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La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Por acuerdo de la Sala, corresponde tratar en Fácil Despacho el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y suscrito por Chile el 05 de junio del año 2001, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 4.087-10) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Le solicito al señor Secretario que pueda hacer una rápida relación del proyecto porque ya ha sido explicado su contenido y habíamos iniciado su discusión.
Señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias, señora Presidenta .
La señora Presidenta reanuda la discusión del proyecto de acuerdo ya individualizado, que corresponde al boletín N° 4.087-10.
Cabe recordar que en sesión del 30 de junio pasado la Sala del Senado inició el tratamiento de este asunto, quedando pendiente su tramitación.
A su respecto, es dable reiterar lo siguiente: el objetivo principal del proyecto es complementar la Convención Americana de Derechos Humanos para que los derechos económicos, sociales y culturales sean perfeccionados y protegidos.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por 3 votos a favor, de los Senadores señor Insulza, señor Moreira y señor Ossandón, y una abstención de la Senadora señora Muñoz.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
En discusión el proyecto.
En su oportunidad, el Senador Iván Moreira realizó un informe en la Sala.
Ahora le ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador Jorge Pizarro.
Senador Pizarro, tiene que activar su micrófono.
Ahí está.
El señor PIZARRO.-
Ahí sí.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Ahora sí lo escuchamos.
El señor PIZARRO.-
Muchas gracias, Presidenta .
De manera muy breve, porque el señor Secretario hizo un buen resumen, y solo quiero agregar que el Protocolo consta de un Preámbulo y veintidós artículos, donde se establece un reconocimiento a los derechos esenciales del ser humano.
El artículo 1 contempla el mismo compromiso establecido en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por Chile mucho tiempo atrás.
El artículo 2 dispone el compromiso de los Estados Partes de adoptar medidas legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos consagrados en este Protocolo Adicional.
El artículo 3 consigna el compromiso de no discriminar en el ejercicio de los derechos humanos.
El artículo 4 tiene por propósito resolver eventuales conflictos que puedan existir entre el Protocolo Adicional y otras normas jurídicas internas.
El artículo 5 preceptúa que se pueden restringir o limitar los derechos amparados por este Protocolo mediante una ley.
El artículo 6 consagra el derecho al trabajo.
El artículo 7 establece las condiciones que cada persona debe tener para gozar del derecho al trabajo consagrado en el artículo anterior.
El artículo 8 garantiza a los trabajadores el derecho a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, etcétera.
El artículo 9 consagra el derecho de toda persona a la seguridad social.
El artículo 10 contempla el derecho a la salud.
El artículo 11 reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano.
El artículo 12 consigna el derecho de las personas a una nutrición adecuada.
El artículo 13 reconoce el derecho a la educación.
El artículo 14 contempla el derecho de participar en la vida cultural.
El artículo 15 consagra a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad.
El artículo 16 establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
El artículo 17 determina una protección especial -a propósito del proyecto de acuerdo del cual se hablaba recién- durante la ancianidad.
El artículo 18 consigna que toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial.
El artículo 19 contempla medios de protección mediante un sistema de supervisión del Protocolo, que consiste en informes periódicos de los Estados Partes.
El artículo 20 establece el derecho de los Estados a formular reservas.
El artículo 21 contiene las normas relativas a la firma, ratificación o adhesión y entrada en vigor del Protocolo.
Y el artículo 22 faculta a los Estados Partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para someter a consideración de los Estados Partes propuestas de enmiendas.
Presidenta, ese es el informe relativo al Protocolo en sus veintidós artículos.
La Comisión de Relaciones Exteriores recomienda votar favorablemente el proyecto de acuerdo.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra al Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias.
Presidente , desde el archipiélago de Chiloé, solicito que me tomen la votación cuando corresponda, porque no puedo instalar el sistema de votación telemática.
Dicho eso, con respecto al proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo de San Salvador, quisiera señalar que el instrumento internacional que hoy estamos analizando demoró muchos años en tramitarse. En algunos aspectos, ha sido superado por la realidad nacional y, en otros, sin embargo, nos pone en la disyuntiva de enfrentarnos a acciones en el extranjero y de entregar facultades soberanas a organismos internacionales.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o "Protocolo de San Salvador", es del año 1999, como se ha mencionado, y actualmente se encuentra ratificado por más de veinte países del continente.
Por razones políticas, las potencias aplauden estas convenciones y protocolos, pero casi nunca los firman, y esta tampoco es la excepción.
Según lo informado por el Gobierno, en muchos casos los objetivos que busca el Protocolo ya han sido alcanzados por la legislación interna e, incluso, superando dicho instrumento, que pareciera sugerir que es más que una guía de objetivos a lograr, sin establecer plazos e incorporando progresividad, por lo que no debiera implicar mayores problemas.
Sin embargo, como casi siempre no todo lo que brilla es oro, el Protocolo busca no solo la promoción de derechos económicos, sociales y culturales, sino que también obliga a los Estados. De manera que, al momento de ratificarlo, nuestro país deberá responder de su cumplimiento.
Nos hemos enfrentado antes a este tipo de documentos, inocuos en apariencia, pero mortíferos en su contenido. Son verdaderos caballos de Troya de los sectores progresistas, que, disfrazados de palabras rimbombantes, solo sirven para incorporar su agenda valórica por la ventana. ¡Y ahí es cuando comienzan los problemas!
Los medios de protección que establece el propio Protocolo implican la posibilidad de que nacionales puedan reclamar ante organismos internacionales la responsabilidad del Estado de Chile. Se le consultó esta situación a la Cancillería y a los Ministerios sectoriales, y estos habían hecho el cálculo de que el cumplimiento de este Protocolo podría implicar -no hubo respuesta exacta, pero sí inmediata- preocupación.
No es menor la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda proponer nuevos derechos y libertades, según dispone el artículo 22 del referido Protocolo. Por supuesto que conocemos el riesgo, y nos preocupa.
En ese sentido, el Gobierno se comprometió finalmente a presentar una declaración interpretativa para aclarar qué derechos son litigiosos y hacer una reserva respecto de los organismos multilaterales y su ámbito de participación. Bajo ese compromiso, yo decidí apoyar en la Comisión este Protocolo. Pero, lamentablemente, no especificó de cuáles derechos se trata ni en qué sentido haría la reserva. Por lo mismo, entendemos las dudas, la preocupación que genera entre ciertos sectores la aprobación de este instrumento internacional.
Eso fue el 2019 y mucha agua ha corrido bajo el puente de la confianza con el Gobierno. Así que tengo mis dudas. Hay demasiadas sensibilidades en juego en este minuto cuando se trata de estos protocolos.
La verdad es que yo no quiero votar en contra. Por eso, en esta oportunidad, para evitar problemas mayores, he decido abstenerme, entendiendo que este Protocolo no debiera tener mayores complicaciones. Pero en este mundo, cuando se trata de estos instrumentos internacionales, ha ocurrido que los entrelazan con otros que sí han sido perjudiciales para nuestro país.
Por lo tanto, he decidido abstenerme.
He dicho, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Dado que usted se encuentra en el archipiélago, podemos hacer de inmediato la consulta. ¿Entiendo que está solicitando abrir la votación, Senador Moreira?
El señor MOREIRA.-
Así es, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Le parece a la Sala abrir la votación, respetando los tiempos?
Así se acuerda.
En votación el proyecto de acuerdo.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Le ofrezco la palabra al Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Presidenta, primero va a intervenir el Senador José Miguel Insulza, de parte de la bancada nuestra.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Perfecto.
Muchas gracias.
Tiene la palabra al Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Presidenta, cuando se comenzó a tratar este proyecto de acuerdo en la Sala en su momento, me correspondió hacer una exposición. No la voy a repetir ahora, porque sería mucho.
