Camila Rojas .
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 95ª de la presente legislatura, en jueves 24 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 23.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 116ª de la presente legislatura, en martes 3 de diciembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 6.
La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señorita ROJAS, doña Camila (de pie).-
Señora Presidenta, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Educación, paso a informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el artículo 17 de la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, estableciendo la prohibición de que se informe en los registros o bancos de datos personales sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles (boletín Nº 12415-04-S), iniciado en moción de la senadora Yasna Provoste y de los senadores Latorre , Montes y Quintana .
La idea matriz de la iniciativa consiste en establecer la prohibición de que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
Según se expresa en la moción, durante las últimas décadas, la forma en que los Estados han garantizado el bienestar social ha cambiado: de Estados que proveían los diferentes derechos sociales por medio de servicios públicos se ha transitado hacia la provisión de los mismos por medio de servicios privados. Esta transformación ha implicado una nueva forma de integración social por medio del consumo, mediante el acceso masivo al crédito.
Por otro lado, los mecanismos que tiene el sistema para disciplinar a los consumidores para el pago de estas obligaciones son diversos. Junto a las cobranzas judiciales, extrajudiciales y repactaciones, existe el boletín comercial de Dicom, división de una empresa internacional que se encarga de recopilar la información financiera de las personas para luego venderla a los bancos, empresas y casas comerciales, a fin de indagar en su historia crediticia, evaluando sus condiciones de cara a obtener créditos o alguna otra prestación financiera.
Añade la iniciativa que el boletín comercial contiene información sobre protestos de cheques, letras y pagarés vencidos y deudas generales de las personas y las empresas, dentro de las que se encuentran las deudas por estudiar. Según el último informe Deuda Morosa , publicado por Dicom en el segundo trimestre del 2018, eran más de 4.482.547 los deudores morosos en el país. De ese total, un 4 por ciento se encontraba bajo el acápite “enseñanza”. Es decir, casi 180.000 chilenos y chilenas estaban informados en Dicom por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos.
Destaca el estudio de la Fundación Sol, denominado Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE, en su actualización 2018, que “según los datos entregados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, si consideramos todos los créditos otorgados por la Banca (CAE, Corfo o a través de recursos propios) para financiar la educación superior, se puede observar que mientras en marzo de 2010 se registraban en torno a 270 mil jóvenes endeudados por un monto total de $894 mil millones, en diciembre de 2017 se registran 616 mil jóvenes endeudados por un monto total de $2,62 billones, vale decir, la deuda total se ha triplicado en siete años. Además, se alcanza un peak de 722 mil deudores en septiembre. El CAE explica casi el 90 por ciento de la deuda total”.
El informe ilustra, en su acápite Datos empíricos sobre estudiantes morosos, que según los datos de la Comisión Ingresa, a diciembre del año 2018, había 376.811 personas pagando el CAE en calidad de desertores o egresados de sus carreras universitarias. Para el caso de los estudiantes que desertaron de sus carreras, el 73,6 por ciento se encuentra en calidad de moroso. Lo anterior se explica porque es lógico que una persona que no terminó su carrera universitaria tenga más problemas para pagar su crédito.
En el caso de los egresados que actualmente se encuentran pagando el CAE, se registraba una mora de 30,3 por ciento, lo que equivale a 87.998 personas. La morosidad total del sistema del Crédito con Aval del Estado llega a 40,3 por ciento, involucrando a 151.683 deudores.
El proyecto sostiene que para un estudiante recién egresado, o un desertor, o un padre de familia que no pudo pagar la matrícula escolar, es una pesada carga tener su información comercial con una “mancha” derivada de no haber podido cumplir con sus obligaciones financieras derivadas de una deuda educativa. Ello limita las posibilidades de acceder a créditos de consumo e hipotecarios, entre otros, frustrando en muchos casos la posibilidad de alcanzar un bienestar social en una sociedad neoliberal.
