-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds17
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds21
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds26
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds23
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds27
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds18
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds22
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds24
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds15
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds19
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds16
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds20
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13-ds14-ds25
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = bcnbills:SegundoTramiteConstitucional
- dc:title = "CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y MODIFICACIONES A NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11174-07)"^^xsd:string
- rdf:type = bcnses:SeccionProyectoDeLey
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = bcnbills:DiscusionGeneral
- bcnres:tieneResultadoDebate = bcnres:seApruebaEnGeneralYParticular
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147/seccion/akn693147-ds13
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/693147
- rdf:value = " CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y MODIFICACIONES A NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11174-07)El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, y a otras normas que indica.
De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y cinco minutos al resto, más sesenta minutos distribuidos de manera proporcional.
Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda son los señores Juan Antonio Coloma y Cosme Mellado , respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 149ª de la legislatura 367ª, en miércoles 29 de enero de 2020. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 132ª de la presente legislatura, en martes 19 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 13.
-Certificado de la Comisión de Hacienda, sesión 134ª de la presente legislatura, en miércoles 20 de enero de 2021.Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor COLOMA (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica.
La idea matriz o fundamental de esta iniciativa consiste en crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de reinserción social de los adolescentes infractores de la legislación penal. Asimismo, la iniciativa busca modificar la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y disposiciones de otros cuerpos normativos que se relacionan con esta materia.
En cuanto a los fundamentos del proyecto, cabe señalar que en 2005 se aprobó la ley N° 20.084, estableciéndose por primera vez en Chile un sistema especial para hacer efectiva la responsabilidad penal de los adolescentes.
Dicha normativa marcó un hito en nuestro ordenamiento jurídico por varias razones y representó la primera expresión concreta de la necesidad de contar con un servicio especializado para los menores infractores de ley.
La ley en reforma es, además, expresión del compromiso asumido en 1990 por nuestro país, año en que ratificó la Convención internacional sobre los Derechos del Niño.
No obstante, la ley N° 20.084 ha demostrado ser insuficiente para alcanzar los resultados esperados. El actual sistema penal de adolescentes no logra reinsertar ni se muestra eficaz en términos preventivos.
Adicionalmente, las condiciones que caracterizan a los centros privativos de libertad de menores infractores de ley distan poco de lo que muestra la realidad de nuestro sistema penitenciario común, a pesar de que se trata de menores en proceso de formación.
Por otra parte, la regulación vigente no ofrece los criterios de especialización que demanda la personalidad evolutiva de los adolescentes en su interacción con el sistema penal. En ese contexto, este proyecto crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es el resultado de dividir al Sename en dos servicios especializados. El primero, ya creado, es el Servicio Nacional de Protección de la Niñez, que atiende a los niños en situación de riesgo, y el segundo es el servicio que se crea a través de la iniciativa en informe, para atender a los menores infractores de ley.
El servicio que se propone tiene por objeto la administración y ejecución de las medidas y sanciones contempladas por la ley N° 20.084, y le corresponderá la implementación de políticas de carácter intersectorial, así como el desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la integración social de los jóvenes sujetos de su atención.
Las máximas autoridades del servicio serán seleccionadas y nombradas de conformidad con el Sistema de Alta Dirección Pública.
Por otra parte, el nuevo servicio incorporará diferentes instancias de planificación y coordinación con los actores involucrados en el sistema de justicia juvenil. A nivel nacional, se conformará el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual generará una política en el área que permita influir en la agenda de los otros sectores clave.
Las direcciones regionales tendrán un rol protagónico, por lo que se incorpora una comisión operativa regional con representantes de los servicios públicos involucrados.
Por su parte, la acreditación de las entidades privadas, personas jurídicas o naturales que colaborarán con el servicio, será un proceso en el cual se evaluarán sus capacidades para el cumplimiento de los estándares de calidad previamente determinados. Con tal finalidad, se efectuará un proceso de evaluación ejecutado por las direcciones regionales, cuyos resultados serán ratificados previo informe del Consejo de Estándares y Acreditación.
Se reforzará el carácter técnico del servicio, lo que implica que se contará con información de calidad para la elaboración de estándares que se utilizarán para la ejecución de los programas, los que además tendrán un control externo por parte del Consejo de Estándares y Acreditación.
Corresponderá a ese consejo, entre otras funciones, la de aprobar, previa propuesta del director nacional, los estándares de funcionamiento para los programas relacionados con la ejecución de las medidas y sanciones de la ley N° 20.084, así como las mediaciones. Asimismo, aprobará, previa propuesta del director nacional, los estándares de acreditación para los organismos y personas naturales, en su caso, que administren los programas referidos en el literal anterior.
En cuanto a las modificaciones que se introducen a la ley Nº 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, me referiré a sus principales aspectos.
Así, se contempla un modelo de intervención que conduzca efectivamente al alejamiento permanente del menor de toda conducta delictiva. En el diseño de la intervención se considera indispensable contar con límites mínimos y máximos razonables, proponiéndose, a modo de ejemplo, para la libertad asistida un lapso que puede fluctuar entre los 6 y los 18 meses. Se establece limitación a la aplicabilidad de la multa y de la amonestación, por el bajo efecto disuasivo; se homogeniza el concurso de delitos, por la inconveniencia de recurrir al mecanismo de la acumulación material de condenas, por materializar intervenciones que carecen de sentido si terminan siendo aplicadas a adultos que han pasado la barrera de la juventud. Se sustituye expresamente dicho régimen por un mecanismo de exasperación, que obliga a determinar la pena en base a la condena más gravosa, lo que también se aplica a la reiteración delictiva.
Se corrige la total ausencia de regla en la legislación vigente sobre imponer una pena “de adolescentes” a quien ya ha sido condenado como adulto. Por ello, se aplica una regla de absorción que dé aplicación preferente de la condena fundada en el régimen de adultos.
En lo relevante, se propone un sistema de determinación de la pena que cuente con un soporte dado por un informe técnico que asegure una mayor precisión entre las necesidades que presenta el adolescente y la sanción que le corresponde, sin alterar el papel que cumple la gravedad del hecho cometido. Esta misma lógica se advierte tras la necesaria regulación de una regla programática que garantice la satisfacción de los estándares de la intervención en la población condenada, en particular de aquellas que corresponden a prestaciones de radicación estatal (como salud, salud mental, drogas y educación).
La ejecución de la pena de internamiento en régimen semicerrado ha provocado el mayor número de críticas. Se propone sustituir su contenido centrando sus efectos en la ejecución de un programa de libertad asistida de carácter intensivo, que se acompañe de un régimen de internación nocturna. En otro ámbito, se formaliza legalmente la procedencia del procedimiento abreviado. Se procede a especializar a los operadores del sistema de justicia. Para ello, se establece un Tribunal de Garantía de carácter especializado en las jurisdicciones de la Corte de Apelaciones de Santiago, de San Miguel y de Concepción, y se generan salas especializadas, de dedicación exclusiva, en las jurisdicciones de Iquique, Antofagasta , Valparaíso , Viña del Mar, Rancagua , Talca y Temuco. Lo dicho se acompaña, además, con una regla que favorece la dedicación preferente en los demás casos, centrada en las herramientas que concede el manejo de la agenda del tribunal y la gestión de las causas.
En paralelo, se establece una estructura correlativa en la destinación de fiscales y defensores del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, respectivamente, para dar cobertura integral a esta oferta de especialización. Asimismo, se fortalece una estructura técnica de apoyo en las unidades directivas superiores, nacional y regional, que permita contar con las lecturas interdisciplinarias idóneas para el cumplimiento de los objetivos que demanda este sistema especial.
Este proyecto introduce la mediación al sistema de responsabilidad penal de los adolescentes, en las causas en que fuere procedente la suspensión condicional del procedimiento, el acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad, siempre que la víctima y el imputado consientan libre y voluntariamente en someter el conflicto a dicha instancia. La intervención y permanencia en el mismo será, igualmente, personal y voluntaria, en todo momento.
Se entiende por mediación la realización de un proceso restaurativo y especializado, en virtud del cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador. Una vez cumplido por parte del imputado lo acordado en la mediación, se dará lugar al archivo provisional o al sobreseimiento, según sea el caso, sin perjuicio de lo convenido respecto de los efectos civiles del delito. No procederá la mediación si se hubiere declarado el cierre de la investigación ni tratándose de procesos referidos a delitos dolosos contra la vida, contra la libertad ambulatoria, entre otros delitos graves.
Me parece especialmente relevante destacar que este nuevo servicio persigue lograr una efectiva integración del joven infractor de ley a través de un modelo de intervención, ya que no se trata simplemente de sancionar y dejar a los jóvenes abandonados a su suerte. Es por ello que su eje central es este modelo de intervención de aplicación nacional y vinculante para la ejecución de las sanciones y medidas, entendiéndose por tal un conjunto estructurado de acciones especializadas, basadas en prácticas efectivas orientadas a modificar la conducta delictiva y a incidir en la plena integración social de los jóvenes sujetos de atención del servicio. Este deberá considerar acciones desde la dictación de la sanción o medida por el tribunal hasta el acompañamiento voluntario posterior al egreso.
En el modelo se deberán establecer medidas eficaces para adecuar sus disposiciones y acciones a los jóvenes infractores con discapacidad, intervención que además deberá ser personalizada. Deberá centrarse en el sujeto de atención del servicio y la intervención deberá ejecutarse con estricto cumplimiento del derecho del adolescente a ser escuchado. Además, para garantizar la efectividad de la intervención, se contará con un expediente único de ejecución de cada joven sujeto de atención, que deberá estar disponible electrónicamente y contar con información clave; a modo de ejemplo, la individualización del o de la joven, señalando la circunstancia o no de estar afectado por una discapacidad, o presentar alguna condición de salud relevante; asimismo, la individualización de las medidas y sanciones que se hubieren decretado con ocasión de su ingreso actual o ingresos previos.
Para la correcta administración del expediente único de ejecución, el servicio deberá realizar las coordinaciones con el Registro de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social y con el sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo del servicio, cuyo objeto sea la protección especializada de niñas, niños y adolescentes.
El sistema de ejecución de programas contemplará un conjunto de estándares que se aplicarán a la ejecución de medidas y sanciones, tanto privativas de libertad como de ejecución en el medio libre. Los estándares son definiciones de los niveles de exigencia de las prestaciones que deben desarrollarse a nivel de todo el territorio nacional.
Al servicio le corresponderá la elaboración de los estándares de calidad fijados para cada programa, los que serán aprobados por el Consejo de Estándares y Acreditación. Los estándares para las áreas de salud y educación deberán ser propuestos por los respectivos ministerios, en el ejercicio de sus atribuciones. Los estándares que elabore el servicio deberán considerar dimensiones o ámbitos que se refieran, a lo menos, a derechos humanos, calidad de vida, intervención especializada, recurso humano y gestión organizacional.
La comisión celebró 27 sesiones, durante las cuales se analizó, discutió y votó este proyecto, y se introdujeron muchas modificaciones, a las que, por su extensión, no me referiré, las que constan en el informe respectivo. Sin embargo, destaco la modificación que señala que “el Servicio deberá garantizar, dentro del ámbito de su competencia, y conforme a sus atribuciones y medios, el pleno respeto por los derechos humanos de sus sujetos de atención, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación nacional dictada conforme a tales normas.”. También destaco la modificación que establece que “El servicio, en cumplimiento de su objeto, proveerá las prestaciones correspondientes, asegurando la oferta pública en todas las regiones del país, directamente o a través de organismos acreditados, en conformidad a lo dispuesto por la ley N° 20.084.”.
Habiéndose sometido el proyecto a la consideración de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, fue aprobado por la misma, proponiendo su aprobación, en igual forma, a esta honorable Cámara.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor MELLADO (don Cosme) [de pie].-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, vengo en informar, en lo referido a su incidencia presupuestaria, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes.
En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín Fernández .
El objetivo general de la iniciativa apunta a crear un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que reemplace al Servicio Nacional de Menores, institución que se ha mostrado incapaz para atender y solucionar los problemas derivados de la reinserción social de los jóvenes infractores de ley.
La iniciativa legal aborda en detalle el objetivo de la reinserción social juvenil de los menores, propuesta que se funda en la especialización y en la transformación del modelo de intervención general centrado en proyectos, por otro más individual y centrado en la persona. Asimismo, se impone una mirada sistémica, pues no solo se crea una nueva institucionalidad, sino que también se procura asegurar una respuesta intersectorial, integrando distintos ministerios con pertinencia en la reinserción, tales como Salud, Trabajo, Educación y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el Senda.
También se introducen modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente, de modo de perfeccionar el proceso de reinserción y hacerse cargo de la necesidad de los actores del proceso de justicia penal para asumir una mayor especialización. El resultado es que los jóvenes tendrán un tratamiento del Estado desde el inicio hasta el fin del proceso, bastante más complejo, personalizado y profesional del que se aplica en la actualidad, respondiendo, de esta forma, al compromiso del país con los adolescentes.
El proyecto incorpora una modificación al sistema de financiamiento en esta materia, desde uno centrado en subvenciones, por otro focalizado en prestaciones que garanticen un mejor resultado del trabajo.
La implementación de la iniciativa se realizará gradualmente, en cuatro años, iniciando una marcha blanca en el año dos, en el norte del país, para extenderse luego al resto del territorio en los ejercicios tres y cuatro.
En materia de incidencia fiscal, el proyecto ha contado durante su tramitación con siete informes financieros de la Dirección de Presupuestos, los cuales han detallado el efecto fiscal de las numerosas modificaciones incorporadas en el texto. En síntesis, el proyecto definitivo irrogará un gasto permanente de 146.318 millones de pesos y un gasto transitorio, por única vez, de 75.939 millones de pesos.
Los desembolsos asociados al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil llegarán, en régimen, a 144.728 millones de pesos, mientras que los gastos para especialización de la justicia penal adolescente ascenderán a 1.472 millones de pesos.
