PREVENCIÓN Y SANCIÓN PENAL DEL ABUSO PATRIMONIAL EN CONTRA DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10522-18, 11866-18 Y 12759-07, REFUNDIDOS)
PREVENCIÓN Y SANCIÓN PENAL DEL ABUSO PATRIMONIAL EN CONTRA DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10522-18, 11866-18 Y 12759-07, REFUNDIDOS) El señor PAULSEN (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad. Diputada informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación es la señora Érika Olivera . Antecedentes: Mociones: -Boletín N° 10522-18, sesión 121ª de la legislatura 363ª, en martes 19 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 13. -Boletín N° 11866-18, sesión 43ª de la legislatura 366ª, en miércoles 4 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 2 -Boletín N° 12759-078, sesión 50ª de la legislatura 367ª, en martes 9 de julio de 2019. Documentos de la Cuenta N° 2. -Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, sesión 21ª de la presente legislatura, en martes 12 de mayo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 22. El señor PAULSEN (Presidente).- En reemplazo de la diputada Érika Olivera , rinde el informe el diputado Esteban Velásquez . El señor VELÁSQUEZ, don Esteban (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en las siguientes mociones: primera, de las diputadas Paulina Núñez y Marcela Sabat , de los diputados Gonzalo Fuenzalida , Leopoldo Pérez y Alejandro Santana , y de los entonces diputados señora Karla Rubilar y señores Daniel Farcas , Cristián Monckeberg , David Sandoval y Germán Verdugo ; segunda, de la diputada Carolina Marzán , y tercera, de las diputadas Natalia Castillo , Francesca Muñoz , Érika Olivera y Ximena Ossandón , y de los diputados Andrés Longton , Miguel Mellado y Luis Rocafull . La idea matriz de este proyecto es definir el abuso patrimonial contra los adultos mayores, identificando las principales conductas a través de las cuales se comete dicho abuso y estableciendo una pena para tales hechos. La comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas Sandra Amar , Claudia Mix y Erika Olivera , y los diputados Boris Barrera (Presidente), Cosme Mellado , Leonidas Romero y Jorge Sabag . El proyecto en informe no tiene normas de quorum especial. Antecedentes y fundamentos de los proyectos refundidos Dada la directa vinculación entre los tres proyectos refundidos, me referiré brevemente a los fundamentos de cada uno de ellos. Los autores del proyecto plasmado en el boletín N° 10522-18 señalan que anualmente se registran miles de ardides y fraudes que tienen como víctimas a adultos mayores, que redundan en millones de dólares en pérdidas para ellos y sus familias. En ocasiones, la magnitud de estas defraudaciones es tal que ha significado la pérdida de los ahorros de toda una vida o, incluso, del inmueble en el que proyectaban pasar sus últimos años de vida. Agregan que los ingresos mensuales de los adultos mayores, así como otros bienes de su patrimonio, suelen ser objeto de estafa u otro engaño por parte de sujetos inescrupulosos, muchas veces integrantes del grupo familiar o con alguna situación de poder respecto de la víctima. En efecto, los adultos mayores suelen ser blanco favorito de estafadores y delincuentes que, aprovechándose en algunos casos de la disminución de la memoria y de las capacidades visuales, auditivas y de movilidad de estas personas, no vacilan en engañarlos con miras a obtener de ello un beneficio pecuniario ilícito. Por su parte, la autora de la moción contenida en el boletín N° 11866-18 afirma que en Chile la situación de los adultos mayores es compleja y sin precedentes, pues el número de adultos mayores ha ido aumentando en forma exponencial. Según el Servicio Nacional de Adultos Mayores (Senama), el maltrato a los adultos mayores puede definirse como “cualquier acción u omisión que produce daño y que vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos como persona. Puede realizarse de manera intencionada, como también puede ocurrir por desconocimiento de manera no intencionada”. El maltrato constituye una violación de los derechos humanos y una causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación. Si bien en la actualidad ha habido un avance en acciones que apuntan a la protección de los derechos humanos de las personas mayores, igualmente existe una serie de conductas que vienen a poner en riesgo la calidad de vida de estas. Se trata específicamente de acciones de privación, maltrato o abuso económico, financiero y patrimonial. En tal virtud, se hace necesario introducir una modificación a la ley N° 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, con el objeto de asegurar con mayor eficacia que se sancione efectivamente como actos de violencia intrafamiliar las acciones constitutivas de abuso patrimonial o económico en contra de los adultos mayores. Por último, los autores del proyecto contenido en el boletín N° 12759-07 se refieren a los problemas que enfrentan los adultos mayores de nuestro país, específicamente en cuanto al resguardo de sus derechos y, particularmente, del patrimonio que han podido construir luego de una larga vida de trabajo y sacrificios, y que en esta etapa de su vida es el principal sustento para muchos. Constantemente se registran miles de fraudes, estafas y otras formas de abuso patrimonial que tienen como víctimas a un adulto mayor y, de manera indirecta, a sus familias. Generalmente, la magnitud de estas defraudaciones es tal que han significado la pérdida de los ahorros de toda la vida e, incluso, del inmueble en el que proyectaban pasar sus últimos años de vida. Este conjunto de defraudaciones se agrupan bajo el concepto de abuso financiero o patrimonial, utilizado por otras legislaciones a nivel comparado. Se considera que hay abuso financiero contra un adulto mayor cuando alguien, directamente o colaborando con otro, toma, se apropia, obtiene o retiene la propiedad real o personal de dicho adulto mayor para hacer uso indebido de ella, o con la intención de defraudar, o bien ambos fines. Durante la discusión particular se presentó una indicación sustitutiva de los tres proyectos aludidos, aprobada por unanimidad, cuyo alcance puede resumirse en los siguientes términos: Mediante una reforma a la ley de violencia intrafamiliar se estableció una definición de abuso patrimonial que combinara una descripción genérica, considerando las formas de realizar las conductas abusivas, como retener, apropiarse, etcétera, pero