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- rdf:value = " El Honorable Diputado señor Boric hizo notar que la primera Moción que dio origen a este proyecto planteaba un monto que estaba ligado a una determinada cantidad de sueldos mínimos. Sin embargo, en el curso de la discusión se arribó a la convicción de que esa no era la mejor solución, pues generaba una especie de incentivo perverso, definido por el hecho de que en la medida de que el salario mínimo subía, también lo hacía el de los parlamentarios, incrementando la brecha nominal.
En cuanto a las críticas que se han planteado sobre la inclusión de otros funcionarios públicos, señaló concordar con ellas. De hecho, resaltó que la propuesta original afectaba sólo a los parlamentarios y que las enmiendas que incluyeron a una mayor cantidad de servidores públicos tenían como objeto entrampar el proyecto y dificultar su aprobación. Reiteró, por tanto, su coincidencia con el espectro acotado de funcionarios que se ha refrendado, a saber, aquellos que tienen cargos políticos y o son de confianza exclusiva del Presidente de la República.
A continuación, respondió algunas de las argumentaciones que se han vertido en este debate, que consideró falsas o hipócritas.
En primer lugar, se refirió a la afirmación del Diputado señor Walker en la cual saludó el acuerdo unánime y republicano del Senado, porque olvida inexplicablemente que el texto del artículo transitorio despachado por la Cámara de Diputados –que promovía una rebaja inmediata de un 50% de las rentas- contó con el voto favorable de 150 diputados. Entonces, estimó incomprensible que sólo se reconozca el consenso en una de las Cámaras.
En seguida, sostuvo que no ha cambiado su posición en cuanto a que en el fondo de esta discusión se plantea un problema de clase, toda vez que tiene la convicción de que si personas que pertenecen a una misma clase social adoptan decisiones de estas características se produce una tendencia natural a resistir la renuncia algunos de los privilegios de los que gozan. Así, la dieta que perciben los parlamentarios constituye un privilegio injusto, tanto a nivel comparado como en su relación con la realidad salarial nacional. Insistió en que personas que poseen condiciones materiales parecidas a las de los parlamentarios pensarán también de una manera similar, si no se establecen criterios que determinen que la rebaja sea significativa.
Luego, juzgó como una hipocresía que se indique que los promotores de esta iniciativa habrían cambiado inexplicablemente su posición en esta instancia, toda vez que aún posee la convicción de que la rebaja en la dieta debería ser, en una primera instancia, de un 50%. Sin embargo, lo que se ha postulado en el contexto de la Comisión Mixta es la proposición de alternativas para alcanzar un acuerdo. Por ello, se sugirió disponer un mínimo de rebaja para el Consejo de Alta Dirección Pública, que incluso podría ser mayor.
Sin embargo, dado que no existe consenso para sancionar esa propuesta, lo que en los hechos se hará es traspasar la responsabilidad de esa fijación a un ente externo para que, si finalmente la reducción resulta simbólica, se culpe a ese organismo, a pesar de que los parlamentarios han tenido la posibilidad de instituir un criterio que fomente una rebaja sustantiva. En definitiva, se intenta promover un cambio que finalmente no modificará de forma relevante la situación actual, desligándose de esa responsabilidad.
A su juicio, la alusión a supuestos argumentos técnicos involucrados en la decisión lo que en realidad pretende es esconder el problema político que se presenta a partir de la tremenda desproporción que existe entre el sueldo de los parlamentarios y la realidad nacional. Sostuvo, en ese entendido, que formalizará tres propuestas para arribar a un acuerdo en esta instancia. Sin embargo, adelantó que es probable que no sean acogidas, por cuanto se ha instalado la idea de desentenderse de un problema político evidente para toda la ciudadanía, pero que no es tenido en cuenta por la mayoría de los parlamentarios, particularmente en un contexto en el cual gran parte de las familias están sufriendo restricciones económicas graves.
En consecuencia, si el Consejo de Alta Dirección Pública determina que la reducción sea de un 10% o un 20%, la ciudadanía lo considerará una burla. Por tal motivo, quienes voten en contra de las propuestas que planteará serán responsables de ese engaño.
"
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