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El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .
El señor CRUZ-COKE.-
Señor Presidente, qué buena noticia estamos conociendo: finalmente estamos dando pasos relevantes para terminar con el Sename, institución que se transformó en sí misma en una mala palabra. Concretamente, votaremos un proyecto por el cual hemos peleado desde hace mucho tiempo, con el objeto de terminar con esa mala palabra, de terminar con un servicio célebre por las muertes ocurridas, célebre por el nombre de Lissette Villa y por tantos niños, niñas y adolescentes que han visto vulnerados sus derechos más evidentes, lo que se traduce en una falla enorme en el alma, en la sustancia de una nación, en especial si se considera que su deber es hacerse cargo de los niños, sobre todo de los niños más pobres de nuestro país.
Con la creación de un nuevo servicio, como el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y con la división del Sename en dos instituciones, una de las cuales tendrá la labor de velar por la protección especializada de niños, niñas y adolescentes y por la reparación de las consecuencias provocadas por las vulneración de sus derechos humanos. En su momento, fuimos testigos de relatos dolorosísimos, de imágenes tristes, de cifras violentas asociadas con el drama de la infancia vulnerada en Chile.
Creo importante hacer el punto en cuanto a que el gobierno del Presidente Piñera y toda la clase política fueron capaces de sentarse en una mesa junto a especialistas en infancia, en donde personas comprometidas por años, no solamente a través de instituciones colaboradoras, sino por medio del mundo público, nos dieron algunas luces de cómo avanzar, de cómo dar un giro en la forma en cómo se estaban haciendo las cosas hasta el día de hoy, de modo de estar a la altura de lo que estos niños y lo que los futuros niños necesitan. Allí donde hemos fracasado en el pasado, ojalá podamos ser exitosos en el futuro.
Como nobleza obliga, debo decir que hubo una enorme disposición al diálogo durante la tramitación del proyecto de ley en la Comisión de Constitución, instancia en la que muchas veces se producen roces y discusiones muy acaloradas. Efectivamente, hubo distintas posturas y hoy también se someterán a votación esas diferencias, que son valiosas.
En cualquier caso, la mayoría de las veces pudimos llegar a un punto medio, pero, si se revisan las votaciones, encontrarán que una parte importante de los artículos se aprobaron por una amplia mayoría, cuando no por unanimidad. Muy pocas veces tuvimos que dirimir diferencias a través de votaciones, que fueron probablemente por uno o dos votos, con la finalidad de crear este Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que será una entidad pública especializada en coordinar otras agencias del Estado en el proceso de reinserción social de aquellos adolescentes que sean infractores de la ley penal. Este es un avance enorme.
En 2005 se aprobó la ley N° 20.084, que estableció por primera vez un sistema penal para hacer efectiva la responsabilidad penal de los adolescentes en el país. Es una ley valiosa, sin duda, pero absolutamente insuficiente, ya que el sistema penal se homologaba al sistema penal adulto, y, a su vez, era incapaz de reinsertar a los infractores de ley y disuadirlos de cometer las conductas sancionadas, para que no reincidieran, asunto que terminaba ocurriendo y que, incluso, transformaba a los centros de reinserción en verdaderas escuelas delictuales.
De igual modo, las condiciones de los centros de privación de libertad eran muy parecidas a las del sistema carcelario, pese a estar enfocados en menores de edad.
Asimismo, es importante entender que el cambio en el modelo de intervención debe contar con los recursos materiales, el financiamiento y, principalmente, los recursos humanos necesarios para ser eficaz, efectivo y eficiente.
El modelo propuesto originalmente asume una postura criminológica en la cual se hace necesario conocer y promover los factores que hacen más probable que los jóvenes -ojaláse alejen de la actividad delictiva.
Crear este servicio público descentralizado, con personalidad jurídica, y establecer quiénes son los sujetos de atención y las disposiciones generales de interés superior del adolescente es algo que, sin duda, valoramos.
Evidentemente, también está el proyecto de ley de garantías, que aún está detenido en el Senado. Al respecto, no le tenemos miedo alguno a la autonomía progresiva, pues ha sido utilizada en otras legislaciones, y bien empleada y bien entendida no cabe duda de que puede cooperar en ir cambiando, de una vez por todas, esta mala palabra, este mal recuerdo que ha sido el Sename.
En definitiva, este proyecto apunta a mejorar las intervenciones y el rol de la sociedad civil, a permitir que -ojalálas organizaciones colaboradoras que se acercan a este proceso estén mejor normadas y enmarcadas, y se hace cargo de una crisis de la cual el país no puede desentenderse: la crisis institucional en materia de niñez y adolescencia, que no ha pasado diagnóstico razonable alguno, no solo en la Cámara de Diputados, sino en otras instancias, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y muchas más. Por eso la separación del Sename en dos servicios ha sido una recomendación permanente del Comité de los Derechos del Niño.
En consecuencia, este nuevo servicio será una respuesta especializada, transversal; además, con todas las diferencias que ha habido durante la discusión del proyecto que lo crea, sin duda, será un tremendo avance en la materia.
Por tanto, tal como lo señaló el Presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker , ojalá podamos aprobarlo por unanimidad.
He dicho.
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