Solamente quiero decir que estos derechos sociales, culturales y económicos están en la doctrina de los derechos humanos y tienen una relación muy estrecha con los derechos civiles y políticos que generalmente se consagran, con una gran diferencia: que, cuando hablamos de los derechos civiles y políticos de la gente, lo que se sostiene es la necesidad de que el Estado se abstenga de actuar en desmedro de ellos, es decir, de atacarlos. En efecto, lo que solicitan los tratados internacionales de derechos humanos más tradicionales o más antiguos es la abstención de los Estados en orden a amenazar los derechos de las personas.
En este caso, se pretende una acción proactiva de los Estados. Se enumera una buena cantidad de áreas -las leyó el Senador Pizarro-, a partir de las cuales se dice que los Estados se comprometen a hacer todo lo posible para promover distintos derechos (al empleo, a la salud, a la educación, a la previsión social, etcétera).
Algunos dicen que es un texto solo declarativo. ¡No es así!, porque finalmente se establece el compromiso solemne de cada Estado de hacer todo lo posible para que estas cosas funcionen, a pesar de no estar sometido al tipo de reglamentación bastante más estricta que tienen los derechos civiles y políticos.
Creo que es muy importante aprobar este Protocolo, Presidenta .
Como ya he dicho, quedan muy pocos estados en América Latina que no lo han hecho. Alguien sostuvo el otro día que eran menos.
En realidad, hay dos países, que son Estados Unidos y Canadá, que no aprueban tratados internacionales de derechos humanos; por tanto, hay que excluirlos. Y la mayor parte de las naciones del Caribe no han aprobado este Protocolo, y varias tampoco la Convención.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es fundamentalmente latinoamericana. De los veinte países, solamente hay tres, uno de los cuales es Chile, que no han ratificado este Protocolo.
Y este instrumento no ha tenido un efecto nocivo, pues ha servido para ordenar las políticas que los Estados realizan en materias sociales, económicas y culturales sin entrometerse, por así decirlo, en la vida cotidiana de los seres humanos.
Muchas gracias, Presidenta .
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Muchas gracias al Senador José Miguel Insulza.
Le ofrezco la palabra al Senador Alejandro Navarro.
Les recuerdo que se encuentra abierta la votación en la Sala. Los colegas que están participando de manera telemática pueden votar electrónicamente. Si alguno tiene dificultades de conectividad, se hará el llamado a viva voz cuando corresponda.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta .
Este instrumento fue suscrito el 5 de junio del 2001 y el proyecto de acuerdo cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. O sea, hemos tardado exactamente veinte años en ratificar este Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Senador José Miguel Insulza ha señalado que solo tres países no lo habían firmado.
Bueno, Estados Unidos y Canadá no han ratificado lo relativo a la Corte Penal Internacional, ni siquiera la Convención Interamericana. ¡No las han ratificado! Quedan exceptuados de los derechos y deberes que dichos tratados internacionales ejercen sobre las naciones que los han suscrito. Y aquello no es novedad: ¡Estados Unidos ni siquiera ha aprobado los derechos universales sobre la infancia!
En buena hora lo hacemos, pues es positivo todo aquello que fortalezca la posición de los Estados para el respeto de todos los derechos humanos, no solo contra la violación física, tortura, maltrato, tratos inhumanos y degradantes, sino también en favor de derechos económicos, sociales y culturales, que también deben incorporar los derechos de las mujeres, Presidenta , aun cuando ello efectivamente no se explicita. Son protocolos y tratados amplios, extensivos. Por tanto, los derechos económicos, sociales y culturales en todos los países firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deben y van a incorporar a la mujer con sus plenos derechos.
Todo el proceso que ha vivido América Latina , particularmente Chile en los últimos años, debe considerarse incorporado, aun cuando no aparezca con expresa mención. Los derechos no se determinan numerándolos, sino respetando a la persona humana y, en especial, a la mujer y al nuevo rol que juega en nuestro país y en el continente.
Voto a favor, señora Presidenta .
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Señor Secretario , por favor, tome el voto del Senador Moreira. Necesitamos registrarlo, pues no se había abierto la votación en el momento en que él lo manifestó.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Me abstengo.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Gracias.
Ha solicitado la palabra la Senadora Aravena.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidenta .
Quiero hacer solo un comentario, porque ha pasado muchísimo tiempo desde que se presentó este proyecto de acuerdo, que fue en la época del Presidente Lagos . La verdad es que, como bien dijo alguien que me antecedió, muchas de las disposiciones a las que se comprometen los países que suscriben ya las hemos cumplido.
En ese contexto, sobre todo haciendo alusión a sectores de nuestra sociedad y de la región que yo represento, en que la familia es algo muy importante, el Protocolo establece que todo niño tiene derecho a una educación gratuita y obligatoria, cuestión que en Chile efectivamente sucede; todo niño tiene derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, lo que ha sido de larga discusión en estos últimos años en el Senado. ¡Qué bien que aquí se ratifique! También se planeta que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad.
Asimismo, se habla de que la enseñanza primaria debe ser obligatoria, cuestión que en Chile, gracias a Dios, se cumple, y que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella, obviamente, se adecúe a los principios que están enunciados en este Convenio.
Por otro lado, se establecen normas sobre las mujeres, el trabajo, la posibilidad de pedir licencias maternales antes y después del parto. Se dispone que nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato, lo que me parece que apoya la libertad de cada uno de los trabajadores, y, por último, que la mujer puede contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Entonces, la verdad es que no logro dar con argumentos para no encontrar que es una gran cosa que estemos hoy día aprobando este proyecto de acuerdo, y lamento que haya pasado tanto tiempo para que ello ocurriera. Muchos de estos objetivos se han ido implementando como política pública, por lo que es muy bueno que Chile, estando tanto tiempo con retraso respecto de estos temas, hoy día esté ratificando este Protocolo.
Eso es lo que quería señalar.
Aprovecho de decir que no podemos votar electrónicamente, Secretario , porque el sistema nos dice que no tenemos la cámara prendida. También lo está planteando la Senadora Órdenes, para que lo vean. No hemos podido votar electrónicamente solo por eso.
Mi voto es a favor.
Gracias.
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Muchas gracias, Senadora Carmen Gloria Aravena.
Nos informan de Tecnologías de la Información que están reiniciando un equipo y que, a través de eso, va a quedar superada la dificultad que les impide a quienes ya están más familiarizados con el sistema de voto electrónico poder ocuparlo.
Le ofrezco la palabra, en la Sala, al Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidenta.
Uno siempre tiene que ver cuáles son los motivos por los cuales temas que son antiguos no han sido aprobados por un período largo, habiendo estado a cargo sucesivos gobiernos. Las cosas no se dan por casualidad -la inocencia la perdimos hace tiempo-, y creo que en este caso hay razones bien atendibles.
Aquí hay un conjunto de derechos -esto es bastante antiguo, del siglo pasado-, muchos de los cuales me interpretan profundamente.
Me doy cuenta de que al frente van a votar a favor sin ningún problema, por ejemplo, el reconocimiento y la protección de la vida del que está por nacer, cosa que en la aplicación práctica implicaría cualquier escenario de aborto, y así se ha establecido en distintas partes; o el derecho a la educación, donde se reconocen las facilidades que deben darse a los particulares en ese esfuerzo sin jamás generar alguna discriminación, lo que tampoco tengo nada de claro que esté ocurriendo en Chile.
Hay un catálogo de temas que uno podría considerar más o menos razonable. El problema no es ese. Si así fuera, no se habría generado una discusión. El problema son dos cosas especiales que hay que entender: la progresividad y la exigibilidad. Son aspectos que hay que abordar, porque eso es lo que está en juego.
Lo primero que es esencial es la implementación de un protocolo. Pero ¿quiénes son los que determinan cómo se va avanzando en el tiempo en el ejercicio de estos derechos? A mi juicio, por un tema de soberanía, siempre debería ser el Estado el que vaya viendo, dentro de sus posibilidades, cómo se va dando esa progresividad.
