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El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, ya se ha dado la discusión general de este proyecto.
Como Presidente de la Comisión , hago presente que estuvimos analizando esta iniciativa, la cual, de acuerdo a todos los antecedentes que nos entregaban constitucionalistas y abogados administrativistas, no estaba bien planteada. Hay una buena intención desde el punto de vista de entender que tenemos que dar una señal de austeridad y aun de colaboración a la sociedad, producto especialmente de la pandemia, de la crisis social.
Quiero también ser muy riguroso.
El proyecto llegó en diciembre pasado a la Comisión de Constitución, cuando era Presidente el Senador Felipe Harboe . Se vio en la Sala en general en ese mismo mes. Se le dio celeridad en marzo de este año, cuando me tocó asumir esa Presidencia . Hemos hecho las sesiones necesarias y contado con la concurrencia de personas que conocen de esta materia y que realizaron aportes críticamente al respecto.
Quiero agradecer al equipo de la Secretaría porque se han recogido distintas opiniones, distintos elementos para llegar a una solución definitiva.
Algunos parlamentarios preguntan por qué no se incluyó a tal o cual persona, a tal o cual institución. Nosotros vimos el punto dos lunes atrás. El Ejecutivo planteó una indicación, que tuvo que retirar después, pues no se hacía cargo del fondo del asunto. En esto tiene que haber un procedimiento. Así como criticamos que los montos son altos, no podemos establecer un criterio mediante el cual sea el Parlamento el que fije una cifra, porque en tal caso uno puede jugar hacia arriba o hacia abajo.
La Comisión estableció que un órgano permanente se hará cargo de fijar las remuneraciones en cada período. No podría ser el Presidente de la República , porque sería una situación muy equívoca. Si fuera él quien determinara los sueldos al Poder Judicial , al Poder Legislativo, a distintas autoridades, sería una decisión cesarista, pues se arrogaría toda la facultad para sancionar o premiar a distintos sectores.
Tiene que haber otro órgano.
Como señalamos -y en este país hay un buen consenso-, el Banco Central fija las políticas monetarias sobre la base de una serie de elementos. Ello le permite tener las finanzas ordenadas y una independencia de las políticas públicas al respecto. Nosotros hemos planteado lo mismo para este otro órgano.
Entonces, la primera medida es crear un órgano permanente de alto estándar, compuesto por un ex Contralor, un ex Consejero del Banco Central, un ex Director del Servicio Civil . Dicha entidad va a regular y podrá tener una visión global.
Pero seamos claros. Entiendo que la población esté en desacuerdo con nuestras remuneraciones, las que, por un conjunto de normas, se fueron incrementando. ¿Pero qué pasa con los Ministros de Estado, que tienen la misma remuneración? ¿Qué ocurre con los intendentes, con los gobernadores, con los asesores en algunos Ministerios, quienes, sin ningún concurso, ganan cifras tremendas?
Hemos fijado ahí el ámbito de aplicación: Presidente de la República , ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores (los futuros delegados presidenciales y gobernadores regionales), obviamente los parlamentarios y el conjunto de personas que están a honorarios en esas instituciones. Así no tendremos el caso paradójico de que un asesor del Ministerio del Interior, con cuarto medio, pueda ganar más que el Ministro , más que otra autoridad. Entonces, hemos fijado bien el ámbito de aplicación.
También se pregunta por qué algunas instituciones sí y otras no. Estudiamos el caso del Poder Judicial , lo cual requiere una discusión, una reforma, una serie de transformaciones. Pero existe ahí una carrera funcionaria, que nosotros hemos comprendido. Conversamos no solo con el Presidente de la Corte Suprema , sino con un conjunto de directivos de los magistrados. Entendemos que ese tema debe tener un tratamiento aparte, por la carrera funcionaria que ahí opera.
Por otro lado, el proyecto, tal como venía de la Cámara de Diputados -y en este sentido es buena la reflexión del mundo periodístico, académico y de quienes siguen este debate-, implicaba que más de doce mil y tantas personas verían afectadas sus remuneraciones, gente que hoy trabaja en la salud o en servicios que no poseen ninguna relación.
El debate debe enfocarse en hacer una contribución, en dar una señal ética, para decir que no corresponde que haya altas remuneraciones, principalmente en un momento de crisis. Pero se requiere tener una visión respecto de un conjunto de sistemas que permita avanzar en esa línea.
