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El señor COLOMA.-
Señora Presidenta , me gustaría poder hablar el mismo tiempo asignado al Senador De Urresti, o sea, unos diez minutos, lo que está bien, porque estas materias relevantes lo ameritan.
Valoro lo que hizo la Comisión. Considero que, dadas las circunstancias que ha habido, existían pocas alternativas. Con todo, la propuesta me parece razonable. Deseo al menos manifestar esa opinión.
Sin perjuicio de ello, siento un deber de conciencia plantear lo equivocado que fue el debate en general.
Lo primero es señalar un dato histórico. En una de las pocas cosas en las que hubo acuerdo, tanto en la Constitución vigente como en todas las modificaciones posteriores, fue en el artículo 62, que establece: "Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.".
Antes no era así. Los sueldos se fijaban por vía de la ley, lo que generaba dos problemas insolubles: por un lado, había excesos en los pagos, lo que causaba la indignación ciudadana y, por otro, existían rebajas en las rentas, que provocaba un desincentivo a la acción pública para quienes, por sí mismos, no tuvieran recursos suficientes para ello.
Lo anterior se resolvió de buena manera. Me parece que lo establecido actualmente en la norma constitucional es correcto, y se hace extensible, en general, a la Administración Pública.
A mi juicio, el debate debió haberse orientado justamente hacia esa estructura. ¿Están bien o están mal los sueldos que se pagan en la Administración Pública? Pero se planteó en función de un solo cargo. Y eso es lo que produce distorsiones, las que -insisto- son de dos tipos: unas generan diferencias enojosas por la vía de la ley y otras, desincentivo.
Señora Presidenta , al no existir el criterio actual en otros momentos de la historia, porque entonces no había cargos ministeriales, se generaron sobresueldos.
En el año 2003 una de las materias más complejas de enfrentar -usted se acordará; yo lo recuerdo- fue cómo regular un incentivo correcto para que a la Administración Pública llegara gente con buena preparación y no hubiera una forma indebida de generar dicha remuneración. Esa situación se corrigió con un sinceramiento de toda la Administración Pública.
Bueno, eso es lo que hoy está cambiando.
Me cuesta asumir y entender la lógica de establecer una especie de castigo para un sector de la Administración Pública, el que se relaciona quizás con los cargos que tienen una orientación política, y que se deje de lado al resto de los órganos públicos, señalando que ellos están en el sentido correcto.
Señora Presidenta , no puedo comprender cómo llegamos a esa lógica.
Aunque uno está ya en una situación más de despedida de los cargos de esta naturaleza, quiero reflexionar respecto a cuál es la señal que les estamos dando a quienes se van a dedicar a las funciones públicas, sean en cargos parlamentarios o ministeriales, de cualquier sector político. Es como decirles: "Miren, esto es tan ilegítimo o de tan baja ralea que, aunque hagan lo mismo que otros, tendrán una remuneración inferior. Esta función está cargada de una cierta ilegitimidad".
A mí, por lo menos, eso me genera un rechazo. No considero que aquí exista una ilegitimidad. La inmensa mayoría, al igual que en cualquier otra institución, pone un gran esfuerzo en hacer las cosas de buena manera.
Y, con todo respeto, quiero señalar que no entiendo la diferencia cuando se dice que hay un tema de carrera funcionaria respecto de otras instituciones. Y ponen el ejemplo del Poder Judicial . Yo no tengo nada contra el Poder Judicial y creo que es bueno que los jueces perciban buenas remuneraciones. Pero, por favor, un porcentaje de los miembros de la Corte Suprema no son de carrera funcionaria. Se eligen, a proposición del Presidente de la República , personas ajenas -¡ajenas!- al servicio. Y pueden ser abogados con buena reputación o con una buena actividad profesional.
Entonces, no me convence ese argumento.
Considero que aquí estamos cayendo -por el ánimo, probablemente, a que nos llevaron las redes sociales o algunos aires que decían que ellos definen lo bueno o lo malo- casi en una situación muy enojosa. Pero no siento que estemos dando un paso positivo.
Al contrario, pienso que esto al final lo vamos a lamentar como sociedad, no en lo particular, sino como señal de hacia dónde queremos conducir la Administración Pública.
¿Por qué un Ministro de Estado , en función de la enmienda propuesta, va a recibir una remuneración muy inferior a la de un miembro de cualquier administración de una empresa del Estado?
Va a haber dos categorías: "¿Usted quiere ser director de una empresa del Estado o miembro de otros Poderes que no sean políticos? Entonces va a tener una remuneración A. Pero si usted, por vocación, por ideas o porque se somete a la elección de las personas, que es harto difícil, quiere ser legislador, entonces va a obtener un menos tanto".
No entiendo la comprensión final.
Yo hubiera encontrado razonable una discusión más de fondo: "¿Sabe qué más? Toda la Administración Pública requiere un aplanamiento (ahora que estamos hablando de meseta), un cambio distinto". Y esto lo habría entendido como reflexión. Pero no comprendo este ánimo de decir "es ilegítimo, es indebido, es sospechoso que te expongas a una elección y que puedas ganar, porque anda tú a saber lo que estás buscando". O "es sospechoso ser Presidente de la República o Ministro de Estado ". Es una lógica, una reflexión, una construcción con la que al final no sé exactamente qué gana Chile.
Además, es otro menoscabo en materia impositiva. Curiosamente, quienes pagan impuestos de tasa mayor pertenecen a este mismo sector.
Y respecto de la exclusividad, a diferencia de muchos países del resto del mundo, aquí la función parlamentaria es excluyente; también, la ministerial. Si desempeñas estas funciones, no puedes hacer otra cosa. En casi todas las otras naciones puedes desarrollar cualquier otra actividad; tienes que declarar la eventual incompatibilidad.
Entonces, señora Presidenta , aquí se instaló una idea y lamentablemente estamos al final de un camino. Creo que la Comisión hizo lo que pudo, dado el escenario, pero no siento que aquí se esté construyendo una mejor democracia, una mejor valoración de lo público; no siento que aquí estemos dando un paso tan positivo como se plantea.
He dicho.
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