Por su parte, los concursos de Alta Dirección Pública de los cinco miembros del Consejo de Estándares y Acreditación, causarán un mayor gasto para la Dirección del Servicio Civil de 119 millones de pesos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos informó a la comisión que actualmente en el Sename se gasta en reinserción juvenil un monto cercano a 87.000 millones de pesos, mientras que con esta iniciativa de ley esa cifra se incrementará a 144.000 millones de pesos. En materia de financiamiento, se reportó que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta futura ley durante el primer año presupuestario se financiará con cargo a los presupuestos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público y de la Dirección Nacional del Servicio Civil, según corresponda. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dichos presupuestos en lo que faltare, con cargo al Tesoro Público. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.
La Comisión de Hacienda, tras conocer los detalles del proyecto y escuchar a los representantes gremiales del Sename, puso en votación todos artículos de su competencia, resultando aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.
Con la misma votación se aprobó, asimismo, una indicación del Ejecutivo que regula, sin solución de continuidad, el traspaso y los derechos desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de aquellos funcionarios que cumplan con los requisitos que se establezcan para el desempeño de los cargos del personal del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y sus perfiles.
Votaron a favor los diputados Patricio Melero , Manuel Monsalve , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling , Gastón von Mühlenbrock , Daniel Núñez (Presidente) y quien habla, Cosme Mellado . Se inhabilitó el diputado Pablo Lorenzini .
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los mismos términos señalados.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Para iniciar la discusión del proyecto, tiene la palabra el diputado Matías Walker .
El señor WALKER (vía telemática).-
Señor Presidente, ya me parecía que faltaba rendir el informe de la Comisión de Hacienda, el que es muy importante para la concreción del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, uno de los dos servicios que terminan con el Sename.
Aprobamos y ya es ley el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez. Ello es parte de uno de los acuerdos nacionales por la infancia adoptados en 2018 en una comisión, que integraron la diputada Natalia Castillo , Gabriel Boric y otros diputados en representación de la Corporación.
Agradezco el trabajo de la Comisión de Constitución y a su diputado informante, señor Coloma , ya que no es fácil sintetizar un informe tan extenso. Invito a todos los diputados y diputadas a examinarlo, porque realmente fue un trabajo muy acucioso. La mayoría de las normas se aprobaron por amplia mayoría.
Agradezco también el trabajo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín ; del subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela ; de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del profesor de Derecho Penal señor Francisco Maldonado . Por último, agradezco los aportes de la Defensoría de la Niñez y de la Unicef, que fueron fundamentales.
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil pone el foco en la reinserción de los adolescentes, de los jóvenes que están afectos a la ley Nº 20.084, de responsabilidad penal juvenil. En ese sentido, el foco está puesto precisamente en la rehabilitación, para que los jóvenes puedan cambiar su conducta y reinsertarse en la sociedad.
Recordemos que muchos de estos jóvenes han sido vulnerados en sus derechos y objeto de abusos y de explotación infantil. Ello se relaciona con el segundo pilar de este proyecto, que dice relación con la especialización y con la profesionalización. Dejamos en claro que los actuales funcionarios del Sename que quieran prestar su servicio en la nueva institucionalidad deberán contar con todas las condiciones que, de acuerdo con la ley, se exigen para los funcionarios que servirán en este nuevo servicio.
Me parece fundamental el enfoque intersectorial. Se crea, como se señaló en el informe, la Comisión Coordinadora Nacional de Reinserción Social Juvenil, integrada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, para tener enfoque en esa materia; las subsecretarías de Redes Asistenciales y de Salud Pública, para cubrir lo que dice relación con salud mental; el IND, para supervisar la actividad física de los jóvenes; el Sence, para prepararlos en capacitación laboral, y el Senda. Antes, las adicciones a drogas eran objeto de penas accesorias. Eso se elimina, porque la rehabilitación del consumo de drogas debe estar presente como uno de los objetivos del sistema de reinserción juvenil y no como pena accesoria.
Para las regiones, se crea el Comité Operativo Regional. Habrá planes de acción intersectorial de reinserción juvenil a nivel regional, porque la realidad de cada región es distinta. También habrá un modelo de intervención para la ejecución de sanciones y medidas. Lo más importante es que todas estas medidas van a centrarse en la persona, en las características especiales que tiene el joven a reinsertar en la sociedad. Va a haber un régimen de transición; eso es muy importante. Esta futura ley va a empezar a regir gradualmente; en algunas regiones será en doce meses más. La Región de Coquimbo va a ser una de las pioneras en contar con este nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y después lo harán otras regiones. Por ejemplo, en la Región Metropolitana será en treinta y seis meses más.
Se había planteado un régimen de gradualidad mayor, pero el gobierno y su ministro de Justicia escucharon la opinión unánime de la comisión en esta materia, en cuanto a que la ley en proyecto debe entrar en vigencia con menor gradualidad, porque es urgente terminar con el Sename y tener el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que ponga el foco precisamente en la reinserción de cada uno de los jóvenes.
No basta con el encierro. Por eso, se incorporan muchas penas sustitutivas que pongan el foco especialmente en la reinserción, incluso con cumplimiento en el medio libre, pero siempre con supervisión profesional especializada. Va a haber más supervisión y fiscalización sobre los órganos colaboradores, los cuales van a tener que ejecutar sus acciones también de acuerdo con un plan de reinserción, y un Consejo de Estándares y Acreditación que va a supervigilar el sistema.
Pido que demos una aprobación unánime a este necesario Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es uno de los servicios que termina con el Sename, por el bien y la reinserción de nuestros jóvenes o adolescentes.
He dicho.
El señor PAULSEN.-
Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO (vía telemática).-
Señor Presidente, me parece insólito disponer de solo dos minutos y diecinueve segundos para debatir un tema que tiene diez años de historia en la Cámara de Diputados; un tema doloroso y escabroso por la forma en que el Estado ha estado tratando a niños, niñas y adolecentes durante su historia, y particularmente durante la historia del Sename.
Por ello, simplemente, debo decir que este es un proyecto que sí constituye un avance importante en materia de tratamiento de los adolescentes que pueden estar afectos a responsabilidad penal.
Hay conceptos que mejoró la Comisión de Constitución, como incorporar el concepto de garantizar los derechos humanos, y no solo resguardarlos, como venía originalmente en el proyecto. Asimismo, de asegurar en todas las regiones la oferta pública de los programas del nuevo servicio, y no solo de proveer prestaciones, como venía originalmente en el proyecto.
Pero hay un problema gravísimo con el artículo segundo transitorio, número 2), del proyecto, que la Comisión de Constitución propuso eliminar, en el sentido de facultar al Presidente de la República para que, por decreto con fuerza de ley, pueda traspasar a los actuales funcionarios del Sename al nuevo servicio.
Todo lo que se diga respecto de las bondades de este nuevo servicio se va al tacho de la basura si pretendemos ejecutarlo con los mismos funcionarios que han sido autores, cómplices o encubridores de violaciones a los derechos humanos, violaciones sistemáticas y reconocidas por organismos internacionales y por Chile en el contexto del desarrollo de las actividades propias del Sename.
Llamo a la Sala a rechazar lo propuesto por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a reponer lo aprobado por la Comisión de Constitución, en el sentido de que todos los funcionarios del nuevo servicio deberán concursar públicamente y cumplir con los requisitos para acceder al nuevo servicio que se crea. De lo contrario, vamos a pretender hacer cosas distintas con las mismas personas que dirigieron el Sename.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el día de ayer se aprobó la indicación por la cual se repone la norma que dispone el traspaso de los funcionarios del Sename al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que supone un cambio al proyecto original, aprobado el año pasado, que disponía el traspaso inmediato de los mismos funcionarios sin solución de continuidad, dándoles las tranquilidad de conservar su fuente laboral.
En el ánimo de los diputados de la Comisión de Hacienda, de la que también soy parte, está avanzar en la modernización de la institucionalidad, en favor de la infancia y adolescencia más vulnerable de nuestro país.
Hago un reconocimiento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque hizo un gran trabajo que profundizó en el tema, con la presencia de representantes del Ministerio de Justicia. Creo que ese es un buen tema; pero hay una materia que colocamos nosotros varios meses atrás. Todo lo que pueda significar […] una hoja de vida, que tienen toda la posibilidad de dar a conocer por qué los pueden cambiar.
Entonces, no me gusta que se otorguen facultades omnímodas al Ejecutivo para determinar, por sí y ante sí, qué funcionarios pueden seguir prestando funciones en los nuevos servicios que reemplazaran al actual Sename .
Este es un tema bien complicado, porque, por ejemplo, tenemos el caso de los funcionarios del Instituto de Previsión Social y del Instituto Nacional de Deportes, entre otros, que tuvieron continuidad en sus cargos. Por eso, creo que no fue casualidad que el Senado rechazara esto.
Por lo tanto, hago un llamado a los funcionarios y funcionarias del Sename a estar atentos. Creo que se les debería permitir seguir cumpliendo sus funciones en este nuevo servicio. Si se considera lo contrario, se les debería dar la posibilidad con los instrumentos de evaluación establecidos por ley -la hoja de la vida funcionaria-, que son avales suficientes para conservar, en los casos que no se justifica que los despidan, el ejercicio de la función pública. No todos los funcionarios y funcionarias del Sename han cometido errores; por lo tanto, los llamo a estar atentos a lo que pueda pasar en ese sentido.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .
El señor ILABACA.-
Señor Presidente, creo que todos estamos contestes en que esta es una gran norma que va a ser un avance en orden a atender a los jóvenes responsables, a los niños, niñas y adolescentes que, en definitiva, enfrentan una situación de vulnerabilidad grande.
Terminar con el Sename es un objetivo que Chile se ha planteado hace mucho, toda vez que la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en sus centros es algo que no habla bien de nuestro país. Por eso, celebro esta iniciativa, porque este es un paso que efectivamente va a ir terminando con este tipo de injusticias hacia los niños, niñas y adolescentes.
¿Queda mucho por hacer? ¡Claramente, queda mucho por hacer y mucho por cambiar! Cuando se señala que esta norma no es lo óptimo, puedo concederlo, pero no cabe ninguna duda de que es un avance. Sin embargo, existen algunos baches y nudos críticos que me permito hacer presente. Uno de ellos dice relación con el trato desigual que se va a entregar a las diferentes regiones de nuestro país respecto de esta responsabilidad penal juvenil. En efecto, el artículo 16 bis establece que va a haber ciertas regiones del país, es decir, ciertos territorios jurisdiccionales, cuyas cortes de apelaciones van a tener salas exclusivas y especializadas para el conocimiento de esta materia, como la de Santiago, la de San Miguel y la de Concepción; pero existen otros territorios jurisdiccionales que van a tener salas preferentes, no exclusivas. En el fondo, van a tener el mismo número de salas, sin el nivel de especialización que se requiere, donde tendrá que atender preferentemente a los jóvenes infractores de ley. Es más, habrá otras salas que no tendrán dedicación exclusiva, sino que deberán priorizar, de acuerdo con un procedimiento, la vista de ese tipo de causas.
El artículo 16 bis establece una desigualdad en el trato en el país para los niños, niñas y adolescentes que podrían infringir la ley, porque vamos a tener tratamiento judicial especializado y exclusivo en ciertas partes del país, mientras que en otras habrá jueces que estarán viendo mil temas y, al mismo tiempo, atendiendo este tipo de normas que son muy específicas.
Por lo anterior, he pedido votación separada del artículo 16 bis.
Hay otro asunto que me preocupa bastante, que dice relación con el artículo primero transitorio, que establece el período de vacancia de la ley. Al respecto, quiero señalar a los colegas que esta normativa no entrará a regir inmediatamente. No es que el Sename se acabe hoy. Lo que señala este artículo es que habrá comunas del país que tendrán un plazo gradual de 12 meses para la entrada en vigencia de la ley; otras, de 24 meses, y, las últimas, de 36 meses. Es decir, de aquí a tres años recién entrará a regir esta ley en proyecto en las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins y Metropolitana de Santiago.
Una norma añorada y muy esperada, que efectivamente es un avance, no puede tener tal período de dilación en su entrada en vigencia. Necesitamos especialización ya, y que esta norma entre en rigor lo más rápido posible. Entiendo que es difícil hacerlo inmediatamente, porque se requiere cierto nivel de gradualidad, pero establecer 12, 24 y 36 meses es excesivo.
Por ello, también hemos pedido votación separada de esa norma, porque creo que podemos avanzar en orden a que la justicia en Chile para los niños, niñas y adolescentes infractores de ley sea diferente, y a que esta norma, que es un avance, logre entrar en rigor lo más rápido posible. Ello implica necesariamente un esfuerzo del Ejecutivo en términos económicos, cuestión que creo que está trabando la rápida entrada en vigencia de este proyecto de ley.
A pesar de estos dos temas que creo que son complejos -espero que exista la votación suficiente para llevar el proyecto a comisión mixta y debatir este tema-, quiero hacer un punto, cual es la defensa irrestricta de los trabajadores y trabajadoras del Sename. No se puede enlodar el quehacer de miles de trabajadores de este servicio, que han entregado alma y corazón, con algunos casos de funcionarios que no han estado a la altura.
Por lo tanto, valoro la enmienda que desarrolló la Comisión de Hacienda para con el artículo segundo transitorio, que, en lo personal, voy a apoyar con mucha fuerza. Creo que la defensa de los trabajadores, sobre todo de aquellos que lo han hecho bien, no puede ser cercenada a través de una norma que, lamentablemente, perdimos al interior de la Comisión de Constitución, pero que fue restablecida en la de Hacienda.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, existe un consenso muy extendido y muy antiguo en la necesidad de diferenciar en dos servicios la manera en que se aproxima el Estado a abordar la problemática de los niños, niñas y adolescentes.
Ya creamos el servicio que reemplazó el tratamiento de los niños en situación de vulnerabilidad. Hoy estamos hablando del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que aborda el problema de los niños infractores de ley.