Me explico.
En materia de salud, lo que se podía hacer veinte o treinta años atrás es distinto de lo que se puede realizar ahora, y probablemente en diez años más vamos a considerar lo actual como algo muy precario, en circunstancias de que, mirado en perspectiva, es muy relevante.
El punto es que, en la aplicación estricta de este Protocolo, al final no se establece de manera adecuada cómo se genera esa progresividad, pero sí se incorpora obviamente un incentivo bastante especial, en cuanto a que cualquier particular puede reclamar ese incumplimiento. Entonces, será un ente externo al Estado o al Congreso -para hacerlo desde el punto de vista legislativo- el que puede determinar o a su juicio entender cuáles deben ser las condiciones en que se cumpla ese derecho.
Entonces, la pregunta es: ¿Para qué existe Estado, para qué existe Congreso si al final estamos entregando la aplicación del ejercicio de los derechos a un particular cualquiera, que puede ser muy de Izquierda, muy de Derecha, muy independiente, que recurre ante otro en términos de hacer exigible eventualmente esa conducta internamente?
¿Es eso razonable, desde una perspectiva de la aplicación de lo que plantea? ¿Es razonable que las decisiones que tienen que ver con el Estado y con el ejercicio de los derechos no se tomen en el Estado?
Esa es la pregunta de fondo. Y eso es lo que ha tenido trancado -es una palabra gráfica-, ha tenido detenido esto, porque los distintos gobiernos, de quienes están enfrente y de quienes están acá, han dicho: "Oiga, ¿pero qué pasa con la soberanía? ¿Por qué yo no voy a poder determinar cuáles son los grados de avance? ¿Por qué me va a decir otro si yo debo cumplir con A, B o C, siendo democráticamente el ejercicio de ese derecho el que hace las diferencias entre los países?".
Y lo segundo es ante quién se interpone. Porque al final se le da una facultad especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo internacional, para que se apliquen las normas que eventualmente los países deben implementar.
Presidenta , era muy complejo este tema. Porque si era un catálogo de derechos, no hay ningún problema, los suscribo todos y cada uno. Mucho menos suscribo los protocolos facultativos que han nacido de este tratado, que creo que se han ido escapando por completo de la idea matriz. Pero mucho más objetable me parece la progresividad y la forma de reclamar, porque obviamente es una vulneración del Estado en todos sus aspectos -no estoy diciendo nada desde una perspectiva política-, y yo creo en la territorialidad, pienso que tiene que ser el Parlamento el que fije las reglas en Chile y no un organismo ajen
o.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Coloma.
Le ofrezco la palabra al Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta , estimados colegas, cuando veo este Protocolo Adicional y lo que pasó ayer en Haití, digo que tenemos que aterrizar las discusiones. Los derechos humanos no están garantizados en nuestro continente.
Hay derechos políticos y civiles, como señalaba el Senador Insulza, en que la lógica es que el Estado los protege no reprimiendo, que cada uno tenga libertad de expresión, de organización, de elegibilidad, etcétera. Y los derechos económicos y sociales son derechos que el Estado debe promover para hacer viable el ejercicio de los derechos.
En nuestro país, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, estamos hablando de internet como servicio público porque es un habilitador de derechos. En Chile no se puede desarrollar plenamente hoy el derecho a la educación porque hay miles, cientos de miles de niños y niñas y familias que no tienen internet en su casa. Nosotros estamos en determinado nivel de desarrollo.
Hoy vivimos en un mundo global. Y mi diferencia con colegas como el Senador Coloma está en que yo soy más llano a entender que la soberanía en el siglo XXI no es como era en los tiempos feudales, en que el rey levantaba muros en torno al territorio para que nadie entrara. En el mundo global la soberanía es relativa. A tal punto que miren el calentamiento global y cómo está amenazada nuestra especie. Hay ciertos temas que no dependen solo del Estado nacional.
En este debate, relativo al protocolo de una convención, tal como señalaba el Senador Coloma, hay que preguntarse por qué no se sometió a votación antes. Este es un protocolo de 1988, y Chile lo suscribió recién en 2001. Está claro que la dictadura no concurría a este tipo de protocolos, pero en democracia demoró harto en firmarse y ha tardado aún más en llegar acá. Y yo creo que es porque hay en algunos abogados, por un lado, y en otros sectores políticos, por otro, una mirada muy conservadora, porque tienen siempre el temor de que a uno le hagan exigible que se cumplan ciertos compromisos.
Este es un protocolo donde el Estado se compromete a promover derechos.
Me parece que los chilenos deberíamos siempre promover el desarrollo de los derechos que están acá y no cuestionarlos. Uno no está diciendo a qué ritmo cada país lo va a desarrollar. Menciono el caso de Haití porque es uno de los países de nuestro continente que ha vivido dramas tremendos; algunos hablan de un Estado fallido.
Presidenta, yo creo que aprobar este protocolo es algo necesario. Es un tema que depende de la capacidad de cada nación, pues no todos los países de nuestra región poseen el mismo nivel de desarrollo.
Y aquí tengo una tremenda diferencia con el Senador que está por los archipiélagos del sur, pues su mirada sobre el desarrollo de la humanidad es realmente sorprendente estando en el siglo XXI. Cree que la promoción de derechos es algo de la Izquierda. Bueno, también lo es el progresismo, que siempre ha empujado en esa dirección, y algunos sectores del mundo conservador siempre se han opuesto a reconocer ciertos derechos. Imagínese que en este protocolo no están los temas de género, porque fue firmado antes de que estos temas fueran el debate a nivel planetario. Estamos hablando de derechos que evolucionan.
Yo creo que aquí se establecen principios básicos, derechos donde debemos aceptar la promoción de parte del Estado y no caer en esa mentalidad de que aquí hay un atentado contra nuestra soberanía, y menos en estas miradas que he apreciado en algunos colegas, que yo pensaba que teníamos absolutamente superadas. Esto me recuerda a los argumentos que hay en la pelea entre Estados Unidos y China a veces, que llevan todos estos debates en el seno de Naciones Unidas como parte de sus disputas globales y no entienden que las diferentes sociedades y culturas poseen diferentes formas de abordar estos temas, han tenido diferentes ritmos.
Y en América Latina, por suerte, comenzamos nuestros procesos de independencia, de construcción de Estados nacionales, de integración hace más de doscientos años, y a estas alturas cuestionar instrumentos como estos me sorprende.
Algún día tendremos que saber por qué la Cancillería se demoró tanto en promover esto, y en eso yo saludo lo que planteaba el Senador Coloma . Hay diferentes razones, para mí bien poco explicables. Hoy, por cierto, no creo que haya razón alguna para resistir la aprobación de este instrumento, que nos pone con una corresponsabilidad con la comunidad en que vivimos.
Presidenta, yo sé que no tiene relación con el proyecto en sí, pero yo creo el Senado de la República, después de aprobar esta iniciativa, debiera por lo menos hacer un minuto de silencio por el asesinato del Presidente de Haití , la suerte de su esposa, por la relación que tenemos con ese país. Yo creo que es un día triste para la democracia en nuestro continente y un tiempo muy oportuno para aprobar este protocolo.
He dicho.
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Muchas gracias al Senador Juan Pablo Letelier.
Por cierto, rendiremos este homenaje al término de la votación de este Protocolo en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Senador José Miguel Durana, tiene la palabra.
El señor DURANA.-
Señora Presidenta , voy a justificar mi voto.
La ratificación del Protocolo de San Salvador significará que este forme parte, obviamente, del bloque de constitucionalidad en nuestro país, el que va a garantizar a todos los ciudadanos la vigencia plena de sus derechos, libertades, así como su promoción.
