ACTAS OFICIALES DE LA COMISION CONSTITUYENTE
SESION 178ª, CELEBRADA EN MARTES 6 DE ENERO DE 1976

Continúa la discusión del voto presentado por el señor Evans, relativo al plan de trabajo de la Comisión.
La Comisión se reúne bajo la presidencia del señor Enrique Ortúzar Escobar, con asistencia de sus miembros, señores Sergio Díez Urzúa, Enrique Evans de la Cuadra, Jaime Guzmán Errázuriz, Gustavo Lorca Rojas, Jorge Ovalle Quiroz y Alejandro Silva Bascuñán. 
Concurre, además, el Ministro de Justicia, señor Miguel Schweitzer.
Actúa de Secretario subrogante, el señor Rafael Larraín Cruz.
El señor ORTUZAR (Presidente) declara, en el nombre de Dios, abierta la sesión.
En seguida, expresa que en esta sesión corresponde ocuparse en el voto presentado por el señor Evans, relativo al plan de trabajo de la Comisión.
El señor SCHWEITZER (Ministro de Justicia) junto con agradecer al señor Evans la gentileza que tuvo al enviarle el voto que presentó a la Comisión, desea formular algunas reflexiones respecto de dos de los aspectos que contiene el referido documento; pero antes, da explicaciones a la Comisión en cuanto a que, contrariando sus propios deseos, no podrá estar presente en el debate por tener que cumplir otros compromisos contraídos con anterioridad.
En seguida, expresa que en el Nº 4 de sus consideraciones personales, el señor Evans estima que, atendido el tiempo transcurrido, “en conciencia, no está cumpliendo adecuadamente sus tareas específicas ni está, por consiguiente, respondiendo a la voluntad del Supremo Gobierno manifestada en el Decreto que creó esta Comisión ni a la confianza que en su modesto aporte pudieran tener sus colegas de labores académicas y de profesión, sus ex alumnos de casi treinta años de cátedra universitaria y quienes le conocen y dispensan su amistad o consideración”. Por ello, en el punto 1) plantea de inmediato “Fijarse un plazo definitivo, que vencerá el 31 de octubre de 1976, para entregar al Gobierno el anteproyecto completo de la Nueva Constitución”. Y en el punto 4) —siendo perfectamente coherente con su proposición— “Señalar a las Subcomisiones que sus informes finales deben ser entregados a más tardar el 31 de marzo de 1976”.
Piensa el señor Ministro que en estos fundamentos se evidencia un exceso de celo, muy loable y muy comprensible, de parte del señor Evans, pero no se condice, exactamente, con el criterio que atribuye a la voluntad del Supremo Gobierno manifestada en el decreto que creó esta Comisión.
Recuerda, a continuación, que en más de una oportunidad ha manifestado a sus antecesores en el cargo, los señores Prieto y Musante, que estaban en desacuerdo con la fijación de un plazo para realizar estas tareas. Generalmente, en los decretos que crearon las diferentes comisiones de estudio se fijaba el plazo de un año para el cumplimiento del cometido de cada uno de estos organismos. Insiste en haber expresado su rotundo rechazo a tal idea porque, en la elaboración de reformas sustanciales de la legislación positiva, en textos como los códigos fundamentales, códigos básicos de la legislación mayor, esto es, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Civil y, en muchísimo mayor grado, en la Constitución Política del Estado, una tarea de esa naturaleza y de esa trascendencia nacional, que es una labor académica y científica, no es posible, en su opinión, fijar plazo a hombres que están trabajando en la forma como lo hacen todos los miembros de la Comisión Constituyente y los integrantes, de las distintas Subcomisiones, quienes sacrifican su propia actividad profesional, que están restando horas al descanso, y más que eso, al propio trabajo ordinario a que están abocados día tras día para lograr su propia subsistencia. No es posible pedirles que cumplan una tarea de esta naturaleza, que para poder materializarse en un plazo predeterminado, debería ser hecha de otro modo, en otras condiciones, en un trabajo que sería de tiempo completo, con dedicación exclusiva a la tarea de que se trata. Y aun así, le parecería antinómico con la labor científica constreñir el trabajo por realizar a un plazo determinado. Esa no es ni puede ser una labor científicamente adecuada.
A lo anterior hay que añadir, por otra parte, —y ya lo manifestó en el seno de esta misma Comisión cuando se trató el proyecto sobre el Consejo de Estado— que el propósito del Gobierno era el de recoger en estas Actas Constitucionales, precisamente, el trabajo que esta Comisión esta realizando con entusiasmo y con el rigor científico que todos le reconocen. Agrega que en distintas oportunidades el Supremo Gobierno ha manifestado, públicamente, su reconocimiento y su aplauso por ello; y el fruto de la labor de este organismo es lo que se está recogiendo en las Actas Constitucionales que ya han comenzado a traducirse en realidad afortunada, como es el caso de la Acta Constitucional promulgada el día 31 de diciembre pasado.
De suerte que no se puede pensar, ni singularizar como el propósito del Supremo Gobierno, el que se cumpla con una tarea en esta forma vertiginosa que significaría tener, necesariamente, y en un plazo predeterminado, un anteproyecto de Constitución; todo ello, por cuanto, el espíritu ha sido diametralmente otro, en el sentido no de no tener la Constitución Política del Estado que esta Comisión debe programar y proyectar en definitiva, sino que en ir recogiendo todas las ideas que en este organismo se están elaborando con la sabiduría y el talento de sus miembros y que se traducen en la tarea que ya han abordado, aunque no sea en plenitud y en magnitud el anhelo que cada uno pudiera tener; pero que se están traduciendo en textos que van a tener la oportunidad de ser aportados en las Actas Constitucionales, que van a ir reflejando y viendo, con sus modalidades y aplicación, hasta dónde ellas podrán ser o no consideradas, en definitiva, en el anteproyecto de Constitución que, finalmente, se redacte por esta Comisión.
A continuación, manifiesta que, desde su punto de vista, el planteamiento del problema no tiene la significación que el señor Evans cree ver como reproche que se formula a sí mismo en las tareas de la Comisión, en cuanto a que el trabajo no se haya acelerado en la forma tan dinámica como él quisiera.
Piensa que no hay nada peor, para los efectos de un buen y acabado trabajo científico, el tener que constreñirse a un plazo determinado para terminarlo. Esto puede llevar a la Comisión y a cada uno de sus miembros a un trabajo no, suficientemente, madurado y elaborado que impida acondicionar las distintas situaciones que tendrán que irse entrelazando y que se traducirán en el anteproyecto de una nueva Constitución.
Expresa que en su propia Comisión de Reforma del Código Penal, se ha trabajado con intensidad; se han celebrado innumerables sesiones y progresado bastante, pero también, se han revisado situaciones que se pensaba que ya estaban perfectamente afinadas. Con un nuevo debate se ha podido apreciar que lo que, previamente, se había establecido no se acomoda, exactamente, a las ideas ni al rigor que debe tener una materia determinada. Y se ha vuelto atrás con absoluta independencia de criterio, sin ninguna preocupación por que el tiempo que requerirá esta tarea vaya a ser mayor del que se pudiera necesitar.
En seguida, desea recordar que en materias que son menos trascendentes que la elaboración de un texto constitucional, en otros países se ha ocupado mucho tiempo. La elaboración de un proyecto de Código Penal alemán se demoró una gran cantidad de años. Veinte años estuvieron trabajando los especialistas hasta que se presentó, en 1962, al Bundestag alemán el proyecto de Código Penal. Pero, el mismo año, se produjo la reacción de los catedráticos universitarios, quienes formularon un anteproyecto distinto y contradictorio. Desde entonces, desde 1962, el Congreso alemán ha ido aprobando reformas parciales, minúsculas, de determinadas materias respecto de las cuales han logrado poner de acuerdo el proyecto de 1962 con el contraproyecto de la cátedra universitaria. Ello ha acontecido con un Código Penal en que hay toda una doctrina muy elaborada, donde una cantidad de autores se han pronunciado sobre distintas materias y que, por cierto, son mucho menos trascendentales que la reforma de una Constitución. Lo anterior constituye una demostración de que el trabajo, verdaderamente, académico y científico requiere de un tiempo que no puede estar limitado en una forma tan urgente como lo plantea el señor Evans.