El diputado Matías Walker se extendió bastante en su intervención, y suscribo todo lo expuesto por él. Solo quiero recalcar algunos puntos:
Primero, la profesionalización del personal. El 61 por ciento del personal de la nueva institución serán profesionales y técnicos.
Segundo, el nuevo modelo de financiamiento. Pasar de un modelo de subvención por niño tratado a un modelo de financiamiento de acuerdo con necesidades definidas con antelación.
Me parecen fundamentales las dos modificaciones.
Quiero abordar el problema que se ha tratado aquí y que fue votado de una manera en la Comisión de Constitución, y de otra en la de Hacienda.
Es cierto que la institución precedente naufragó, en parte, por la inadecuación del personal respecto de los desafíos que tenía. Sin embargo, responsabilizar completa y exclusivamente al personal del naufragio del Estado en el tratamiento de los menores me parece completamente injusto e inapropiado.
Lo que naufraga también es una legislación, un modelo de financiamiento, una lógica de actuación y un modelo de fiscalización; también existe, en parte, un problema de perfiles profesionales. A mi juicio, estamos entre dos extremos: el primero, propuesto por el diputado Saffirio en la Comisión de Constitución, que señala que todos los trabajadores actuales que están actuando sobre niños infractores de ley deben concursar como cualquier ciudadano, sin consideración a su experiencia previa, sin consideración a sus derechos previos y sin consideración al esfuerzo de vida y de compromiso que han tenido en sus tareas. El segundo es el propuesto por el diputado Ortiz en la Comisión de Hacienda, al pelear para que la transferencia sea automática y total, sin referencia a los perfiles, sin referencia a la adecuación entre ese personal y el rol que debe cumplir en la nueva institución.
Por supuesto, la nueva institución crece en personal, y va a llegar una parte de personal completamente nuevo a través de concurso público.
Creo que ninguno de los dos extremos es adecuado. Lo adecuado es lo que aprobó la Comisión de Hacienda en el nuevo numeral 2) que se agrega al artículo segundo transitorio, que dice: “… el traspaso desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de aquellos funcionarios que cumplan con los requisitos que se establezcan para el desempeño de los cargos del personal del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y sus perfiles.”. Es decir, naturalmente es necesario un filtro que debe hacer la autoridad directora de esta nueva institucionalidad; pero no podemos, como decían en el campo -los diputados que presiden esta Mesa saben muy bien de expresiones campesinas-, “botar el agua sucia de la bañera junto con el bebé”. Hay muchos funcionarios dedicados, comprometidos y con cualidades humanas que les han hecho posible trabajar en condiciones tan difíciles y adversas como las que existían en el Sename.
Por lo tanto, llamo a aprobar la modificación que se estableció en la Comisión de Hacienda, que, por un lado, reconoce la necesidad de un personal adecuado a las nuevas funciones en sus perfiles y en sus características, pero, por otro lado, reconoce y no borra de un plumazo la trayectoria de miles de personas que se jugaron la vida en condiciones muy adversas, para abordar de manera digna el tratamiento de los niños.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .
La señora CASTILLO (doña Natalia).-
Señor Presidente, ¿cuántas veces hemos escuchado la expresión “terminar con el Sename”? Hoy nuevamente estamos escuchando que podría terminarse con este organismo, al concretar la separación entre el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia con el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. No obstante, en verdad no se terminará con el Sename y no se terminará con los abusos a la infancia mientras no establezcamos un sistema general de garantías de los derechos de la niñez. Aunque suene majadero decirlo cada vez que se hable de un proyecto de ley sobre infancia, me parece absolutamente necesario recalcarlo: mientras no cambiemos la mirada del Estado hacia los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, será muy complejo cambiar esta cultura de abusos hacia ellos.
Por supuesto que el servicio que este proyecto propone crear tiene aspectos positivos. Por ejemplo, tal como lo señaló el diputado Pepe Auth , se plantea el cambio del modelo de subvención, que ha sido caldo de cultivo para las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Así lo han consagrado no solamente nuestros tribunales e informes nacionales, sino también los organismos internacionales dedicados a materias de infancia. Sin duda, ello constituye un avance.
Sin embargo, no podemos seguir tratando la infancia de acuerdo con un criterio que separa a los buenos de los malos, a los que hay que proteger versus a los que hay que castigar. Esto requiere una mirada holística. Muchas veces, estos niños son los mismos. A veces, la única diferencia que hay entre unos y otros es simplemente el paso del tiempo. Eso no puede seguir siendo así. Debemos dar una mirada distinta, salir del “adultocentrismo” y poner a los niños en el centro, pero como sujetos de derecho, como sujetos que deben ejercer sus derechos por sí mismos, en función de que vayan creciendo y madurando, de acuerdo con su autonomía progresiva.
Creo que este proyecto de ley recoge, en cierta medida, esa autonomía progresiva, pero para castigarlos, y no para reconocer y garantizar sus derechos. Justamente para evitar que lleguen a estas situaciones, se requiere una ley general de garantías, cuyo proyecto se encuentra durmiendo en el Senado desde hace muchos años, en la que se ha intentado avanzar en este último tiempo, a propósito de estos proyectos.
No obstante, se ha encontrado con muchas trabas de aquellos sectores conservadores que ven en la autonomía progresiva un fantasma o la posibilidad de que les quiten el derecho de educar a sus hijos. De hecho, dicen: “Con mis hijos no te metas”. El Estado debe garantizar la protección de los niños y las familias tienen que ser agentes garantes de derechos. En esa línea, no pueden hacer con los niños lo que se les ocurra, porque no son de su propiedad; los niños son sujetos de derecho. Ese es el enfoque profundo que debemos cambiar, pero no solo en nuestra legislación, sino también en nuestra cultura.
Respecto de las normas referidas al traspaso de los trabajadores, me parece de toda lógica que ellos tengan que pasar por una evaluación para ser incorporados en el nuevo servicio. Si vamos a crear un servicio nuevo, debemos hacer una reevaluación de los funcionarios. No olvidemos que en el Sename hay, hasta hoy, más de ochocientos sumarios sin resolver.
¿Cómo se efectuará el traspaso directo de esos funcionarios sin que se lleve a cabo una previa evaluación? Aquellos que efectivamente tengan las competencias pasarán y podrán incorporarse al nuevo servicio.
Por lo tanto, pido a esta honorable Sala que aprobemos el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en ese sentido. Para terminar con los abusos a los niños, niñas y adolescentes, es necesario que cambiemos la mirada, que pongamos a los niños en el centro, que les reconozcamos sus derechos, que se los garanticemos y que les permitamos ejercerlos en la medida en que vayan creciendo y madurando. En eso las familias tienen que acompañar, pero cuando estas no están, debe hacerse presente el Estado, para proteger a los niños en sus centros, y no solo jurídicamente, sino también desde el punto de vista de su integridad física.
Finalmente, quiero señalar que tuve la oportunidad de conocer el centro de reinserción juvenil de Tiltil, que es cerrado, cuyas condiciones son muy precarias y no muy distintas de las cárceles de adultos. Al lado del centro de reinserción penal juvenil se sitúa un centro donde hay violadores de derechos humanos, con condiciones bastante distintas. Allí se ve el Chile real; allí se ve qué hacemos con los niños cuando infringen la ley y qué hacemos con los violadores de derechos humanos. A unos se les da una cárcel de cinco estrellas y a los otros se les tiene durmiendo en colchones en el suelo.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .
El señor CRUZ-COKE.-
Señor Presidente, qué buena noticia estamos conociendo: finalmente estamos dando pasos relevantes para terminar con el Sename, institución que se transformó en sí misma en una mala palabra. Concretamente, votaremos un proyecto por el cual hemos peleado desde hace mucho tiempo, con el objeto de terminar con esa mala palabra, de terminar con un servicio célebre por las muertes ocurridas, célebre por el nombre de Lissette Villa y por tantos niños, niñas y adolescentes que han visto vulnerados sus derechos más evidentes, lo que se traduce en una falla enorme en el alma, en la sustancia de una nación, en especial si se considera que su deber es hacerse cargo de los niños, sobre todo de los niños más pobres de nuestro país.
Con la creación de un nuevo servicio, como el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y con la división del Sename en dos instituciones, una de las cuales tendrá la labor de velar por la protección especializada de niños, niñas y adolescentes y por la reparación de las consecuencias provocadas por las vulneración de sus derechos humanos. En su momento, fuimos testigos de relatos dolorosísimos, de imágenes tristes, de cifras violentas asociadas con el drama de la infancia vulnerada en Chile.
Creo importante hacer el punto en cuanto a que el gobierno del Presidente Piñera y toda la clase política fueron capaces de sentarse en una mesa junto a especialistas en infancia, en donde personas comprometidas por años, no solamente a través de instituciones colaboradoras, sino por medio del mundo público, nos dieron algunas luces de cómo avanzar, de cómo dar un giro en la forma en cómo se estaban haciendo las cosas hasta el día de hoy, de modo de estar a la altura de lo que estos niños y lo que los futuros niños necesitan. Allí donde hemos fracasado en el pasado, ojalá podamos ser exitosos en el futuro.
Como nobleza obliga, debo decir que hubo una enorme disposición al diálogo durante la tramitación del proyecto de ley en la Comisión de Constitución, instancia en la que muchas veces se producen roces y discusiones muy acaloradas. Efectivamente, hubo distintas posturas y hoy también se someterán a votación esas diferencias, que son valiosas.
En cualquier caso, la mayoría de las veces pudimos llegar a un punto medio, pero, si se revisan las votaciones, encontrarán que una parte importante de los artículos se aprobaron por una amplia mayoría, cuando no por unanimidad. Muy pocas veces tuvimos que dirimir diferencias a través de votaciones, que fueron probablemente por uno o dos votos, con la finalidad de crear este Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que será una entidad pública especializada en coordinar otras agencias del Estado en el proceso de reinserción social de aquellos adolescentes que sean infractores de la ley penal. Este es un avance enorme.
En 2005 se aprobó la ley N° 20.084, que estableció por primera vez un sistema penal para hacer efectiva la responsabilidad penal de los adolescentes en el país. Es una ley valiosa, sin duda, pero absolutamente insuficiente, ya que el sistema penal se homologaba al sistema penal adulto, y, a su vez, era incapaz de reinsertar a los infractores de ley y disuadirlos de cometer las conductas sancionadas, para que no reincidieran, asunto que terminaba ocurriendo y que, incluso, transformaba a los centros de reinserción en verdaderas escuelas delictuales.
De igual modo, las condiciones de los centros de privación de libertad eran muy parecidas a las del sistema carcelario, pese a estar enfocados en menores de edad.
Asimismo, es importante entender que el cambio en el modelo de intervención debe contar con los recursos materiales, el financiamiento y, principalmente, los recursos humanos necesarios para ser eficaz, efectivo y eficiente.
El modelo propuesto originalmente asume una postura criminológica en la cual se hace necesario conocer y promover los factores que hacen más probable que los jóvenes -ojaláse alejen de la actividad delictiva.
Crear este servicio público descentralizado, con personalidad jurídica, y establecer quiénes son los sujetos de atención y las disposiciones generales de interés superior del adolescente es algo que, sin duda, valoramos.
Evidentemente, también está el proyecto de ley de garantías, que aún está detenido en el Senado. Al respecto, no le tenemos miedo alguno a la autonomía progresiva, pues ha sido utilizada en otras legislaciones, y bien empleada y bien entendida no cabe duda de que puede cooperar en ir cambiando, de una vez por todas, esta mala palabra, este mal recuerdo que ha sido el Sename.
En definitiva, este proyecto apunta a mejorar las intervenciones y el rol de la sociedad civil, a permitir que -ojalálas organizaciones colaboradoras que se acercan a este proceso estén mejor normadas y enmarcadas, y se hace cargo de una crisis de la cual el país no puede desentenderse: la crisis institucional en materia de niñez y adolescencia, que no ha pasado diagnóstico razonable alguno, no solo en la Cámara de Diputados, sino en otras instancias, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y muchas más. Por eso la separación del Sename en dos servicios ha sido una recomendación permanente del Comité de los Derechos del Niño.
En consecuencia, este nuevo servicio será una respuesta especializada, transversal; además, con todas las diferencias que ha habido durante la discusión del proyecto que lo crea, sin duda, será un tremendo avance en la materia.
Por tanto, tal como lo señaló el Presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker , ojalá podamos aprobarlo por unanimidad.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .
El señor LABRA.-
Señor Presidente, conocida es la situación del actual Servicio Nacional de Menores (Sename). De hecho, hay innumerables informes que han revelado las carencias e, incluso, la violación sistemática de los derechos humanos, que han padecido niños, niñas y adolescentes dependientes del Estado.
Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se ingresaron tres proyectos que articulaban la reforma del sistema institucional vinculado con la infancia: el que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, el que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y el que hoy nos ocupa, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
La creación de estos servicios de protección y de reinserción no se puede entender sin el establecimiento del sistema de garantías de derechos de la niñez, ya que este obligará al Estado a movilizar todos sus recursos para prevenir y evitar vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando están bajo su cuidado.
En el gobierno del Presidente Piñera no ha existido voluntad para impulsar el proyecto que crea dicho sistema; por el contrario, se han vulnerado más que nunca los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Luego de casi cuatro años de tramitación, tres en el Senado y casi uno en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y diputadas, podremos votar este importante proyecto, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, un cambio mayor en el actual sistema, que termina con la tutela del Sename al separar el cuidado de aquellos niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos de aquellos que son infractores de ley.
Destaco que esta iniciativa contiene normas que establecen un sistema de especialización respecto de la persecución de la responsabilidad penal de los adolescentes infractores de ley. Los jueces deberán conocer de estas materias en salas especializadas. Esta especialización se extiende a las cortes de apelaciones y a la Corte Suprema, que podrán agregar salas especializadas para tales efectos.