Estamos claros en que este protocolo se sustenta en que los derechos económicos, sociales y culturales han tenido una amplia aceptación en distintos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos en el mundo y que Chile ha ratificado.
Nadie podría estar en contra de sus disposiciones más relevantes, como es el ámbito de la cooperación económica y técnica internacional; adoptar medidas legislativas en Chile; compromiso con la no discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica; el derecho al trabajo; el derecho a la seguridad social; el derecho a la salud; la consagración de vivir en un medio ambiente libre de contaminación; el derecho a la educación; el derecho al acceso a la cultura. Todos estos derechos están reconocidos en este protocolo y también se encuentran incorporados en nuestra actual Constitución. Esperamos que sigan estando en esta nueva Convención Constitucional, que hoy día comienza a redactar una nueva Constitución para Chile. Pero, además, están ratificados en todos los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país.
En el tiempo, todos estos principios que están en este Protocolo de San Salvador han sido ratificados. Por lo tanto, Chile ha sido claro promotor de lo que significa el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, el derecho de las personas con discapacidad, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos, el derecho de las personas mayores, la Convención sobre los Derechos del Niño, etcétera.
No cabe duda de que los derechos sociales son una herramienta fundamental con la que cuentan los ordenamientos jurídicos para evaluar el desarrollo de los países.
Además, también tenemos que reconocer la discusión en materia constitucional en lo que respecta al contenido de los derechos sociales. Hoy Chile está en un proceso que se está iniciando. Por tanto, ese debate no está zanjado en nuestro país. Todo lo contrario, estamos inmersos en medio de un proceso que esperamos que en nueve o doce meses efectivamente reconozca lo que Chile está esperando de esta nueva Constitución Política.
En lo que respecta a la gestión de las prestaciones que dan cuerpo a los objetivos trazados por los derechos sociales, al menos considero que nuestro país ha demostrado alcanzar estándares en materia de desarrollo humano que nos posicionan en la promoción y, además, en la ejecución por delante de otros países de la región.
Estos estándares demuestran que Chile no tiene una necesidad angustiante en la materia en el sentido de que el día de mañana tengamos que someternos a otros países o a decisiones internacionales, porque contamos con instituciones capaces de dar respuesta a las demandas ciudadanas en materia de derechos sociales sin necesidad de tener que exponernos a la presión de organismos internacionales.
Efectivamente, en cuanto al Protocolo de San Salvador, Chile es uno de los principales países en reconocer cada uno de estos principios. Pero al menos deberíamos zanjar nuestro proceso constituyente antes de aprobar este proyecto.
Me voy a abstener.
Gracias, Presidenta .
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Muchas gracias al Senador José Miguel Durana.
Le ofrezco la palabra en la Sala al Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta , Honorable Sala, quiero solidarizar con el pueblo haitiano en este momento complejo para la democracia. Con el Senador Letelier tuvimos la oportunidad de estar en Haití, en su momento, con la Presidenta Bachelet . La situación es difícil desde el punto de vista de la garantía de los derechos de los haitianos. Ciertamente, la convulsión política de los últimos cinco años ha sido muy compleja.
En consecuencia, me adhiero a la solicitud del minuto de silencio por la muerte del Presidente haitiano. Esperamos que el pueblo de Haití pueda encontrar el camino para la consolidación de su régimen democrático. Señalo esto, por supuesto, teniendo en cuenta el aporte que ha hecho Chile en esta materia, donde le tocó una responsabilidad importante en su momento.
Respecto al reconocimiento de los derechos humanos, y particularmente de los derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un catálogo de derechos, entre los cuales está la protección del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción, lo que, sin lugar a dudas, ha sido un pilar fundamental para sostener en tribunales aquellas legislaciones que han pretendido vulnerar o violentar ese derecho. Es bueno que haya información al respecto.
El Protocolo de San Salvador, que -vuelvo a insistir- es un protocolo adicional, va en la vía de reconocer determinados bienes públicos. Entre ellos está el bien público de la salud. Y se reconoce el deber de los congresos nacionales de legislar en torno a estos derechos.
Esta es una discusión que se da en pleno proceso constituyente, o convencional, en el cual se está formulando una propuesta de nueva Constitución que deberá ser resuelta por los chilenos con un plebiscito con voto obligatorio.
En ese contexto, he sido de los que consideran que determinados derechos sociales debieran estar contemplados en el marco constitucional. Entre ellos, por supuesto, el derecho a la salud.
Presidenta, a lo largo de mi ejercicio de servicio público, me ha tocado presentar innumerables, yo diría decenas, casi un ciento de recursos de protección en favor de personas que no han tenido posibilidades de acceder a sus tratamientos de salud. De hecho, el primer fallo en que se reconoció que el derecho a la vida incorporaba el de la salud fue el año 2001 a raíz de una presentación nuestra, en la que nos fundamos justamente en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, donde se reconoce el valor del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural.
Por eso es tan importante ir generando la necesidad de incorporación de nuevos derechos. No es posible que hoy día tengamos una salud de primera y de segunda clase.
En ese contexto, es necesario, ciertamente, que estos derechos sociales puedan estar consagrados. Cuando uno consagra un derecho social -no es un tema que venga precisamente desde la Izquierda, sino que ha sido la doctrina social de la Iglesia la que comenzó con el planteamiento de determinados derechos sociales-, debe estar supeditado a las capacidades económicas de cada uno de los países, por supuesto. Son derechos individualmente garantizados en la medida de las capacidades económicas de los Estados. Por eso sostengo que estos derechos debieran estar contemplados en el nuevo marco constitucional.
Vuelvo a insistir: finalmente han sido los tribunales de justicia los que han avalado el acceso a determinados tratamientos médicos. Uno de los argumentos que hemos usado en los recursos es el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador, que establece una complementariedad de muchos de esos catálogos de derechos.
Algunos han planteado que esto podría generar una vulneración del propio Estado de Chile ante tribunales internacionales porque no se han garantizado todos y cada uno de estos derechos en nuestros marcos constitucionales. Este es un tema que está razonablemente contemplado en el texto del Protocolo de San Salvador, donde no se estaría vulnerando -a mi juicio- la soberanía del país, pero sí se establece la necesidad de ir garantizando determinados catálogos de derechos.
Por lo mismo, sostengo que este es un Protocolo que nos permite avanzar en el reconocimiento de determinados derechos humanos fundamentales.
He dicho, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias, señora Presidenta .
Vamos a efectuar la consulta de voto a las señoras y los señores Senadores que se encuentran participando de manera remota y que no han votado aún electrónicamente.
Tenemos registrado el voto electrónico del Senador señor Durana, del Senador señor Moreira, de la Senadora señora Aravena, del Senador señor Pugh, de la Senadora señora von Baer, del Senador señor Guillier, del Senador señor Huenchumilla, del Senador señor Pizarro, del Senador señor Soria, del Senador señor Lagos y de la Senadora señora Órdenes.
Vamos a consultar la opción de voto de la Senadora señora Allende.
¿Cómo vota Su Señoría?
La señora ALLENDE.-
A favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
A favor, Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
A favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Perdón, el Senador señor De Urresti está pareado con el Senador señor Prohens.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Abstención.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Abstención.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Voto a favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
A favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (23 votos a favor y 11 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Chahuán, Elizalde, Galilea, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro y Soria.
Se abstuvieron las señoras Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, García-Huidobro, Moreira, Prohens, Pugh y Sandoval.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Se encuentran pareados el señor Quintana y la señora Sabat; el señor Quinteros y la señora Van Rysselberghe, y los señores De Urresti y Prohens.
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Queda aprobado, entonces, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por haber sido acordado en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, lo enviamos a dicha Corporación para que sea remitido a Su Excelencia el Presidente de la República .