En cuanto a las referencias que se han hecho acerca de tales o cuales contratos, hay que agregar el hecho de que, en algunos casos, la Administración del Estado contrata funcionarios a través del Código del Trabajo.
Nosotros propusimos incluir especialmente a ciertos paneles de expertos: en mercado de valores, en la Fiscalía Nacional Económica, en lo relativo a normas eléctricas. Existe una serie de instituciones en las cuales se regula esta materia. Y en algunas de ellas también hay contratos de trabajo. Por tanto, hay que tener ojo con esa vinculación.
Pero lo importante es que, a través de la creación de este ente, tendremos claramente un plazo y una visión global.
Con relación al período de transición hasta la formación de dicho órgano, se pregunta cómo hacerlo. El proyecto es claro y preciso: en treinta días -¡treinta días!- desde aprobada la ley se rebajará la dieta a los altos cargos, que son los parlamentarios, ministros y subsecretarios. Serán sesenta días para el resto de la Administración, a fin de dar una señal clara. Y esa disminución no la fijaremos nosotros, sino la Alta Dirección Pública.
Me parece que la iniciativa ha avanzado hacia el fondo del asunto de la equidad.
Otro mensaje claro y preciso, señora Presidenta , es nuestra solicitud de que los fondos que se ahorren por este concepto -no nos corresponde presentar indicación sobre ello, pero es una voluntad unánime- deben ser destinados a fines sociales, principalmente al área de la salud.
Al ahorrar en algún órgano del Estado, como pueden ser el Parlamento, las gobernaciones o tal o cual ministerio, esos recursos debieran ir a un fondo común. Nosotros creemos que es importante cuantificar la cantidad que ahorraremos. Debe haber una contribución solidaria de todo el mundo, pero principalmente de quienes tenemos una mejor remuneración. Lo importante es que dicho monto, cuantificado, vaya a un fin determinado, que signifique un reforzamiento en remuneraciones de salud, en equipamiento, en lugar de diluirse en gastos ordinarios que podrían destinarse a otros aspectos. El objetivo es que lo que se ahorre acá ingrese específicamente al concepto señalado.
Voy a votar a favor. Me parece que el proyecto avanza en zanjar una discusión. Es un mensaje de equidad, de igualdad.
Otro elemento que también me parece importante es que este tipo de regulaciones genera otras iniciativas.
Hay un debate relevante en el ámbito privado que está pendiente.
Hace una semana -y tenemos las cifras acá, en algunos documentos- conocimos las altas remuneraciones de directorios de empresas, por ejemplo, de las AFP, quienes administran los recursos previsionales de todos los trabajadores de Chile. Esos directores ganan cifras millonarias, ¡millonarias!
Les pido que, por favor, revisen lo que ocurre en el ámbito privado en materia de ingresos.
Este país debe avanzar en austeridad, en sobriedad. Hay que entender que, en tiempos de crisis, sobre todo cuando se avecina una crisis sanitaria, social y económica para los próximos meses, todos, absolutamente todos, debemos contribuir. En primer lugar el Parlamento, para dar una señal.
Por eso vamos a votar a favor. Al menos como bancada Socialista, hace tiempo hemos planteado esta medida, con nuestros Senadores, con nuestro partido y con nuestros dirigentes. Pero también debe ser una señal para el país.
La diferencia -esto es lo importante- entre el sueldo básico y la remuneración más alta de las autoridades debe establecer un rango razonable. Es bueno dar una señal en este sentido también.
Voto a favor, señora Presidenta .
Vuelvo a pedir -no se pudo incluir en el articulado porque no era materia de discusión, pero fue una solicitud unánime- que el ahorro que signifique la disminución de las remuneraciones de estas miles de personas se destine a ayuda social, especialmente en el ámbito económico. Aprovechando la presencia del Ministro Secretario General de la Presidencia -por su intermedio, señora Presidenta -, le solicito que colabore en ese sentido, para generar el compromiso del Gobierno en orden a destinar esos recursos al fin señalado. Es la contribución que hacemos en momentos de crisis al regular de mejor manera las remuneraciones y generar un ahorro.
Además, vamos a avanzar hacia una fórmula definitiva que abarque al conjunto de la Administración.
¿Qué ocurrirá con el Poder Legislativo, con las Fuerzas Armadas, con los alcaldes, con las empresas del Estado? Se abre el debate y será el momento de discutir el asunto con transparencia, sin mitos; pero, sobre todo, dando señales concretas.
Nosotros debemos ser los primeros en contribuir.
Voto a favor, señora Presidenta .
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