sin indicar supuestos específicos de realización de la conducta, dado que el abuso patrimonial puede darse a través de un sinnúmero de modalidades, dependiendo de la naturaleza de los bienes que conforman el patrimonio -bien mueble o inmueble-, del contexto de vulnerabilidad de la víctima, etcétera. Además, se pone énfasis en que este tipo de abuso patrimonial constituye un incumplimiento de los deberes de cuidado que tenga una determinada persona respecto de otra persona adulto mayor, discapacitado o con algún tipo de dependencia. Esos deberes de cuidado pueden tener origen en un vínculo familiar o contractual, en una orden judicial o en la ley. La figura del abuso patrimonial dentro de la ley de violencia intrafamiliar dará al juez de familia competencia para decretar medidas de protección a fin de cautelar al adulto mayor o persona con discapacidad que sea víctima de alguna conducta constitutiva del abuso patrimonial. El juez podrá decretar, por ejemplo, el alejamiento de la persona que abuse, o algún tipo de protección respecto de los bienes. En cuanto a la modificación del Código Penal, la primera es al artículo 470, sancionando la suscripción de mandatos para el cobro de pensiones u otro ingreso periódico o de cualquier otro título cuya celebración menoscabe el patrimonio de la víctima y esta fuese una persona mayor de 60 años o con discapacidad. En este caso se ajustó la redacción contenida en la moción respectiva, sustituyendo el concepto “adulto mayor desvalido” por “persona mayor de 60 años o con discapacidad”, con la finalidad de readecuar los vocablos a los conceptos que ya utiliza el Código Penal. También se modifica el artículo 489 del citado código, que enuncia los casos de exención de responsabilidad criminal, quedando sujeto únicamente a responsabilidad civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren. Su inciso final prescribe que tal exención no es aplicable en las situaciones que especifica, y a este respecto se agrega una nueva excepción que es cuando la víctima tenga discapacidad o tenga una relación de dependencia con el imputado. A diferencia de la moción respectiva, que especificaba la discapacidad física y mental, en la indicación sustitutiva se optó por hacer referencia a la discapacidad en términos generales. Por último, respecto de la modificación al artículo 175 del Código Procesal Penal, la indicación sustitutiva acogió una observación plateada en torno a la moción original en cuanto a que los sujetos obligados a hacer la denuncia deben ser personas naturales que se encuentren en cargos de responsabilidad o de representación legal de las respectivas instituciones. Por las consideraciones expuestas, la comisión recomienda a la Sala aprobar este proyecto de ley. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jorge Sabag . El señor SABAG (vía telemática).- Señor Presidente, valoro y felicito a la diputada Érika Olivera y a los demás autores de este proyecto que sanciona penalmente el abuso patrimonial contra los adultos mayores, situación muy dolorosa que se da con mucha frecuencia y que afecta a personas vulnerables, como son los adultos mayores y las personas con discapacidad, puesto que están en una situación de dependencia de otros, ya sea para cobrar sus pensiones o para suscribir ciertos documentos, como escrituras públicas, y muchas veces son engañados para suscribirlos. Este proyecto también es muy pertinente hoy, dado que, a raíz de la emergencia sanitaria, la autoridad ha decretado que los adultos mayores de 75 años de edad no puedan siquiera salir a la calle, por lo que no pueden cobrar sus pensiones ni comprar. En consecuencia, necesitan el apoyo de terceros, ya sean familiares o personas cercanas, que realicen esas diligencias por ellos. El proyecto sanciona penalmente el abuso patrimonial contra un adulto mayor y modifica la ley de violencia intrafamiliar para considerar el abuso patrimonial como un ilícito de violencia intrafamiliar, ya sea contra un adulto mayor o una persona con discapacidad. Este proyecto fue tramitado en la Comisión de Desarrollo Social, de la cual somos miembros con las diputadas Érika Olivera y Joanna Pérez y otros diputados. En dicha instancia aprobamos de forma unánime esta iniciativa, que define y sanciona penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad, y obliga a ciertas autoridades a denunciar este tipo de actos, como el notario o la persona que tenga a cargo… El señor PAULSEN (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Érika Olivera . La señora OLIVERA (doña Érika) [vía telemática].- Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio agradezco al diputado Esteban Velásquez por rendir el informe de la comisión. A mediados del año pasado presenté un proyecto de ley cuyo objeto era prevenir y sancionar el abuso patrimonial del que son víctimas adultos mayores y personas con discapacidad. Estoy segura de que todos conocemos algún caso en el que un familiar u otra persona cercana a un adulto mayor o a una persona con discapacidad se aprovechó de ella y de su situación de vulnerabilidad para obtener algún tipo de ilegítimo beneficio económico. En esta ocasión quiero mencionarles un caso, por el cual también nació este proyecto. Ana y Sergio eran una pareja de adultos mayores que vivían en el sector El Belloto, comuna de Quilpué. Luego de sufrir un accidente doméstico, Ana, de 93 años, debió ser intervenida quirúrgicamente y ser mantenida en un recinto hospitalario para su recuperación. En el entretanto y sin el conocimiento de la familia, Sergio , confiando en una de sus vecinas, otorgó un mandato general a ella con la intención de facilitar el cobro de su pensión y de otros ahorros que él tenía en el banco. Tras poco tiempo, la señora Ana falleció, y cuando la familia debió cubrir los gastos médicos y funerarios, entre otros, se encontró con la sorpresa de que todos los ahorros que tanto Sergio como Ana habían guardado para este tipo de eventualidad habían sido retirados del banco, su departamento había sido entregado en arriendo y, posteriormente, vendido, todo esto por la vecina a quien se le confirió el mandato. No hubo mucho que hacer. Toda gestión judicial con el fin de protegerlos fue tardía, principalmente por el posterior fallecimiento de ambos y la lentitud del sistema judicial. El abuso patrimonial contra los adultos mayores y personas con discapacidad es una dramática realidad, y los mecanismos que actualmente