Lo mismo ocurre con los fiscales del Ministerio Público, por cuanto esta función será ejercida por fiscales adjuntos especializados en la instrucción de procesos asociados a la responsabilidad penal de adolescentes. Asimismo, la defensa penal de quienes fueren imputados o acusados y de quienes cumplieren condena en virtud de dicha responsabilidad corresponderá a defensores especializados en responsabilidad penal de adolescentes, en la medida en que carezcan de abogados.
También es importante que se dé una gran mirada a la familia dentro de los procesos de reinserción, lo que sumado a otras modificaciones, sobre todo respecto a las penas aplicadas, generará un sistema especializado en la reinserción con un eje claro en el respeto a los derechos humanos de los adolescentes que necesitan contar con un sistema que les permita seguir un camino alejado de la criminalidad.
La creación de este servicio no será suficiente si no existe la ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, mediante el cual -lo señalé el Estado se obligue a movilizar todos sus recursos para garantizar los derechos de aquellos niños, niñas y adolescentes que estén bajo su tutela.
El gobierno actual no tiene voluntad política suficiente para materializar el proyecto que crea dicho sistema de garantías. Lejos de avanzar en la materia, ha habido un peligroso retroceso si se considera que 391 niños, niñas y adolescentes han sufrido violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre -uno de ellos fue baleado por carabineros al interior de un centro del Sename y que han fallecido 240 menores internados en centros del Servicio Nacional de Menores.
Reitero que si no hay garantías por ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, este proyecto no es una completa solución al tema de la reinserción.
No obstante, y tal como lo mencioné respecto del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para que esta iniciativa sea eficaz y logre proteger de mejor forma los derechos de los adolescentes infractores de ley, se debe exigir al gobierno que acelere la tramitación en el Senado del proyecto de ley que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez, puesto que solo cuando sea ley de la república se podrá hablar de un sistema integrado de protección de la infancia y la adolescencia vulnerables de nuestro país.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, en el tiempo restante de la bancada del Partido Comunista, la diputada Karol Cariola .
La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, solo quiero complementar algunos elementos mencionados por mi compañero de bancada diputado Amaro Labra .
Asimismo, quiero decir que, dentro de las anteriores intervenciones, me interpreta plenamente la de la diputada Natalia Castillo .
Hemos discutido esta materia con mucha rigurosidad y profundidad, no solo en relación con este proyecto en particular, sino con la situación en que se encuentran los niños y niñas de nuestro país.
Al respecto, quiero destacar un elemento muy importante planteado por la diputada Castillo y que tiene que ver con qué son los niños para la sociedad chilena. ¿Quiénes son los niños y niñas? ¿Cómo los definimos? ¿Acaso los definimos como propiedad privada de una familia, de una persona, de un padre o de una madre? ¿O los definimos como sujetos de derechos plenos, respecto de los cuales, sin lugar a dudas, el rol que debe jugar el Estado debe ser fundamental en función de su protección?
Considero lamentable la persecución que se ha hecho en contra de la defensora de la Niñez -tengo que mencionarlo-, porque me parece que ha sido ella la que, jugando uno de los roles principales, ha puesto sobre la mesa una serie de elementos que hemos conocido solo por el actuar de esa institución, en relación con la forma como el Estado de Chile, particularmente este gobierno, ha dicho con mucha grandilocuencia que los niños y niñas están primero, pero sus acciones se contradicen con ello. Por eso, aprovechando esta discusión, agradezco y valoro lo que ha planteado la defensora de la Niñez.
Si decimos que existen datos concretos en relación con que en Chile hay 391 niños, niñas o adolescentes que han sufrido violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre; que uno de ellos incluso fue baleado por Carabineros, y que 240 menores del Sename han fallecido durante el mandato del actual gobierno, sin considerar los datos previos acerca de lo que ha generado esta institución, resulta obvio que todos y todas quienes estamos acá queramos que esto cambie.
Por eso, es necesario recordar que en el gobierno anterior, desde la cartera de Desarrollo Social, encabezada por el compañero de mi partido Marcos Barraza , se llevaron adelante modificaciones y propuestas importantes, que se dilataron y se siguen dilatando, como es el caso del sistema de garantías de los derechos de la niñez, que iba acompañado del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y del que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Hoy estamos discutiendo acerca de la necesidad de avanzar en la reinserción social y hacer la división. Al respecto, hay que decir con todas sus letras que si bien este proyecto constituye un avance, no resuelve ni se hace cargo del problema de fondo.
En consecuencia, exijo al Senado que saque adelante el proyecto de ley sobre garantías de derechos de la niñez.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Leonardo Soto .
El señor SOTO (don Leonardo) [vía telemática].-
Señor Presidente, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hemos trabajado intensamente en esta iniciativa, durante varios meses, para poder llegar a este momento: el de la discusión del proyecto en la Sala, que esperamos pronto sea ley de la república.
Este proyecto de ley se inscribe dentro de un cambio sistémico a todo el sistema de protección de la niñez, particularmente de la niñez vulnerada; es un piso que se ha ido construyendo a lo largo de más de un gobierno. De hecho, varias de estas iniciativas partieron en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y otras en el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora ya estamos culminando los últimos pisos de ese nuevo edificio institucional.
Los primeros pisos fueron la creación de la Subsecretaría de la Niñez, la creación de la Defensoría de la Niñez, el proyecto que divide al Sename en dos servicios: el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, que ya fue despachado como ley de la república, y, por supuesto, los dos primeros también. También tenemos este cuarto piso, que es el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que trata todo lo concerniente a los menores o adolescentes infractores de ley. Queda pendiente todo lo que tiene que ver con las garantías de la niñez, que son los estándares que van a cumplir estos servicios una vez que entren en plena vigencia. Por eso, hago un llamado al Senado para que despache a la brevedad posible esa iniciativa.
Sin duda, esta gran reforma institucional de la niñez, con todos estos pisos que he mencionado, es una respuesta a la brutalidad de los hallazgos de distintos informes, como el Jeldres, de 2013, que dio pie a media docena de comisiones investigadoras -hubo dos comisiones especiales investigadoras en la Cámara de Diputados-, investigaciones judiciales, una misión de observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, varios informes de Contraloría, reportes de Naciones Unidad y un documento detallado de la PDI.
Todos esos antecedentes reflejan las vulneraciones sistemáticas que han existido en esta área a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, Chile es uno de los pocos países democráticos donde organismos internacionales han acreditado que el Estado ha cometido violaciones graves a los derechos humanos de las y los jóvenes que están bajo su cargo en esos servicios.
Por ese motivo, el antiguo Sename debía ser cambiado, pero no con parches o modificaciones menores, sino en sus aspectos estructurales, para poder abordar realidades tan distintas como las que afrontan los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y los adolescentes infractores de ley.
Estaba pendiente la aprobación de este proyecto. El diagnóstico en esta materia es claro: el actual sistema […] adolescentes tratados ni consigue ser eficaz en el ámbito de la prevención. La justicia juvenil es una deuda pendiente de nuestra sociedad.
En ese sentido, el cambio de paradigma que representa esta nueva institucionalidad, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, se caracteriza por marcar diferencias en la intervención y en la rehabilitación de jóvenes que hayan entrado en conflicto con la ley. Son cambios que consideran una gestión centrada en los jóvenes, la modernización del rol de Estado con una política nacional de reinserción social, una mirada sistémica que refuerza la respuesta intersectorial, la intervención con mayores niveles de especialización en jóvenes y un nuevo sistema de financiamiento que abandona la lógica de las subvenciones.
Por otra parte, se van a generar centros de internación en las condiciones adecuadas y con el personal capacitado para enfrentar situaciones conflictivas, creando modelos de intervención apropiados, como lo demuestra el centro semicerrado de Calera de Tango.
Son cerca de […] millones de dólares que contempla este proyecto como inversión en el sistema, poniendo la prioridad en contar con una estructura de calidad.
Señor Presidente, los socialistas vamos a apoyar este proyecto […], y uno de los aspectos fundamentales que tenía […] del antiguo Sename es traspasado a este servicio adecuadamente, porque esta reforma debe hacerse con lo mejor del antiguo servicio, mejorando lo que hay que mejorar, pero sin demonizar ni estigmatizar a los funcionarios que poco y nada tuvieron que ver en los problemas institucionales […], amplios aspectos positivos, a fin de tener un servicio más moderno y dinámico que nos acerque a los principios de la reinserción social juvenil, que es el norte de este Congreso Nacional.
Por eso, vamos a aprobar esta reforma, con lo cual estaremos pagando una deuda más que vencida con la adolescencia vulnerable de nuestro país.
He dicho.
-Los puntos suspensivos entre corchetes corresponden a una interrupción en la transmisión telemática.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández .
El señor LARRAÍN (ministro de Justicia y Derechos Humanos) [vía telemática].-
Señor Presidente, aprovecho para saludarlo y, por su intermedio, a los diputados y diputadas que participan en esta importante sesión, y a quienes están siguiendo el debate respecto del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Esta iniciativa, como ya ha sido señalado en diversas intervenciones, se enmarca dentro de un contexto de crisis de la institucionalidad que ha estado rodeando a la forma en que el Estado se hace cargo de los niños, niñas y adolescentes, crisis que ha sido reconocida por informes de distinta naturaleza, léanse los de la Cámara de Diputados en su momento, los del Instituto Nacional de Derechos Humanos e, incluso, los del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Por lo tanto, se trata de una respuesta que el Estado de Chile, en diferentes momentos y en distintos gobiernos, ha ido entregando.
Debo recordar que la primera iniciativa que se presentó sobre esta materia es del Presidente Sebastián Piñera , en su primera administración, en agosto de 2012, cuando presentó un proyecto que buscaba poner término al Sename y crear, a partir de él, dos instituciones distintas.
Luego, en la administración de la entonces Presidenta Michelle Bachelet , esa iniciativa fue retirada y reemplazada, en 2017, por dos proyectos: uno que creaba el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y otro que creaba un servicio de protección para la niñez. Este último, a su vez, durante la actual administración del Presidente Sebastián Piñera fue retirado y reemplazado por otro, que finalmente fue aprobado y ya es ley de la república.
En cambio, en esta iniciativa, que procura la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con otros aditamentos, a los que me referiré a continuación, se mantiene el proyecto original presentado por la Presidenta Bachelet en 2017. Al respecto, puedo señalar -he sido testigo abonado de este proceso que como senador me correspondió trabajar con la administración Bachelet en esta iniciativa, que ingresó a tramitación legislativa por el Senado.
Trabajamos el proyecto en forma prioritaria en la Comisión de Constitución del Senado, en donde se hizo un esfuerzo de mejoría muy significativo. A partir de enero de 2020, llegó a la Cámara de Diputados, donde también se ha desarrollado un trabajo exhaustivo, riguroso, que, por cierto, ha contribuido a mejorar y a perfeccionar la iniciativa.
Me remito a las palabras que sobre esta materia han expresado varios diputados, en particular el diputado Matías Walker , quien preside la Comisión de Constitución.
Agradezco muy especialmente a todos los diputados y diputadas que participaron en largas y complejas sesiones, en las que contamos con la contribución de Unicef, de la Defensoría de la Niñez y de otras instituciones, más el aporte de profesores y profesoras, en fin. Todos de alguna manera contribuyeron a dar a esta iniciativa el carácter de respuesta institucional del Estado de Chile para enfrentar el problema de los infractores juveniles.
Quiero destacar, además, el trabajo, tan necesario e importante, de la Comisión de Hacienda, que preside el diputado Daniel Núñez -tarea a la que me voy a referir más adelante-, lo que permite que el proyecto quede en condiciones de ser aprobado.
Por cierto, siempre queda alguna inquietud pendiente, porque la obra humana nunca es perfecta, siempre es perfectible. Sin embargo, el trabajo realizado realmente va a marcar un punto de inflexión en la forma en que el Estado abordará la rehabilitación, la recuperación y la reinserción social de los adolescentes infractores de ley.
Junto con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ya creado, esta ley en proyecto va a permitir terminar con el Sename y originar una nueva institucionalidad.
Por cierto, me sumo a la inquietud y a la voluntad de diputados y diputadas, en el sentido de que esta iniciativa, junto con el proyecto de ley que establece garantías y protección de los derechos de la niñez, que está en un avanzado trámite, va a configurar un sistema nuevo, un nuevo trato para niños, niñas y adolescentes en Chile, lo que da cuenta del compromiso que el Presidente manifestó el 11 de marzo de 2018, día en que asumió su cargo, y que refleja un sentimiento que es compartido. Por lo mismo, se trata de un compromiso con la niñez no de un gobierno determinado, sino de varios gobiernos, y de todos los sectores de nuestro país, no solamente políticos, sino también sociales, que exigen y claman por un nuevo trato a niños, niñas y adolescentes.
Este nuevo servicio se caracteriza por la transversalidad de la propuesta, por su transparencia y por su especialización. Quizá, en algunos rasgos se pueda precisar dónde está la gran transformación que propone este proyecto.
En primer lugar, la gestión va a estar centrada en el joven o la joven; es decir, el modelo de intervención que se ha diseñado estará centrado en la persona, y a través de profesionales especializados y de metodologías y de técnicas adecuadas buscará alcanzar el objetivo de la reinserción social. No sucede lo mismo en el área de reinserción social juvenil del actual Sename , cuyo modelo está centrado en proyectos, con lo cual se diluye, en cierto sentido, la necesaria individualización. Cada infractor de ley tiene una situación única e irrepetible, distinta de las otras, y aunque siempre hay factores comunes, se requiere un proceso de trabajo individual.
El nuevo servicio contribuirá a fortalecer un trabajo de esta naturaleza, con profesionales, como bien destacó el diputado Auth , que en forma muy significativa van a ser los mayores integrantes del servicio que se crea, lo que permitirá cumplir cabalmente el propósito de reinserción social juvenil.