Sin embargo, el boletín comercial de Dicom hoy se encuentra limitado en su contenido por la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, cabe señalar que la ley Nº 19.812, que modificó la citada normativa, surgió de una moción parlamentaria, y realizó cambios a dicho cuerpo legal en orden a prohibir la comunicación en el boletín comercial de las deudas relacionadas con créditos contraídos con el Indap y las “contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas.”.
Tal como se señaló en la tramitación de dicha ley, el legislador entendió que una deuda derivada de un servicio básico como el agua, el teléfono, la electricidad y el gas no podía ser impedimento ni perjudicar a una persona en su boletín comercial. En una sociedad neoliberal, donde las personas se encuentran clasificadas por su capacidad de pago de sus obligaciones, se entendió que había servicios que no podían ser parte de tal información.
Finalmente, la moción reitera su completa convicción de que la educación es un derecho y que el acceso a la educación, en todos sus niveles, debe ser garantizado por el Estado. Las deudas derivadas de la prestación de cualquier servicio educacional, sea este entregado por privados o por el Estado, son expresión de un déficit en dicha garantización y, por tanto, no pueden ser parte de la información o comunicación de los antecedentes comerciales de los chilenos y chilenas, afectando sus posibilidades de desarrollo para alcanzar el bienestar.
Contenido del proyecto aprobado por el Senado
El proyecto aprobado en el Senado incluye entre la información personal protegida, y que consecuentemente los responsables de los registros o bancos de datos no pueden comunicar bajo ninguna circunstancia, todos aquellos antecedentes que digan relación con las deudas contraídas por una persona con instituciones de educación superior en el marco de las normas del Fondo Solidario de Crédito Universitario, ni las deudas adquiridas con bancos o instituciones financieras, de conformidad a la ley que creó el Sistema de Créditos para Estudios Superiores (CAE), o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles.
Asimismo, establece que sus disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a su publicación como ley y que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las citadas obligaciones deben eliminar todos los datos relacionados con estas, en el plazo que señala.
Tramitación en la comisión
En el marco de la discusión general del proyecto de ley, y luego de la exposición de los invitados, se presentaron tres indicaciones, las cuales fueron rechazadas por mayoría de votos. Estas constan en la página 19 del informe de la comisión.
En consecuencia, la comisión no introdujo enmiendas al texto propuesto por el Senado y lo aprobó en los mismos términos.
Constancias reglamentarias
1) No hay disposiciones de rango orgánico constitucional o de quorum calificado.
2) El proyecto de ley aprobado por la comisión no debió ser conocido por la Comisión de Hacienda.
3) El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de votos. Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señora Presidenta, el proyecto de ley en discusión propone sacar de Dicom a los estudiantes endeudados, que han caído en morosidad en el pago del CAE, del crédito Corfo y del crédito solidario, para que puedan regularizar esas deudas y, luego, como los mismos autores han manifestado, poder contraer otro tipo de deudas, como las hipotecarias, etcétera.
Sin embargo, tal como está descrito, el proyecto tiene algunos errores que, a mi entender, son graves, y propusimos corregirlos porque nosotros vamos a votar a favor en general.
El artículo único del proyecto, cuando señala las cuentas que no pueden publicarse en el Dicom, dice lo siguiente: “tampoco las deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a las leyes números 18.591 y 19.287..." -es decir, del crédito solidario y del CAE-, ni aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley N° 20.027, o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción, es decir, los créditos Corfo. Los únicos que faltan son los créditos de las universidades y, por tanto, hemos propuesto una indicación para incluir los créditos de las universidades.
Sin embargo –y aquí viene la principal diferencia que tengo con este proyecto-, después de los créditos Corfo dice: “…ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles;”. Vale decir, si yo tomo un crédito hipotecario y digo que lo usé para financiar educación, eso no puede ser informado a Dicom. Si tomo un crédito de consumo y digo que es para educación, tampoco puede ser informado a Dicom. Sin embargo, puede que no lo haya ocupado, porque la norma no dice cómo se puede garantizar que sea para sí o para terceros un servicio educacional, y tampoco dice qué es un servicio educacional.