tenemos en nuestra legislación son insuficientes. Así, contada la historia, parece evidente la facilidad que tienen determinadas personas para engañar a los más vulnerables, a través de abusar de los vínculos de confianza y la apropiación de los bienes que con mucho esfuerzo han logrado tener para una vejez digna. Precisamente, ese elemento de confianza hace difícil detectar ese tipo de conductas abusivas. Por ello, siempre la fiscalización, la denuncia y el proceso judicial llegan tarde, cuando los bienes ya no están en el patrimonio de los afectados, quienes, generalmente, no tienen los recursos necesarios para solventar un proceso judicial en el tiempo. Por ello, este proyecto de ley ha sido enfocado directamente a mejorar los mecanismos de detección de ese tipo de abusos patrimoniales en contra de adultos mayores y de personas con discapacidad mediante adaptar a nuestra realidad jurídica nacional un mecanismo de denuncia que ya existe en otros países, en los cuales las instituciones que administran recursos, bienes o dineros de adultos mayores o personas con discapacidad, tales como los bancos, las financieras, las AFP, las cooperativas y las compañías de seguros, tienen la obligación de denunciar… El señor PAULSEN (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Raúl Leiva . El señor LEIVA (vía telemática).- Señor Presidente, este proyecto de ley nos parece un avance para la protección de los adultos mayores, puesto que propone el establecimiento de una figura agravada para aquellos que se aprovecharen de adultos mayores o de personas que tienen algún grado de discapacidad, en desmedro de su patrimonio, situación que todos hemos visto. Durante mi período como alcalde pude constatar que a la municipalidad que encabezaba llegaban muchos reclamos por contratos simulados de compraventa, donde un heredero o alguna persona que tenía a su cuidado a un adulto mayor llevaba a cabo el desvío de recursos, pensiones o la administración de algún tipo de recursos en instituciones bancarias, así como también de algunas propiedades. Nos parece que este proyecto va en la línea correcta, ya que propone una adecuada protección de los adultos mayores y de las personas con discapacidad al agravar la comisión de ese tipo de delitos en su contra, mediante el establecimiento de penas mayores, que permitan disuadir y sancionar de manera adecuada el abuso patrimonial, penas que en cierta medida se equiparan con las que se disponen en el caso del delito de violencia intrafamiliar. En consecuencia, la iniciativa nos parece un avance, razón por la que la bancada del Partido Socialista la votará a favor. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Carolina Marzán , por el tiempo asignado a la bancada del PPD. La señora MARZÁN (doña Carolina) [vía telemática].- Señor Presidente, este es uno de los primeros proyectos que presenté cuando recién asumí como diputada. Me alegra mucho que vea la luz, sobre todo porque busca proteger a un grupo etario que es profundamente vulnerable. Debemos reconocer siempre que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometido a discriminación, fundados en la edad o en algún tipo de violencia, provienen de la dignidad y de la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. Toda persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación en las esferas económicas, sociales, culturales y políticas de las sociedades. En particular, la situación de los adultos y adultas mayores en Chile es muy compleja, porque nos encontramos frente a una situación sin precedentes, dado que la cantidad de adultos mayores va aumentando de manera exponencial. Sin ir más lejos, según estudios del Banco Mundial, hacia 2050 el 24 por ciento de la población estará conformado por personas mayores, dato que además muestra que la participación poblacional del grupo de adultos mayores en Chile era de 4 por ciento en 1950, que llegó a 10 por ciento en 1915, que alcanzaría el 24 por ciento en 2050, y que para el 2100 será de 33 por ciento. Eso deja de manera manifiesta y evidente que la injerencia en este grupo etario es cada vez mayor, por lo que urge una modernización legislativa en este orden y la consagración de determinados derechos que contribuyan a un mejor envejecimiento, con dignidad, garantías y protección. Este maltrato puede ocurrir en el medio familiar, comunitario o institucional, y adoptar una diversidad de formas. No es exclusivo de las personas mayores con situación económica vulnerable, sino que se presenta de manera transversal en todas las esferas sociales, en las esferas económicas, étnicas y geográficas. En la actualidad se lo reconoce como un asunto de salud pública y de derechos humanos, lo que implica que la visión que se tiene de él, la forma en que se analiza y la manera en que se aborda deben estar relacionadas con esas dos perspectivas. Por lo tanto, es de suma importancia aprobar este proyecto en aras de modificar varios cuerpos normativos para consagrar el abuso patrimonial contra adultos mayores. Además, es muy importante que se haya integrado a personas en situación de discapacidad al refundir los proyectos, porque representan grupos de relegación sobre los cuales urge generar hipótesis de protección bajo lógicas disuasivas, para que potenciales agresores no incurran en esas conductas en su contra. Espero que aprobemos este proyecto y que aportemos hacia un ambiente de mayor justicia en favor de todos y todas aquellas personas que pertenecen a estos grupos, mayores y discapacitados, que históricamente han sido relegadas en nuestra sociedad. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Karol Cariola . La señora CARIOLA (doña Karol) [vía telemática].