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- rdf:value = " Tras las presentaciones, se otorgó la palabra a los parlamentarios para plantear preguntas y observaciones.
El Diputado Melero preguntó a los señores Guerrero y Frigolett su opinión sobre la constitucionalidad de esta moción parlamentaria. Respecto a lo planteado por los señores López y Sturla, particularmente respecto al nivel de royalty que resulta posible aplicar, consultó por qué los otros países mineros no tienen un tributo de esta naturaleza que alcance los niveles de 20% o más que propusieron en sus presentaciones.
El Diputado Pérez consultó al señor Guerrero sobre qué tan relevante es legislar este proyecto ahora, cuando el proceso constituyente podría cambiar el esquema constitucional de los recursos naturales no renovables. Asimismo, preguntó, dada la naturaleza de largo plazo de la actividad minera, cuánto caería año a año de aprobarse este proyecto. Preguntó a los señores López y Sturla, si el precio usado para determinar el impuesto es el de largo plazo, no haría este quebrar a las mineras en momentos de precios bajos.
El Diputado Núñez agradeció a todos los expositores que participaron en la tramitación de esta iniciativa. Consideró escandaloso que Chile esté reglando una parte importante de sus rentas mineras a las grandes transnacionales. Manifestó sus dudas respecto a la capacidad del impuesto específico, aun considerando su carácter progresivo, de captar parte de las utilidades que percibirán las mineras en este ciclo de alto precio del cobre. Solicitó mayor profundidad a los presentadores respecto a la relación entre el precio del cobre y el mayor uso de este mineral en el contexto del combate del cambio climático, el desarrollo de las energías renovables y la electromovilidad. Finalmente, expresó que el debate de constitucionalidad de esta iniciativa ya fue resuelto por la Cámara de Diputados, en razón de que se consideró que este royalty no es un tributo, sino un derecho que cobra el Estado en tanto dueño de todas las minas del país.
El Diputado Ramírez valoró las interesantes presentaciones que fueron desarrolladas en esta sesión. Estimó central la proyección del precio del cobre en el futuro. Coincidió en que el cobre pueda ser más relevante en el futuro por las razones expresadas por el Diputado Núñez, pero replicó que el precio de las cosas no tiene que ver con su relevancia, sino con su escasez. Si aumenta la demanda, es presumible que aumente la inversión, generándose como consecuencia una mayor oferta, tendiendo el precio a estabilizarse. Por otra parte, señaló que independiente del nombre que se escoja, el royalty sigue siendo un tributo y, por tanto, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Preguntó si un aumento en los impuestos implicará una menor inversión de la minería privada. Por otra parte, pidió a los expositores una mirada sobre el precio futuro del cobre.
El Diputado Jackson consideró que las presentaciones confirman la importancia de contar con mayor transparencia sobre los ingresos de la actividad minera y su tributación. Preguntó por los costos de los proyectos mineros, particularmente por qué se decidiría invertir en una mina cuyos costos son más altos que el precio del mineral, y cuánto es la presión al alza de los costos frente a un aumento del precio. Manifestó su preocupación sobre la baja tributación proyectada para este nuevo ciclo de precio alto del cobre. Preguntó a los expositores si hay espacio para establecer una mayor tributación.
El señor López señaló que la propuesta sobre el nivel de renta que resulta deseable captar, se encuentra cerca del 50%, lo que constituye una gran diferencia con el régimen actual. Respecto al hecho de que muchos países no tengan un royalty, se explica por la misma razón que Chile no lo hace: porque hay intereses creados, que influyen en quienes tienen que tomar las decisiones, porque hay una excesiva falta de realismo de los economistas. Citó el ejemplo de Bolivia, que está captando una parte significativa de las rentas, por casi 10 años, teniendo excelentes resultados en términos de crecimiento. Respecto a una eventual fuga de inversionistas, expresó que Chile no compite con otros países, sino que está inserto en un mercado de capitales muy grande, y donde existe una rentabilidad adecuada, de un 10% o más, siempre habrá capitalistas interesados en invertir. Respecto a la naturaleza de la propuesta parlamentaria, estimó que es un derecho, en tanto el Estado es el dueño de la mina, pudiendo cobrar un monto por la explotación. Tratándose del precio futuro del mineral, coincidió en que la oferta responde a un aumento en los precios, pero primero tiene que ocurrir esto último, lo que gatilla un alza en los costos de producción. Finalmente, distinguió entre las utilidades económicas verdaderas de las empresas y otra las utilidades tributables, que son las declaradas. Estas son muy inferiores a aquellas, llegando incluso a ser inexistentes, por lo que no se paga impuesto alguno, a través de diversas granjerías tributarias.
El señor Lagos indicó, respecto al precio futuro del cobre, que existe una tendencia a pensar que la electromovilidad y las energías renovables harán subir la demanda, lo cual es cierto, pero también es cierto que la oferta reaccionará. Agregó que las proyecciones de las próximas décadas de la demanda de cobre son muy moderadas, estimándose un aumento de la demanda de menos de un 2% anual. En este sentido cobra relevancia la mayor dificultad que presentan los nuevos proyectos mineros, cuyo desarrollo supone un mayor precio del cobre. No se ve una forma en que los costos puedan disminuir significativamente en el mediano plazo. Por otra parte, señaló que determinar si la tributación actual se encuentra cerca del óptimo es un tema complejo, porque implica comparar la inversión futura en todos los proyectos disponibles, con distintos niveles de precio. Consideró que, al menos formalmente, Chile está dentro del óptimo, pero lo que se ha venido tributando es menos que lo que se establece legalmente en abstracto, de allí que sea necesario colmar algunos vacíos presentes en la legislación. Respecto a la pregunta por las minas con costos altos, y cómo estas siguen operando, señaló que existen casos en que se están realizando importantes inversiones que permitirán no cerrar la operación, dado que esto último presenta grandes costos. Sobre cuán rápido los costos responden al precio, indicó que lo hacen retardadamente y en menor grado que el aumento del precio. Respecto a la eventual fuga de capitales, señaló que sí existe competencia entre los países, pudiendo las empresas tomar la decisión de irse si es que las condiciones se vuelven poco apropiadas. Agregó que no es una alternativa sencilla, si es que ya se ha iniciado un proyecto, pero sí se puede producir.