En consecuencia, piensa que es incomprensible el primer punto del proyecto del señor Evans así como también el cuarto; esto es, fijar un plazo perentorio a las Subcomisiones para que terminen su trabajo el día 31 de marzo. No hay que olvidar, continúa el señor Ministro, que el plazo fijado es muy breve si se considera que en el mes de febrero prácticamente todos estos organismos de estudio entran en receso y que, en consecuencia, las Subcomisiones estarán en marzo en casi las mismas condiciones en que se encuentran hoy día y no podrán cumplir con esta exigencia.
Además, la tradición chilena ha demostrado que el estudio de muchísimos proyectos, aun en un régimen ordinario de Parlamento, de comisiones y subcomisiones parlamentarias, ha demorado, en materias de esta naturaleza, largos años en concretarse.
En seguida, declara que lo ideal sería, naturalmente, poder cumplir en un plazo más o menos breve el cometido; pero cuando se trata de materias de esta trascendencia, de proyección nacional e internacional, lo más conveniente es no precipitarse. Chile vive una época muy distinta de la de nuestros antecesores legisladores que, como Bello, tenían la tranquilidad necesaria para desarrollar su tarea, y en uno, dos o tres años dar a la luz obras magníficas y completas, todo lo cual se realizaba sin los apremios en que viven ahora los que están trabajando en nuestra patria.
A continuación, expresa que era su deseo dar a conocer su punto de vista sobre esta materia, que es discrepante con el criterio del señor Evans; todo ello, sin perjuicio de otras disposiciones que adopte la Comisión en cuanto al sistema de trabajo; esto es, aumentar el número de sesiones, fijar horas extraordinarias en materias ajenas a las propias del temario que este organismo se ha propuesto, etcétera. Esas son cosas de régimen interno, perfectamente, conciliables con el sistema que la Comisión haya dispuesto o quisiera tener en el futuro. Pero deseaba dejar sentada su opinión respecto del problema matriz, cual es la de destacar este plazo perentorio que ha planteado el señor Evans en sus consideraciones, posición que es muy respetable y loable, pero que no responde, estrictamente, al pensamiento del Gobierno.
Finalmente, agradece al señor Evans la deferencia que ha tenido de hacerle llegar el documento que consigna su voto sobre este particular y se excusa de no poder asistir al debate por tener que atender otros compromisos contraídos con anterioridad.
El señor EVANS desea, antes de que se retire el señor Ministro, expresar su punto de vista discordante con el suyo en este aspecto.
A continuación, señala que lo que lo movió a presentar este proyecto de acuerdo, no es más que la repetición de una inquietud que ya tuvo a principios del año 1974. El 7 de marzo de ese año, en la sesión 21 de la Comisión, pidió que se fijara un plazo para el término de esta tarea. Ello es distinto a que se le fije un plazo a la Comisión por la autoridad —lo cual sí puede constreñir o coartar de alguna manera su libertad intelectual para procesar adecuadamente el trabajo que está desarrollando y llevarlo a término en forma satisfactoria—, a que la propia Comisión llegue a la conclusión, después de un debate, de un proceso intelectual y, en conciencia, de que su tarea debe tener término en algún tiempo determinado.
Comprende que el señor Ministro haya hecho presente a los anteriores titulares de la Cartera que él ejerce, su oposición a que en materia de reforma del Código Penal el plazo fuera de un año —hace por lo menos, dos decenios que se está oyendo hablar del Código Penal tipo para América latina, de manera que no es de extrañar lo que haya sucedido en Alemania—. Pero recuerda que las fuerzas de ocupación autorizaron a lo que es hoy Alemania Federal sólo a fines de 1947 para empezar a preparar la Constitución alemana, y esta Carta, que es una de las más modernas, y que es considerada modelo dentro de las democracias occidentales, porque es una democracia protegida y no una ingenua, se dictó al año subsiguiente, en poco más de un año, en 1949.
Insiste en que comprende, perfectamente, que en materia de Código Penal sea menester un período de estudio más extenso, pero la tradición constitucional chilena y mundial es absolutamente diversa. No se concibe ni ha existido nunca un organismo constitucional o constituyente que esté preparando una Constitución, que haya demorado seis, ocho o diez años. Ya expuso a la Comisión en Sesión pasada que había hecho un cálculo gramatical de lo que está aprobado, y esto es una quinta parte de lo que puede concebirse en el futuro como Constitución Política del Estado. Es una quinta parte, y esto en dos años dos meses, y en materias, como lo señaló en la sesión pasada, en que en lo esencial están todos los miembros de la Comisión de acuerdo, porque en materia de derechos humanos ningún conflicto esencial se ha planteado entre ellos. Todos tienen la misma concepción del hombre, de la sociedad y del Estado. Todos son demócratas, hombres de Derecho y desean una democracia moderna, una neodemocracia, como ha dicho el Presidente de la República, protegida, comprometida con ciertos valores esenciales. ¿Qué va a pasar en esta Comisión cuando ella entre al estudio de temas en que, tal vez, puedan producirse desacuerdos? Cree honestamente que esta Comisión, al ritmo de trabajo que lleva y con la sensación que puede o no tener el país —no es problema que le preocupe— de que no hay apuro, se va a transformar en un organismo que demore seis u ocho años en su cometido. ¿Parece razonable emplear todo ese tiempo para después presentar al Gobierno un mero anteproyecto de Constitución Política del Estado?
Recuerda, en seguida, que la Constitución de 1925 fue redactada en cinco o seis meses de trabajo, y duró cincuenta años. Nuestros antepasados con una experiencia política de apenas quince años, es decir, de 1818 en adelante, fueron capaces, convocada la Gran Convención por el Congreso, en octubre de 1831; luego de cinco meses de trabajo del año 1832 y pocos meses de trabajo a comienzos de 1833, de crear una Carta Constitucional que duró casi cien años. ¿Y el constituyente actual, que ha vivido experiencias políticas de todos los matices y colores, profesores universitarios todos, va a demorarse siete u ocho años en entregar al Gobierno un anteproyecto de Constitución Política del Estado?
Piensa que al formular estas observaciones, más de alguien lo va a mal interpretar, pero en esto obra en conciencia. Expresa que puede deponer, en aras del interés nacional, posiciones doctrinarias, de ideología, cualquier tipo de adhesión partidaria, y las depone, pero jamás depondrá el compromiso que tiene con su propia conciencia. Y, por respeto a sí mismo y a los demás, no cree que sea lógico ni natural que para entregar un anteproyecto de Constitución al Gobierno deba la Comisión demorarse años y años.
A continuación, señala que las fechas que ha propuesto para dar término a estas labores tienen, evidentemente, el carácter de tentativas y, por lo mismo, pueden alterarse. Lo que le interesa es no asumir la condición de constituyente perpetuo, pues ello puede conducir a que los miembros de este organismo pierdan el respeto de la opinión pública.
En seguida, manifiesta saber, porque así lo ha expresado el Presidente de la República, que llegará el día en que se haga necesario estructurar para Chile una nueva democracia. Estima que ese régimen político se expresa, solamente, de una manera: “En la fila silenciosa y digna del votante informado que concurre a sufragar en secreto, en elecciones libres. Esa es la única democracia existente; las formas de organización de los Poderes podrán ser cualesquiera”. Esta frase que acaba de decir no es suya, es de don Sergio Díez, y la pronunció en el Congreso Interamericano de Universidades celebrado en 1963, cuando a ambos les cupo la honra de representar a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
En seguida, declara que para él, es imperativo dar cima a esta labor; terminarla y llevar al Gobierno un anteproyecto que en parte ya haya sido promulgado como Actas Constitucionales, a fin de que éste pueda asumir su responsabilidad política frente al país y entregar a todos los integrantes de esta comunidad nacional un proyecto que pueda ser debatido y, posteriormente, sometido a su aprobación. Pero eso no es un problema de esta Comisión; es un problema de decisión política que no le compete, y frente al cual no puede pronunciarse. Lo que si corresponde a este organismo es dar término a su tarea, y adoptar una decisión respecto del plazo en que ésta puede ser cumplida.
Finalmente, expresa que las reseñadas son las razones que en conciencia le mueven a decir que de esta Comisión tiene que surgir la decisión de terminar esta tarea en una fecha y día determinados. Ya verá, el Gobierno, si desea seguir contando con la colaboración de los integrantes de este organismo o la de otros, en el proceso siguiente de revisión de los textos finales que van a constituir la nueva Constitución. Pero esta tarea, iniciada por el Decreto Nº 1064, de 12 de noviembre de 1973, debe tener un término y ello, insiste, debe ser determinado por los miembros de la Comisión.