- Señor Presidente, primero quiero saludar a las autoras de este proyecto de ley tan importante, que viene a complementar otras medidas que se han ido adoptando para evitar los abusos contra las personas mayores, que, lamentablemente, se dan tanto en el ámbito intrafamiliar como fuera de él. Quiero recordar que hace algún tiempo -soy autora también de ese proyectoestablecimos que la violencia contra las personas mayores debía ser denunciada no solo por la víctima, en este caso por los afectados, sino también por terceros. En el fondo, lo determinamos como una acción penal pública. Lo mismo hicimos respecto de las personas con discapacidad. La propuesta que plantea este proyecto de ley, que es muy importante, consiste básicamente en equiparar dentro de la ley de violencia intrafamiliar el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad. Nosotros creemos que las personas mayores ya sufren demasiadas situaciones de violencia y están extremadamente expuestas a soportar distintos tipos de abusos, sobre todo en el ámbito patrimonial, donde a veces el esfuerzo de toda la vida queda en manos de personas inescrupulosas, muchas veces, incluso, familiares, y a veces sus propios hijos. Pensamos que es una decisión acertada poner sobre la mesa el maltrato patrimonial, ya que, muchas veces, lo único que tienen las personas mayores que llegan a edades avanzadas es el patrimonio que han acumulado a lo largo de su vida; no son patrimonios exacerbados, sino una casa, un lugar donde vivir que les entregue seguridad. Nosotros sí estamos convencidos -así lo planteamos durante la discusión de la reforma tributariade que muchas de esas familias o personas mayores que tienen una casa no tienen las condiciones para poder pagar las contribuciones, pero ese patrimonio es demasiado importante para su desarrollo cotidiano. En ese sentido, creemos que el proyecto es un avance, ya que conceptualiza en forma adecuada el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad, equiparándolo a la violencia intrafamiliar, como ya lo dije. Además, hace que los parientes más cercanos, los convivientes civiles y los cónyuges, sean responsables de los delitos de hurto y defraudación, cuando la víctima es alguien de la tercera edad o personas con discapacidad. Asimismo, la iniciativa establece la obligación de las entidades financieras de denunciar posibles delitos que se comentan contra esas personas, cuando se detecten anomalías en las transacciones y operaciones realizadas a través de esas instituciones. Digo esto, porque me parece importante que la responsabilidad de generar la denuncia no recaiga únicamente en la persona que está siendo abusada. Por eso, lo comparaba con la determinación de la acción penal pública, en el caso de la violencia que se puede generar contra personas altamente vulnerables. No obstante, hago presente que en el artículo 470 del Código Penal se crea una agravante respecto de una situación ya sancionada, como es la apropiación indebida mediante la suscripción de mandatos. La nueva norma sube la pena en el caso de que esta infracción sea cometida en contra de un adulto mayor o una persona con discapacidad; además, establece una pena privativa de libertad, que va desde tres años y un día a cinco años. En el caso de que la conducta sea cometida por familiares o por una persona que tenga a su cuidado al adulto mayor, el proyecto propone aplicar el máximo de la pena señalada. Nos parece que es importante considerar la proporcionalidad de la pena o la necesidad de crear esta agravante, por cuanto esa pena es la que corresponde a delitos como malversación de caudales públicos, ciertas situaciones de aborto o el abandono de menores, entre otros. Esa sería la única observación que podríamos hacer; sin embargo, estamos de acuerdo con el avance de este proyecto, por cuanto creemos que es una gran iniciativa. Saludamos a las diputadas Carolina Marzán y Érika Olivera , quienes han impulsado este proyecto de ley. No tengo dudas sobre el tremendo compromiso que tienen ambas diputadas, en especial… El señor PAULSEN (Presidente).- Ha concluido su tiempo, diputada Cariola . Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Gustavo Sanhueza . El señor SANHUEZA (vía telemática).- Señor Presidente, indudablemente, este es un proyecto que nuestros adultos mayores requerían con urgencia. Cada cierto tiempo vemos en los medios de comunicación y en diferentes espacios que nuestros adultos mayores denuncian este tipo de abusos, y normalmente los familiares denuncian lo que sucede con sus seres queridos. La ley estaba al debe en este sentido. Represento a la Región de Ñuble, que es la segunda región con mayor porcentaje de adultos mayores en el país, y obviamente este es un tema muy sensible para nosotros, sobre todo porque tenemos mucha ruralidad dentro del espectro de nuestros adultos mayores, lo que los pone en una situación de desventaja respecto de ciertos abusos, que ocurren incluso en la entrada de algunas cajas pagadoras, donde se genera un ambiente propicio para abusar de nuestros adultos mayores. El proyecto contiene una clave muy importante: incluir a las diferentes cajas pagadoras dentro del proyecto de ley, para que asuman responsabilidad y tengan la obligación de denunciar. Porque, al final, todos hacen oídos sordos de un rumor que está siempre presente, pero como que todos saben, pero nadie toma la iniciativa de actuar. El texto de la iniciativa obliga a las personas responsables de esos centros a hacer la denuncia. Por eso, es tremendamente importante ampliar el grado de responsabilidad. En ese sentido, el proyecto toma un buen camino, así que me parece que con esto vamos a ayudar un poco a evitar que sigan existiendo abusos contra nuestros adultos mayores. Entiendo que esta iniciativa importa un cambio cultural, un cambio de mentalidad, y nos invita a retomar el respeto hacia nuestros adultos mayores, aunque ese es un camino más largo. A través de este proyecto de ley debemos ser capaces de defenderlos, por lo cual, como diputado de la Región de Ñuble, estoy disponible para aprobar esta iniciativa, que contribuye en algo a evitar el maltrato que sufren muchos de nuestros adultos mayores. Por lo tanto, desde ya anuncio mi voto a favor. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por dos minutos, la diputada Ximena Ossandón . La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].