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El señor INSULZA.-
Señora Presidenta , desde el 18 de marzo de este año nos encontramos bajo el estado de excepción constitucional de catástrofe. Una situación excepcionalísima, que nos sobrevino como país, como sociedad, como ciudadanía, como pueblo.
En atención a ello, todos apoyamos la decisión del Presidente de la República de decretar el estado de catástrofe por calamidad pública en todo el territorio nacional. Esto entrega al Ejecutivo atribuciones sustantivas para adoptar las medidas oportunas, necesarias, urgentes y suficientes para atravesar la calamidad del modo que mejor cautela los derechos y los intereses de la ciudadanía.
¿Pero cuáles han sido los objetivos centrales para el Ejecutivo en la adopción de medidas? ¿Qué criterios han primado? ¿Se ha considerado realmente el estar viviendo, o sobreviviendo, bajo una situación a tal punto extrema? ¿Se ha ponderado todo lo que acontece en las sociedades desde un punto de vista humano? ¿O la racionalidad económica no ha dejado ver el imperativo ético, humanitario que aquí se ha levantado?
El Gobierno ha leído mal y tarde esta realidad.
En el Congreso hemos aprobado sin tardanzas sus planes y programas cuando han estado destinados a paliar los sufrimientos de las familias más necesitadas. Pero le advertimos, sin embargo, que esas acciones eran insuficientes, que pasan por alto la realidad de muchas familias que están sobre el nivel de pobreza, pero que han visto caer abruptamente sus ingresos, lo que los han llevado a experimentar realidades de insatisfacción efectiva de sus necesidades fundamentales.
El Gobierno ha dejado de lado la tragedia de las clases medias, mayoritarias en el país, nervio vital de su desarrollo económico, social y cultural, a las que la crisis ha golpeado con rudeza, reduciendo en forma aplastante sus ingresos al punto de que muchos enfrentan la vuelta a la pobreza que habían superado en las últimas décadas, o han caído en ella por primera vez.
Por tanto, es necesario que a estas alturas comprendamos que más que medidas focalizadas y llenas de requisitos se requieren medidas de cobertura lo más universal posible.
El Estado -este Congreso también es el Estado, señora Presidenta - debe buscar la fórmula jurídica adecuada para que los sectores afectados mayoritariamente, de condiciones muy diversas, puedan disponer de recursos propios que han generado a través de una vida de trabajo, muchas veces no bien remunerado, para solventar el tiempo actual en que se vive, con las restricciones de la cuarentena, en el que no han podido generar ni percibir ingresos.
Luego de los ofrecimientos del Ejecutivo para resolver este problema, los préstamos blandos, que parecen ignorar el masivo sobreendeudamiento que agobia a la población, y de su incapacidad para producir fórmulas idóneas, parece que el ahorro previsional de los trabajadores y las trabajadoras es la única fuente de recursos que queda, sobre todo cuando el Ministro nos ha informado ya que no hay más dinero.
Por eso, al cerrarse las puertas y las mentes de las autoridades encargadas de velar por el bien común, lo que propone este proyecto es la única opción que queda.
Los fondos previsionales son legalmente propiedad de las personas. Más allá de su destino, en las circunstancias críticamente restrictivas de la cuarentena y de la carencia de ingresos para el sustento cotidiano se debe reconocer el derecho de las personas a recurrir a una fracción de los fondos que han acumulado como ahorro a través del tiempo. Viviendo, o sobreviviendo, en estado de catástrofe cada uno debe poder disponer de bienes que legalmente le pertenecen. Hay experiencias internacionales que avalan este tipo de medidas de emergencia, en que se permite retirar fondos previsionales frente a situaciones catastróficas. Muchas familias viven hoy en Chile esta situación. Y la ley, o la Constitución en este caso, debe permitirles ayudarse con los fondos que construyeron con su propio esfuerzo.