La iniciativa tiene una mirada sistémica. No se trata solo de la creación de un servicio, sino que este servicio va acompañado de modificaciones que van a permitir un trabajo intersectorial. Trabajar con jóvenes infractores de ley no solo atañe al ámbito de la justicia y de los derechos humanos, propio de nuestro ministerio, sino que requiere la intervención de los ministerios de Salud, de Educación, del Trabajo, y de distintas instituciones, como Senda, que tienen algo que aportar, y que necesitamos que se integren para lograr la transformación que queremos hacer de los jóvenes que han tenido estas dificultades.
Por otra parte, este nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil requiere modificaciones sustantivas, tanto de carácter penal como procesal penal, esto es, cambios importantes a la ley N° 20.084, de responsabilidad penal adolescente.
El proyecto da cuenta no solo de la intersectorialidad a la que antes me referí, sino también de la necesidad de modificaciones relevantes a la ley N° 20.084. Adicionalmente, otorga a los protagonistas de este proceso -fiscales, jueces y defensores-, sobre todo en el momento de la definición de la responsabilidad penal, un rol distinto y renovado.
Por lo tanto, junto con la intersectorialidad y los cambios a la ley N° 20.084, también hay modificaciones a las leyes orgánicas de los servicios involucrados, con el propósito de asegurar que sus protagonistas actúen y trabajen de una manera distinta a la actual. En rigor, lo que se propone es una mayor especialización de los jueces, fiscales y defensores, distinta a la que tienen hoy, porque no es lo mismo hacer un proceso judicial con adolescentes infractores de ley que hacerlo con adultos. Por eso, hablamos de una trasformación en esta materia.
Entiendo y respeto las inquietudes expresadas por algunos diputados que representan a regiones, como el diputado Ilabaca , pero quiero aclarar que no puede existir la misma situación en todas las cortes, en todos los territorios jurisdiccionales, porque no podemos tratar por igual a regiones que son distintas, que no tienen el mismo volumen ni la misma dimensión de causas en sus territorios jurisdiccionales.
Por eso, hemos hecho adaptaciones en cada una de ellas, de acuerdo con el volumen de causas existentes y conocidas. En todos esos casos, quienes van a intervenir, sean jueces, fiscales o defensores, van a ser personas preparadas, capacitadas, especializadas en la labor que realizan. Eso es lo sustantivo que se logra con esta iniciativa.
Asimismo, este proyecto propone un nuevo sistema de financiamiento, que no será vía subvenciones, sino estableciendo estándares de calidad y modelos especializados, atendiendo a las particularidades de los jóvenes y mejorando la gestión en cada caso. Más que atender vía subvenciones, se hará definiendo prestaciones -estas son las que serán pagadas-, fortaleciendo la especialización. Su administración se hará mediante el sistema de compras públicas, lo que agregará transparencia a los procedimientos.
Los nombramientos de quienes integren este servicio serán realizados por el Sistema de Alta Dirección Pública, lo cual garantiza la objetividad necesaria para asegurar la meritocracia y la calidad en las designaciones.
La institucionalidad que supone este nuevo servicio es interesante. La resumiré muy brevemente, porque el diputado Juan Antonio Coloma , informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ya se refirió al respecto.
Estamos creando un Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, que preside el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que fijará las políticas y las estrategias centrales que se seguirán por esas instancias; se crea una Comisión Coordinadora Nacional, presidida por un subsecretario, que busca precisamente poner a disposición estas políticas y estrategias que fija el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil y que tienen carácter intersectorial. Ahí se integran los otros ámbitos de la administración pública, como salud, educación y trabajo, a los que ya me referí, con el propósito de ir generando un trabajo coordinado en la aproximación que se hace en cada uno de los ámbitos.
Adicionalmente, existen los comités operativos regionales, que se han reforzado gracias a la discusión habida en la Cámara, a fin de asegurar la adaptabilidad de las políticas nacionales a cada región. No todas las regiones son iguales; no todas tienen el mismo tipo de dificultades, y, por lo tanto, es importante que haya una adaptación con flexibilidad a la realidad específica de cada región, que es la misión de los comités operativos regionales. En cuanto a la gestión misma, habrá una dirección nacional y direcciones regionales, a fin de administrar el sistema.
Una innovación adicional, que para nosotros es fundamental, es la creación del Consejo de Estándares y Acreditación. Ese consejo fijará los estándares de calidad con los cuales se van a efectuar las prestaciones a los adolescentes que incurran en infracciones de ley y que deban cumplir algún tipo de sanción, medida o procedimiento poscondena. Quienes efectúen esas prestaciones no solamente tienen que someterse a esos estándares, sino que tienen que ser acreditados por ese consejo, con lo cual le vamos dando una cierta garantía a dicho ente. Lo digo porque ese consejo va a estar integrado por expertos y especialistas que no forman parte del servicio, sino que son independientes, autónomos, lo cual garantiza que vamos a tener una mirada externa objetiva que separará las funciones y que ayudará a efectuar un trabajo de calidad en relación con los infractores juveniles.
Respecto de las modificaciones a la ley N° 20.084, quiero remarcar algunas que son muy importantes, como la existencia de informes técnicos para que los jueces cuenten con información suficiente para adoptar la mejor decisión en relación con cada caso particular.
Enseguida, se incorpora la mediación como una forma de resolver conflictos. La mediación es una forma de justicia colaborativa -conocida también como justicia restaurativa-, donde más que buscar resolver una controversia o un conflicto entre dos partes -es la mirada o aproximación tradicional de la justicia-, se busca que mediadores profesionales acerquen a las partes de una manera colaborativa. Ese enfoque ya se ha desarrollado en los ámbitos de la justicia de familia y laboral, en el Sernac -en relación con los consumidores y en los proyectos de reforma a la justicia civil, donde se viene con fuerza la mediación civil. Aquí también se desarrolla la posibilidad de incorporar la justicia restaurativa, a través de la mediación.
Se han desarrollado planes piloto durante los últimos años -dimos a conocer este informe en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en Santiago, en Valparaíso y también se proyecta hacerlo en La Serena, Copiapó y Antofagasta . Como la primera etapa de implementación del proyecto es en la zona norte, estamos llevando los planes piloto hacia allá, para generar una forma distinta de resolver la justicia, una forma más horizontal, más democrática, que ayude a mejorar la convivencia y la paz social, dando a las partes la posibilidad de que voluntariamente resuelvan los conflictos que mantienen.
También hay cambios en el sistema de penas. Se modifica el sistema de servicio cerrado para incorporar un plan de intervención individual. También se cambian los límites. En la mayoría de los casos se establecen, por ejemplo, mínimos de seis meses -si son menos es muy difícil lograr los objetivos-, de modo de asegurar que la intervención sea eficaz. Se eliminan las multas. Multar a un joven no dice relación con el objetivo del proyecto, cual es la reinserción social. No vamos a reinsertarlo porque paga una multa. No es el caso, como sí puede ocurrir en otros ámbitos donde funciona la justicia retributiva. Repito que ello no se aviene al fin específico del proyecto, que busca la reinserción.
También se reducen y se cambian las amonestaciones y, también, se regulan las penas accesorias, básicamente haciendo aplicable, con los cambios y adaptaciones correspondientes, las que se establecen en los casos de violencia intrafamiliar y de violencia en los estadios.
Por otra parte, hay cambios en la determinación de la pena, pues se establecen criterios objetivos de idoneidad para, con reglas claras, hacerlos aplicables para la resolución de controversias que, durante estos años, hayan sido recogidas por la jurisprudencia.
Finalmente, hay un cambio en cuanto a la ejecución de penas, modificando el régimen de quebrantamiento y asegurando a los jueces un rol muy significativo en su gestión.
Como se ha señalado, la ley comenzará a regir en forma gradual. En efecto, transcurridos 12 meses de su publicación en el Diario Oficial, la misma se implementará en las regiones de Arica y Parinacota , Tarapacá , Antofagasta , Atacama y Coquimbo; luego de 24 meses, en las regiones de Maule, Biobío , Ñuble , La Araucanía , Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena. Por último, transcurridos 36 meses desde su publicación en el Diario Oficial, se introducirá en las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins y Metropolitana de Santiago.
Comparto la inquietud que se ha hecho presente en cuanto a que ojalá la ley se pudiera implementar en todas partes una vez publicada en el Diario Oficial, tal como ocurrirá con el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, ello no será posible, por la complejidad del proyecto, el que supone no solo recursos muy significativos, sino también preparación y capacitación que permita asegurar que los pasos que se vayan dando logren el objetivo que se busca. Es un poco lo que ocurrió con la Reforma Procesal Penal, en que parte de su éxito se debe, precisamente, a que fue implementada de manera gradual.
Por eso, entendiendo las inquietudes planteadas, pido que no se elimine del proyecto el artículo primero transitorio, que establece la gradualidad, pues la misma es necesaria. Lo contrario generaría problemas de financiamiento. El informe presupuestario correspondiente al proyecto original responde a esa gradualidad. Ella se pensó ya en 2017, por -repitolas características y complejidades del proyecto. Anticipar etapas producirá un problema fiscal no menor.
Respecto de la dotación, debo señalar que en el área de reinserción social juvenil del Sename hoy se encuentran trabajando 2.388 personas. Si a eso agregamos la parte proporcional que corresponde a la dirección nacional y a las direcciones regionales, es decir, 600 personas adicionales, estamos hablando, en cifras gruesas, de que 3.000 de los 5.000 funcionarios del Sename trabajan en el área de reinserción social juvenil. El nuevo servicio, de acuerdo al informe financiero, contempla una dotación de 3.470 funcionarios y funcionarias. De ellos, el porcentaje más relevante corresponde a profesionales, los que suman 1.950. Esa realidad dice relación con la idea de contar con personal con perfil adecuado a la nueva realidad. Por eso, es necesario que se apruebe la indicación que sobre el particular presentó el Ejecutivo, a fin de reponer lo que venía en el proyecto y que la Comisión de Hacienda acordó acoger por unanimidad.
La indicación es al número 2), que agrega un numeral 2), nuevo, que tiene como propósito resolver la transición. Aquí se ha producido una discusión, pues algunos quieren la transferencia automática de todo el personal; otros quieren que empiece con un personal completamente nuevo, para evitar los traspasos de personas que han estado involucradas en vulneraciones a los derechos de los niños, que tienen problemas o sumarios. En fin, lo digo para situar posiciones extremas.
Primero, nosotros creemos que, quizá, ha sido injusta la estigmatización que alcanza no solo a los niños, niñas y adolescentes del Sename, sino también a quienes trabajan allí. La enorme mayoría de quienes trabajan en el Sename hacen un esfuerzo muy significativo para apoyar a los niños, niñas y adolescentes. Desgraciadamente, no todos. En el pasado hemos tenido dificultades-todavía las tenemos que nos llevan a estar presentando denuncias, querellas, sumarios, etcétera, porque todavía no hemos logrado un régimen completamente nuevo.
Justamente, porque se trata de un servicio nuevo, estamos pidiendo que este traspaso pase por criterios de evaluación que permitan asegurar que quienes serán traspasados corresponden al perfil y a las necesidades de este nuevo servicio. No se trata de hacer filtros curiosos, raros o por razones subjetivas, sino criterios objetivos que se establezcan previamente, con conocimiento de los gremios, para asegurar que este traspaso se haga en forma adecuada y, por lo tanto, no sea automático.
Esos criterios siguen lo que se hizo en la transformación de los centros de reparación especializada de administración directa (Cread), que está en pleno proceso. Hemos transformado a la mitad de los Cread en residencias familiares, donde el promedio de personas que se han traspasado es del orden de 70 por ciento; el 30 por ciento se ha ido. También las personas se han ido porque se han acogido a las posibilidades de jubilación anticipada que ofrece el proyecto, que están aprobadas en la ley de reajuste.
Respecto de las indemnizaciones que se establecen, cabe recordar que hoy no existe el capítulo de indemnizaciones para quienes no son traspasados, porque no fue aceptado en la ley de reajuste cuando lo sometimos a conocimiento del Congreso en diciembre; pero ayer ingresó un proyecto de ley con discusión inmediata que sí lo repone, el cual, por cierto, hemos dado a conocer a las asociaciones gremiales, porque, en general, quienes no van a ser traspasados por las razones que antes indiqué, porque no corresponden al perfil que se requiere en el nuevo servicio, si se aprueba la iniciativa que hemos entregado a conocimiento de ustedes, van a tener derecho a una indemnización para hacer justicia con ellos y compensar la situación que se les presenta.
En consecuencia, esta disposición transitoria, que está en el número 2), inciso segundo, del artículo segundo transitorio, que fue aprobada en forma unánime por la Comisión de Hacienda, es necesaria para evitar una situación con complejidades mayores. Además, fue aprobada por los gremios que participaron en la Comisión de Hacienda. Al menos hubo dos gremios presentes en la comisión haciendo sentir que estaban de acuerdo con la incorporación de esta disposición -respecto de la cual se pidió votación separada-, que nosotros pedimos se mantenga aprobada como viene de la Comisión de Hacienda.
Además, reproduce una disposición exactamente igual, que ya se aprobó por el Congreso, para el Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia. No estamos inventando la rueda. Ya hicimos este camino y no hacerlo respecto de este otro servicio sería incomprensible y produciría un problema muy complejo para realmente generar un servicio nuevo, con el personal idóneo que se requiere.
Finalmente, hago referencia al informe financiero. Este proyecto significa un importante incremento de recursos que se van a ir desenvolviendo en los cuatro años que dura su implementación. Si bien el primer año es de vacancia, tiene muchos gastos en preparación, en capacitación, en la propia evaluación y selección de personal, en la preparación de los centros de la zona norte donde se va a empezar a implementar en el año siguiente. Al final, va a permitir pasar de una cifra que hoy es cercana a los ochenta y siete mil millones de pesos a un estado en régimen -en la misma comparación con recursos que hoy tiene el Sename asignados al área de reinserción social juvenil; esos ochenta y siete mil millones de pesos y fracción con una cifra de ciento cuarenta y cuatro mil setecientos millones y fracción. Es decir, hay un incremento significativo de recursos que se hacen en estos cuatro años en forma gradual, aumentando de un estado a otro, comprometiendo así el Estado un apoyo real que permita mejorar cualitativamente el trabajo que se realiza, precisamente, dadas las complejidades y la especialización profesional que supone este nuevo servicio.