"
- rdf:value = " PROTOCOLO ADICIONAL A CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Por acuerdo de la Sala, corresponde tratar en Fácil Despacho el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y suscrito por Chile el 05 de junio del año 2001, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 4.087-10) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Le solicito al señor Secretario que pueda hacer una rápida relación del proyecto porque ya ha sido explicado su contenido y habíamos iniciado su discusión.
Señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias, señora Presidenta .
La señora Presidenta reanuda la discusión del proyecto de acuerdo ya individualizado, que corresponde al boletín N° 4.087-10.
Cabe recordar que en sesión del 30 de junio pasado la Sala del Senado inició el tratamiento de este asunto, quedando pendiente su tramitación.
A su respecto, es dable reiterar lo siguiente: el objetivo principal del proyecto es complementar la Convención Americana de Derechos Humanos para que los derechos económicos, sociales y culturales sean perfeccionados y protegidos.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por 3 votos a favor, de los Senadores señor Insulza, señor Moreira y señor Ossandón, y una abstención de la Senadora señora Muñoz.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
En discusión el proyecto.
En su oportunidad, el Senador Iván Moreira realizó un informe en la Sala.
Ahora le ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador Jorge Pizarro.
Senador Pizarro, tiene que activar su micrófono.
Ahí está.
El señor PIZARRO.-
Ahí sí.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Ahora sí lo escuchamos.
El señor PIZARRO.-
Muchas gracias, Presidenta .
De manera muy breve, porque el señor Secretario hizo un buen resumen, y solo quiero agregar que el Protocolo consta de un Preámbulo y veintidós artículos, donde se establece un reconocimiento a los derechos esenciales del ser humano.
El artículo 1 contempla el mismo compromiso establecido en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por Chile mucho tiempo atrás.
El artículo 2 dispone el compromiso de los Estados Partes de adoptar medidas legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos consagrados en este Protocolo Adicional.
El artículo 3 consigna el compromiso de no discriminar en el ejercicio de los derechos humanos.
El artículo 4 tiene por propósito resolver eventuales conflictos que puedan existir entre el Protocolo Adicional y otras normas jurídicas internas.
El artículo 5 preceptúa que se pueden restringir o limitar los derechos amparados por este Protocolo mediante una ley.
El artículo 6 consagra el derecho al trabajo.
El artículo 7 establece las condiciones que cada persona debe tener para gozar del derecho al trabajo consagrado en el artículo anterior.
El artículo 8 garantiza a los trabajadores el derecho a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, etcétera.
El artículo 9 consagra el derecho de toda persona a la seguridad social.
El artículo 10 contempla el derecho a la salud.
El artículo 11 reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano.
El artículo 12 consigna el derecho de las personas a una nutrición adecuada.
El artículo 13 reconoce el derecho a la educación.
El artículo 14 contempla el derecho de participar en la vida cultural.
El artículo 15 consagra a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad.
El artículo 16 establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
El artículo 17 determina una protección especial -a propósito del proyecto de acuerdo del cual se hablaba recién- durante la ancianidad.
El artículo 18 consigna que toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial.
El artículo 19 contempla medios de protección mediante un sistema de supervisión del Protocolo, que consiste en informes periódicos de los Estados Partes.
El artículo 20 establece el derecho de los Estados a formular reservas.
El artículo 21 contiene las normas relativas a la firma, ratificación o adhesión y entrada en vigor del Protocolo.
Y el artículo 22 faculta a los Estados Partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para someter a consideración de los Estados Partes propuestas de enmiendas.
Presidenta, ese es el informe relativo al Protocolo en sus veintidós artículos.
La Comisión de Relaciones Exteriores recomienda votar favorablemente el proyecto de acuerdo.
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra al Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Gracias.
Presidente , desde el archipiélago de Chiloé, solicito que me tomen la votación cuando corresponda, porque no puedo instalar el sistema de votación telemática.
Dicho eso, con respecto al proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo de San Salvador, quisiera señalar que el instrumento internacional que hoy estamos analizando demoró muchos años en tramitarse. En algunos aspectos, ha sido superado por la realidad nacional y, en otros, sin embargo, nos pone en la disyuntiva de enfrentarnos a acciones en el extranjero y de entregar facultades soberanas a organismos internacionales.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o "Protocolo de San Salvador", es del año 1999, como se ha mencionado, y actualmente se encuentra ratificado por más de veinte países del continente.
Por razones políticas, las potencias aplauden estas convenciones y protocolos, pero casi nunca los firman, y esta tampoco es la excepción.
Según lo informado por el Gobierno, en muchos casos los objetivos que busca el Protocolo ya han sido alcanzados por la legislación interna e, incluso, superando dicho instrumento, que pareciera sugerir que es más que una guía de objetivos a lograr, sin establecer plazos e incorporando progresividad, por lo que no debiera implicar mayores problemas.
Sin embargo, como casi siempre no todo lo que brilla es oro, el Protocolo busca no solo la promoción de derechos económicos, sociales y culturales, sino que también obliga a los Estados. De manera que, al momento de ratificarlo, nuestro país deberá responder de su cumplimiento.
Nos hemos enfrentado antes a este tipo de documentos, inocuos en apariencia, pero mortíferos en su contenido. Son verdaderos caballos de Troya de los sectores progresistas, que, disfrazados de palabras rimbombantes, solo sirven para incorporar su agenda valórica por la ventana. ¡Y ahí es cuando comienzan los problemas!
Los medios de protección que establece el propio Protocolo implican la posibilidad de que nacionales puedan reclamar ante organismos internacionales la responsabilidad del Estado de Chile. Se le consultó esta situación a la Cancillería y a los Ministerios sectoriales, y estos habían hecho el cálculo de que el cumplimiento de este Protocolo podría implicar -no hubo respuesta exacta, pero sí inmediata- preocupación.
No es menor la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda proponer nuevos derechos y libertades, según dispone el artículo 22 del referido Protocolo. Por supuesto que conocemos el riesgo, y nos preocupa.
En ese sentido, el Gobierno se comprometió finalmente a presentar una declaración interpretativa para aclarar qué derechos son litigiosos y hacer una reserva respecto de los organismos multilaterales y su ámbito de participación. Bajo ese compromiso, yo decidí apoyar en la Comisión este Protocolo. Pero, lamentablemente, no especificó de cuáles derechos se trata ni en qué sentido haría la reserva. Por lo mismo, entendemos las dudas, la preocupación que genera entre ciertos sectores la aprobación de este instrumento internacional.
Eso fue el 2019 y mucha agua ha corrido bajo el puente de la confianza con el Gobierno. Así que tengo mis dudas. Hay demasiadas sensibilidades en juego en este minuto cuando se trata de estos protocolos.
La verdad es que yo no quiero votar en contra. Por eso, en esta oportunidad, para evitar problemas mayores, he decido abstenerme, entendiendo que este Protocolo no debiera tener mayores complicaciones. Pero en este mundo, cuando se trata de estos instrumentos internacionales, ha ocurrido que los entrelazan con otros que sí han sido perjudiciales para nuestro país.
Por lo tanto, he decidido abstenerme.
He dicho, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Dado que usted se encuentra en el archipiélago, podemos hacer de inmediato la consulta. ¿Entiendo que está solicitando abrir la votación, Senador Moreira?
El señor MOREIRA.-
Así es, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Le parece a la Sala abrir la votación, respetando los tiempos?
Así se acuerda.
En votación el proyecto de acuerdo.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Le ofrezco la palabra al Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Presidenta, primero va a intervenir el Senador José Miguel Insulza, de parte de la bancada nuestra.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Perfecto.
Muchas gracias.
Tiene la palabra al Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Presidenta, cuando se comenzó a tratar este proyecto de acuerdo en la Sala en su momento, me correspondió hacer una exposición. No la voy a repetir ahora, porque sería mucho.