- Señor Presidente, lo que estamos legislando hoy es muy bueno, porque todos tenemos experiencia en esta materia. Los fraudes que afectan a los adultos mayores son pan de todos los días, porque personas se aprovechan de su condición. Como dice el informe del proyecto, algunos se aprovechan de la pérdida parcial de la memoria o de la capacidad auditiva, visual, etcétera. A mí esto me da muchísima rabia, y hoy lo vemos nuevamente con ocasión de la pandemia. ¡Cuántas personas se han aprovechado de los adultos mayores, diciendo que les van a desinfectar sus casas! Otros les piden los informes con la excusa de que les van a hacer llegar cajas de alimentos. Yo recibo quejas todos los días; realmente es una vergüenza dada la situación que estamos viviendo. No puedo dejar de mencionar que hay instituciones que me dan vergüenza -no están contenidas en este proyecto-, porque también vemos cómo se aprovechan, por ejemplo, al cobrarles comisiones desmedidas. Muchas veces les ofrecen todo tipo de créditos, los llaman por teléfono todo el día, están detrás de ellos, porque saben que tienen algún inmueble o algo a lo cual echarle mano el día de mañana, en caso de que ellos mueran o no puedan pagar. Señor Presidente, claramente eso es legal, pero siento que no es ético. Me gusta que este proyecto defina que este abuso financiero es de violencia intrafamiliar, porque claramente lo es. Lamentablemente, debemos legislar al respecto, porque nuestra sociedad no ha dado el ancho en esta materia. Por otro lado, me alegro de que la diputada Érika Olivera me haya invitado a ser parte de este proyecto. Creo que va en la dirección correcta, y que todavía queda mucho trabajo por hacer en este sentido. En este minuto, en Puente Alto hay colas gigantes de adultos mayores para cobrar su pensión. Tenemos que ver cómo solucionar esos problemas, que también constituyen maltrato contra nuestros adultos mayores. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Mario Venegas Cárdenas . El señor VENEGAS (vía telemática).- Señor Presidente, saludo a los colegas con el afecto de siempre. Felicito a las autoras de este proyecto y considero de absoluto sentido común su aprobación con el mayor entusiasmo, pues a lo largo de los años me he encontrado con innumerables casos como los que quiere combatir este proyecto de ley. Intervengo en esta ocasión especialmente para, aprovechando estas circunstancias, hacer un llamado a ocuparnos de un problema específico. Recientemente, las autoridades sanitarias han dispuesto, con carácter obligatorio, que los mayores de 75 años de edad deben permanecer en cuarentena y no salir de sus domicilios, pero, lamentablemente, hay un porcentaje, del que no tengo el número exacto, que no tiene redes de apoyo. ¿Cómo van a resolver sus problemas fundamentales, como ir a pagarse o adquirir sus remedios o sus alimentos? Aquí hay un problema que debe abordarse. Lo traigo a colación, porque algunos dicen que se soluciona con un poder, no obstante que una de las causas que habitualmente permite el abuso es la entrega de esos poderes, como nos comentaba la diputada Olivera cuando hacía referencia a ese caso trágico. De manera que quiero aprovechar esta circunstancia para hacer un llamado, muy especialmente a los municipios, para que se implementen programas que permitan hacerse cargo de esos adultos mayores de 75 años que no tienen redes ni familiares de ninguna naturaleza, para que no tengan que transgredir la norma o la disposición… El señor PAULSEN (Presidente).- Ha concluido su tiempo, diputado Venegas . Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet . El señor MULET.- Señor Presidente, en la bancada de la Federación Regionalista Verde Social creemos que este es un muy buen proyecto y que va en el sentido correcto. Además, recoge varias mociones que fueron presentadas por diversos parlamentarios. A nuestro juicio, es muy importante entender la conducta que se señala en el artículo 1, en cuanto a que el abuso patrimonial será constitutivo de violencia intrafamiliar, entendido como todo acto de apropiarse, distraer, retener, limitar o restringir los derechos de carácter patrimonial de un adulto mayor o persona con discapacidad o dependencia. Como han dicho los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, es un tema habitual, más habitual de lo que nosotros quisiéramos. El abuso con el adulto mayor, con quien sufre discapacidad o dependencia es una conducta deshonrosa y muy grave. Desgraciadamente -reiteroes muy común, y en nuestro trabajo parlamentario hemos visto, una y otra vez, a adultos mayores que denuncian la entrega de algún bien raíz de su propiedad a un familiar o a otra persona a través de una autorización firmada. Los adultos mayores o las personas con discapacidad o dependencia muchas veces están atrapados en relaciones de dependencia que se generan, como la violencia. Por eso, está muy bien que se agregue como violencia intrafamiliar aquellas situaciones descritas en el artículo 1 del proyecto. También es muy relevante la modificación que se hace al artículo 489 del Código Penal, que indica las personas que están exentas de responsabilidad criminal y sujetos solamente a la civil respecto de los delitos de hurtos, defraudaciones y daños. En el inciso final original se señala que esta exención no será aplicable cuando la víctima sea una persona mayor de sesenta años, a lo cual se agrega ahora la frase “ni cuando la víctima tenga discapacidad o dependencia respecto del imputado”. De manera que en todos esos casos va existir el delito de hurto o defraudación. Si bien son situaciones muy específicas, van a permitir sancionar muchos abusos cometidos en contra de personas mayores o con dependencia que hoy, desgraciadamente, ocurren cada vez con mayor frecuencia, poniendo fin a conductas tan deshonrosas, tan bajas. También es valiosa la incorporación al artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, que indica quiénes están obligados a denunciar, de una letra f) para agregar a los representantes legales, los gerentes de entidades donde se tramitan pensiones o fondos, cooperativas de créditos y cajas de compensaciones y otras, que es donde ocurre este tipo de situaciones dolosas. Los tres puntos del proyecto de ley son muy importantes y van en el sentido correcto de proteger o brindar algún grado de seguridad superior al adulto mayor, al discapacitado o a la persona con dependencia. Desgraciadamente, hay que recurrir al derecho penal para evitar conductas que uno quisiera que no ocurrieran nunca, sobre todo con personas tan débiles. Esa debilidad es la que atrae a los sinvergüenzas a cometer la conducta ilícita y abusar de esas personas. La bancada Regionalista Verde Social va a aprobar este proyecto de ley. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Claudia Mix , de manera telemática. La señora MIX (doña Claudia) [vía telemática].