El señor GUZMAN estima que el planteamiento que ha formulado el profesor Evans da pie para reflexionar a fondo sobre la naturaleza del trabajo de esta Comisión, y fijar un itinerario a seguir en adelante. En ese sentido, considera que la presentación del proyecto que ha hecho el señor Evans es, extraordinariamente, útil para la Comisión como elemento de trabajo y de análisis.
Piensa que para comenzar es necesario fijar la atención en la naturaleza del trabajo que se ha solicitado; esto es, la redacción de un anteproyecto de nueva Constitución Política del Estado.
Sin embargo, ese solo hecho no es suficiente para configurar la naturaleza del trabajo encomendado. Para ello, a su juicio, es necesario agregar la circunstancia en que ese trabajo fue encomendado a pocas semanas de ocurrido el pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973, y de iniciado un Gobierno con las características del actual, características que en algunos casos son tributarias del estado en que recibió el país y, en otros, de los propósitos fundamentales o básicos que lo inspiran. Expresa lo anterior, porque es evidente que si se conjugan estos dos elementos se puede llegar, efectivamente, a determinar cuál es la naturaleza específica del trabajo que se le ha encomendado a la Comisión Constituyente.
En cuanto a que la Comisión deba redactar un anteproyecto o un proyecto, estima que los términos “anteproyecto” y “proyecto” son relativamente similares, pues ambos suponen que habrá después una instancia de debate, por lo menos de orden general en la opinión pública, y que el texto definitivo será sometido a la consideración final de la ciudadanía o de la voluntad popular cuando ella se exprese para dar vigencia definitiva a la Constitución; pero es evidente que lo obrado por este organismo va a servir de base o de elemento matriz, de fundamento sólido. De manera que, haciendo un paréntesis, cree que la distinción de “anteproyecto” y “proyecto” no es tan relevante para el debate o el análisis.
Lo que sí le parece indudable es que la sola misión de redactar un anteproyecto o un proyecto de nueva Constitución no basta para determinar la naturaleza del cometido que se ha encomendado, sino que, además, es necesario detenerse a analizar la circunstancia en que ha sido planteada a un cuerpo de profesores como el que constituye este organismo.
En este sentido, hay dos elementos que en su opinión son claves: primero, que esta Constitución debe ser un documento fundamental que corone una nueva institucionalidad que ha empezado a surgir en el país a partir de esa fecha. Ese elemento supone, desde su raíz, una cierta maduración al trabajo de la Comisión, diferente por cierto a las situaciones a que se vieron abocadas las comisiones constituyentes anteriores que ha habido en Chile.
Un segundo elemento, igualmente importante, y que a su modo de ver no puede escapar al trabajo de esta Comisión Constituyente, es el saber cuándo podrá ser puesto en práctica su producto.
Cree que, evidentemente, corresponde al poder político fijar ese momento, pero es muy diferente que a una Comisión se le solicite un trabajo en el entendido que cuanto antes lo despache podrá ese trabajo convertirse efectivamente en Carta Fundamental y tener vigencia en el país, a que exista conciencia en el Gobierno, en la ciudadanía y en la Comisión —conciencia unánime en todas las personas que se ocupan de materias jurídicas y políticas dentro de la nación— de que en Chile, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, no era ni es aún posible pensar en la vigencia tan pronto como se pueda de un nuevo texto constitucional, sino que hay que pensar, necesariamente, en el transcurso de cierto tiempo, en el cual el país irá madurando determinadas instituciones que serán expresiones embrionarias de esta nueva institucionalidad que coronará la Carta Fundamental. Y tiempo que, además, deberá aprovecharse para analizar el comportamiento del cuerpo social y ver que no sea cosa de que se haga un traje constitucional que al final no calce con el cuerpo social al cual está llamado a servir. Esto para él es el punto central. Si se hace un traje para alguien y se trata de que éste se lo ponga en cuanto se termine de confeccionar, es evidente que el sastre debe hacerlo cuanto antes, limitándose a presumir el crecimiento normal que puede experimentar la persona que lo usará en el breve lapso que demore su confección. Pero si no se sabe cuándo se pondrá el traje la persona, es obvio que el sastre debe ser, por lo menos, más cuidadoso en analizar qué forma va a dar a su labor, para que en el momento en que la vestimenta sea susceptible de que el cuerpo la asuma, le calce, le quede bien.
Lo anterior es lo que cree que también constituye un elemento que la Comisión no ha podido ignorar, y que no debería olvidar en este instante. Insiste en que ésta es la diferencia fundamental con experiencias constitucionales anteriores, porque en todas ellas existía la voluntad clara y la posibilidad real de poner en vigencia el producto de las Comisiones Constituyentes; es decir, de poner en vigencia la nueva Constitución, cuanto antes se pudiera.
En ese sentido, no le cabe duda de que el trabajo —preparar una nueva Carta Fundamental— no tiene una naturaleza intelectual que exija de suyo un período muy prolongado en el tiempo. Requiere, naturalmente, un alto número de horas de labor, pero éstas, si la urgencia y la naturaleza de las circunstancias históricas lo hacen necesario, pueden desarrollarse del modo intensivo en que se realizan muchas labores, en las que se puede trabajar seis u ocho horas diarias para evacuar un proyecto, un texto jurídico determinado. De manera que no piensa que la complejidad de un texto constitucional requiera, de suyo, un largo espacio de tiempo; necesita sí, indudablemente, un gran número de horas.
A continuación, expresa que, a su juicio, el problema que ahora debe abordar la Comisión consiste en determinar qué ritmo de trabajo se dará, qué velocidad de trabajo desarrollará para que ese conjunto total de horas que supondrá este texto constitucional se encuentre efectivamente cumplido y terminado. Puede ser un ritmo intensivo de seis o de ocho horas diarias, si así se requiere y se estima conveniente para despacharlo en un breve período; o puede ser una periodicidad más escasa, dando un lapso más dilatado, por lo tanto, al término total de la labor. En su opinión, ese ritmo es el que debe fijarse la Comisión, teniendo como trasfondo una definición, por lo menos, fundamental —y ojalá unánime— de cuál es el tiempo prudencial que puede demorar este organismo en finalizar su labor tomando en consideración las observaciones que ha señalado precedentemente.
Entiende que este planteamiento que ha hecho responde al pensamiento unánime de la Comisión, porque no se explica de otra manera que ésta haya aceptado durante dos años el ritmo de trabajo que ha tenido. Es evidente que si al constituirse en octubre de 1973, sus miembros hubiesen estimado que debían despachar la Constitución cuanto antes —y esta expresión la subraya porque es bastante precisa no se habrían impuesto este ritmo de trabajo, y ni siquiera uno que fuese ciento por ciento superior, sino que un sistema tal vez trescientos por ciento o quinientos por ciento más grande en periodicidad de trabajo. Todos entendieron que debían darse un tiempo para esta labor, y en función de ello se fijo aproximadamente este ritmo de trabajo.
Ahora, desea proyectar ese ritmo hacia el futuro. Piensa que el señor Evans tal vez ha exagerado un poco en la proyección que ha hecho en el tiempo al llegar a ocho o diez años de trabajo que demoraría este organismo, posiblemente, si se mantiene el ritmo actual, porque, ha imputado como etapa de labor en los dos años transcurridos una primera fase que fue necesariamente muy lenta, destinada a buscar acuerdo, entre otras cosas, para redactar un memorándum inicial de ideas fundamentales y, después, a ordenar el trabajo. Siempre los primeros momentos son, de suyo, más lentos, menos productivos que los que posteriormente va arrojando el resultado de una labor conjunta de un grupo humano. Personalmente, y aunque no lo proyecta en la forma tan extensa como él lo hace, estima que si se mantiene el ritmo actual, este organismo, posiblemente, demore unos tres o cuatro años en terminar con su cometido, lo cual, también, le parece excesivo.
¿Cuál es la proyección que se debe hacer hacia adelante y qué ritmo imprimirle para ser coherente con ella? Piensa que el ritmo se debe aumentar, porque el actual es excesivamente lento, no tanto como le parece al señor Evans pero, en todo caso demasiado lento para lo que cree que debiera ser un plazo razonable, el cual, aunque no se establezca en una fecha determinada, debe tenerlo presente la Comisión cuando analice el ritmo de su trabajo, y de alguna manera lo tuvo presente cuando determinó el ritmo que hasta hoy ha tenido.
Lo que sí le parece importante es que se estudie la inquietud que constituye el trasfondo de la preocupación del señor Evans, y que ha sintetizado en tres calificativos y después, en cierto modo, en dos apreciaciones que puede merecer esta labor.
