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El señor DURANA.-
Señora Presidenta , finalmente, hoy nos corresponde votar en particular esta materia que ha provocado tanto daño en la imagen y percepción ciudadana del trabajo parlamentario.
Es necesario reflexionar sobre el origen de este proyecto de ley. Se trataba de rebajar, de manera demagógica, el monto de las dietas de los parlamentarios, y para ello no se escatimaron esfuerzos en fijar altos porcentajes de rebaja, alejados de todo criterio técnico y solo en base a cifras o guarismos que pudiesen causar impacto en la opinión pública. Y como este era el sentido del proyecto, los culpables o sujetos de sospecha -o sea, nosotros, los parlamentarios- debíamos rebajar las dietas, de forma inmediata e incluso, en criterio de algunos, retroactiva.
En el debate de la norma han surgido algunos aspectos del servicio público sobre los cuales también es necesario reflexionar. No es sano para nuestra democracia que el Poder Legislativo sea permanentemente atacado y cuestionado en su institucionalidad. Los parlamentarios, Senadores y Diputados, los de antes, los de ahora y los futuros, con independencia de su sector político, merecemos respeto y una actitud contraria socava uno de los cimientos de nuestra democracia.
Hoy se crea un consejo para fijar las dietas parlamentarias, el cual es ajeno al Poder Legislativo. Cabría preguntar cuánto afectará este mecanismo a la independencia del Poder Legislativo y por qué quienes hemos sido elegidos democráticamente debemos suponer que nuestros actos o resoluciones no son realizados de forma transparente y de cara a la ciudadanía.
Es lamentable que, en el marco de esta ley, no se haya considerado a todas las autoridades de los tres Poderes del Estado.
Anuncio mi voto favorable a este proyecto, pero es importante señalar que durante el período de indicaciones he planteado que la rebaja de dietas y remuneraciones debería considerar a todas las autoridades de los Poderes Ejecutivo , Legislativo y Judicial, así como de los organismos públicos que cuentan con autonomía o de entidades y empresas públicas en las cuales el Estado tenga participación.
Asimismo, en el sector público de nuestro país, centralizado o descentralizado, nadie puede ganar más que el Presidente de la República , pues debe existir una relación entre el ingreso de la máxima autoridad del Estado y el ingreso mínimo mensual.
Hoy se busca, claro está, dar una señal política, pero al mismo tiempo se generan y develan situaciones que deben corregirse, tal como es la existencia de muchos funcionarios públicos que, bajo el pretexto de ser "funcionarios de carrera" o interpretándose que su nombramiento está exento de todo criterio político, parecen estar fuera de una vocación de servicio público o adquieren una dimensión de injustificada superioridad.
Hoy, como Congreso de la República, estamos dando una señal de austeridad y eso es adecuado, sobre todo considerando los tiempos que vivimos, pero también debemos preguntarnos: ¿cómo es posible que, en este mismo Parlamento, existan varios funcionarios con ingresos superiores al del propio Presidente de la República ? ¿Cómo puede ser austero un Estado en que el Presidente de Codelco gana más de cincuenta millones de pesos mensuales y el Director Ejecutivo de Televisión Nacional más del doble que el Presidente de la República , sin perjuicio de los elevados sueldos de los miembros de los directorios de estas entidades?
Esta situación nos debiera llevar a preguntarnos por qué este esfuerzo de austeridad no alcanza a todos y cada uno de los funcionarios que perciben platas públicas, bajo un solo criterio: Nadie en el sector público, centralizado o descentralizado, debe ganar más que el Presidente de la República . Y ello debe ser un principio general, sin excepciones.
Es inaceptable sostener que una alta remuneración garantiza la independencia y la imparcialidad de la función pública, como lo han sostenido miembros del Poder Judicial a través de declaraciones consignadas en distintos medios de comunicación. Se debe rescatar la vocación del funcionario público y su disposición a trabajar por el bien común, independientemente de las condiciones económicas que su cargo conlleve.
Manifiesto mi aprobación, Presidenta, a este proyecto de ley en su fase particular, con la esperanza de que, como Poder Legislativo, seamos capaces de generar una norma de real austeridad y que finalmente ella se aplique a los tres Poderes del Estado, como a los organismos públicos centralizados, descentralizados, o a las entidades y empresas en las que tenga participación el Estado de Chile.
Voto a favor, Presidenta
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