Adicionalmente, a este incremento en el gasto permanente, hay un gasto transitorio por una sola vez, por una cifra que se acerca a los setenta y seis mil millones de pesos -todo esto en monedas comparables al mismo valor-, que permiten asegurar esta transición en aquellos gastos que, por una sola vez, se tengan que efectuar.
Creemos que este conjunto de medidas nos hace asegurar la creación de un servicio -ideal y teóricamente, uno siempre puede hacerlo mejor, pero el trabajo hecho durante 2020 en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, luego, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se suma al que ya había hecho el Senado en su momento que, sin lugar a dudas, va a permitir un alto nivel de atención a los infractores juveniles, un trabajo profesionalizado de su personal y un sistema que va a mejorar la administración de justicia en la forma en que se van a dedicar sus actores judiciales -léase fiscales, jueces y defensores-. Se superan los déficits que se han apreciado en el sistema de sanciones y en el sistema de administración que se ha utilizado en el Sename.
Con este nuevo modelo de intervención técnico y profesionalizado, creemos que, sumada la intersectorialidad que se ha hecho presente, nos van a permitir decir que, con dignidad, nuestro país está cumpliendo debidamente con la Convención sobre los Derechos del Niño, asegurando un trabajo preventivo y personalizado en aquellos adolescentes, hombres o mujeres, que lamentablemente incurran en conductas delictivas, de acuerdo con la ley de responsabilidad penal adolescente, y tendrán en ese caso el trato digno que merecen y que, para la restauración de sus derechos, el Estado debe garantizar. Creemos que estamos dando un paso muy significativo.
Agradezco el trabajo que se ha realizado e invito a la Cámara de Diputados a que apruebe el proyecto tal cual fue despachado por la Comisión de Constitución, con el aditamento hecho por la Comisión de Hacienda respecto del artículo segundo transitorio.
Muchas gracias.
He dicho.
La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-
¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario general de la Presidencia, señor Máximo Pavez ?
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, con la salvedad de los artículos que requieren quorum especial de aprobación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 132 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita Flores García, Iván Mirosevic Verdugo, Vlado Sabag Villalobos, Jorge Alinco Bustos, René Flores Oporto, Camila Mix Jiménez, Claudia Saffirio Espinoza, René Álvarez Ramírez, Sebastián Fuentes Barros, Tomás Andrés Molina Magofke, Andrés Saldívar Auger, Raúl Álvarez Vera, Jenny Fuenzalida Cobo, Juan Morales Muñoz, Celso Sanhueza Dueñas, Gustavo Ascencio Mansilla, Gabriel Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Mor��n Bahamondes, Camilo Santana Castillo, Juan Auth Stewart, Pepe Galleguillos Castillo, Ramón Moreira Barros, Cristhian Santana Tirachini, Alejandro Barrera Moreno, Boris García García, René Manuel Mulet Martínez, Jaime Santibáñez Novoa, Marisela Barros Montero, Ramón González Gatica, Félix Muñoz González, Francesca Schalper Sepúlveda, Diego Berger Fett, Bernardo González Torres, Rodrigo Naranjo Ortiz, Jaime Schilling Rodríguez, Marcelo Bernales Maldonado, Alejandro Gutiérrez Gálvez, Hugo Noman Garrido, Nicolás Sepúlveda Orbenes, Alejandra Bianchi Retamales, Karim Hernández Hernández, Javier Norambuena Farías, Iván Sepúlveda Soto, Alexis Bobadilla Muñoz, Sergio Hernando Pérez, Marcela Núñez Arancibia, Daniel Silber Romo, Gabriel Boric Font, Gabriel Hirsch Goldschmidt, Tomás Nuyado Ancapichún, Emilia Soto Ferrada, Leonardo Brito Hasbún, Jorge Hoffmann Opazo, María José Olivera De La Fuente, Erika Soto Mardones, Raúl Calisto Águila, Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo, Diego Orsini Pascal, Maite Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva, Karol Ilabaca Cerda, Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González, Jaime Carter Fernández, Álvaro Jackson Drago, Giorgio Pardo Sáinz, Luis Torrealba Alvarado, Sebastián Carvajal Ambiado, Loreto Jarpa Wevar, Carlos Abel Parra Sauterel, Andrea Torres Jeldes, Víctor Castillo Muñoz, Natalia Jiménez Fuentes, Tucapel Paulsen Kehr, Diego Trisotti Martínez, Renzo Castro Bascuñán, José Miguel Kast Sommerhoff, Pablo Pérez Arriagada, José Troncoso Hellman, Virginia Castro González, Juan Luis Keitel Bianchi, Sebastián Pérez Lahsen, Leopoldo Undurraga Gazitúa, Francisco Celis Montt, Andrés Kort Garriga, Issa Pérez Olea, Joanna Urrutia Bonilla, Ignacio Cicardini Milla, Daniella Kuschel Silva, Carlos Pérez Salinas, Catalina Urrutia Soto, Osvaldo Cid Versalovic, Sofía Labra Sepúlveda, Amaro Prieto Lorca, Pablo Urruticoechea Ríos, Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León, Joaquín Ramírez Diez, Guillermo Vallejo Dowling, Camila Crispi Serrano, Miguel Leiva Carvajal, Raúl Rathgeb Schifferli, Jorge Velásquez Seguel, Pedro Cruz-Coke Carvallo, Luciano Luck Urban, Karin Rentería Moller, Rolando Venegas Cárdenas, Mario Cuevas Contreras, Nora Macaya Danús, Javier Rey Martínez, Hugo Verdessi Belemmi, Daniel Del Real, Mihovilovic, Catalina Marzán Pinto, Carolina Rocafull López, Luis Vidal Rojas, Pablo Díaz Díaz, Marcelo Matta Aragay, Manuel Rojas Valderrama, Camila Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Durán Espinoza, Jorge Melero Abaroa, Patricio Romero Sáez, Leonidas Walker Prieto, Matías Eguiguren Correa, Francisco Mellado Pino, Cosme Rosas Barrientos, Patricio Winter Etcheberry, Gonzalo Fernández Allende, Maya Mellado Suazo, Miguel Saavedra Chandía, Gastón Yeomans Araya, Gael
-Votó por la negativa la diputada señora:
Jiles Moreno, Pamela
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en general los artículos 10, 11, 13, letra l); 18, inciso séptimo, y 31, inciso segundo, del proyecto de ley, que requieren para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de normas propias de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 132 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita Flores García, Iván Mellado Suazo, Miguel Sabag Villalobos, Jorge Alinco Bustos, René Flores Oporto, Camila Meza Moncada, Fernando Saffirio Espinoza, René Álvarez Ramírez, Sebastián Fuentes Barros, Tomás Andrés Mirosevic Verdugo, Vlado Saldívar Auger, Raúl Álvarez Vera, Jenny Fuenzalida Cobo, Juan Mix Jiménez, Claudia Sanhueza Dueñas, Gustavo Ascencio Mansilla, Gabriel Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Molina Magofke, Andrés Santana Castillo, Juan Auth Stewart, Pepe Galleguillos Castillo, Ramón Morales Muñoz, Celso Santana Tirachini, Alejandro Barrera Moreno, Boris García García, René Manuel Moreira Barros, Cristhian Santibáñez Novoa, Marisela Barros Montero, Ramón González Gatica, Félix Mulet Martínez, Jaime Schalper Sepúlveda, Diego Berger Fett, Bernardo González Torres, Rodrigo Muñoz González, Francesca Schilling Rodríguez, Marcelo Bernales Maldonado, Alejandro Gutiérrez Gálvez, Hugo Noman Garrido, Nicolás Sepúlveda Orbenes, Alejandra Bianchi Retamales, Karim Hernández Hernández, Javier Norambuena Farías, Iván Sepúlveda Soto, Alexis Bobadilla Muñoz, Sergio Hernando Pérez, Marcela Núñez Arancibia, Daniel Silber Romo, Gabriel Boric Font, Gabriel Hirsch Goldschmidt, Tomás Nuyado Ancapichún, Emilia Soto Ferrada, Leonardo Brito Hasbún, Jorge Hoffmann Opazo, María José Olivera De La Fuente, Erika Soto Mardones, Raúl Calisto Águila, Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo, Diego Orsini Pascal, Maite Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva, Karol Ilabaca Cerda, Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González, Jaime Carter Fernández, Álvaro Jackson Drago, Giorgio Pardo Sáinz, Luis Torrealba Alvarado, Sebastián Carvajal Ambiado, Loreto Jarpa Wevar, Carlos Abel Parra Sauterel, Andrea Torres Jeldes, Víctor Castillo Muñoz, Natalia Jiménez Fuentes, Tucapel Paulsen Kehr, Diego Trisotti Martínez, Renzo Castro Bascuñán, José Miguel Kast Sommerhoff, Pablo Pérez Arriagada, José Troncoso Hellman, Virginia Castro González, Juan Luis Keitel Bianchi, Sebastián Pérez Lahsen, Leopoldo Undurraga Gazitúa, Francisco Celis Montt, Andrés Kort Garriga, Issa Pérez Olea, Joanna Urrutia Bonilla, Ignacio Cicardini Milla, Daniella Kuschel Silva, Carlos Pérez Salinas, Catalina Urrutia Soto, Osvaldo Cid Versalovic, Sofía Labra Sepúlveda, Amaro Prieto Lorca, Pablo Urruticoechea Ríos, Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León, Joaquín Ramírez Diez, Guillermo Vallejo Dowling, Camila Crispi Serrano, Miguel Leiva Carvajal, Raúl Rathgeb Schifferli, Jorge Velásquez Seguel, Pedro Cruz-Coke Carvallo, Luciano Longton Herrera, Andrés Rentería Moller, Rolando Venegas Cárdenas, Mario Cuevas Contreras, Nora Luck Urban, Karin Rey Martínez, Hugo Verdessi Belemmi, Daniel Del Real Mihovilovic, Catalina Macaya Danús, Javier Rocafull López, Luis Vidal Rojas, Pablo Díaz Díaz, Marcelo Marzán Pinto, Carolina Rojas Valderrama, Camila Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Durán Espinoza, Jorge Matta Aragay, Manuel Romero Sáez, Leonidas Walker Prieto, Matías Eguiguren Correa, Francisco Melero Abaroa, Patricio Rosas Barrientos, Patricio Winter Etcheberry, Gonzalo Fernández Allende, Maya Mellado Pino, Cosme Saavedra Chandía, Gastón Yeomans Araya, Gael
-Votó por la negativa la diputada señora:
Jiles Moreno, Pamela
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en general los artículos 14, inciso segundo; 17; 18, inciso sexto; 19, inciso quinto; 23; 25, inciso segundo; 27, incisos primero y final; 40, inciso cuarto; 44, inciso segundo; 57, numeral 17), en lo que atañe al inciso final del artículo 25 quater propuesto; 57, numeral 21); 57, numeral 27), en lo relativo al inciso tercero del artículo 35 ter propuesto; 57, numeral 28), en lo referido al inciso séptimo del artículo 35 ter propuesto; 57, numeral 40); 60; 61 y 63, numeral 2, permanentes, y los artículos séptimo y octavo transitorios del proyecto de ley, que requieren para su aprobación el voto favorable de 88 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de normas propias de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 130 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita Fuentes Barros, Tomás Andrés Mix Jiménez, Claudia Saffirio Espinoza, René Álvarez Ramírez, Sebastián Fuenzalida Cobo, Juan Molina Magofke, Andrés Saldívar Auger, Raúl Álvarez Vera, Jenny Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Morales Muñoz, Celso Sanhueza Dueñas, Gustavo Ascencio Mansilla, Gabriel Galleguillos Castillo, Ramón Morán Bahamondes, Camilo Santana Castillo, Juan Auth Stewart, Pepe García García, René Manuel Moreira Barros, Cristhian Santana Tirachini, Alejandro Barrera Moreno, Boris González Gatica, Félix Mulet Martínez, Jaime Santibáñez Novoa, Marisela Barros Montero, Ramón González Torres, Rodrigo Naranjo Ortiz, Jaime Schalper Sepúlveda, Diego Berger Fett, Bernardo Gutiérrez Gálvez, Hugo Noman Garrido, Nicolás Schilling Rodríguez, Marcelo Bernales Maldonado, Alejandro Hernández Hernández, Javier Norambuena Farías, Iván Sepúlveda Orbenes, Alejandra Bianchi Retamales, Karim Hernando Pérez, Marcela Núñez Arancibia, Daniel Sepúlveda Soto, Alexis Bobadilla Muñoz, Sergio Hirsch Goldschmidt, Tomás Nuyado Ancapichún, Emilia Silber Romo, Gabriel Boric Font, Gabriel Hoffmann Opazo, María José Olivera De La Fuente, Erika Soto Ferrada, Leonardo Brito Hasbún, Jorge Ibáñez Cotroneo, Diego Orsini Pascal, Maite Soto Mardones, Raúl Calisto Águila, Miguel Ángel Ilabaca Cerda, Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva, Karol Jackson Drago, Giorgio Pardo Sáinz, Luis Tohá González, Jaime Carter Fernández, Álvaro Jarpa Wevar, Carlos Abel Parra Sauterel, Andrea Torrealba Alvarado, Sebastián Carvajal Ambiado, Loreto Jiménez Fuentes, Tucapel Paulsen Kehr, Diego Torres Jeldes, Víctor Castillo Muñoz, Natalia Kast Sommerhoff, Pablo Pérez Arriagada, José Trisotti Martínez, Renzo Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi, Sebastián Pérez Lahsen, Leopoldo Troncoso Hellman, Virginia Castro González, Juan Luis Kort Garriga, Issa Pérez Olea, Joanna Undurraga Gazitúa, Francisco Celis Montt, Andrés Kuschel Silva, Carlos Pérez Salinas, Catalina Urrutia Bonilla, Ignacio Cicardini Milla, Daniella Labra Sepúlveda, Amaro Prieto Lorca, Pablo Urrutia Soto, Osvaldo Cid Versalovic, Sofía Leiva Carvajal, Raúl Ramírez Diez, Guillermo Urruticoechea Ríos, Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Longton Herrera, Andrés Rathgeb Schifferli, Jorge Vallejo Dowling, Camila Crispi Serrano, Miguel Luck Urban, Karin Rentería Moller, Rolando Velásquez Seguel, Pedro Cruz-Coke Carvallo, Luciano Macaya Danús, Javier Rey Martínez, Hugo Venegas Cárdenas, Mario Cuevas Contreras, Nora Marzán Pinto, Carolina Rocafull López, Luis Verdessi Belemmi, Daniel Del Real Mihovilovic, Catalina Matta Aragay, Manuel Rojas Valderrama, Camila Vidal Rojas, Pablo Díaz Díaz, Marcelo Melero Abaroa, Patricio Romero Sáez, Leonidas Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Durán Espinoza, Jorge Mellado Pino, Cosme Rosas Barrientos, Patricio Walker Prieto, Matías Eguiguren Correa, Francisco Mellado Suazo, Miguel Saavedra Chandía, Gastón Winter Etcheberry, Gonzalo Fernández Allende, Maya Meza Moncada, Fernando Sabag Villalobos, Jorge Yeomans Araya, Gael Flores Oporto, Camila Mirosevic Verdugo, Vlado
-Votó por la negativa la diputada señora:
Jiles Moreno, Pamela
El señor PAULSEN (Presidente).-
En consecuencia, el proyecto de ley queda aprobado también en particular, con la misma votación, dejándose constancia de haber alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad del artículo 58 permanente, del artículo primero transitorio, números 1), 2) y 3), y del artículo segundo transitorio, numerales 1), 2), 3), 4) y 5), cuya votación separada ha sido solicitada.