El señor Evans ha dicho que tiene el temor de que cunda la opinión que un ex parlamentario conservador y ex diplomático le manifestó en el sentido de que esta Comisión estaría “empatando el tiempo”.
Después manifestó que no quiere constituirse en “constituyente perpetuo”. En seguida, ha dicho que teme que esta labor pueda dar la imagen —si bien no usó la expresión, pero es, por lo menos, la idea— de infecundidad a la opinión pública y de que se caería, como consecuencia, en las dos apreciaciones finales que ha reiterado en esta sesión en el sentido de que el constituyente perdería el respeto de parte de la opinión pública, y, en cierto modo, caería en una situación que lindaría, incluso, con el ridículo.
Ahora bien, desea manifestar que comparte con el señor Evans todas esas aprensiones, y no le agradaría sufrir ninguna de esas situaciones. Comparte, también, el punto de vista de que si al cabo de ocho o diez años de reuniones no saliera más producto que las declaraciones de prensa del señor Presidente de la Comisión —muy fidedignas siempre, pero necesariamente sucintas— se podría caer en la situación que el señor Evans teme. Desea señalar esto, porque le parece que tal vez de ahí se parta de una común inquietud para trazar lo que se debe hacer hacia adelante.
Sin embargo, estima que ese peligro se ve atenuado, considerablemente, por el último mensaje presidencial y el anuncio de las actas constitucionales. ¿Por qué razón? Porque ello ha impuesto, desde luego, cierto ritmo de trabajo y de plazo para determinadas cosas a esta Comisión. Es cierto, que no se le ha encomendado la redacción precisa de esas actas, pero es evidente que ellas serán, probablemente, expresión del capítulo correspondiente que visualice este organismo como proyecto de nueva Constitución. Lo anterior, va a suponer un trabajo extraordinario de esta Comisión o de algún otro organismo ad hoc que se designe, y cree que, en todo caso, ese trabajo impone a esta Comisión una obligación. Este grupo de profesores tiene la obligación de estar en situación de presentarle al Gobierno, oportunamente, en los plazos que éste ha fijado, lo que evacue como proyecto de nueva Constitución en el capítulo pertinente, para que el Gobierno esté en condiciones, ojalá a través de esta Comisión, de hacer la adecuación correspondiente para la dictación del acta constitucional respectiva.
Así entiende la labor de este año que viene por delante. Y por eso es que se debe despachar, forzosamente, el capítulo de derechos humanos, garantías constitucionales y regímenes de emergencia, no después de finales del mes de mayo, para que, por lo menos, el Gobierno tenga un mes de tiempo dentro de este primer semestre, que fue el plazo que fijó el Presidente de la República en su discurso, con el objeto de hacer los ajustes necesarios, los estudios correspondientes y, en definitiva, promulgar las actas constitucionales en los términos que estime procedente la Junta de Gobierno.
De ahí para adelante, será menester despachar, necesariamente, en el curso del año, por lo menos los capítulos que el Gobierno señaló también como las actas constitucionales siguientes, que serían las referentes al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República y, probablemente, adecuar —eso puede ser también en horas extraordinarias de trabajo, porque se trata ya de una labor que no es propiamente la de la Comisión misma en cuanto tal— ya sea el Estatuto Jurídico de la Junta de Gobierno, ya sea el decreto ley sobre Regionalización, a la naturaleza de una acta constitucional.
Piensa que esta secuencia —es decir, pasar del término del capítulo que ahora ocupa a este organismo a lo que se ha señalado como materia de las actas constitucionales que el Gobierno anunció que se proponía dictar durante este año— es además muy coherente con lo que esta Comisión debería decidir en forma absolutamente espontánea, aun cuando no tuviera el requerimiento del Gobierno implícito en el anuncio de las actas constitucionales. Indiscutiblemente, de todos los temas que esta Comisión debe tratar los referentes a la generación, estructura y funcionamiento de los órganos del Poder Político —es decir, de las funciones constituyente, legislativa y ejecutiva, básicamente—, son los más complejos; son aquellos que, por lo demás, están más sujetos, para acertar efectivamente en su construcción, a los cambios que experimenten la ciudadanía y el cuerpo social en este tiempo. Por esas razones, estima que deberían ser, necesariamente, los últimos temas en abordarse, porque en ellos las interrogantes son mayores y, en consecuencia, deberán ser objeto de un muy cuidadoso y acabado análisis.
De manera que ese cierto plazo y orden que ha fijado el Gobierno, implícitamente, con el anuncio de las actas constitucionales, no modifica para nada, ni la naturaleza del trabajo de esta Comisión, ni lo que espontáneamente debieran de todos modos haber, racionalmente, acordado sus miembros como método de trabajo, aun cuando la propia Junta de Gobierno no hubiese determinado este mecanismo de las actas constitucionales que ha puesto en marcha.
En ese sentido, estima que no se corre el riesgo que teme el señor Evans. Si este año se promulgan varias actas constitucionales sobre materias tan capitales como las bases fundamentales de la nueva institucionalidad, la nacionalidad y los conceptos de ciudadanía que puedan entrar en vigor en esta situación de emergencia, derechos humanos, garantías constitucionales —es decir, los recursos para proteger esos derechos humanos— y regímenes de emergencia, y todavía, en el curso del año se despachan algunas materias sobre el Poder Judicial y se da forma de actas constitucionales a ciertos decretos leyes que tienen ese rango y que hoy día existen, es evidente, que la sensación que pudiere existir de “infecundidad” y de “constituyentes perpetuos” va a desaparecer de la opinión pública. Estima que, realmente, este organismo va a demostrar que ha avanzado en su trabajo, porque al término del año habría ya realizado, aproximadamente, el 75% de su labor de redacción de una nueva Carta Fundamental, restando sólo lo referente a la generación, estructura y funcionamiento de los órganos del Poder Político.
En este sentido, y si éste fuera el pensamiento de la Comisión, sugeriría fijar un ritmo de trabajo superior al actual para que estas metas puedan cumplirse. No le parece que sea éste el momento adecuado para determinar cuánto debería tomar la discusión final sobre generación, estructura y funcionamiento de los órganos del Poder Político. Se declara reacio a la idea de fijar un plazo a la Comisión para evacuar el informe total, en parte porque ya se tiene ese plazo parcial, implícitamente, fijado para despachar lo que en definitiva pudiera constituir prácticamente el 75% del trabajo total, como porque, en su opinión, no está claro cuánto podría demorarse el trabajo correspondiente a la última parte a la que ha hecho alusión. Si le preguntaran en forma espontánea cuánto tiempo tomaría ese estudio, piensa que respondería que para ello sería necesario todo un año; de manera que si le inquirieran acerca del plazo en que debe terminarse esta labor, tendería a decir que ello sería posible a fines del año 1977. 
Esa es su apreciación acerca del itinerario de trabajo de esta Comisión. Puede ser que este último plazo sea menor o mayor. Si le plantearan la situación de un plazo que fuera a fines del año 1977, no sentiría que el trabajo de la Comisión está siendo forzado en términos inconvenientes, aunque, sí piensa que el hecho de fijar el plazo, tal vez, por otras razones, podría ser innecesario y, quizás, perturbador. Pero ésta es su apreciación de lo que sobreviene por delante, y la deja planteada como una opinión, como un elemento de trabajo, porque estima que por encima de la discrepancia que puede aparecer muy frontal del análisis de un proyecto, está seguro de que no existe discrepancia de fondo ni en cuanto a la responsabilidad que se tiene ni en cuanto a la percepción del fenómeno político y constitucional que todos los integrantes de este organismo deben realizar para fijar el ritmo de trabajo.
Desde ya, manifiesta que el ritmo debería aumentarse en un 50% de las horas del trabajo actual. Cree que sin ese aumento, desde luego, el capítulo en que está empeñada la Comisión, actualmente, no llegaría a despacharse a fines de mayo, como entiende que es su obligación. Considera que, posiblemente, tampoco se lograría despachar los demás capítulos llamados a convertirse en actas constitucionales en el tiempo y el plazo en que la Junta de Gobierno desearía que eso se realizara. Cree además que, mirando el conjunto del trabajo, mantener el ritmo actual podría llevar a un trabajo total de unos cuatro años más, lo que conformaría un total de seis, que, personalmente, le parece excesivo, dado lo que acaba de plantear. De manera que su sugerencia sería, fundamentalmente, la de aumentar el ritmo en un 50% de horas de trabajo más que lo que se está realizando en la actualidad, por razones que ha señalado y tendiente a las finalidades que ha tratado de sintetizar.