Solamente quiero decir que estos derechos sociales, culturales y económicos están en la doctrina de los derechos humanos y tienen una relación muy estrecha con los derechos civiles y políticos que generalmente se consagran, con una gran diferencia: que, cuando hablamos de los derechos civiles y políticos de la gente, lo que se sostiene es la necesidad de que el Estado se abstenga de actuar en desmedro de ellos, es decir, de atacarlos. En efecto, lo que solicitan los tratados internacionales de derechos humanos más tradicionales o más antiguos es la abstención de los Estados en orden a amenazar los derechos de las personas.
En este caso, se pretende una acción proactiva de los Estados. Se enumera una buena cantidad de áreas -las leyó el Senador Pizarro-, a partir de las cuales se dice que los Estados se comprometen a hacer todo lo posible para promover distintos derechos (al empleo, a la salud, a la educación, a la previsión social, etcétera).
Algunos dicen que es un texto solo declarativo. ¡No es así!, porque finalmente se establece el compromiso solemne de cada Estado de hacer todo lo posible para que estas cosas funcionen, a pesar de no estar sometido al tipo de reglamentación bastante más estricta que tienen los derechos civiles y políticos.
Creo que es muy importante aprobar este Protocolo, Presidenta .
Como ya he dicho, quedan muy pocos estados en América Latina que no lo han hecho. Alguien sostuvo el otro día que eran menos.
En realidad, hay dos países, que son Estados Unidos y Canadá, que no aprueban tratados internacionales de derechos humanos; por tanto, hay que excluirlos. Y la mayor parte de las naciones del Caribe no han aprobado este Protocolo, y varias tampoco la Convención.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es fundamentalmente latinoamericana. De los veinte países, solamente hay tres, uno de los cuales es Chile, que no han ratificado este Protocolo.
Y este instrumento no ha tenido un efecto nocivo, pues ha servido para ordenar las políticas que los Estados realizan en materias sociales, económicas y culturales sin entrometerse, por así decirlo, en la vida cotidiana de los seres humanos.
Muchas gracias, Presidenta .
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Muchas gracias al Senador José Miguel Insulza.
Le ofrezco la palabra al Senador Alejandro Navarro.
Les recuerdo que se encuentra abierta la votación en la Sala. Los colegas que están participando de manera telemática pueden votar electrónicamente. Si alguno tiene dificultades de conectividad, se hará el llamado a viva voz cuando corresponda.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta .
Este instrumento fue suscrito el 5 de junio del 2001 y el proyecto de acuerdo cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. O sea, hemos tardado exactamente veinte años en ratificar este Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Senador José Miguel Insulza ha señalado que solo tres países no lo habían firmado.
Bueno, Estados Unidos y Canadá no han ratificado lo relativo a la Corte Penal Internacional, ni siquiera la Convención Interamericana. ¡No las han ratificado! Quedan exceptuados de los derechos y deberes que dichos tratados internacionales ejercen sobre las naciones que los han suscrito. Y aquello no es novedad: ¡Estados Unidos ni siquiera ha aprobado los derechos universales sobre la infancia!
En buena hora lo hacemos, pues es positivo todo aquello que fortalezca la posición de los Estados para el respeto de todos los derechos humanos, no solo contra la violación física, tortura, maltrato, tratos inhumanos y degradantes, sino también en favor de derechos económicos, sociales y culturales, que también deben incorporar los derechos de las mujeres, Presidenta , aun cuando ello efectivamente no se explicita. Son protocolos y tratados amplios, extensivos. Por tanto, los derechos económicos, sociales y culturales en todos los países firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deben y van a incorporar a la mujer con sus plenos derechos.
Todo el proceso que ha vivido América Latina , particularmente Chile en los últimos años, debe considerarse incorporado, aun cuando no aparezca con expresa mención. Los derechos no se determinan numerándolos, sino respetando a la persona humana y, en especial, a la mujer y al nuevo rol que juega en nuestro país y en el continente.
Voto a favor, señora Presidenta .
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Señor Secretario , por favor, tome el voto del Senador Moreira. Necesitamos registrarlo, pues no se había abierto la votación en el momento en que él lo manifestó.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Senador señor Moreira, ¿cómo vota?
El señor MOREIRA.-
Me abstengo.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Gracias.
Ha solicitado la palabra la Senadora Aravena.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidenta .
Quiero hacer solo un comentario, porque ha pasado muchísimo tiempo desde que se presentó este proyecto de acuerdo, que fue en la época del Presidente Lagos . La verdad es que, como bien dijo alguien que me antecedió, muchas de las disposiciones a las que se comprometen los países que suscriben ya las hemos cumplido.
En ese contexto, sobre todo haciendo alusión a sectores de nuestra sociedad y de la región que yo represento, en que la familia es algo muy importante, el Protocolo establece que todo niño tiene derecho a una educación gratuita y obligatoria, cuestión que en Chile efectivamente sucede; todo niño tiene derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, lo que ha sido de larga discusión en estos últimos años en el Senado. ¡Qué bien que aquí se ratifique! También se planeta que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad.
Asimismo, se habla de que la enseñanza primaria debe ser obligatoria, cuestión que en Chile, gracias a Dios, se cumple, y que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella, obviamente, se adecúe a los principios que están enunciados en este Convenio.
Por otro lado, se establecen normas sobre las mujeres, el trabajo, la posibilidad de pedir licencias maternales antes y después del parto. Se dispone que nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato, lo que me parece que apoya la libertad de cada uno de los trabajadores, y, por último, que la mujer puede contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Entonces, la verdad es que no logro dar con argumentos para no encontrar que es una gran cosa que estemos hoy día aprobando este proyecto de acuerdo, y lamento que haya pasado tanto tiempo para que ello ocurriera. Muchos de estos objetivos se han ido implementando como política pública, por lo que es muy bueno que Chile, estando tanto tiempo con retraso respecto de estos temas, hoy día esté ratificando este Protocolo.
Eso es lo que quería señalar.
Aprovecho de decir que no podemos votar electrónicamente, Secretario , porque el sistema nos dice que no tenemos la cámara prendida. También lo está planteando la Senadora Órdenes, para que lo vean. No hemos podido votar electrónicamente solo por eso.
Mi voto es a favor.
Gracias.
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Muchas gracias, Senadora Carmen Gloria Aravena.
Nos informan de Tecnologías de la Información que están reiniciando un equipo y que, a través de eso, va a quedar superada la dificultad que les impide a quienes ya están más familiarizados con el sistema de voto electrónico poder ocuparlo.
Le ofrezco la palabra, en la Sala, al Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidenta.
Uno siempre tiene que ver cuáles son los motivos por los cuales temas que son antiguos no han sido aprobados por un período largo, habiendo estado a cargo sucesivos gobiernos. Las cosas no se dan por casualidad -la inocencia la perdimos hace tiempo-, y creo que en este caso hay razones bien atendibles.
Aquí hay un conjunto de derechos -esto es bastante antiguo, del siglo pasado-, muchos de los cuales me interpretan profundamente.
Me doy cuenta de que al frente van a votar a favor sin ningún problema, por ejemplo, el reconocimiento y la protección de la vida del que está por nacer, cosa que en la aplicación práctica implicaría cualquier escenario de aborto, y así se ha establecido en distintas partes; o el derecho a la educación, donde se reconocen las facilidades que deben darse a los particulares en ese esfuerzo sin jamás generar alguna discriminación, lo que tampoco tengo nada de claro que esté ocurriendo en Chile.
Hay un catálogo de temas que uno podría considerar más o menos razonable. El problema no es ese. Si así fuera, no se habría generado una discusión. El problema son dos cosas especiales que hay que entender: la progresividad y la exigibilidad. Son aspectos que hay que abordar, porque eso es lo que está en juego.