Corresponde votar en particular las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento al artículo 58 aprobado por el Senado, que introduce modificaciones al artículo 16 bis del Código Orgánico de Tribunales, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Marcos Ilabaca .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 17 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos, René Fuenzalida Cobo, Juan Molina Magofke, Andrés Saffirio Espinoza, René Álvarez Ramírez, Sebastián Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Morales Muñoz, Celso Sanhueza Dueñas, Gustavo Auth Stewart, Pepe Galleguillos Castillo, Ramón Morán Bahamondes, Camilo Santana Tirachini, Alejandro Barrera Moreno, Boris García García, René Manuel Moreira Barros, Cristhian Schalper Sepúlveda, Diego Barros Montero, Ramón González Torres, Rodrigo Noman Garrido, Nicolás Silber Romo, Gabriel Berger Fett, Bernardo Hernández Hernández, Javier Norambuena Farías, Iván Torrealba Alvarado, Sebastián Bobadilla Muñoz, Sergio Hoffmann Opazo, María José Olivera De La Fuente, Erika Torres Jeldes, Víctor Calisto Águila, Miguel Ángel Jarpa Wevar, Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Trisotti Martínez, Renzo Carter Fernández, Álvaro Kast Sommerhoff, Pablo Pardo Sáinz, Luis Troncoso Hellman, Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi, Sebastián Paulsen Kehr, Diego Undurraga Gazitúa, Francisco Celis Montt, Andrés Kort Garriga, Issa Pérez Lahsen, Leopoldo Urrutia Bonilla, Ignacio Cid Versalovic, Sofía Kuschel Silva, Carlos Pérez Olea, Joanna Urrutia Soto, Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León, Joaquín Prieto Lorca, Pablo Urruticoechea Ríos, Cristóbal Cruz-Coke Carvallo, Luciano Longton Herrera, Andrés Ramírez Diez, Guillermo Velásquez Seguel, Pedro Cuevas Contreras, Nora Luck Urban, Karin Rathgeb Schifferli, Jorge Venegas Cárdenas, Mario Del Real Mihovilovic, Catalina Macaya Danús, Javier Rentería Moller, Rolando Verdessi Belemmi, Daniel Eguiguren Correa, Francisco Matta Aragay, Manuel Rey Martínez, Hugo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Flores Oporto, Camila Melero Abaroa, Patricio Romero Sáez, Leonidas Walker Prieto, Matías Fuentes Barros, Tomás Andrés Mellado Suazo, Miguel Sabag Villalobos, Jorge Winter Etcheberry, Gonzalo
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita
Hirsch Goldschmidt, Tomás
Núñez Arancibia, Daniel
Santibáñez Novoa, Marisela
Álvarez Vera, Jenny
Ilabaca Cerda, Marcos
Nuyado Ancapichún, Emilia
Schilling Rodríguez, Marcelo
Cariola Oliva, Karol
Jiles Moreno, Pamela
Parra Sauterel, Andrea
Sepúlveda Orbenes, Alejandra
Carvajal Ambiado, Loreto
Jiménez Fuentes, Tucapel
Pérez Arriagada, José
Sepúlveda Soto, Alexis
Castro González, Juan Luis
Labra Sepúlveda, Amaro
Rocafull López, Luis
Soto Ferrada, Leonardo
Cicardini Milla, Daniella
Leiva Carvajal, Raúl
Rosas Barrientos, Patricio
Soto Mardones, Raúl
Fernández Allende, Maya
Marzán Pinto, Carolina
Saavedra Chandía, Gastón
Teillier Del Valle, Guillermo
González Gatica, Félix
Mellado Pino, Cosme
Saldívar Auger, Raúl
Tohá González, Jaime
Gutiérrez Gálvez, Hugo
Mix Jiménez, Claudia
Santana Castillo, Juan
Vallejo Dowling, Camila
Hernando Pérez, Marcela
Naranjo Ortiz, Jaime
-Se abstuvieron los diputados señores:
Ascencio Mansilla, Gabriel
Crispi Serrano, Miguel
Jackson Drago, Giorgio
Pérez Salinas, Catalina
Bernales Maldonado, Alejandro
Díaz Díaz, Marcelo
Mirosevic Verdugo, Vlado
Rojas Valderrama, Camila
Boric Font, Gabriel
Durán Espinoza, Jorge
Mulet Martínez, Jaime
Vidal Rojas, Pablo
Brito Hasbún, Jorge
Ibáñez Cotroneo, Diego
Orsini Pascal, Maite
Yeomans Araya, Gael
Castillo Muñoz, Natalia
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo primero transitorio, números 1), 2) y 3), cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Ilabaca .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 16 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos, René Fuentes Barros, Tomás Andrés Molina Magofke, Andrés Sabag Villalobos, Jorge Álvarez Ramírez, Sebastián Fuenzalida Cobo, Juan Morales Muñoz, Celso Sanhueza Dueñas, Gustavo Ascencio Mansilla, Gabriel Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Morán Bahamondes, Camilo Santana Tirachini, Alejandro Auth Stewart, Pepe Galleguillos Castillo, Ramón Moreira Barros, Cristhian Schalper Sepúlveda, Diego Barros Montero, Ramón García García, René Manuel Noman Garrido, Nicolás Soto Ferrada, Leonardo Berger Fett, Bernardo Hernández Hernández, Javier Norambuena Farías, Iván Torrealba Alvarado, Sebastián Bianchi Retamales, Karim Jarpa Wevar, Carlos Abel Olivera De La Fuente, Erika Torres Jeldes, Víctor Bobadilla Muñoz, Sergio Kast Sommerhoff, Pablo Ortiz Novoa, José Miguel Trisotti Martínez, Renzo Carter Fernández, Álvaro Keitel Bianchi, Sebastián Pardo Sáinz, Luis Troncoso Hellman, Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Kort Garriga, Issa Paulsen Kehr, Diego Undurraga Gazitúa, Francisco Celis Montt, Andrés Kuschel Silva, Carlos Pérez Lahsen, Leopoldo Urrutia Bonilla, Ignacio Cid Versalovic, Sofía Lavín León, Joaquín Pérez Olea, Joanna Urrutia Soto, Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Longton Herrera, Andrés Prieto Lorca, Pablo Urruticoechea Ríos, Cristóbal Cruz-Coke Carvallo, Luciano Luck Urban, Karin Ramírez Diez, Guillermo Velásquez Seguel, Pedro Cuevas Contreras, Nora Macaya Danús, Javier Rathgeb Schifferli, Jorge Venegas Cárdenas, Mario Del Real Mihovilovic, Catalina Matta Aragay, Manuel Rentería Moller, Rolando Verdessi Belemmi, Daniel Eguiguren Correa, Francisco Melero Abaroa, Patricio Rey Martínez, Hugo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Flores Oporto, Camila Mellado Suazo, Miguel Romero Sáez, Leonidas Walker Prieto, Matías
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita
González Torres, Rodrigo
Mellado Pino, Cosme
Saffirio Espinoza, René
Álvarez Vera, Jenny
Gutiérrez Gálvez, Hugo
Mirosevic Verdugo, Vlado
Saldívar Auger, Raúl
Barrera Moreno, Boris
Hernando Pérez, Marcela
Mix Jiménez, Claudia
Santana Castillo, Juan
Bernales Maldonado, Alejandro
Hirsch Goldschmidt, Tomás
Naranjo Ortiz, Jaime
Santibáñez Novoa, Marisela
Cariola Oliva, Karol
Hoffmann Opazo, María José
Núñez Arancibia, Daniel
Schilling Rodríguez, Marcelo
Carvajal Ambiado, Loreto
Ilabaca Cerda, Marcos
Nuyado Ancapichún, Emilia
Sepúlveda Orbenes, Alejandra
Castillo Muñoz, Natalia
Jiles Moreno, Pamela
Parra Sauterel, Andrea
Silber Romo, Gabriel
Castro González, Juan Luis
Jiménez Fuentes, Tucapel
Pérez Arriagada, José
Soto Mardones, Raúl
Cicardini Milla, Daniella
Labra Sepúlveda, Amaro
Rocafull López, Luis
Tohá González, Jaime
Fernández Allende, Maya
Leiva Carvajal, Raúl
Rosas Barrientos, Patricio
Vallejo Dowling, Camila
González Gatica, Félix
Marzán Pinto, Carolina
Saavedra Chandía, Gastón
Vidal Rojas, Pablo
-Se abstuvieron los diputados señores:
Boric Font, Gabriel
Díaz Díaz, Marcelo
Mulet Martínez, Jaime
Sepúlveda Soto, Alexis
Brito Hasbún, Jorge
Durán Espinoza, Jorge
Orsini Pascal, Maite
Teillier Del Valle, Guillermo
Calisto Águila, Miguel Ángel
Ibáñez Cotroneo, Diego
Pérez Salinas, Catalina
Winter Etcheberry, Gonzalo
Crispi Serrano, Miguel
Jackson Drago, Giorgio
Rojas Valderrama, Camila
Yeomans Araya, Gael
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo segundo transitorio, numeral 1), con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Ilabaca .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 114 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Ramírez, Sebastián Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Mix Jiménez, Claudia Santana Castillo, Juan Álvarez Vera, Jenny Galleguillos Castillo, Ramón Molina Magofke, Andrés Santana Tirachini, Alejandro Ascencio Mansilla, Gabriel García García, René Manuel Morales Muñoz, Celso Santibáñez Novoa, Marisela Auth Stewart, Pepe González Gatica, Félix Morán Bahamondes, Camilo Schalper Sepúlveda, Diego Barrera Moreno, Boris González Torres, Rodrigo Moreira Barros, Cristhian Schilling Rodríguez, Marcelo Barros Montero, Ramón Gutiérrez Gálvez, Hugo Mulet Martínez, Jaime Sepúlveda Orbenes, Alejandra Berger Fett, Bernardo Hernández Hernández, Javier Naranjo Ortiz, Jaime Sepúlveda Soto, Alexis Bernales Maldonado, Alejandro Hernando Pérez, Marcela Noman Garrido, Nicolás Silber Romo, Gabriel Bobadilla Muñoz, Sergio Hoffmann Opazo, María José Norambuena Farías, Iván Soto Mardones, Raúl Calisto Águila, Miguel Ángel Ilabaca Cerda, Marcos Olivera De La Fuente, Erika Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva, Karol Jackson Drago, Giorgio Orsini Pascal, Maite Tohá González, Jaime Carter Fernández, Álvaro Jarpa Wevar, Carlos Abel Pardo Sáinz, Luis Torrealba Alvarado, Sebastián Carvajal Ambiado, Loreto Jiménez Fuentes, Tucapel Parra Sauterel, Andrea Torres Jeldes, Víctor Castillo Muñoz, Natalia Kast Sommerhoff, Pablo Paulsen Kehr, Diego Trisotti Martínez, Renzo Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi, Sebastián Pérez Arriagada, José Troncoso Hellman, Virginia Celis Montt, Andrés Kort Garriga, Issa Pérez Lahsen, Leopoldo Undurraga Gazitúa, Francisco Cicardini Milla, Daniella Kuschel Silva, Carlos Pérez Olea, Joanna Urrutia Bonilla, Ignacio Cid Versalovic, Sofía Labra Sepúlveda, Amaro Pérez Salinas, Catalina Urrutia Soto, Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León, Joaquín Prieto Lorca, Pablo Urruticoechea Ríos, Cristóbal Crispi Serrano, Miguel Leiva Carvajal, Raúl Ramírez Diez, Guillermo Vallejo Dowling, Camila Cruz-Coke Carvallo, Luciano Longton Herrera, Andrés Rathgeb Schifferli, Jorge Velásquez Seguel, Pedro Cuevas Contreras, Nora Luck Urban, Karin Rentería Moller, Rolando Venegas Cárdenas, Mario Del Real Mihovilovic, Catalina Macaya Danús, Javier Rey Martínez, Hugo Verdessi Belemmi, Daniel Díaz Díaz, Marcelo Marzán Pinto, Carolina Rocafull López, Luis Vidal Rojas, Pablo Eguiguren Correa, Francisco Matta Aragay, Manuel Romero Sáez, Leonidas Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Fernández Allende, Maya Melero Abaroa, Patricio Saavedra Chandía, Gastón Walker Prieto, Matías Flores Oporto, Camila Mellado Pino, Cosme Sabag Villalobos, Jorge Winter Etcheberry, Gonzalo Fuentes Barros, Tomás Andrés Mellado Suazo, Miguel Sanhueza Dueñas, Gustavo Yeomans Araya, Gael Fuenzalida Cobo, Juan Mirosevic Verdugo, Vlado
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita
Nuyado Ancapichún, Emilia
Rosas Barrientos, Patricio
Saldívar Auger, Raúl
Hirsch Goldschmidt, Tomás
Ortiz Novoa, José Miguel
Saffirio Espinoza, René
Soto Ferrada, Leonardo
Jiles Moreno, Pamela
Rojas Valderrama, Camila
-Se abstuvieron los diputados señores:
Brito Hasbún, Jorge
Castro González, Juan Luis
Durán Espinoza, Jorge
Núñez Arancibia, Daniel
