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El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta , ¿qué hay detrás de este debate y de este proyecto de reforma constitucional? Creo que tras esto se halla la constatación, como un hecho público y notorio, de que en Chile tenemos una profunda desigualdad. Así lo dicen los organismos internacionales y así lo percibe también la gente, porque detrás del estallido social del 18 de octubre hay un reclamo de la ciudadanía por terminar con esta sociedad injusta y desigual.
Esta discusión, pues, se enmarca dentro de ello.
Cuando en la Comisión de Constitución nos hicimos cargo de este proyecto, que venía de la Cámara de Diputados, constatamos -lo saben todos los Senadores- que respondía más bien a un impulso, muy legítimo, que necesariamente había que aterrizar para hacer las cosas bien. Porque uno debe escuchar la voz de la gente, pero nuestra obligación como Senadores es efectuar las cosas de la mejor manera posible, responsablemente y fijando los márgenes de aquello que podemos realizar o no.
Entonces, nos encontramos ante la disyuntiva de atacar simplemente a toda la Administración del Estado, tomar lo que venía de la Cámara Baja y decir "bueno, okay, 50 por ciento, y vamos con ese porcentaje", y lo despachamos en un minuto; o de asumir nuestra obligación de analizar los efectos que esto va a producir en los distintos sectores de la Administración del Estado, para los cuales viene dirigido este proyecto de reforma constitucional.
Nosotros optamos por distinguir para luego adoptar una decisión.
Efectivamente, con el Poder Judicial el tema no es tan simple como para señalar: "Los ministros ganan tanto"; "Hay abogados prestigiosos que entran a este Poder desde fuera". Al contrario, ello se enmarca dentro del gran esfuerzo que ha hecho nuestro país por modernizar ese sector.
Se ha modernizado en materia procesal penal; en lo relativo al Ministerio Público; en lo tocante a los tribunales de familia y a los tribunales del trabajo. Ahora vienen los tribunales civiles. Entonces, después de todo el trabajo que se ha hecho por años, ¿nosotros en un par de sesiones vamos a decir "las remuneraciones simplemente las rebajamos", sin entrar a un estudio profundo acerca de cuáles son los efectos que eso va a producir en el proceso de modernización del Estado?
A nosotros nos pareció responsable plantear que ello debe ser motivo de otra discusión, de otro liderazgo, que en este caso le corresponde al Presidente de la República , el cual debe estimar si esto tiene que ir o no en aquella dirección.
Pensamos en las Fuerzas Armadas, señora Presidenta .
Los grandes conflictos que hemos tenido en el siglo XX están iluminados -por así decirlo- por las dificultades que hubo con respecto a las remuneraciones de ese sector. Así ocurrió en 1924, en 1969 y después.
Entonces, ¿responsablemente vamos a decir simplemente que aquí rebajamos un 50 por ciento las remuneraciones de todas las Fuerzas Armadas, sin saber realmente cuáles son los efectos que esto produce, sin un estudio acabado, sin un diálogo con todos los actores vinculados? No lo encontramos conveniente.
Por ejemplo, con relación a las empresas del Estado.
Existe un orden público económico establecido en la Constitución del 80, en virtud del cual todo va al mercado; esta es una sociedad regida por el mercado, donde también se encuentran las empresas estatales. De modo que no se puede entrar a regular solamente la remuneración de los directores de las empresas del Estado, sino que se debe definir si en el mercado van a estar aquellas empresas, esto es, cambiar el orden público económico.
Bueno, detrás de eso se halla la discusión de una nueva Constitución, en que tendremos que ver qué podrá hacer el Estado, cuáles van a ser sus límites, etcétera.
Por consiguiente, no es tan sencillo el tema.
Con respecto al sector privado, ya discutimos el punto en la reforma tributaria, donde otros parlamentarios y el Senador que habla sostuvimos que los ricos de este país no pagan impuestos personales, no pagan el impuesto global complementario, pues sacan sus platas mediante sociedades de inversión: el 1 por ciento más rico, el 10 por ciento más rico.
Señora Presidenta , en la reforma tributaria hicimos el ridículo, porque el Gobierno se ufanaba de tener en régimen 2 mil millones de dólares, y en un par de meses, por la crisis, está hablando ya de gastar 12 mil millones de dólares.
Esa reforma tributaria quedó en el pasado; no sirvió para nada. Y los más ricos no están pagando los impuestos.
Frente a ello optamos por dedicarnos a resolver el problema del sector político. Dijimos: "Aceptemos que el mundo político debe asumir esta responsabilidad". Y lo dividimos en dos partes: los electos por votación popular y aquellos de confianza del Presidente de la República . ¡Así lo hicimos! ¡Así lo consensuamos! De tal manera que este proyecto se refiere al mundo político en sus dos partes: los electos y los de designación del Presidente de la República .
El resto de la Administración del Estado tendrá que esperar un debate cuya iniciativa y liderazgo le corresponden, por los aspectos técnicos y efectos políticos que genera, al Presidente de la República y no al Parlamento. Y, por supuesto, estaremos llanos a conversar y a discutir de manera seria y racional todo lo que tenga que ver con las remuneraciones no tanto de la Administración del Estado, sino también del sector privado y de todos aquellos sectores a los cuales me he referido.
Termino, señora Presidenta , diciendo que durante el período de transición también tuvimos que tomar una decisión: o nos íbamos con un guarismo o buscábamos un mecanismo distinto. Pero esto no es un póker, en que yo digo "50" y respondo con "40". No puede ser un "tincómetro", en que primero se me ocurre 50 y luego se me ocurre 40. Hagamos las cosas bien.
Entonces, decidimos que un organismo de alto nivel, compuesto por profesionales de reconocido prestigio, con experiencia, objetivamente, desde fuera del mundo político nos dijera: "Pensamos que de acuerdo a la Administración del Estado, a los elementos técnicos, a elementos internacionales de comparación, la remuneración del sector político debe ser esto". Pero, además, dijimos que esa remuneración debe ir a la baja de lo que actualmente existe.
Hemos tratado de hacer las cosas bien, en función de lo que el país necesita, de la situación actual. Pero esto se inserta dentro de un proceso, que viene en el presente y en el futuro, respecto del Chile que queremos para combatir la desigualdad.
Por tanto, me alegro de que en la Comisión de Constitución, con ese estudio serio, hayamos llegado a este consenso. Y me alegro también de que las señoras y los señores Senadores hayan comprendido cabalmente el espíritu que nos guió al hacer este proyecto de reforma constitucional.
Y, naturalmente por eso, señora Presidenta , voy a votar a favor.
Muchas gracias.
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