Lo primero que es esencial es la implementación de un protocolo. Pero ¿quiénes son los que determinan cómo se va avanzando en el tiempo en el ejercicio de estos derechos? A mi juicio, por un tema de soberanía, siempre debería ser el Estado el que vaya viendo, dentro de sus posibilidades, cómo se va dando esa progresividad.
Me explico.
En materia de salud, lo que se podía hacer veinte o treinta años atrás es distinto de lo que se puede realizar ahora, y probablemente en diez años más vamos a considerar lo actual como algo muy precario, en circunstancias de que, mirado en perspectiva, es muy relevante.
El punto es que, en la aplicación estricta de este Protocolo, al final no se establece de manera adecuada cómo se genera esa progresividad, pero sí se incorpora obviamente un incentivo bastante especial, en cuanto a que cualquier particular puede reclamar ese incumplimiento. Entonces, será un ente externo al Estado o al Congreso -para hacerlo desde el punto de vista legislativo- el que puede determinar o a su juicio entender cuáles deben ser las condiciones en que se cumpla ese derecho.
Entonces, la pregunta es: ¿Para qué existe Estado, para qué existe Congreso si al final estamos entregando la aplicación del ejercicio de los derechos a un particular cualquiera, que puede ser muy de Izquierda, muy de Derecha, muy independiente, que recurre ante otro en términos de hacer exigible eventualmente esa conducta internamente?
¿Es eso razonable, desde una perspectiva de la aplicación de lo que plantea? ¿Es razonable que las decisiones que tienen que ver con el Estado y con el ejercicio de los derechos no se tomen en el Estado?
Esa es la pregunta de fondo. Y eso es lo que ha tenido trancado -es una palabra gráfica-, ha tenido detenido esto, porque los distintos gobiernos, de quienes están enfrente y de quienes están acá, han dicho: "Oiga, ¿pero qué pasa con la soberanía? ¿Por qué yo no voy a poder determinar cuáles son los grados de avance? ¿Por qué me va a decir otro si yo debo cumplir con A, B o C, siendo democráticamente el ejercicio de ese derecho el que hace las diferencias entre los países?".
Y lo segundo es ante quién se interpone. Porque al final se le da una facultad especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo internacional, para que se apliquen las normas que eventualmente los países deben implementar.
Presidenta , era muy complejo este tema. Porque si era un catálogo de derechos, no hay ningún problema, los suscribo todos y cada uno. Mucho menos suscribo los protocolos facultativos que han nacido de este tratado, que creo que se han ido escapando por completo de la idea matriz. Pero mucho más objetable me parece la progresividad y la forma de reclamar, porque obviamente es una vulneración del Estado en todos sus aspectos -no estoy diciendo nada desde una perspectiva política-, y yo creo en la territorialidad, pienso que tiene que ser el Parlamento el que fije las reglas en Chile y no un organismo ajeno.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Coloma.
Le ofrezco la palabra al Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta , estimados colegas, cuando veo este Protocolo Adicional y lo que pasó ayer en Haití, digo que tenemos que aterrizar las discusiones. Los derechos humanos no están garantizados en nuestro continente.
Hay derechos políticos y civiles, como señalaba el Senador Insulza, en que la lógica es que el Estado los protege no reprimiendo, que cada uno tenga libertad de expresión, de organización, de elegibilidad, etcétera. Y los derechos económicos y sociales son derechos que el Estado debe promover para hacer viable el ejercicio de los derechos.
En nuestro país, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, estamos hablando de internet como servicio público porque es un habilitador de derechos. En Chile no se puede desarrollar plenamente hoy el derecho a la educación porque hay miles, cientos de miles de niños y niñas y familias que no tienen internet en su casa. Nosotros estamos en determinado nivel de desarrollo.
Hoy vivimos en un mundo global. Y mi diferencia con colegas como el Senador Coloma está en que yo soy más llano a entender que la soberanía en el siglo XXI no es como era en los tiempos feudales, en que el rey levantaba muros en torno al territorio para que nadie entrara. En el mundo global la soberanía es relativa. A tal punto que miren el calentamiento global y cómo está amenazada nuestra especie. Hay ciertos temas que no dependen solo del Estado nacional.
En este debate, relativo al protocolo de una convención, tal como señalaba el Senador Coloma, hay que preguntarse por qué no se sometió a votación antes. Este es un protocolo de 1988, y Chile lo suscribió recién en 2001. Está claro que la dictadura no concurría a este tipo de protocolos, pero en democracia demoró harto en firmarse y ha tardado aún más en llegar acá. Y yo creo que es porque hay en algunos abogados, por un lado, y en otros sectores políticos, por otro, una mirada muy conservadora, porque tienen siempre el temor de que a uno le hagan exigible que se cumplan ciertos compromisos.
Este es un protocolo donde el Estado se compromete a promover derechos.
Me parece que los chilenos deberíamos siempre promover el desarrollo de los derechos que están acá y no cuestionarlos. Uno no está diciendo a qué ritmo cada país lo va a desarrollar. Menciono el caso de Haití porque es uno de los países de nuestro continente que ha vivido dramas tremendos; algunos hablan de un Estado fallido.
Presidenta, yo creo que aprobar este protocolo es algo necesario. Es un tema que depende de la capacidad de cada nación, pues no todos los países de nuestra región poseen el mismo nivel de desarrollo.
Y aquí tengo una tremenda diferencia con el Senador que está por los archipiélagos del sur, pues su mirada sobre el desarrollo de la humanidad es realmente sorprendente estando en el siglo XXI. Cree que la promoción de derechos es algo de la Izquierda. Bueno, también lo es el progresismo, que siempre ha empujado en esa dirección, y algunos sectores del mundo conservador siempre se han opuesto a reconocer ciertos derechos. Imagínese que en este protocolo no están los temas de género, porque fue firmado antes de que estos temas fueran el debate a nivel planetario. Estamos hablando de derechos que evolucionan.
Yo creo que aquí se establecen principios básicos, derechos donde debemos aceptar la promoción de parte del Estado y no caer en esa mentalidad de que aquí hay un atentado contra nuestra soberanía, y menos en estas miradas que he apreciado en algunos colegas, que yo pensaba que teníamos absolutamente superadas. Esto me recuerda a los argumentos que hay en la pelea entre Estados Unidos y China a veces, que llevan todos estos debates en el seno de Naciones Unidas como parte de sus disputas globales y no entienden que las diferentes sociedades y culturas poseen diferentes formas de abordar estos temas, han tenido diferentes ritmos.
Y en América Latina, por suerte, comenzamos nuestros procesos de independencia, de construcción de Estados nacionales, de integración hace más de doscientos años, y a estas alturas cuestionar instrumentos como estos me sorprende.
Algún día tendremos que saber por qué la Cancillería se demoró tanto en promover esto, y en eso yo saludo lo que planteaba el Senador Coloma . Hay diferentes razones, para mí bien poco explicables. Hoy, por cierto, no creo que haya razón alguna para resistir la aprobación de este instrumento, que nos pone con una corresponsabilidad con la comunidad en que vivimos.
Presidenta, yo sé que no tiene relación con el proyecto en sí, pero yo creo el Senado de la República, después de aprobar esta iniciativa, debiera por lo menos hacer un minuto de silencio por el asesinato del Presidente de Haití , la suerte de su esposa, por la relación que tenemos con ese país. Yo creo que es un día triste para la democracia en nuestro continente y un tiempo muy oportuno para aprobar este protocolo.
He dicho.
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Muchas gracias al Senador Juan Pablo Letelier.
Por cierto, rendiremos este homenaje al término de la votación de este Protocolo en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Senador José Miguel Durana, tiene la palabra.
El señor DURANA.-
Señora Presidenta , voy a justificar mi voto.
La ratificación del Protocolo de San Salvador significará que este forme parte, obviamente, del bloque de constitucionalidad en nuestro país, el que va a garantizar a todos los ciudadanos la vigencia plena de sus derechos, libertades, así como su promoción.