A continuación, el señor OVALLE señala que no se referirá al problema de fondo todavía, ya que el señor Díez solicitó la palabra antes que él. Pero hay algo que desea decir para ordenar el debate, en el entendido de que todos quieren desarrollar su trabajo, no en el menor tiempo posible, sino en el tiempo adecuado a la tarea en que está empeñada la Comisión.
Continúa expresando que existen algunos obstáculos de orden material para desarrollar esta tarea. Y la dificultad de orden material básica es la relativa al equipo de Secretaría, que está afecto a dos problemas.
Primero, al de la dotación del personal en sí misma, que es muy escasa; con ella no se puede trabajar a mayor ritmo que el actual. Y, en segundo lugar, a algo que tiene que influir y que, si no ha influido, va a influir en el rendimiento del personal que está trabajando, y que  es la remuneración que está recibiendo, la cual no es la que conviene a las condiciones que ha desarrollado, ni a su experiencia, ni a la función que cumple.
Cree que cualquier debate sobre esta materia requiere de la solución previa de un problema que puede estimarse como atinente al problema de fondo, pero que es básico para el desarrollo de esta labor.
Si no se cuenta con los elementos de secretaría, habría que buscar cómo resolver, previamente, este problema; ya que nada se obtendría con acordar un aumento en el ritmo de trabajo, si la secretaría carece de los medios de personal necesarios para hacer frente a esta nueva exigencia. En su opinión, y a pesar de sus escasas remuneraciones, la secretaría ha demostrado una eficiencia y un espíritu de trabajo dignos de reconocerse; pero, insiste, si se desea imprimirle mayor ritmo al trabajo de elaboración de una nueva Carta Política, previamente, es menester contar con una mayor dotación de personal y adecuar sus remuneraciones a la experiencia y condición intelectual que tienen estos funcionarios.
En seguida, el señor ORTUZAR (Presidente) expresa que la Mesa ha estado muy preocupada de la situación del personal, y que hoy someterá al señor Ministro de Justicia y al Subsecretario del ramo, un proyecto claro y sencillo, que estudió personalmente, con la colaboración del Secretario y del Prosecretario de esta Comisión —el primero, Secretario del Senado y, por lo tanto, Jefe de la Oficina—, destinado a resolver el problema económico del personal.
Por otra parte, en conversaciones anteriores con el señor Presidente de la República, ya había obtenido que él diera las instrucciones necesarias para que se llenaran las vacantes producidas en este Servicio y, a su vez, cursarse los ascensos. El señor Ministro le ha ratificado que obtuvo, además, un pronunciamiento positivo de parte del señor Ministro de Hacienda sobre esta materia; de manera que confía en que, a la brevedad, puedan ser resueltos ambos problemas.
Incluso más que el problema de llenar las vacantes y de producir los ascensos, lo que no significa un alivio para el personal, le preocupa el problema de la situación económica, que es realmente grave. Así se lo hará presente al Ministro y al Subsecretario de Justicia, a quienes ya les expresó que la Comisión Constituyente no puede seguir funcionando en las condiciones en que lo ha hecho ahora si no se le dan los medios necesarios para trabajar.
De suerte que espera que este problema sea resuelto, y coincide con don Jorge Ovalle en que, naturalmente, si no se tienen los medios humanos y materiales para realizar un trabajo mayor, como es el que seguramente se acordará —cree que se va a producir consenso en esto—, es evidente que nada se obtiene con adoptar acuerdos de esta especie.
El señor LORCA declara que le impresionó, profundamente, la posición que había adoptado el señor Evans. Precisamente por venir de él, por la alta estimación que tiene de su calidad intelectual y la gran amistad que le profesa, le impresionó su posición. De ahí que la analizara muy cuidadosamente y que, además, la consultara entre los profesores de derecho constitucional y, en general, de derecho público en Valparaíso. También ha consultado la opinión de personas que realizan otras actividades dentro de la vida social; y declara que ha sido unánime la opinión que ha recogido, en el sentido de que esta Comisión, como ninguna otra, está en las más óptimas condiciones para hacer un trabajo, realmente, extraordinario y crear un proyecto de Constitución, verdaderamente, ejemplar. Además, la opinión unánime que ha encontrado en estos círculos, no sólo universitarios, sino también de otra calidad, le indica que esta Comisión no ha sido menospreciada y que, lejos de eso, se valora en alto grado su labor. Más que ello, le han expresado que la opinión pública está consciente de que esta tarea es difícil, precisamente, por las circunstancias en que se la está desarrollando, y que, por lo tanto, no existe un apremio absoluto en cuanto al plazo en que debe llevar a cabo su labor.
En seguida, manifiesta que el señor Evans ha puesto como ejemplo lo sucedido con las Constituciones de 1833 y de 1925. Piensa que la época actual ofrece condiciones muy distintas a las imperantes al momento de elaborarse esos textos. En efecto, Chile en la actualidad vive una etapa de guerra con el marxismo internacional, y tanto lo está que se le acosa desde todos los ángulos con la pretensión evidente de aislarlo. En estas circunstancias, es necesario tener muy claro que todo lo que se realice dentro del país debe estar presidido por el concepto de que éste debe defenderse internamente, y proyectar después hacia el exterior, esa defensa. Aparte ello, dentro de esta situación específica, Chile enfrenta también un proceso histórico trascendental. Se ha hablado mucho acerca de que existe un proceso de cambios, pero lo que hay, en realidad, es un cambio de época, y los miembros de esta Comisión Constituyente tienen la obligación ineludible de acoger este proceso, tal como lo visualizó el señor Ortúzar, recientemente, cuando expresó que la democracia, en alguna medida, está en crisis, y que esa crisis tenía que traducirse en modificaciones de las estructuras decadentes. Y si se quiere hacer esa Constitución ejemplar que está exigiendo la opinión pública, es menester recoger las experiencias vividas y las que se están produciendo. Cree que el ejemplo que puso el señor Guzmán es muy cierto. Es indiscutible que no se puede hacer un traje en la forma como él lo señaló. El anteproyecto que ha pedido el Gobierno no puede alejarse de esa realidad, ni puede alejarse de esta experiencia internacional que está viviendo Chile, la cual —insiste— es una experiencia de guerra.
Por otra parte, opina que se ha avanzado más allá de lo que se cree, y si en el aspecto matemático en cuanto a la estructura que se podría llamar gramatical de la Constitución, el señor Evans estima que es un quinto, él considera que no es así. En realidad, hay puntos que ya se han tratado, como el de régimen de administración interna, que si bien es cierto se dictó a través de un decreto ley constitucional es, en todo caso, un estudio en el cual se ha avanzado, y que si en la práctica constituye una buena experiencia, se deberá, evidentemente, volcarla en la Constitución. Cree que es tan interesante esto que, precisamente, estas actas constitucionales están reseñando una forma práctica de realizar la labor de esta Comisión.
En seguida, hay otros aspectos, como el del Poder Judicial más las tres actas que habrá que redactar antes del mes de junio, que hacen que, prácticamente, vayan quedando sólo las grandes definiciones en cuanto a los órganos y a las funciones legislativas y ejecutivas. Vale decir que, en el fondo, ellas tienen que definirse no en un terreno totalmente ideal, sino como parte de una realidad en que está comprometida la necesidad de estudiar numerosas fórmulas. Cree que hoy día ninguno de los miembros de esta Comisión se encuentra en condiciones de decir qué es lo que piensa sobre la estructuración definitiva del Poder Legislativo, por ejemplo. Comprende que, en esto, hay una serie de matices, de gamas, que se pueden discutir. Todos están dentro de un ideal absolutamente democrático, y en esto nadie se va a equivocar; pero, evidentemente, dentro de esta posición también hay una serie de posibilidades que deben analizarse para llegar a una adecuada solución. Por ejemplo, él, personalmente, ha sido partidario de una Constitución más simple y no tan detallista. Piensa, y en esto comparte la opinión del señor Ovalle, que los debates han sido demasiado extensos en algunas materias, sobre las cuales, como señaló el señor Ovalle, estaban todos de acuerdo. Ello se puede también corregir para hacer posible que los debates —si en realidad hay consenso en lo fundamental— se acorten.
Anteriormente manifestó que, a su juicio, la Constitución debiera ser más simple y menos detallista. Pero estima que en materia de derechos humanos, nunca será suficiente el celo que se ponga para que ellos queden explícitos, claros, definitivos y concluyentes en el texto fundamental; precisamente, porque el ataque más fuerte que se ha dado en esta guerra se relaciona con esa materia. Por eso considera vital que la actividad de este organismo en los próximos meses se concrete, definitivamente, en un acta constitucional, la cual, a su juicio, será decisiva para la defensa de Chile.