- Señor Presidente, no podía dejar de intervenir en la discusión de este proyecto, tal como lo hice en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Aprovecho de saludar a la autora del proyecto, tan importante en el contexto de hoy. Hace un par de días, alguien podría creer que este proyecto no es atingente, pero sí lo es, por la sencilla razón de que -aprovecho de agradecer al Ejecutivo hacerse parte de este proyecto al ingresar algunas indicacionesincluye a aquellas entidades financieras que para los adultos mayores son de confianza, como las cajas de compensación. Lamentablemente, ha quedado demostrado, por diversas denuncias, que estas entidades, que les generan confianza a los adultos mayores, obtienen ganancias importantes a través de préstamos y se han cometido abusos que no han tenido límites hasta ahora. Este proyecto es muy importante también por el momento que vivimos, porque las familias están endeudadas. Hay estudios que se realizan desde hace un año que demuestran que las familias tienen un endeudamiento que supera el 70 por ciento de sus ingresos. Hoy, cuando a las familias no les queda otra que reventar todas las posibilidades para subsistir, la presencia de un adulto mayor en la casa da la posibilidad de acceder a un préstamo en esas cajas de compensación. Entonces, sí es atingente discutirlo en estos momentos, por el efecto que va a tener en la vida del adulto mayor, cuyas pensiones se ven afectadas por descuentos que no les permiten, por ejemplo, comprar todos sus remedios. Todos sabemos lo que le pasa al adulto mayor que vive con poco dinero. En nombre del partido Comunes, damos nuestro apoyo a este proyecto, porque es atingente con el momento que vivimos, ya que es importante proteger a los adultos mayores, que son la población más empobrecida de nuestro país. Por supuesto, me parece significativo que también se incorpore a quienes sufren alguna discapacidad o dependencia. Por lo tanto, entregamos nuestro total apoyo a este proyecto de ley, tal como lo dijimos en la Comisión de Desarrollo Social. Ojalá avance al Senado y sea pronto ley de la república. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez . El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).- Señor Presidente, en primer lugar, felicito a la autora y a los autores de este proyecto, así como a los integrantes de la comisión. Existen verdaderos carteles que buscan ancianos, -lo digo con autoridad, porque como abogado tuve que defender a uno de ellos en un caso-; hay personas inescrupulosas, que actúan como verdaderos delincuentes, que apadrinan clubes de adultos mayores, a los que llevan tortas y regalos hasta que encuentran a la persona precisa, que generalmente vive sola o depende de alguien, buscan los antecedentes de la propiedad y encuentran la fórmula para vender la casa, de lo cual solo se entera el adulto mayor cuando lo están desalojando por orden de un tribunal de justicia. Este proyecto coloca una alerta en las instituciones financieras, pero estoy consciente de que la obligación de denunciar este tipo de hechos también debiera incluir a los auxiliares de la justicia, como los notarios y los conservadores de Bienes Raíces, por lo que estoy estudiando la manera de presentar una indicación que permita incluirlos. Muchas veces llegan a las notarías ciertas personas a hacer una declaración y basta con ello para que se realice una compraventa protocolizada que llega al Conservador de Bienes Raíces. Vamos a incorporar esa indicación con la finalidad de que los adultos mayores no sean abusados por sus propios familiares o por terceros, pues, tal como ya señalé, hay carteles que se dedican a buscar adultos mayores que no tienen quien los defienda porque sus hijos no se encuentren con ellos y se producen estas ventas fraudulentas que van en desmedro de los adultos mayores. Anuncio el voto favorable de nuestra bancada. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Andrés Molina . El señor MOLINA (vía telemática).- Señor Presidente, en primer término quiero manifestar mis felicitaciones a las diputadas y diputados autores del proyecto. Se trata de una iniciativa que nos une y da cuenta de que sí tenemos la posibilidad cierta de ir en ayuda de un grupo humano que va creciendo incluso más que los demás. Ese grupo humano es objeto de especial preocupación por la gran mayoría de los que integramos el Parlamento. Como los adultos mayores no marchan, no están en las calles, no se manifiestan, no participan de los estallidos sociales, los vamos dejando fuera, a pesar de que son los que más creen en la política, en la democracia y demuestran cada día que son personas que están por dar valor a nuestra actividad. Hay que relevar un par de temas que son importantes. La mayoría de las veces los adultos mayores -también aquellos que tienen alguna discapacidad o dependenciaencuentran en su entorno más cercano el espacio donde se genera el fraude. Por ello, creo que es muy importante la modificación que se introduce al artículo 489 del Código Penal, en cuanto a que no estarán exentos de responsabilidad por hurtos, defraudaciones o daños quienes tengan dependencia con la víctima. Asimismo, relevo el hecho de que los representantes legales, gerentes y/o quienes tengan facultad de representar a instituciones bancarias deban obligatoriamente denunciar los delitos que ocurran en sus dependencias o que afecten a sus clientes cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años o una persona con discapacidad. Quiero que quede claro que desde hoy defraudar a un adulto mayor ya no quedará impune. Hay que decírselo muy claramente a ciertos abogados que están detrás de estos temas. Conozco varios casos en comunas pequeñas en que abogados, aprovechándose de los adultos mayores, terminan utilizando sistemas como el de hijuela pagadora de deudas u otros, los cuales se arrastran desde hace mucho tiempo. Que quede claro que desde hoy en adelante no va a ser tan fácil abusar patrimonialmente de los adultos mayores y de personas con dependencia. Es importante poner en alerta a los notarios y a los conservadores de bienes raíces, de manera de contar con otro espacio para hacer denuncias y evitar abusos patrimoniales. Me alegro de que este abuso económico y patrimonial sea visto como una forma de violencia intrafamiliar. Este grupo de personas, de una manera u otra, busca cariño, compañía, tiempo, pero muchas veces deben dar algo a cambio. Eso lo vemos todos los días. Ellos tienen toda la potestad para entregar lo que quieran, pero no tienen por qué ser sometidos a ningún tipo de defraudación, por lo que es muy importante que ello sea castigado. Felicito a los mocionantes, pues avanzamos en el sentido correcto de ayudar a los adultos mayores, grupo del que formaremos parte algún día. Como no sabemos si quienes integrarán ese segmento padecerán de algún tipo de discapacidad mental o de otro tipo, resulta muy importante armar una estructura que permita dar tranquilidad a ese grupo de la población. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Sandra Amar . La señora AMAR (doña Sandra) [vía telemática].- Señor Presidente, este proyecto lo examinamos en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Al respecto, cabe señalar que el maltrato hacia las personas mayores constituye un problema social que no ha recibido la suficiente atención por nuestra comunidad nacional. El maltrato puede ser físico, psicológico, pero también puede tomar la forma de negligencia o de abuso patrimonial, fenómenos que no solo se pueden manifestar en el ámbito familiar, sino también en las instituciones que tienen a su cargo a adultos mayores. Por ello, es de urgencia que discutamos este proyecto. La mayoría de los casos de abusos en contra de los adultos mayores no son reportados por estos, porque tienen temor y porque existen relaciones afectivas. En efecto, muchas veces esos abusos se dan en el seno de la familia y llevados a cabo por algún pariente. Lamentablemente, nos podemos encontrar con personas que utilizan la pensión o jubilación del adulto mayor, o una parte de ella, para beneficio propio. También hay apropiación de bienes, propiedades o patrimonio en general mediante fraude, engaño o amenazas. Tras ese tipo de maltratos se puede observar cómo la víctima termina desarrollando deterioros evidentes durante su vida. Por lo antes expuesto y con el objeto de asegurar que efectivamente se sancione con mayor eficacia actos de violencia intrafamiliar, acciones constitutivas de abuso patrimonial o económico en contra de adultos mayores, este proyecto propone modificar la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, estableciendo expresamente como acto constitutivo de violencia el abuso patrimonial o económico hacia el adulto mayor. Entre las medidas que incluye el proyecto, destaca la extensión de la definición de violencia intrafamiliar; se incorpora un nuevo inciso final en el artículo 470 del Código Penal y una nueva letra f) en el artículo 175 del Código Procesal Penal, todas modificaciones procesales que apuntan al mismo objetivo, cual es proteger el patrimonio de quienes por tantos años nos protegieron, velar por quienes le entregaron la vida al país y no permitir que en ninguna circunstancia se pueda abusar del estado o condición de una persona. Por todo esto, y junto con felicitar a los autores del proyecto, invito a mis colegas a apoyar la iniciativa, de modo de hacer un gesto hacia nuestros adultos mayores que han entregado su vida a nuestro país y que hoy más que nunca nos necesitan. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Andrés Longton . El señor LONGTON.- Señor Presidente, hoy combatimos un virus mortal, pero también hay otro que lamentablemente tiene cabida en nuestra sociedad: me refiero a la violencia, a los abusos que se cometen en contra de nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. Esta es una materia que había que regular sí o sí. Me parece del todo positivo aprobar un proyecto que sanciona a todas aquellas personas que, abusando de la confianza o de una relación de parentesco, hacen suscribir documentos o derechamente engañan en forma fraudulenta a nuestros adultos mayores o personas con discapacidad para apropiarse de sus bienes inmuebles o muebles, o hacerles suscribir documentos para cobrar sus pensiones, aprovechándose de su vulnerabilidad y atentando contra su dignidad. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Matías Walker . El señor WALKER (vía telemática).- Señor Presidente, quiero felicitar a la autora de uno de los proyectos refundidos, la diputada Carolina Marzán , y también a la diputada Érika Olivera , al diputado Jorge Sabag y a la diputada Joanna Pérez , entre otros, que aprobaron en general el proyecto en la Comisión de Desarrollo Social. Valoro lo señalado por la diputada Karol Cariola . Efectivamente, hace algunos años, en la Comisión de Seguridad Ciudadana incorporamos como sujeto del delito de maltrato a los niños, niñas y adolescentes, a las personas en situación de discapacidad y a los adultos mayores. Además, hicimos homologable la situación de maltrato a las sanciones prescritas por la ley de violencia intrafamiliar, y aprovechamos de aumentar las penas. La presente iniciativa viene a reforzar ese catálogo de delitos contra los adultos mayores, en el entendido de que la situación de abuso patrimonial se adscribe a lo que se entiende por violencia intrafamiliar. Por otra parte, el deber de denuncia debe ampliarse a los ministros de fe, especialmente a los notarios, que hoy solo autorizan la firma, tal como lo hacen en relación con los testamentos. Sería muy importante que pudieran dar testimonio de que existe real voluntad del adulto mayor, por ejemplo, de otorgar el mandato para el cobro de una pensión. Por eso, vamos a votar a favor el proyecto de ley. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal . La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).- Señor Presidente, los datos son duros. En nuestro país, de acuerdo con el último censo, los adultos mayores representan más del 16 por ciento de la población. Estamos hablando de más de 2.800.000 personas. La carencia, la pobreza, la enfermedad y la discapacidad tienen rostro de adulto mayor, y, lamentablemente, en nuestro quehacer normativo siempre hemos tenido la necesidad de dar mayor protección y garantías a los adultos mayores. Quiero recordar que en 2017, junto con el entonces diputado Daniel Farcas y otros colegas, presentamos un proyecto para tipificar el maltrato a adultos mayores. Como dijo el diputado Jaime Mulet , lamentablemente tenemos que llegar a la sanción penal para hacer conciencia de que las políticas públicas en materia de adultos mayores están haciendo agua hace rato. Lo digo, porque efectivamente hay un abuso patrimonial, un abuso en la asistencia y un abuso en las políticas públicas. Muchas veces las organizaciones nos reclaman, y la verdad es que tenemos una realidad distinta. En nuestra Región de Ñuble más del 40 por ciento de la población son adultos mayores. Muchos de ellos -hay que decirlo también con crudezano saben leer ni escribir, y muchas veces son sometidos a abusos para entregar una firma, para delegar poderes, para poder generar algunos contratos abusivos, con cláusulas que seguramente no entendemos ni siquiera las personas que hemos tenido la posibilidad de educarnos. Estoy de acuerdo con el proyecto y felicito a sus autores. Creo que a futuro deberemos tener un ministerio del adulto mayor, que hace… El señor PAULSEN (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Leonidas Romero . El señor ROMERO (vía telemática).