El señor Sturla expresó que hay consenso en la necesidad de captar una parte de las rentas, siendo necesario calcular estas últimas y definir un mecanismo adecuado. Manifestó que otros países sí tienen mecanismos para captar rentas, por ejemplo, a través de las empresas estatales, a través de royalty, como en caso australiano, y a través de la fiscalización y la transparencia de los procesos mineros. Respecto a los altos costos de ciertas minas, señaló que es preciso mirar la estructura empresarial en su conjunto. De esta forma, es posible que ciertas minas menos rentables sigan funcionando en la medida en que formen parte de una organización que explote también otras minas con mayor rentabilidad. Incluso pueden servir para la ejecución de ciertas estrategias tributarias que permite la legislación chilena. Destacó que Chile tiene el 30% de las reservas conocidas de cobre.
El señor Concha indicó que hay dos discusiones distintas: una, la forma en que se lee la declaración de que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. La forma en que la entendió el Diputado Núñez responde a la idea del dominio pleno, en la que el Estado es dueño efectivo y tiene que comportarse como tal. La otra, es la que entronca con la normativa presente en el Código Civil, y que apunta a que el Estado tendría un dominio eminente, que le permite otorgar concesiones y que terceros exploten las minas. Lo anterior no altera la discusión sobre si una tasa, patente o derecho, constituye o no un tributo. La palabra royalty viene de regalía, es decir, lo que se pagaba al rey para poder usar un yacimiento minero, lo que responde a la misma lógica de un tributo, a saber, reconocer en alguien la condición de soberano. Su condición fundamental es que no se negocia; el Estado impone el monto a pagar.
El señor Frigolett señaló que es posible constatar que en periodos de alza del precio del cobre los costos también suben, como consecuencia de un cambio en la estrategia de explotación de los yacimientos, bajando las leyes promedio del mineral. Esto repercute en un margen operacional que no solo no subió, sino que bajó. En este sentido, el control técnico y tecnológico lo tienen las empresas, en tanto conocen la calidad de sus yacimientos, manteniendo en privado los informes de reserva. Otro problema se relaciona con la fiscalización, en razón de que el precio que se utiliza para determinar los ingresos de la explotación, tampoco está bien calibrado por el Estado. Tampoco hay buenos mecanismos de fiscalización en el hallazgo de otros minerales que están en el yacimiento, ni en el embarque, ni a la llegada. Todo esto afecta la renta económica. Por otra parte, destacó que cerca de un 75% del cobre que se exporta se hace como concentrado, y sólo cerca de un 25% como refinado. Por lo tanto, es necesario hacer un modelo más integral que se haga cargo de los precios de transferencia que se arrastra desde la privatización de la minería en Chile. Agregó que el precio del cobre difícilmente superará el precio de 5USD/lb en los próximos meses. Explicó esto, recordando que cuando el cobre llegó a 4.50USD/lb, la producción del cobre de mina, utilizado mundialmente, subió de 15 millones de toneladas a 16,5 millones de toneladas. La demanda, por su parte, subió de 18 millones a 21,5 millones. Es decir, hay una parte del abastecimiento mundial que no provino del cobre de mina, sino del reciclaje. Con precios altos, ese reciclaje se hace rentable. Son los grandes consumidores de cobre, los chinos, quienes hacen también este reciclaje. Respecto a una eventual fuga de inversionistas, manifestó que Chile tiene condiciones de explotación y logísticas extremadamente ventajosas. Efectivamente hay problemas, por ejemplo, ligados a la disponibilidad de agua, pero existen costos de desalación que son los más bajos del mundo, porque el recorrido desde la costa hasta la explotación es mínimo. Sobre la constitucionalidad, estimó que el debate está abierto sobre lo que realmente significa el royalty. Desde la regalía real, han pasado cinco siglos, y este debate debe darse en el siglo XXI, ponderando la compensación que debe recibir el Estado, por el valor intrínseco que tiene el mineral depositado en suelo chileno. Destacó la importancia de sostener esta discusión, en tanto responde a un problema central para el país.
El señor Guerrero explicó que todos los estudios tienen limitaciones, siendo importante uniformar criterios para poder desarrollar una discusión sobre una base común. En cuanto a la tasa efectiva que se cobra, a la larga hay muchos problemas en materia de fiscalización, pero también por los espacios que permite la ley para rebajar la carga tributaria. Respecto a la constitucionalidad del proyecto, optó por no pronunciarse, en tanto no es su especialidad, pero llamó a respetar los canales institucionales vigentes. En cuanto a la oportunidad de discutir esto ahora, estimó que es relevante que se haga en un contexto de buenos precios. Sobre la relación entre los impuestos y la inversión, el tema es muy discutido, mostrando la evidencia que los tributos no son la mayor razón para los inversionistas a la hora de decidir por iniciar un proyecto en un país. A la minería también le conviene que el Estado sea robusto y eficiente, por ejemplo, construyendo caminos en zonas cercanas a la minería, hospitales, colegios, etc.
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