Es decir, esta parte del proyecto que pretende solucionar un problema a los estudiantes lo que está haciendo es agravárselos. ¿Y a quiénes se los agrava? Por ejemplo, a aquellos que toman deudas para estudiar un posgrado que no tiene el crédito solidario, que no tiene el CAE y no tiene el crédito Corfo . Es otro crédito distinto.
Entonces, los estudiantes de posgrado, bajo esta lógica, lo que van a recibir es un crédito más caro, porque cualquier tipo de crédito que alguien tome, basta con que diga que era con un fin educacional para que no pueda ser informado. Ese no es el espíritu del proyecto.
El espíritu del proyecto es sacar de Dicom a aquellos estudiantes que estaban endeudados y, por tanto, atrasados en sus pagos o morosos en el CAE, crédito Corfo , crédito solidario y también, como incorporamos en la indicación que propuse, en los créditos de las propias universidades.
Tenemos otra diferencia. Estamos sosteniendo en esta misma indicación que les acabo de mencionar que es para los créditos de pregrado, que es lo que el espíritu del proyecto señala que este hace. Por eso mismo fueron a la comisión las federaciones de estudiantes, las personas que organizan el crédito solidario y otros. Es decir, para sacar del Dicom a aquellos que injustamente pensaron que iban a tener una oportunidad y que, sin embargo, un crédito CAE-Lagos les puso una mochila impagable, y lo que hace este proyecto, entonces, es sacarlos de allí.
Sin embargo, si uno saca de Dicom a esas personas para que puedan contraer otro tipo de deudas y regularizar pero nunca más se puede publicar, ¿cuál sería el incentivo de esas personas de pagar esa deuda? Por eso, hemos puesto un plazo de cinco años.
Ya van tres diferencias que son relevantes y que si no son consideradas, se perjudica a quienes se quiere mejorar.
Entonces, primero, que sea para créditos de pregrado, porque de eso estamos hablando: CAE, crédito Corfo , crédito solidario y también créditos de las propias universidades.
Segundo, que sea por un plazo de cinco años para que esas personas puedan regularizar su situación y a continuación seguir con el pago. Esa es la justificación que nos dijeron los propios estudiantes que fueron a la comisión.
Tercero, sacar la parte que dice: “alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros”, porque, de lo contrario, cualquier deuda puede ser simplemente enunciada que es para ello y, entonces, caer dentro de este articulado, a menos que nos digan que, en el fondo, lo que se pretende es que cualquier deuda que se diga que es para educación no se pueda informar. Me imagino que ese no es el propósito, porque además cuando uno lee de qué se trata el proyecto de ley y cuál es su fondo, el propósito no es ese. Sin embargo, si uno lo deja abierto, cae en aquello.
Por último, el artículo transitorio -y en esto es cierto que uno tiene que ser un poco más exigentedice: “Los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones a que se refiere el artículo anterior –el que imposibilita publicar esta informacióndeberán eliminar todos los datos relacionados con éstas,…”.
La indicación nuestra dice: “salvo la institución acreedora”. Es decir, no los puede publicar Dicom , Equifax , el boletín comercial o quien sea, pero no tiene que eliminar de sus propias bases la institución acreedora, porque, de lo contrario, no puede hacer exigible una deuda a alguien si es que tuvo que eliminarlo de su base de datos.
Me han dicho que no es el espíritu de esa norma. Sin embargo, está mal redactada, porque dice “los responsables de los registros”. Por supuesto, una institución que es acreedora de una deuda de alguien tiene que tenerlo en sus registros y tiene que informarlo internamente; no tiene que hacerlo en el Dicom ni en el boletín comercial, pero tiene que informarlo, porque tiene que cobrarlo, y tiene que aplicar su procedimiento de cobro. Pero, por la forma como está señalado en el proyecto, algunos podrían decir que la institución acreedora también tiene que borrar esa información, lo que, por tanto, sería una forma de extinguir la deuda. Si es eso lo que se quiere hacer, es mejor que se diga expresamente.