Estima, también, que las actas constitucionales son otro factor importante que se ha sumado a esta labor. Está de acuerdo en que no es ésa la función específica que se le encargó pero, dentro del contexto de la realidad que se está viviendo, de los imponderables que se están produciendo en el país, no es posible negarse a ser copartícipes, en alguna medida, de la acción del Gobierno en cuanto a entregarle disposiciones que reflejan el criterio del constituyente a fin de que la autoridad, si lo desea, las concrete en actas constitucionales.
En seguida, afirma que hay muchos puntos de contacto importantes entre lo propuesto por el señor Evans y lo que piensan los restantes miembros de la Comisión. Cree que es posible, sin fijarse un plazo perentorio, tratar de obtener este anteproyecto dentro de un lapso prudente y adecuado.
Se declara de acuerdo, también, en que no se puede permanecer en forma indefinida sesionando; pero tampoco es aconsejable establecer un plazo que en definitiva no se cumpla. Se pone en el caso de que se esté estudiando una determinada materia y que no se haya logrado acuerdo sobre ella en algún aspecto. Llegado el plazo, ¿habría que suspender las deliberaciones y quedarse sin un texto constitucional sobre la materia? Ello, en su opinión, parecería totalmente inconveniente.
Estima —y está cierto de que el señor Evans tiene que comprenderlo así— que sí se debe acelerar el ritmo de trabajo para que se hagan realidad, desde luego, las actas constitucionales que se han solicitado y, además, avanzar en la labor de redacción del texto definitivo.
En seguida, insiste en que se puede lograr consenso en términos de que, sin fijar un plazo perentorio, que a su juicio puede ser altamente lesivo, se determinen ciertas pautas claras sobre la realidad de este trabajo y completarlo dentro de un plazo prudente que las circunstancias aconsejen, sin dejar de reconocer que algunas de las materias que se tienen que definir son realmente conflictivas. ¿Por qué? Porque ellas, insiste, tienen que recoger no sólo la experiencia vivida, sino también la que se está produciendo en estos momentos.
El señor DIEZ estima que el planteamiento del señor Evans merece un análisis muy tranquilo y sereno. En seguida, señala que sigue manteniendo su devoción, absolutamente, inalterable y su convicción de que no hay una forma de Gobierno que tenga una vida normal sin que esté basada en la decisión informada y libre de la población. No cree en otro sistema de Gobierno. Piensa que las ventajas que se consiguen con otros sistemas son transitorias y los miembros de esta Comisión tienen la obligación, como hombres de este tiempo, de establecer una realidad más permanente. Los años de experiencia política y los años de edad le dan a uno una filosofía que antes despreciaba, pero que después empieza a aquilatar en su debido valor moral.
Es natural que el hombre joven quiera sembrar y ver el fruto, y parece mucho más heroico el hombre que siembra, sabiendo que se va a demorar en ver ese fruto o sabiendo que quizás no va a verlo, pero tiene la obligación de sembrar.
Manifiesta, a continuación, que hay períodos en la historia de los países en que las cosas se dan de distinta manera y que los hombres, quiéranlo o no, se encuentran, por las circunstancias, por el medio social o por los hechos políticos de los cuales a veces son parte, en situaciones en las cuales nunca pensaron en encontrarse. El, personalmente, nunca pensó integrar una Comisión que iba a elaborar una Constitución Política para la República de Chile. Nunca imaginó, ni en los sueños más locos de ambiciones políticas de niño, que se encontraría en una mesa redactando con tranquilidad el proyecto de una nueva Constitución Política. Y siente como que todo lo que ha vivido, anteriormente, en política era una preparación de la Providencia para ocupar el puesto que está ocupando, con la experiencia que ha recibido en los años de universidad, en los años de política, en los años de profesión, con la experiencia existencial que ha tenido.
Estima que en los días que se están viviendo, no sólo es importante tener las metas claras, sino también la prudencia con que uno se maneja, porque a veces la impaciencia en conseguir lo que legítimamente se anhela, puede hacer daño.
Y desea plantear las cosas con la franqueza con que las ha planteado el señor Evans. El solo fijar un plazo —y no está de acuerdo, por razones científicas, en fijar un plazo; ni un año ni dos años— constituye, en un país como Chile y en las circunstancias actuales, un hecho político que tiene trascendencia, y no se siente con autoridad moral ni con los elementos de juicio necesarios para producir ese hecho político. Porque no hay duda de que si se acuerda despachar el anteproyecto el 31 de diciembre de 1977, se va a producir en la opinión pública un hecho político: Chile tendrá una Constitución para 1977; y este hecho político se va a imponer o va a presionar a los otros elementos que están actuando en la vida constitucional y política chilena. No está suponiendo esa intención al señor Evans; está simplemente señalando que el fijar un plazo constituye un hecho político.
¿Cuál es su preocupación frente a esta Comisión Constituyente? Se declara de acuerdo en que se debe ampliar el número de sesiones, y personalmente le ha solicitado al señor Ministro de Relaciones Exteriores que no le encomiende otras misiones en el extranjero, pues desea dedicarle el máximo de tiempo a la Comisión ya que la decisión que ella tome en este año de 1976 será muy importante; y porque el papel que le ha correspondido desempeñar afuera también le ha enseñado diversas cosas.
Considera que este organismo tiene la obligación moral —primaria, primordial y más urgente— de producir un capítulo relativo a los derechos humanos y a los regímenes de emergencia. 
Cree que hace falta esa legislación y estima importante aprovechar una oportunidad, como la dictación del acta constitucional, para llenar los vacíos que tiene la legislación de emergencia, con el objeto de evitar los abusos que se cometen y los perjuicios en la imagen de la conducción política del país. Considera que ésta es su primera obligación moral y, por lo mismo, está de acuerdo en ampliar el número de sesiones, de manera que se pueda terminar el tema de los derechos humanos, pues, aunque exista consenso, la multiplicidad de materias que los envuelve, además de la experiencia del pasado y del presente, obliga a tener una legislación mucho más cuidadosa y precisa que la actual. La demora en lograr tales cosas no la compararía con la que tuvieron los constituyentes de 1925, por cuanto, en esa época no se conocían los problemas que enfrenta el mundo de hoy, como son los relativos a la información, el marxismo actuando, los problemas del terrorismo y de la seguridad, que implica la difícil ecuación entre la seguridad nacional y los derechos del hombre, ecuación que no ha sido resuelta por otros países, como no lo ha hecho Alemania, ni tampoco los organismos internacionales, como lo demuestra el hecho de que fisura en el temario de todos los años de las Naciones Unidas. No hay duda —como lo dice Maritain— que a medida que aumenta la población, aumentan las funciones del Estado, y el aumento de las funciones del Estado hace imprescindible, por otra parte, el cuidado que debe poner el constituyente en los derechos de las personas.
En consecuencia, continúa el señor Díez, este grupo de profesores se encuentra en una situación muy distinta de la que tenían los constituyentes de 1833 y 1925. Por eso es que, al revisar las actas, uno se explica por qué, estando de acuerdo en lo fundamental, las cosas se debaten tantas veces.
En definitiva, frente a la proposición del señor Evans, y con criterio práctico —porque es un tema práctico, al cual no le da la connotación de posición política—, sugiere aumentar el número de sesiones; trataría de que la Mesa acortara el tiempo dedicado a los debates de algunas materias, reconociendo sí que el señor Presidente ha tenido el mérito de traer proyectos de artículos o de incisos, basados en el debate de la sesión anterior, y apuraría los trabajos para cumplir con la labor de las actas constitucionales, principalmente, la de los derechos humanos. No hay que olvidar que ello es urgente para el país, pues en junio de este año se celebrará en Santiago la asamblea general de la OEA, y sería una buena oportunidad para Chile promulgar una legislación sobre derechos humanos y regímenes de emergencia en plena reunión de ese organismo, con los Ministros de Relaciones Exteriores aquí, a fin de que tal acto significara la afirmación de algunos valores y la rectificación de algunas cosas que han sucedido.
Manifiesta que el anterior es el enfoque que él le da al tema traído por el señor Evans. Este, en su opinión, es un año de coyuntura y la Comisión debe terminar esta labor antes del mes de mayo, para que la Junta tenga tiempo de estudiar y reestudiar el capítulo de los derechos individuales y sus garantías, y los regímenes de emergencia, respecto de los cuales falta mucho.