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo segundo transitorio, considerando la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda para agregar un nuevo numeral 2), pasando el actual a ser 3), y así sucesivamente.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 113 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 1 abstención.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Ramírez, Sebastián Fuenzalida Cobo, Juan Molina Magofke, Andrés Sabag Villalobos, Jorge Álvarez Vera, Jenny Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Morales Muñoz, Celso Saldívar Auger, Raúl Ascencio Mansilla, Gabriel Galleguillos Castillo, Ramón Morán Bahamondes, Camilo Sanhueza Dueñas, Gustavo Auth Stewart, Pepe García García, René Manuel Moreira Barros, Cristhian Santana Castillo, Juan Barrera Moreno, Boris González Torres, Rodrigo Mulet Martínez, Jaime Santana Tirachini, Alejandro Barros Montero, Ramón Gutiérrez Gálvez, Hugo Naranjo Ortiz, Jaime Schalper Sepúlveda, Diego Berger Fett, Bernardo Hernández Hernández, Javier Noman Garrido, Nicolás Schilling Rodríguez, Marcelo Bianchi Retamales, Karim Hernando Pérez, Marcela Norambuena Farías, Iván Sepúlveda Orbenes, Alejandra Bobadilla Muñoz, Sergio Hirsch Goldschmidt, Tomás Núñez Arancibia, Daniel Sepúlveda Soto, Alexis Boric Font, Gabriel Hoffmann Opazo, María José Nuyado Ancapichún, Emilia Silber Romo, Gabriel Brito Hasbún, Jorge Ilabaca Cerda, Marcos Olivera De La Fuente, Erika Soto Ferrada, Leonardo Calisto Águila, Miguel Ángel Jackson Drago, Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Soto Mardones, Raúl Carter Fernández, Álvaro Jarpa Wevar, Carlos Abel Pardo Sáinz, Luis Tohá González, Jaime Carvajal Ambiado, Loreto Jiménez Fuentes, Tucapel Parra Sauterel, Andrea Torrealba Alvarado, Sebastián Castro Bascuñán, José Miguel Kast Sommerhoff, Pablo Pérez Arriagada, José Torres Jeldes, Víctor Castro González, Juan Luis Keitel Bianchi, Sebastián Pérez Lahsen, Leopoldo Trisotti Martínez, Renzo Celis Montt, Andrés Kort Garriga, Issa Pérez Olea, Joanna Troncoso Hellman, Virginia Cicardini Milla, Daniella Kuschel Silva, Carlos Pérez Salinas, Catalina Urrutia Bonilla, Ignacio Cid Versalovic, Sofía Lavín León, Joaquín Prieto Lorca, Pablo Urrutia Soto, Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Leiva Carvajal, Raúl Ramírez Diez, Guillermo Urruticoechea Ríos, Cristóbal Crispi Serrano, Miguel Longton Herrera, Andrés Rathgeb Schifferli, Jorge Vallejo Dowling, Camila Cruz-Coke Carvallo, Luciano Luck Urban, Karin Rentería Moller, Rolando Velásquez Seguel, Pedro Cuevas Contreras, Nora Macaya Danús, Javier Rey Martínez, Hugo Venegas Cárdenas, Mario Del Real Mihovilovic, Catalina Marzán Pinto, Carolina Rocafull López, Luis Verdessi Belemmi, Daniel Díaz Díaz, Marcelo Matta Aragay, Manuel Rojas Valderrama, Camila Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Durán Espinoza, Jorge Melero Abaroa, Patricio Romero Sáez, Leonidas Walker Prieto, Matías Eguiguren Correa, Francisco Mellado Pino, Cosme Rosas Barrientos, Patricio Winter Etcheberry, Gonzalo Flores Oporto, Camila Mellado Suazo, Miguel Saavedra Chandía, Gastón Yeomans Araya, Gael Fuentes Barros, Tomás Andrés
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita
González Gatica, Félix
Orsini Pascal, Maite
Teillier Del Valle, Guillermo
Bernales Maldonado, Alejandro
Jiles Moreno, Pamela
Paulsen Kehr, Diego
Undurraga Gazitúa, Francisco
Cariola Oliva, Karol
Mirosevic Verdugo, Vlado
Saffirio Espinoza, René
Vidal Rojas, Pablo
Castillo Muñoz, Natalia
Mix Jiménez, Claudia
Santibáñez Novoa, Marisela
-Se abstuvo la diputada señora:
Fernández Allende, Maya
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo segundo transitorio, numeral 3), con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Ilabaca .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 116 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos, René Fuentes Barros, Tomás Andrés Morales Muñoz, Celso Sanhueza Dueñas, Gustavo Álvarez Ramírez, Sebastián Fuenzalida Cobo, Juan Morán Bahamondes, Camilo Santana Castillo, Juan Álvarez Vera, Jenny Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Moreira Barros, Cristhian Santana Tirachini, Alejandro Ascencio Mansilla, Gabriel Galleguillos Castillo, Ramón Naranjo Ortiz, Jaime Santibáñez Novoa, Marisela Auth Stewart, Pepe García García, René Manuel Noman Garrido, Nicolás Schalper Sepúlveda, Diego Barros Montero, Ramón Hernández Hernández, Javier Norambuena Farías, Iván Schilling Rodríguez, Marcelo Berger Fett, Bernardo Hernando Pérez, Marcela Nuyado Ancapichún, Emilia Sepúlveda Orbenes, Alejandra Bernales Maldonado, Alejandro Hoffmann Opazo, María José Olivera De La Fuente, Erika Sepúlveda Soto, Alexis Bobadilla Muñoz, Sergio Ilabaca Cerda, Marcos Orsini Pascal, Maite Silber Romo, Gabriel Boric Font, Gabriel Jackson Drago, Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Soto Ferrada, Leonardo Calisto Águila, Miguel Ángel Jarpa Wevar, Carlos Abel Pardo Sáinz, Luis Soto Mardones, Raúl Cariola Oliva, Karol Jiménez Fuentes, Tucapel Parra Sauterel, Andrea Tohá González, Jaime Carter Fernández, Álvaro Kast Sommerhoff, Pablo Paulsen Kehr, Diego Torrealba Alvarado, Sebastián Carvajal Ambiado, Loreto Keitel Bianchi, Sebastián Pérez Arriagada, José Torres Jeldes, Víctor Castillo Muñoz, Natalia Kort Garriga, Issa Pérez Lahsen, Leopoldo Trisotti Martínez, Renzo Castro Bascuñán, José Miguel Kuschel Silva, Carlos Pérez Olea, Joanna Troncoso Hellman, Virginia Castro González, Juan Luis Labra Sepúlveda, Amaro Pérez Salinas, Catalina Undurraga Gazitúa, Francisco Celis Montt, Andrés Lavín León, Joaquín Prieto Lorca, Pablo Urrutia Bonilla, Ignacio Cicardini Milla, Daniella Leiva Carvajal, Raúl Ramírez Diez, Guillermo Urrutia Soto, Osvaldo Cid Versalovic, Sofía Longton Herrera, Andrés Rathgeb Schifferli, Jorge Urruticoechea Ríos, Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Luck Urban, Karin Rentería Moller, Rolando Vallejo Dowling, Camila Cruz-Coke Carvallo, Luciano Macaya Danús, Javier Rey Martínez, Hugo Velásquez Seguel, Pedro Cuevas Contreras, Nora Marzán Pinto, Carolina Rocafull López, Luis Venegas Cárdenas, Mario Del Real Mihovilovic, Catalina Matta Aragay, Manuel Rojas Valderrama, Camila Verdessi Belemmi, Daniel Díaz Díaz, Marcelo Melero Abaroa, Patricio Romero Sáez, Leonidas Vidal Rojas, Pablo Durán Espinoza, Jorge Mellado Pino, Cosme Rosas Barrientos, Patricio Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Eguiguren Correa, Francisco Mellado Suazo, Miguel Saavedra Chandía, Gastón Walker Prieto, Matías Fernández Allende, Maya Mirosevic Verdugo, Vlado Sabag Villalobos, Jorge Winter Etcheberry, Gonzalo Flores Oporto, Camila Molina Magofke, Andrés Saldívar Auger, Raúl Yeomans Araya, Gael
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita
González Gatica, Félix
Hirsch Goldschmidt, Tomás
Núñez Arancibia, Daniel
Barrera Moreno, Boris
González Torres, Rodrigo
Jiles Moreno, Pamela
Saffirio Espinoza, René
Bianchi Retamales, Karim
Gutiérrez Gálvez, Hugo
Mix Jiménez, Claudia
-Se abstuvieron los diputados señores:
Brito Hasbún, Jorge
Mulet Martínez, Jaime
Teillier Del Valle, Guillermo
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo segundo transitorio, números 4) y 5), cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Ilabaca .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 120 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos, René Flores Oporto, Camila Mellado Suazo, Miguel Saavedra Chandía, Gastón Álvarez Ramírez, Sebastián Fuentes Barros, Tomás Andrés Mirosevic Verdugo, Vlado Sabag Villalobos, Jorge Álvarez Vera, Jenny Fuenzalida Cobo, Juan Mix Jiménez, Claudia Saldívar Auger, Raúl Ascencio Mansilla, Gabriel Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Molina Magofke, Andrés Sanhueza Dueñas, Gustavo Auth Stewart, Pepe Galleguillos Castillo, Ramón Morán Bahamondes, Camilo Santana Castillo, Juan Barros Montero, Ramón García García, René Manuel Moreira Barros, Cristhian Santana Tirachini, Alejandro Berger Fett, Bernardo González Gatica, Félix Mulet Martínez, Jaime Santibáñez Novoa, Marisela Bernales Maldonado, Alejandro González Torres, Rodrigo Naranjo Ortiz, Jaime Schalper Sepúlveda, Diego Bianchi Retamales, Karim Gutiérrez Gálvez, Hugo Noman Garrido, Nicolás Schilling Rodríguez, Marcelo Bobadilla Muñoz, Sergio Hernández Hernández, Javier Norambuena Farías, Iván Sepúlveda Orbenes, Alejandra Boric Font, Gabriel Hernando Pérez, Marcela Nuyado Ancapichún, Emilia Sepúlveda Soto, Alexis Brito Hasbún, Jorge Hoffmann Opazo, María José Olivera De La Fuente, Erika Silber Romo, Gabriel Calisto Águila, Miguel Ángel Ilabaca Cerda, Marcos Orsini Pascal, Maite Soto Ferrada, Leonardo Cariola Oliva, Karol Jackson Drago, Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Soto Mardones, Raúl Carter Fernández, Álvaro Jarpa Wevar, Carlos Abel Pardo Sáinz, Luis Tohá González, Jaime Carvajal Ambiado, Loreto Jiménez Fuentes, Tucapel Parra Sauterel, Andrea Torrealba Alvarado, Sebastián Castillo Muñoz, Natalia Kast Sommerhoff, Pablo Paulsen Kehr, Diego Torres Jeldes, Víctor Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi, Sebastián Pérez Arriagada, José Trisotti Martínez, Renzo Castro González, Juan Luis Kort Garriga, Issa Pérez Lahsen, Leopoldo Undurraga Gazitúa, Francisco Celis Montt, Andrés Kuschel Silva, Carlos Pérez Olea, Joanna Urrutia Bonilla, Ignacio Cicardini Milla, Daniella Labra Sepúlveda, Amaro Pérez Salinas, Catalina Urrutia Soto, Osvaldo Cid Versalovic, Sofía Lavín León, Joaquín Prieto Lorca, Pablo Urruticoechea Ríos, Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Leiva Carvajal, Raúl Ramírez Diez, Guillermo Vallejo Dowling, Camila Cruz-Coke Carvallo, Luciano Longton Herrera, Andrés Rathgeb Schifferli, Jorge Velásquez Seguel, Pedro Cuevas Contreras, Nora Luck Urban, Karin Rentería Moller, Rolando Venegas Cárdenas, Mario Del Real Mihovilovic, Catalina Macaya Danús, Javier Rey Martínez, Hugo Verdessi Belemmi, Daniel Díaz Díaz, Marcelo Marzán Pinto, Carolina Rocafull López, Luis Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Durán Espinoza, Jorge Matta Aragay, Manuel Rojas Valderrama, Camila Walker Prieto, Matías Eguiguren Correa, Francisco Melero Abaroa, Patricio Romero Sáez, Leonidas Winter Etcheberry, Gonzalo Fernández Allende, Maya Mellado Pino, Cosme Rosas Barrientos, Patricio Yeomans Araya, Gael
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita
Hirsch Goldschmidt, Tomás
Jiles Moreno, Pamela
Saffirio Espinoza, René
Barrera Moreno, Boris
-Se abstuvieron los diputados señores:
Núñez Arancibia, Daniel
Teillier Del Valle, Guillermo
El señor PAULSEN (Presidente).-
Despachado el proyecto al Senado.
"
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/11174-07