¿En qué estamos de acuerdo? En que salgan los estudiantes del Dicom, del boletín comercial, que han caído en morosidad por los créditos CAE, solidarios, Corfo y de universidades, pero no queremos que se utilice este proyecto de ley, este articulado, para que algunos tomen otros créditos completamente distintos y digan que son para fines educacionales, para que no puedan ser publicados, o que algunos quieran tomar una deuda de un crédito de posgrado y entonces tengan una tasa muchísimo más alta producto de que esta información no se puede entregar, o que se pretenda extinguir la deuda de los estudiantes porque la institución acreedora también tiene que borrar la información. Digo esto para que durante el debate no se expresen cosas que no son.
Sí, vamos a votar en general a favor este proyecto de ley. Nos parece justo que aquellos estudiantes que cayeron en Dicom producto de un crédito que los “acogotó” puedan salir de allí y tener los beneficios que hoy existen con el crédito nuevo, que implica, por ejemplo, que la tasa no sea del 7 u 8 por ciento, sino del 2 por ciento, y que nadie pague más del 10 por ciento de su sueldo. Para ello, los estudiantes necesitan salir de Dicom y regularizar su situación, y este proyecto es una manera de hacerlo. De esa forma podrán optar a otro tipo de créditos, que es exactamente lo que han reclamado. Su situación actual muchas veces les ha impedido tener un trabajo.
Sin embargo, si el proyecto queda tal como está, va a perjudicar a aquellos estudiantes a los que se quiere proteger. Podría ocurrir –reitero que algunos abusen de la situación y enmascaren su propia deuda contraída con otros fines totalmente distintos, o que se fijen tasas más altas en créditos que no son los que menciona este proyecto de ley, como los de posgrado.
Hemos pedido que haya un segundo informe de la Comisión de Educación con las indicaciones que hemos propuesto. Me gustaría que el resto de los diputados integrantes de la Comisión de Educación también se pudiera abrir a que encontremos una fórmula que permita conseguir el objeto buscado y no perjudicar a aquellos a quienes en este caso se dice que se quiere resguardar.
He dicho.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Claudia Mix .
La señora MIX (doña Claudia) .-
Señora Presidenta, solicito reunión de Comités sin suspensión de la sesión.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-
Muy bien, señorita diputada.
Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza Sandoval .
El señor ESPINOZA.-
Señora Presidenta, este proyecto es tremendamente importante para nuestro país; forma parte de la agenda social que hoy está en las calles de Chile. En cada una de las encuestas que han salido en las últimas semanas tras el estallido social del 18 de octubre están plenamente identificados los principales aspectos que los chilenos están reclamando. Los hemos dicho muchas veces en esta Sala: pensiones, AFP, isapres, abuso de los bancos. También aparecen las deudas por el CAE y las que tienen casi un millón de chilenos con la banca privada por haber financiado mediante créditos sus carreras profesionales.
Ojalá que este proyecto, al igual que el que señaló el diputado Keitel , que favorece a los deportistas, se apruebe hoy.
Según el informe de esta iniciativa, en Chile tenemos más de cuatro millones y medio de compatriotas que son deudores morosos, de los cuales el 4 por ciento aparece como deudor en el acápite de enseñanza, es decir, por haberse educado. Todos sabemos lo que pasó con miles de nuestros estudiantes que tuvieron que recurrir a créditos para educarse cuando no existía la gratuidad en la educación: han tenido que endeudarse con la banca y han debido pagar tres o cuatro veces el valor de su carrera.
Como si eso fuera poco, de ese 4 por ciento de personas endeudadas, están informados en Dicom, por alguna deuda derivada por la prestación de servicios educativos, más de 180.000 compatriotas, quienes viven un calvario pues no tienen la posibilidad de optar a un crédito hipotecario u otro para mejorar su calidad de vida.
A modo de ejemplo, en mi oficina parlamentaria he tenido la visita recurrente –lo encuentro totalmente válidode don Osvaldo Ortúzar , vecino de Llanquihue, quien como padre está desesperado porque su hijo, por estar en el registro de Dicom, no encuentra trabajo en ninguna parte. Y si lo encuentra, como ocurrió en los últimos meses, le dijeron que en un plazo no superior a seis meses tenía que estar fuera de Dicom para poder seguir en su puesto laboral. Ese padre es una de los miles de personas que esperan que este proyecto hoy sea aprobado porque es un avance importante, pues dará al menos un alivio a esas familias.
