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El señor AUTH (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, entiendo que como no hay más inscritos, podré hacer uso libre del tiempo asignado a la bancada del Partido Socialista o hasta donde llegue mi creatividad.
El señor AUTH (Presidente accidental).-
Tiene extensos diez minutos y diecisiete segundos, señor diputado.
El señor MONSALVE.-
Gracias, señor Presidente.
Primero, es indispensable aclarar los nudos clave respecto de este proyecto de ley.
Este proyecto modifica dos leyes: la No 18.045, de Mercado de Valores, y la No 18.046, sobre Sociedades Anónimas. Sin embargo, ninguna de esas modificaciones son las que han cautivado el interés del pueblo chileno, sino la indicación que presentó el gobierno a este proyecto, que fue discutida en la Comisión de Hacienda de esta Corporación.
Esa indicación no buscaba modificar ni el mercado de valores ni las sociedades anónimas, sino el decreto ley No 3.500, que regula el sistema de pensiones en Chile.
¡Vaya debate en el que se metió el gobierno del Presidente de la República, en especial su ministro de Hacienda!
Alguien podría sostener que el Ejecutivo tiene derecho a incorporarla; sin embargo, esa indicación afecta a cerca de 10 millones de chilenos que están afiliados al sistema de pensiones. La indicación buscaba limitar la libertad que tienen los chilenos para cambiarse de fondo. Eso es lo que lo chilenos han denominado “el corralito”.
Lo primero que hay que aclarar, entonces, es que ese corralito ya no está en el proyecto de ley que estamos discutiendo en esta Sala y que se votará hoy. Hay que decírselo a los chilenos que han mandado correos electrónicos o han escrito en Twitter, porque tienen que saberlo. Eso se debe a que dicha indicación fue declarada inadmisible en la Comisión de Hacienda y a que el gobierno reconoció que era un tema que hacía muy compleja la discusión de este proyecto de ley, por lo que terminó accediendo a retirar la indicación.
Por lo tanto, insisto en que “el corralito” no está en este proyecto. ¡Y qué bueno que no esté, porque era una mala idea! Chile tiene interés especial en reformar el sistema de pensiones, por lo cual hay que reformarlo en un solo proyecto de ley y no fragmentar la discusión.
El gobierno ha querido hacer modificaciones al decreto ley Nº 3.500 de manera parcial, por ejemplo, impidiendo que los afiliados se cambien de fondo, rigidizando el sistema, permitiendo solo cambiarse a los fondos adyacentes y aumentando el plazo para que esos cambios se produzcan. Eso ya no existe; era una mala idea, pues perjudicaba a los afiliados, a los trabajadores, colocándoles una limitación que no tienen quienes juegan a la compra y a la venta de acciones en el mercado financiero chileno.
Por otra parte, el Senado incorporó un artículo 3°, con el objeto de regular a los asesores previsionales. Se trata de una norma que, en el fondo, trata de impedir las asesorías que hoy presta, por ejemplo, Felices y Forrados .
En realidad, uno no tiene motivos para decir que no hay que regular a los asesores previsionales. Parece una buena idea y muy necesaria para proteger las buenas decisiones de los trabajadores en el manejo de sus fondos previsionales. Sin embargo, al leer el artículo 3º se llega a la conclusión de que el gobierno no los quiere regular, sino más bien quiere impedir que exista una asesoría previsional, porque establece penas privativas de libertad en una regulación extraordinariamente ambigua.
Por lo tanto, me parece que dicho artículo, denominado comúnmente como “ley mordaza”, lo que busca es impedir o inhibir que haya asesores previsionales que puedan orientar a los trabajadores con información distinta a la que hoy les entregan las AFP. Es un artículo respecto del que, en lo personal, me voy a abstener o lo voy a rechazar. No me parece que esté bien expresada la regulación de los asesores previsionales en el artículo 3º.
En tercer lugar, este era un proyecto que buscaba mejorar la transparencia, la competencia y regular los conflictos de intereses en el mercado de valores y en las sociedades anónimas. Cabe recordar que tiene su origen en el gobierno de la Presidenta Bachelet y está claramente bien orientado, por lo que los socialistas vamos a respaldar el resto de las normas del proyecto, incluida una indicación que nos parece sensata. Si uno quiere evitar los conflictos de intereses, no puede ser que una autoridad -ministro de Hacienda- o alguien que se desempeña en una institución que regula el mercado, como una superintendencia, al día siguiente de finalizar su función pública, esté sentado en el directorio de una de las empresas a las que debía regular y fiscalizar. Eso debilita la función pública de fiscalizar y de regular de buena manera a los agentes del mercado.
En consecuencia, vamos a votar favorablemente la indicación que impide o enfría la posibilidad de que autoridades públicas que toman decisiones o participan en la regulación de los mercados de valores y financiero, ocupen asientos en los directorios de las empresas a las que regulaban.
El gobierno ha intentado modificar el decreto ley Nº 3.500 -hay que recordarlo-, a través del proyecto de ley que buscaba un mejor funcionamiento del mercado financiero. Lamentablemente, la Cámara de Diputados lo aprobó, pero yo voté en contra. Debemos recordar que su objetivo era permitir a las grandes empresas emitir títulos de deuda para que una mayor cantidad de fondos previsionales de los trabajadores fuesen utilizados en la compra de títulos de deuda de las grandes empresas. En el fondo, se busca capitalizar a las grandes empresas con los fondos previsionales de los trabajadores.
¡Esa era una modificación clara al sistema de pensiones! A mi juicio, fue fragmentada para ocultarla, y, lamentablemente, la Sala de la Cámara de Diputados la aprobó. Eso llama la atención, porque el gobierno se opone tenazmente a la posibilidad del retiro de los fondos previsionales por parte de los trabajadores, en el contexto de la crisis financiera y económica que ha afectado a las familias chilenas a raíz de la pandemia, pero no se opone a modificar el uso de los fondos previsionales para ayudar a la capitalización de las grandes empresas. Esa conducta es completamente contradictoria.
Ya que el gobierno incorporó en este proyecto una modificación del sistema previsional, una modificación del decreto ley Nº 3.500, anuncio que voy a respaldar el proyecto de reforma constitucional que permite el segundo retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales de los chilenos, porque efectivamente hay millones de compatriotas que han perdido sus empleos y que han visto disminuidos sus ingresos de manera severa. Ellos, como se dice en buen chileno, están con el agua hasta cuello porque no han recibido apoyo del gobierno. Hay gente que sí lo ha recibido, pero muchos chilenos no han podido pagar los aranceles de sus hijos y los servicios básicos, y no tienen suficiente dinero para alimentar a su familia. Lo están pasando muy mal y no han recibido ninguna ayuda del gobierno. Por eso, si su situación es grave, démosles la oportunidad y la libertad de decidir sobre el retiro, por segunda vez, del 10 por ciento de sus fondos previsionales.
En ese contexto, espero respaldar en la Sala el proyecto de reforma constitucional, impulsado por la diputada Pamela Jiles , que permite por segunda vez el retiro de 10 por ciento de los fondos previsionales.
He dicho.
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