Estamos claros en que este protocolo se sustenta en que los derechos económicos, sociales y culturales han tenido una amplia aceptación en distintos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos en el mundo y que Chile ha ratificado.
Nadie podría estar en contra de sus disposiciones más relevantes, como es el ámbito de la cooperación económica y técnica internacional; adoptar medidas legislativas en Chile; compromiso con la no discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica; el derecho al trabajo; el derecho a la seguridad social; el derecho a la salud; la consagración de vivir en un medio ambiente libre de contaminación; el derecho a la educación; el derecho al acceso a la cultura. Todos estos derechos están reconocidos en este protocolo y también se encuentran incorporados en nuestra actual Constitución. Esperamos que sigan estando en esta nueva Convención Constitucional, que hoy día comienza a redactar una nueva Constitución para Chile. Pero, además, están ratificados en todos los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país.
En el tiempo, todos estos principios que están en este Protocolo de San Salvador han sido ratificados. Por lo tanto, Chile ha sido claro promotor de lo que significa el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, el derecho de las personas con discapacidad, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos, el derecho de las personas mayores, la Convención sobre los Derechos del Niño, etcétera.
No cabe duda de que los derechos sociales son una herramienta fundamental con la que cuentan los ordenamientos jurídicos para evaluar el desarrollo de los países.
Además, también tenemos que reconocer la discusión en materia constitucional en lo que respecta al contenido de los derechos sociales. Hoy Chile está en un proceso que se está iniciando. Por tanto, ese debate no está zanjado en nuestro país. Todo lo contrario, estamos inmersos en medio de un proceso que esperamos que en nueve o doce meses efectivamente reconozca lo que Chile está esperando de esta nueva Constitución Política.
En lo que respecta a la gestión de las prestaciones que dan cuerpo a los objetivos trazados por los derechos sociales, al menos considero que nuestro país ha demostrado alcanzar estándares en materia de desarrollo humano que nos posicionan en la promoción y, además, en la ejecución por delante de otros países de la región.
Estos estándares demuestran que Chile no tiene una necesidad angustiante en la materia en el sentido de que el día de mañana tengamos que someternos a otros países o a decisiones internacionales, porque contamos con instituciones capaces de dar respuesta a las demandas ciudadanas en materia de derechos sociales sin necesidad de tener que exponernos a la presión de organismos internacionales.
Efectivamente, en cuanto al Protocolo de San Salvador, Chile es uno de los principales países en reconocer cada uno de estos principios. Pero al menos deberíamos zanjar nuestro proceso constituyente antes de aprobar este proyecto.
Me voy a abstener.
Gracias, Presidenta .
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Muchas gracias al Senador José Miguel Durana.
Le ofrezco la palabra en la Sala al Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta , Honorable Sala, quiero solidarizar con el pueblo haitiano en este momento complejo para la democracia. Con el Senador Letelier tuvimos la oportunidad de estar en Haití, en su momento, con la Presidenta Bachelet . La situación es difícil desde el punto de vista de la garantía de los derechos de los haitianos. Ciertamente, la convulsión política de los últimos cinco años ha sido muy compleja.
En consecuencia, me adhiero a la solicitud del minuto de silencio por la muerte del Presidente haitiano. Esperamos que el pueblo de Haití pueda encontrar el camino para la consolidación de su régimen democrático. Señalo esto, por supuesto, teniendo en cuenta el aporte que ha hecho Chile en esta materia, donde le tocó una responsabilidad importante en su momento.
Respecto al reconocimiento de los derechos humanos, y particularmente de los derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un catálogo de derechos, entre los cuales está la protección del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción, lo que, sin lugar a dudas, ha sido un pilar fundamental para sostener en tribunales aquellas legislaciones que han pretendido vulnerar o violentar ese derecho. Es bueno que haya información al respecto.
El Protocolo de San Salvador, que -vuelvo a insistir- es un protocolo adicional, va en la vía de reconocer determinados bienes públicos. Entre ellos está el bien público de la salud. Y se reconoce el deber de los congresos nacionales de legislar en torno a estos derechos.
Esta es una discusión que se da en pleno proceso constituyente, o convencional, en el cual se está formulando una propuesta de nueva Constitución que deberá ser resuelta por los chilenos con un plebiscito con voto obligatorio.
En ese contexto, he sido de los que consideran que determinados derechos sociales debieran estar contemplados en el marco constitucional. Entre ellos, por supuesto, el derecho a la salud.
Presidenta, a lo largo de mi ejercicio de servicio público, me ha tocado presentar innumerables, yo diría decenas, casi un ciento de recursos de protección en favor de personas que no han tenido posibilidades de acceder a sus tratamientos de salud. De hecho, el primer fallo en que se reconoció que el derecho a la vida incorporaba el de la salud fue el año 2001 a raíz de una presentación nuestra, en la que nos fundamos justamente en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, donde se reconoce el valor del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural.
Por eso es tan importante ir generando la necesidad de incorporación de nuevos derechos. No es posible que hoy día tengamos una salud de primera y de segunda clase.
En ese contexto, es necesario, ciertamente, que estos derechos sociales puedan estar consagrados. Cuando uno consagra un derecho social -no es un tema que venga precisamente desde la Izquierda, sino que ha sido la doctrina social de la Iglesia la que comenzó con el planteamiento de determinados derechos sociales-, debe estar supeditado a las capacidades económicas de cada uno de los países, por supuesto. Son derechos individualmente garantizados en la medida de las capacidades económicas de los Estados. Por eso sostengo que estos derechos debieran estar contemplados en el nuevo marco constitucional.
Vuelvo a insistir: finalmente han sido los tribunales de justicia los que han avalado el acceso a determinados tratamientos médicos. Uno de los argumentos que hemos usado en los recursos es el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador, que establece una complementariedad de muchos de esos catálogos de derechos.
Algunos han planteado que esto podría generar una vulneración del propio Estado de Chile ante tribunales internacionales porque no se han garantizado todos y cada uno de estos derechos en nuestros marcos constitucionales. Este es un tema que está razonablemente contemplado en el texto del Protocolo de San Salvador, donde no se estaría vulnerando -a mi juicio- la soberanía del país, pero sí se establece la necesidad de ir garantizando determinados catálogos de derechos.
Por lo mismo, sostengo que este es un Protocolo que nos permite avanzar en el reconocimiento de determinados derechos humanos fundamentales.
He dicho, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias, señora Presidenta .
Vamos a efectuar la consulta de voto a las señoras y los señores Senadores que se encuentran participando de manera remota y que no han votado aún electrónicamente.
Tenemos registrado el voto electrónico del Senador señor Durana, del Senador señor Moreira, de la Senadora señora Aravena, del Senador señor Pugh, de la Senadora señora von Baer, del Senador señor Guillier, del Senador señor Huenchumilla, del Senador señor Pizarro, del Senador señor Soria, del Senador señor Lagos y de la Senadora señora Órdenes.
Vamos a consultar la opción de voto de la Senadora señora Allende.
¿Cómo vota Su Señoría?
La señora ALLENDE.-
A favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.-
A favor, Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
A favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Perdón, el Senador señor De Urresti está pareado con el Senador señor Prohens.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Abstención.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
Abstención.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Voto a favor, señor Secretario .
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Gracias.
A favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (23 votos a favor y 11 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Chahuán, Elizalde, Galilea, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro y Soria.
Se abstuvieron las señoras Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, García-Huidobro, Moreira, Prohens, Pugh y Sandoval.
El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
Se encuentran pareados el señor Quintana y la señora Sabat; el señor Quinteros y la señora Van Rysselberghe, y los señores De Urresti y Prohens.
La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-
Queda aprobado, entonces, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por haber sido acordado en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, lo enviamos a dicha Corporación para que sea remitido a Su Excelencia el Presidente de la República .
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