El colega diputado Bellolio ha señalado varias aprensiones que tiene respecto de la iniciativa, que son válidas, por cierto; estamos en democracia, y podemos discrepar o estar de acuerdo con ellas. Lo importante es que hoy vamos a aprobar en general este proyecto, y lo bueno sería que esas aprensiones, que pueden ser legítimas, sean abordadas con altura de miras y no se transformen en indicaciones que desvirtúen el objetivo central del proyecto, sino que, obviamente, lo mejoren.
Parto de la premisa de que si miles de jóvenes que estudiaron con estos créditos no los pueden pagar, no es, colega Bellolio , porque no los quieran pagar. Muchos de ellos están absolutamente imposibilitados de pagar esa deuda y por eso aparecen condenados en los registros de Dicom. En Chile tenemos miles de ejemplos en diferentes áreas crediticias de que los chilenos, cuando sí tienen la posibilidad de pagar un crédito, lo hacen aunque les cueste muchísimo. El mejor ejemplo se da –lo sabemos quienes representamos distritos ruralesen el Indap, que es un organismo que entrega de forma permanente créditos a los pequeños agricultores para que mejoren su calidad de vida, quienes tienen niveles de morosidad para hacernos sentir orgullosos. Incluso, las mujeres son quienes tienen mayores índices de cumplimiento del pago mensual del crédito.
Por eso, quiero reiterar que se requiere que aprobemos en general este proyecto y que con posterioridad busquemos los consensos necesarios para mejorarlo, porque desvirtuarlo sería como echar pelos a la sopa.
Serán bienvenidas todas las propuestas que vayan en la línea de proteger aún más a las personas que hoy están en Dicom debido a las deudas que han debido contraer para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, pero lo que se debe evitar es la presentación de indicaciones que desnaturalicen un proyecto que es necesario para Chile. Es fundamental que la iniciativa sea aprobada por una amplia mayoría; esa sería una señal importante en ese sentido.
Tal como lo señalé al inicio de mi intervención, en las encuestas elaboradas después del estallido social en relación con las demandas ciudadanas, el CAE figura como un elemento importante, porque se trata de un crédito que agobia no solo al estudiante que debió contraerlo para pagar su carrera, sino a toda su familia: a sus padres, a su pareja e, incluso, a sus hijos. En ese sentido, hay que ser claro: hay personas que terminan de pagar sus créditos CAE o Corfo cuando su primer hijo entra a la universidad. ¡Esa es nuestra realidad!
Se debiera producir un alivio cuando luego de más de una década una persona termina de pagar una deuda como la señalada, pero en muchos casos eso coincide con la entrada de alguno de sus hijos a la universidad. ¡Y para qué les cuento cómo se complica la situación si ese hijo no está dentro del 60 por ciento de vulnerabilidad! Esa persona deberá contraer una nueva deuda para educar a ese hijo o a esa hija. Como se sabe, el arancel anual de una carrera no cuesta menos de 800.000 pesos o 1.000.000 de pesos en cualquier universidad, sin incluir otros gastos asociados. El arancel universitario en Chile tiene el triste récord de ser uno de los más caros del continente.
Por eso, valoro que este proyecto haya sido aprobado en la comisión con el voto favorable de la mayoría de los colegas. Creemos que cuando se establezca la prohibición de que se informen los registros o bancos de datos personales sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles vamos a estar dando un paso importante para generar algo de alivio a esas personas.
Ojalá podamos avanzar en lograr el objetivo de reducir esas deudas bancarias que para muchas personas son una carga muy pesada, y el Estado debe hacer un esfuerzo mayor para conseguirlo. Sé que se trata de cifras millonarias. Algo se puede hacer al respecto, por ejemplo, redestinar muchos recursos del Estado al ámbito educativo.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .
