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- rdf:value = " El Honorable Senador señor Navarro, por su parte, manifestó que no se debe olvidar que, previo a la pandemia, en el año 2018 en concreto, los principales reclamos de los usuarios del rubro eran por la cancelación de vuelos y por problemas con el equipaje.
En efecto, a su juicio, la industria del transporte aéreo ha incurrido en prácticas abusivas con los consumidores, especialmente cuando en Chile, hasta hace unos pocos años atrás y previo al ingreso al mercado de Jet Smart, se presentaba una estructura mayormente monopólica en el sector, con sólo un gran operador como LATAM y una compañía emergente en Sky Airline.
De igual modo, prosiguió, se trata de una industria con muy poca fiscalización, en donde no existe claridad respecto de las autoridades encargadas de controlar las distintas aristas de sus actividades. En esa línea, señaló que la fiscalización de los órganos competentes debe ser reforzada una vez que se retome la normalidad, precisamente para evitar las prácticas previamente mencionadas.
En el mismo sentido, recalcó que la capacidad que tiene un pasajero para hacer valer sus prerrogativas frente a las compañías aéreas es prácticamente nula, por lo que se requiere reforzar la institucionalidad en este ámbito, por medio de una regulación del particular desde una perspectiva integral de los derechos de los pasajeros.
Bajo esa lógica, cuestionó la posibilidad sostenida por el Ejecutivo de que el mercado en este rubro pueda autorregularse sin derechos de entidad hacia los consumidores y con poca fiscalización pública.
A su turno, y más allá de las diferencias de ambos rubros, cuestionó que en el transporte terrestre un pasajero pueda obtener la devolución íntegra de su pasaje hasta con cuatro horas previas al traslado, mientras que en el ámbito del transporte aéreo no haya nada preceptuado en tal sentido.
A su vez, sostuvo que la autorregulación del mercado también se verá dificultada por la falta de competencia en el rubro, lo que facilita que las acciones en comento se verifiquen. Este último punto, resaltó, será difícil de combatir, habida cuenta de que no será atractivo el ingreso al mercado de nuevos actores, justamente por las condiciones en que está actualmente.
Posteriormente, indicó que otra de las malas prácticas que observa en este sector, es que los operadores, en caso de que procedan al reembolso del pasaje, lo hacen sólo después de meses de espera, sin que se reintegren al usuario las cantidades correspondientes a tasas de embarque. Lo anterior, sin perjuicio de que el monto devuelto no se paga de manera reajustada.
Por las razones antes descritas, reiteró la necesidad de abordar el particular desde una perspectiva de protección integral de los derechos de los consumidores del transporte aéreo, sin perjuicio de las acciones del Estado que puedan destinarse a apoyar a las líneas aéreas. Por ello, resaltó, es que se precisa profundizar el debate desde una óptica más amplia, que aborde las diversas situaciones problemáticas que se suscitan, a partir de la discusión sobre las prerrogativas contenidas en el proyecto.
Por último, consultó al Ejecutivo acerca de la autoridad competente de controlar a las líneas aéreas, cuál es la entidad pública que cuenta con las atribuciones para reclamar y dónde puede ser ubicada en los aeropuertos, como también las sanciones para los operadores en el caso de que inobserven sus obligaciones en este contexto.
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