Los retiros que la reforma propone han sido diseñados y dispuestos para enfrentar la actual coyuntura socioeconómica crítica. Estamos dando un beneficio social extraordinario y circunstancial, derivado de la crisis económica y social a la que nos ha conducido la pandemia.
Algunos cuestionan que se afectan las normas constitucionales relativas a la seguridad social, pero ¿tenemos en Chile realmente seguridad social? Más allá de las normas en el texto constitucional, ¿tienen vigencia en Chile el derecho a la seguridad social y las prestaciones mínimas que supone? Nadie puede engañarse. Muy poco del sistema de cotizaciones obligatorias en las AFP ha tenido y tiene seguridad social como se comprende en el mundo civilizado...
La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
Un minuto más, Senador Insulza.
El señor INSULZA.- ...(falla de audio en transmisión telemática)... son, para la mayoría de los trabajadores que cotizan o han cotizado, abrumadora e irritantemente insuficientes.
Rechazar por razones de seguridad las acciones que esta reforma habilitará es una contradicción en los términos, porque ello implica que muchos queden condenados a agradecer la inseguridad social y el estropicio actual que el Estado no les resuelve.
Es evidente que el sistema de pensiones está en una crisis estructural que lo afecta desde sus cimientos. Es el fundamento para un debate mayor, que abordan otras iniciativas que están en curso.
Lo que nos preocupa en este momento es apoyar, ayudar a la gente que necesita esos dineros ¡hoy!
Muchos de los conflictos que ha suscitado la tramitación de este proyecto se habrían evitado si el Gobierno hubiese dejado de lado su rigidez y sus dogmatismos; si hubiese estado dispuesto a dialogar y trabajar con el Congreso Nacional en cuestiones tan sensibles para la ciudadanía, como las reguladas en este proyecto.
Mientras se tramitaba esta iniciativa, el Gobierno presentó en breve plazo tres proyectos para canjearla y evitar que se apruebe. Pero todos ellos adolecen de una insuficiencia de base, de una mezquindad y falta de sintonía con la estrechez económica de los trabajadores. Tanto es así que estos se han cansado del espectáculo y hace tiempo perdieron la confianza en lo que pueda provenir de autoridades que actúan de modo coordinado con los intereses privados y transnacionales de las AFP.
Entretanto, dado que en general los efectos del retiro parcial de los fondos ahorrados por los trabajadores en los términos que esta reforma propone serán prácticamente indiferentes en los rendimientos definitivos de las cuentas que administran las AFP; y a falta de mejores soluciones desde la iniciativa fiscal del Gobierno, estos retiros aparecen como una fórmula perfectamente ajustada a la crítica situación que viven los trabajadores y las trabajadoras.
Entendámoslo: la situación es grave y generalizada, y si no actuamos en consecuencia, no sabemos qué dimensiones puede alcanzar.
El Congreso Nacional, entonces, hace lo que debe hacer: representa y promueve los intereses de la ciudadanía, con criterio de justicia y bien común, y cumple con un deber que se enraíza como símbolo de la dignidad colectiva, la que no puede quedar atada a los vaivenes del mercado financiero nacional e internacional, aunque algunos crean que ello signifique violar algo que no estamos violando, por cierto. La Constitución es algo superior al modelo económico. O sea, el modelo económico no puede ser la Constitución democrática de ningún país, y, por cierto, no de Chile.
Por último -termino aquí, Presidenta -, no desdeñemos el efecto positivo que esta iniciativa puede tener en el estado de ánimo de la ciudadanía, fundamental para superar esta pandemia.
Esta reforma la espera todo Chile. Les dará un respiro a muchas familias angustiadas que sentirán que se respeta su propiedad y su derecho; y que también a los que tienen menos se les trata con dignidad.
Quitemos, aunque sea por un tiempo, la angustia del corazón de muchos chilenos y chilenas. Respetemos lo que les pertenece.
He dicho, Presidenta .
Voto a favor.
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