- Señor Presidente, agradezco a mi colega Érika Olivera y a quienes se sumaron a respaldar este proyecto necesario, pero quizá tardío. En nuestras regiones y nuestros distritos, todos conocemos el abuso permanente contra los adultos mayores. Nuestro país está envejeciendo. Cada día somos más los viejos que los jóvenes. Por lo tanto, debemos ir en apoyo de los adultos mayores y de sus derechos humanos. Así como hoy para el Sename hay más recursos, más fiscalización y más proyectos de ley, ojalá con el Senama ocurra algo parecido. Hago un llamado a esos delincuentes -hijos, nietos o familiares en generalque roban a los adultos mayores sus pertenencias, sus propiedades, y luego los expulsan a la calle; otros descriteriados, también familiares -voy a usar un término bastante duro-, los van a botar a hogares de ancianos que muchas veces ni siquiera son oficiales o reconocidos por el Estado, para quedarse con sus bienes. También hago un llamado a endurecer las penas, no solamente para los familiares, sino también para las notarías, particularmente para los notarios y sus funcionarios, algunos de los cuales con una facilidad enorme declaran interdictos a los adultos mayores para permitir que sus familiares o amigos se apropien de los bienes y los recursos que les han costado años de sacrificio y trabajo. Es lamentable la realidad que estamos viviendo. Por eso, me alegra este proyecto y felicito a la diputada Érika Olivera y a todos quienes firmaron esta iniciativa, necesaria pero – repitotardía. Conocemos la realidad de muchas familias que han usufructuado, han robado o se han quedado con todos los bienes de adultos mayores, quienes después son abandonados a su suerte. Es tarea de todos evitar que eso siga ocurriendo en nuestro país. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Catalina del Real. La señora DEL REAL (doña Catalina) [vía telemática].- Señor Presidente, primero, quiero agradecer al diputado Leopoldo Pérez , quien también es autor de la moción, porque me cedió sus minutos para intervenir. No hay nada más triste que personas cercanas, incluso familiares, se aprovechen de un adulto mayor o persona con discapacidad. Justamente aquellos que deben protegerlos y cuidarlos, los traicionan, les quitan sus cosas y los engañan. Por supuesto que la gran mayoría de los cuidadores no son así, pero lamentablemente hay inescrupulosos que les quitan sus ingresos, sus pertenencias y su patrimonio, e incluso los destierran de sus propios hogares. Por eso es muy importante que aprobemos este proyecto que se hace cargo del abuso patrimonial contra los adultos mayores y también contra las personas con discapacidad, a quienes incluimos mediante una indicación que propuso la bancada de la discapacidad a la Comisión de Desarrollo Social, indicación que luego fue consensuada por todos los diputados pertenecientes a dicha comisión. Espero que este proyecto sea aprobado por unanimidad. Estoy muy agradecida de todos los proyectos que fueron refundidos para hacer posible el que hoy será sometido a votación. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Paulina Núñez . La señora NÚÑEZ (doña Paulina) [vía telemática].- Señor Presidente, con este proyecto buscamos que el abuso patrimonial contra nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad quede tipificado dentro de la ley de violencia intrafamiliar. Cuántos casos hemos conocido en nuestras regiones y en nuestros distritos de adultos mayores que fueron engañados para que un tercero se quedara con su pensión o para que vendieran su propiedad y perdieran el gran ahorro de toda su vida. Por eso, celebro que este proyecto de ley, del que también soy autora, porque la diputada Érika Olivera me invitó a firmarlo, sea aprobado –no tengo ninguna dudatransversalmente por unanimidad, para que los adultos mayores y las personas con discapacidad se sientan protegidos y resguardados, para que nuestro ordenamiento sancione a aquellos sin escrúpulos que siguen abusando de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, y para que aquellos sepan que sus actos constituyen violencia intrafamiliar. He dicho. El señor PAULSEN (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor PAULSEN (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad. Hago presente a la Sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación. -De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Gastón Saavedra , Juan Santana , Marcelo Schilling , Leonardo Soto , Gonzalo Winter , Alejandro Bernales, Iván Flores , Víctor Torres , María José Hoffmann y Patricio Melero . -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 144 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor PAULSEN (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los diputados señores: Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Alessandri Vergara , Jorge Fernández Allende , Maya Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mix Jiménez , Claudia Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke , Andrés Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris García García, René Manuel Morales Muñoz , Celso Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Garín González , Renato Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo Gutiérrez Gálvez , Hugo Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Retamales , Karim Hertz Cádiz , Carmen Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle , Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Castro González, Juan Luis Keitel Bianchi , Sebastián Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Araya , Ricardo Kort Garriga , Issa Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Crispi Serrano , Miguel Leuquén Uribe , Aracely Ramírez Diez , Guillermo Velásquez Seguel , Pedro Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini Basso , Pablo Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Luck Urban , Karin Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Macaya Danús , Javier Rojas Valderrama , Camila Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya, Gael El señor PAULSEN (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular con la misma votación. Despachado el proyecto al Senado.