En seguida, expresa que resultará casi imposible que al 31 de octubre se haya terminado el anteproyecto de Constitución. No ve ninguna posibilidad, porque la Comisión está un poco buscando —con toda su experiencia y conocimientos— la fórmula que todo el mundo busca: la ecuación entre los derechos del hombre y la seguridad del Estado, problema que se produce en Inglaterra con Irlanda; se produce en Alemania; se está produciendo en Italia y en Argentina. Es decir, no se trata de un fenómeno de Chile, sino de un problema de esta época; y cree que los que están en mejores condiciones para proponer soluciones sobre esta materia son, precisamente, los miembros de esta Comisión Constituyente.
A continuación, expresa que es aconsejable aprovechar el proyecto de acta constitucional sobre derechos humanos para hacer referencia a estas materias y no dejarlo en otras manos. Cree que este organismo tiene bastante trabajo este año. Y si se toman las medidas materiales de aumentar el número de sesiones, de pedir aumento del personal de Secretaría, de acortar los debates y de nombrar subcomisiones para algunos temas, se podrá terminar cuanto antes la Constitución.
Hasta ahora, prosigue, ha estado, personalmente, quizás más preocupado de otras cosas que de la nueva Constitución; y estima positivo que el señor Evans haya formulado estas observaciones, porque de este debate va a salir como conclusión un aumento del número de sesiones, la limitación de los debates por parte del señor Presidente y, seguramente, el nombramiento de subcomisiones para materias específicas. De otra manera, con el ritmo actual, no se habrían podido despachar las disposiciones que contendrán las actas constitucionales.
Considera, también, que se debe tomar un acuerdo en el sentido de que las materias ajenas a la labor fundamental sean tratadas en sesiones extraordinarias. No concuerda con el carácter casi peyorativo que el señor Evans le da al anteproyecto, porque un anteproyecto hecho en una comisión como ésta tiene que ser tan cuidadoso como si se fuera a promulgar de inmediato, y porque la posibilidad de que el país adopte la Constitución que este organismo pretende que adopte, reside en la eficacia y en la seriedad con que se mediten sus disposiciones y en la publicación incluso de los debates.
Personalmente, no le cabe ninguna duda de que las constituciones no las hacen los pueblos. Las constituciones son hechas siempre por un número limitado de personas, las cuales deben usar su influencia para que el pueblo apoye y apruebe esa Constitución. Hay medios directos de aprobarla, como los plebiscitos y medios indirectos, como las asambleas constituyentes conformadas por los Poderes Legislativos.
Cree que, dadas las circunstancias actuales, seguramente el plebiscito será el modo en que la Constitución sea aprobada, y ese plebiscito puede contener alternativas sobre puntos distintos. Y desea que las alternativas que esta Comisión ha aprobado y que significan siempre lealtad a los principios humanistas y democráticos, tengan la posibilidad de imponerse a otras alternativas que puedan nacer de muy buena fe, pero que carezcan de esa lealtad a tales principios.
Continúa expresando que ésta va a ser una Constitución que no sólo tendrá el articulado de sus disposiciones, sino también la riqueza ideológica que brota de las opiniones de los integrantes de esta Comisión lo cual va a servir, enormemente, para ilustrar a aquellas personas que ocupen cargos en los Poderes Públicos o a los tribunales que tengan que aplicar sus disposiciones. Y es por eso que declara no sentirse fracasado. Quizás el ritmo de trabajo haya sido lento, por lo que se alegra del llamado de atención hecho por el señor Evans. Pero en lo único en que no está de acuerdo es en la fecha, ya que no se sabe cuánto puede demorar este proceso de estudio de las diversas materias y, también, porque puede usarse como elemento de presión política que no sea favorable a la libertad y al trabajo que está realizando esta Comisión y a su objetivo final.
Finalmente, piensa que aunque se discrepe un poco en la forma, aquí hay unanimidad de pareceres frente a la imagen del Chile del futuro, lo cual hace aconsejable mantener la integridad y unidad de esta Comisión.
El señor EVANS se declara de acuerdo con el señor Díez en que es, extraordinariamente, importante mantener lo que él llamó la unidad e integridad de esta Comisión. Por lo mismo, desea que sus miembros no vean su proposición de terminar esta labor el 31 de octubre como definitiva. Si se acuerda que este organismo entregue su anteproyecto al Supremo Gobierno en el primer semestre del año 1977, quedaría satisfecho, porque el primer semestre puede ser junio, pero también puede ser julio o agosto, y si la Comisión termina el estudio relativo a los derechos humanos en el mes de junio de 1976, restaría un año entero de sesiones en la forma que ha propuesto el señor Díez para abocarse al problema de los Poderes Públicos.
Todo el país sabe que lo que este organismo proponga va a tener que ser sometido por el Gobierno a un debate nacional.
De manera que no cree que se dé este sentido de urgencia política que don Sergio Díez teme sino que, por el contrario, estima que si la Comisión acuerda finalizar su labor en el primer semestre de 1977, le hará un gran servicio al Gobierno y al país.
A continuación, el señor OVALLE señala que debe hacer algunas aclaraciones previas porque, seguramente, y contrariando el propósito con que el señor Evans dio sus explicaciones y dio respuesta a las observaciones del señor Ministro, él se siente de alguna manera como inculpado de ciertas faltas. Por eso, con la claridad con que deja constancia de sus opiniones, anuncia que desarrollará tres puntos durante su intervención: primero una declaración de principios; en seguida, analizará lo que él llama una cuestión política y, por último se detendrá a precisar la forma cómo, en su concepto, debe encararse la estructuración constitucional.
Primero, declaración de principios. Afirma ser demócrata; es decir, tiene la convicción, más íntima, de que el país, superada la emergencia volverá a un sistema institucional que ha sido tradicional en la patria y en cuya virtud es la opinión mayoritaria del pueblo la que determina el sentido y ritmo del Gobierno, y esa opinión mayoritaria se concreta, en definitiva, a través del sufragio. Esa es su manera de ver el problema lo que cree que, en definitiva, va a prevalecer en Chile.
En segundo lugar, piensa que el proyecto de Constitución, después del debate nacional a que será sometido, debe ser aprobado o rechazado en una consulta plebiscitaria. Así lo ha sostenido públicamente, inclusive en entrevistas que se le han hecho.
Tercero. Le parece que la participación de esta Comisión en todos los documentos que el Gobierno ha ido expidiendo o expida en materia constitucional es fundamental. Piensa que el país debe ir recuperando, paulatinamente, su estructura jurídica, y en esta recuperación, la Comisión Constituyente, por la calidad que inviste y el respeto que inspira, no puede estar ausente.
Esa es, dicha en forma escueta, su declaración de principios; no abjura de ella y cree no haberla abandonado nunca.
Cosa distinta es que tenga conciencia de una circunstancia que es capital: la generación actual está viviendo una emergencia; una emergencia política, constitucional, económica e internacional. Y se la está viviendo porque el país llegó, en un instante dado, a un estado caótico de tal naturaleza y magnitud que requería de soluciones extraordinarias, puesto que los vehículos ordinarios de solución estaban absolutamente destruidos, sin que fuera posible a las instituciones naturales de Chile aportar las soluciones que el país reclamaba; entre otras cosas, por razones hasta de orden mecánico, como fue la adulteración de los registros electorales, cierta y evidente, que impidió que el pueblo resolviera por sí mismo los problemas a que un sistema negativo, contrario a la democracia y destructor de ella, lo había llevado. Por eso, comprende la emergencia, y por eso es que éste es su Gobierno, pero no porque haya abjurado de los principios que inspiran su visión política definitiva, cual es la recuperación del país. Y ése es su valor y lo que guía sus pasos: que el país recupere el régimen que le es natural, que es el régimen democrático, sin apellidos.
Segunda materia: Cuestión política. Cree que la patria está viviendo una crisis derivada de la agresión del marxismo y de la incomprensión internacional, estimulada en cierta forma por nuestros propios errores —pero se hubieran cometido o no, de todas maneras el país habría sufrido esa agresión— y, además de eso, Chile en este momento está viviendo, en su opinión, una pugna política que desea explicar con mucha franqueza.
Estima que es, extraordinariamente, peligrosa la radicalización de las posturas políticas, y esa radicalización está conduciendo a la mentalidad del chileno, y parece que a ciertos sectores que simpatizan con el Gobierno, a la idea equivocada de que Chile tiene sólo dos alternativas: o la extrema izquierda, comunista y terrorista, o la extrema derecha, dictatorial y abusiva. Esas dos alternativas son las que se barajan en este instante.