La señorita ROJAS (doña Camila) .-
Señora Presidenta, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para cerrar el debate y proceder a votar hoy este proyecto, con el objeto de que pueda ser despachado con prontitud.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-
Solicito la unanimidad de la Sala para acceder a lo planteado por la diputada Camila Rojas .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Cerrado el debate.
Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor FLORES, don Iván (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
Hago presente a la Sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 117 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor FLORES, don Iván (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita , Durán Espinoza , Jorge , Luck Urban , Karin , Rosas Barrientos , Patricio , Alinco Bustos , René , Durán Salinas , Eduardo , Marzán Pinto , Carolina , Saavedra Chandía , Gastón , Álvarez Ramírez , Sebastián , Eguiguren Correa , Francisco , Matta Aragay , Manuel , Sabag Villalobos , Jorge , Álvarez Vera , Jenny , Espinoza Sandoval , Fidel , Melero Abaroa , Patricio , Sabat Fernández , Marcela , Amar Mancilla , Sandra , Fernández Allende, Maya , Mellado Suazo , Miguel , Saldívar Auger, Raúl , Auth Stewart , Pepe , Flores García, Iván , Mix Jiménez , Claudia , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Baltolu Rasera, Nino , Flores Oporto , Camila , Molina Magofke , Andrés , Santana Castillo, Juan , Barrera Moreno , Boris , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Morales Muñoz , Celso , Santibáñez Novoa , Marisela , Barros Montero , Ramón , Garín González , Renato , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego , Bellolio Avaria , Jaime , Girardi Lavín , Cristina , Mulet Martínez , Jaime , Schilling Rodríguez , Marcelo , Berger Fett , Bernardo , González Gatica , Félix , Muñoz González , Francesca , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Bobadilla Muñoz , Sergio , González Torres , Rodrigo , Naranjo Ortiz , Jaime , Sepúlveda Soto , Alexis , Boric Font , Gabriel , Gutiérrez Gálvez, Hugo , Norambuena Farías, Iván , Silber Romo , Gabriel , Brito Hasbún , Jorge , Hernández Hernández , Javier , Núñez Arancibia , Daniel , Soto Ferrada , Leonardo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Hernando Pérez , Marcela , Núñez Urrutia , Paulina , Soto Mardones, Raúl , Cariola Oliva , Karol , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Tohá González , Jaime , Carter Fernández , Álvaro , Hoffmann Opazo , María José , Olivera De La Fuente , Erika , Torrealba Alvarado , Sebastián , Carvajal Ambiado , Loreto , Ibáñez Cotroneo , Diego , Orsini Pascal , Maite , Torres Jeldes , Víctor , Castillo Muñoz , Natalia , Ilabaca Cerda , Marcos, Ortiz Novoa , José Miguel , Trisotti Martínez , Renzo , Castro Bascuñán , José Miguel , Jackson Drago , Giorgio , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro González, Juan Luis , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Pérez Lahsen , Leopoldo , Urrutia Bonilla , Ignacio , Celis Araya , Ricardo , Jiles Moreno , Pamela , Pérez Olea , Joanna , Urrutia Soto , Osvaldo , Celis Montt , Andrés , Jiménez Fuentes , Tucapel , Pérez Salinas , Catalina , Vallejo Dowling , Camila , Cid Versalovic , Sofía , Jürgensen Rundshagen , Harry , Prieto Lorca , Pablo , Verdessi Belemmi , Daniel , Coloma Álamos, Juan Antonio , Keitel Bianchi , Sebastián , Ramírez Diez , Guillermo , Vidal Rojas , Pablo , Crispi Serrano , Miguel , Kuschel Silva , Carlos , Rey Martínez, Hugo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Lavín León , Joaquín , Rocafull López , Luis , Walker Prieto , Matías , Del Real Mihovilovic , Catalina , Longton Herrera , Andrés , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , Desbordes Jiménez , Mario , Lorenzini Basso , Pablo , Romero Sáez , Leonidas , Yeomans Araya , Gael , Díaz Díaz, Marcelo
El señor FLORES, don Iván (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Educación para su discusión particular.
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