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El señor ELIZALDE.-
Señora Presidenta , soy un convencido de que, ante crisis de la magnitud que estamos enfrentando, el principal esfuerzo lo tiene que hacer el Estado para proteger adecuadamente a las familias. Pero hemos visto cómo pasan los meses y las respuestas que se han dado han sido tardías e insuficientes.
Cuando se planteó la primera iniciativa del Gobierno, el "bono COVID", dijimos que su cobertura no abarcaba el número de personas que estaban viviendo una situación compleja y que, sin duda, su monto tenía que ser mayor. Y vino la propuesta del primer Ingreso Familiar de Emergencia , con monto decreciente, al ver que se iba a prolongar la crisis. Porque el monto era insuficiente y debía tener un valor de la misma magnitud durante todo este período.
Cuántas semanas tuvieron que pasar para que el Gobierno planteara su disposición a un diálogo que permitiera efectivamente mejorar esa propuesta, sin que se acogiera, lamentablemente, lo que en aquel entonces dijimos: la necesidad de que lo que se entregara estuviera por sobre la línea de la pobreza. Sin embargo, hubo un pequeño avance.
La pregunta es: ¿Cuántas veces el Gobierno va a tener que esperar que el Congreso tome el liderazgo para que se vote una iniciativa y ahí recién plantear una propuesta sobre la mesa?
¡Cuántas semanas se perdieron para que el Gobierno finalmente tuviera la disposición a legislar respecto del posnatal de emergencia!
¡Cuánto tiempo fue necesario para que el Gobierno planteara todas las semanas un nuevo plan para la clase media, poniéndole un apellido, pero lejos de lo que necesitan las familias chilenas!
Es por eso que hoy nos vemos en la necesidad de impulsar esta iniciativa ante un Ejecutivo que ha actuado con tardanza y, por cierto, con propuestas que están lejos de lo que se requiere para enfrentar esta crisis, con contradicciones evidentes en los argumentos que utilizan para oponerse a este proyecto: que no se pueden utilizar los fondos de los trabajadores.
¡Qué dijimos cuando se discutió el plan de protección al empleo utilizando la institucionalidad del Seguro de Cesantía! Que tenía que pagarse con recursos públicos los 2 mil millones de dólares anunciados por el Ejecutivo. ¿Qué se dijo? Que no, que había que partir con los fondos de los trabajadores. Y ahora, cuando se plantea una iniciativa similar respecto de las AFP, entonces se señala que no se pueden utilizar los fondos de los afiliados.
¡Para qué decir las iniciativas que el propio Ejecutivo ha planteado respecto, por ejemplo, de que no se utilicen los fondos de pensiones! ¿Para qué? Para proteger a los afiliados en momento de crisis, en circunstancias de que el Gobierno ha propuesto iniciativas legales para eliminar la calificación de riesgo, para que las empresas emitan títulos de deuda sin esta calificación, en tiempos de volatilidad e incertidumbre. ¿Para qué? Para que los compren las AFP, en la lógica de la economía de casino.
Es decir, esos fondos, de acuerdo al Gobierno, pueden estar disponibles para la ruleta que representa invertir muchas veces en estas empresas que son altamente riesgosas; sin embargo, no están disponibles para que los trabajadores cuenten con ellos a fin de poder llegar a fin de mes y cumplir con sus necesidades básicas. ¡Una evidente contradicción!
Y hoy el Ministro de Hacienda nos habla de los efectos tributarios, cuando en días recientes se discutió también una iniciativa que incorpora una depreciación instantánea, que ya se aplica para las pymes y que se hace extensiva a las grandes empresas, con un costo de 2 mil millones de dólares de menor recaudación para los años 2021 y 2022, y de 3 mil millones de dólares para el año 2023. Esto significa un total de 5 mil millones de dólares de menor recaudación en el corto y en el mediano plazo.
Entonces, la pregunta es: ¿Los argumentos se utilizan de acuerdo a convicciones o, más bien, de acuerdo a la necesidad de defender intereses?
También se ha planteado, por ejemplo, una depreciación de intangibles sin un cálculo concreto, lo que constituye -no cabe duda- una política improvisada.
Hemos llegado a esto, Presidenta -y hablaré los ocho minutos de que dispongo-, porque el Gobierno todavía no toma conciencia de la dimensión de la crisis, y segundo, porque existe un cuestionamiento al sistema de AFP por el monto de las pensiones, dado que la tasa de reemplazo es muy baja y no garantiza la dignidad que merecen los adultos mayores y todos los pensionados.
Y en ese contexto, sobre todo cuando se enfrenta una crisis, muchos de nuestros compatriotas prefieren tener hoy recursos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas porque han visto mermados de manera significativa sus ingresos, sabiendo que el sistema de pensiones en Chile simplemente no ha dado resultado.
Tenemos diferencias conceptuales con lo que ha planteado el Ejecutivo en aspectos como la focalización en la que insiste y la lógica de la universalidad que hemos planteado en el marco de la magnitud de la crisis; la necesidad de hacer el esfuerzo ahora, no después, porque los empleos que hoy se destruyen será muy difícil volver a generarlos en el futuro, tal cual nos indica la experiencia derivada de la crisis asiática, y, por cierto, también porque creemos que la magnitud del esfuerzo debe ser superior a lo que hasta ahora hemos conocido. Ello, dado que en nuestra historia Chile no ha enfrentado una emergencia de la dimensión de la que hoy día estamos enfrentando; e insisten en discusiones secundarias, en temas de admisibilidades. Un ejemplo es el absurdo argumento jurídico que se planteó hoy día: como la Constitución establece que la seguridad social se regula por ley, ¡entonces, no puede regularla! Lo que es un sinsentido desde el punto de vista jurídico.
Nosotros hemos tenido disposición para contribuir en la búsqueda de soluciones ante la magnitud de la crisis. No ha habido una Oposición obstruccionista en este período. ¡Todas las iniciativas del Gobierno han sido aprobadas!
En todo caso, sí hemos advertido que están lejos de ser lo que se necesita. Reiteramos nuestra disposición, por cierto, a contribuir con todos los entendimientos necesarios para proteger adecuadamente a los chilenos.
Pero esperamos que el Gobierno no se transforme en un obstáculo para que las propuestas destinadas a proteger a los chilenos se hagan realidad; que el Gobierno no insista en una lógica obstruccionista, la misma que manifestó al vetar el proyecto que prohibía el corte y postergaba el pago de los suministros básicos. El Presidente de la República , en particular, no puede transformarse en un impedimento para que los chilenos cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar esta crisis tan profunda.
Parece que el Gobierno no escuchó la voz de la ciudadanía que se expresó de manera contundente en octubre pasado. Pues bien, es obligación del Congreso al menos escucharla.
Por eso, voy a votar a favor de esta reforma constitucional sobre las pensiones de los afiliados en nuestro país.
He dicho.
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