Frente a este peligro, la gente que tiene una opinión similar a la de quienes conforman esta Comisión debe evitar, por una parte, todo acto que contribuya a esta radicalización del proceso y a este enfrentamiento de todos los chilenos, incluidos todos aquellos que están colocados entre estos dos extremos y que sólo quieren para la patria el progreso en paz, en respeto y en dignidad. Debe evitarse que los chilenos se radicalicen, y es preciso, por tanto, aportar soluciones para que la totalidad del pueblo encuentre de consuno su camino.
Si esta Comisión adelantara decisiones inmaduras, o si no colabora a toda tentativa para ir retornando a la juridicidad, estará cooperando a la radicalización del proceso político. Si los que creen que debe organizarse la actividad legislativa, orientarse la actividad administrativa y regularizarse la actividad comunal y política, en general, sobre la base del respeto de ciertas normas que, aunque provisorias, son fundamentales, no prestan su concurso para que esas metas se hagan realidad, estarán colaborando a esa radicalización peligrosa que le quita al país toda otra alternativa que no sean esos extremos. Lo que busca esta Comisión es la alternativa tradicional chilena, la que justifica la existencia de este Gobierno y la que se señala en el Decreto Ley Nº 1, que no es otra cosa que la restauración democrática, y la restauración democrática implica buscar soluciones intermedias.
Por eso es que, frente a esta cuestión política, los chilenos patriotas, como lo son los miembros de la Comisión, deben, por una parte, evitar todo acto que conduzca a esa radicalización, y realizar, por otra, todos aquellos que sean necesarios para ir estableciendo, aunque sea paulatinamente, la juricidad en Chile.
Continúa expresando que la dictación de las Actas Constitucionales y, sobre todo, aquéllas que rijan la declaración de derechos y su protección, como su regularización en los regímenes de emergencia, van a ser fundamentales para ir creando esta sensación de seguridad jurídica, tanto en lo que se refiere a los bienes, como en lo atinente a los atributos de la persona humana.
Pues bien, en este cuadro, la Comisión Constituyente juega un papel muy preciso y claro. Este organismo, por su estructura, por la calidad de sus miembros y la buena fe reconocida de todos ellos, está en condiciones óptimas para ir produciendo la unidad indispensable en la elaboración de la juricidad e ir orientando al Gobierno para que enmarque su acción dentro de ciertas normas claras y precisas, que constituyan una garantía plena de una mejor convivencia y que conduzcan en definitiva al objetivo que se ha fijado. Un propósito tan loable como el formulado por el señor Evans, que no ha podido tener como meta la de destruir esta labor, sino más bien, agilizar ese retorno, puede, no obstante, destruir el objetivo perseguido y producir suspicacia en el Gobierno en el sentido de que, como ha dicho el señor Díez, se estén creando alternativas políticas que lo puedan colocar en una posición difícil.
Por lo anterior y, además, por razones de orden científico, estima que esta tarea no puede estar sujeta a plazos, ni cortos, ni medianos ni largos, y por eso mismo es que no se pronuncia en forma favorable a la proposición. Reitera que, personalmente, no es partidario de fijar plazos y, por las razones que ha señalado, cree inconveniente establecerlos.
En otro orden, estima aconsejable que todos los miembros de la Comisión, para agilizar esta labor, preparen minutas escritas, y se sujeten a ciertas normas en el debate de los textos que se propongan.
Asimismo, piensa que es este el momento de expresarle a la Mesa la gratitud y reconocimiento de los miembros de la Comisión por cuanto su buena disposición y colaboración ha permitido avanzar notoriamente en el estudio de estas materias.
Finalmente, formula la siguiente indicación:
a) Aumentar el número de sesiones; 
b) Iniciar las sesiones a las 9.30 horas;
c) Desarrollar cualquier tarea ajena a la función constitucional —no se refiere a las actas— en sesiones extraordinarias. El Gobierno ha hecho muchos encargos que no dicen relación directa con la labor de redactar textos constitucionales. Eso, en su opinión, debe desarrollarse fuera de las sesiones, y
d) Acelerar, también, la búsqueda de nuevos recursos para el personal de Secretaría, a fin de que el trabajo pueda llevarse a cabo realmente, ya que ese personal es indispensable para el mejor cumplimiento de nuestras tareas.
El seguida, el señor GUZMAN desea presentar un voto que recoge gran parte de lo que ha planteado el señor Evans —es diferente en algunos aspectos— y, al mismo tiempo, tiene considerados que pueden no ser, como él lo presentó, una especie de expresión de su pensamiento, sino que son los propiamente particulares de un voto. Su texto es él siguiente:
"CONSIDERANDO:
“1° La necesidad de acelerar los trabajos de la Comisión, a fin de poder dar término a la tarea que el Gobierno de la República le encomendara, por Decreto Supremo del Ministerio de Justicia 1.064.
“2° El imperativo de que la Comisión pueda cumplir con el aporte que la H. Junta de Gobierno espera de ella para la promulgación de las Actas Constitucionales que S. E. el Presidente de la República anunció en su último Mensaje Presidencial, dentro de los plazos contenidos en éste”.
“LA COMISION CONSTITUYENTE ACUERDA:
“1° Aumentar en un 50% las horas semanales de trabajo de la Comisión.
“2° Tratar en sesiones extraordinarias, con la urgencia que sea del caso, toda otra materia que la Comisión deba analizar, que no sea la misión específica de redactar un anteproyecto de Nueva Constitución Política del Estado.
“3° Encomendar al Presidente que fije un plazo preciso a cada Subcomisión para que evacue su informe, según el momento en que la Comisión Central vaya a requerirlo, comunicándoles que de lo contrario esta Comisión se verá en la obligación de prescindir de su aporte.
“4° Dirigirse al Supremo Gobierno, por medio del señor Ministro de Justicia, reiterando el fundamental interés de la Comisión por contar con el personal y los recursos suficientes para avanzar más en su tarea.”.
Nota a este voto: “Lo presenta dejando constancia de que de haber mayoría en la Comisión para ello, no tiene inconveniente en que se agregue al voto un primer punto, que exprese que la Comisión se fija el 31 de diciembre de 1977 como plazo máximo para entregar al Gobierno el texto completo de un anteproyecto de nueva Constitución”.
En seguida, desea agregar, verbalmente, dos cosas.
Primero, que no le ha parecido oportuno considerar en el voto algunas manifestaciones de voluntad que han surgido en el transcurso de esta sesión —y que son del todo razonables—, como la que se refiere a los debates, porque ello podría involucrar una discrepancia con la forma en que la Mesa ha conducido los debates, cosa que está demasiado lejos del ánimo de todos.
Segundo. También coloca el plazo como una nota al margen del voto. No tiene inconveniente en que se fije un término si el plazo es el que él sugiere, porque lo cree factible. No advierte el mismo inconveniente, radical o definitivo, que observan los señores Lorca, Díez y Ovalle en que se fije un plazo, pero piensa que existe un inconveniente real y muy profundo en el que ha propuesto el señor Evans o en alguno anterior a esa fecha. Sin embargo, en su sugerencia se establece un plazo máximo en el bien entendido de que si en el curso de los debates se ve que es posible avanzar, tanto mejor, pero sería muy grave que, acordado un plazo, la Comisión no lo cumpla. Por eso, si es que de plazos se trata, desea proponer uno respecto del cual se tenga la certeza moral, al menos, de que la Comisión estará en condiciones intelectuales y, al mismo tiempo, en concordancia con la realidad, de poder cumplirlo. En ese sentido formula la proposición.
Ahora, si esto no satisface el propósito que busca el señor Evans y, además, lo rechazan los demás miembros de la Comisión, porque no quieren plazo alguno, lo retira. Por eso no lo incluyó en el voto central, ya que no ve la necesidad de fijar un término, pero tampoco tiene inconveniente en aceptarlo si el plazo es el que señaló.
En seguida, el señor ORTUZAR (Presidente) sugiere destinar la próxima sesión a poner término a este debate y a adoptar los acuerdos que la Comisión estime conveniente, postergando para el jueves, entonces, la continuación de la discusión en materia de propiedad minera.
—Así se acuerda.

—Se levanta la sesión.
ENRIQUE ORTUZAR ESCOBAR
Presidente
RAFAEL LARRAIN CRUZ
Secretario Subrogante