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- rdf:value = " El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Muchas gracias, Presidenta .
Hoy nos corresponde votar un proyecto de ley que desde el pasado 4 de septiembre, tal y como lo mencionó mi antecesor, tomó una vigencia inusitada, así como una urgencia y un apoyo transversal que resultaba impensado antes del plebiscito constitucional de salida.
Me refiero al proyecto de ley que modifica la Constitución Política de la República para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares, cuyo objetivo es claro y puntual: cambiar la regulación para que todas las votaciones pasen a ser obligatorias, tal como lo fueron antes del año 2009, cuando este mismo Congreso Nacional decidió instaurar el voto voluntario.
El debate sobre la voluntariedad u obligatoriedad del voto ha acompañado toda la historia de la política nacional. Hemos transitado por varios sistemas, llegando a ser obligatorio a mediados del siglo pasado.
Posteriormente, entre los años 2009 y 2012, se materializaron importantes reformas, que consagraron la voluntariedad del voto, la inscripción automática y que eliminaron las sanciones asociadas a no sufragar.
Sin embargo, para los autores de esta moción, que fue presentada antes del plebiscito constitucional de salida del pasado 4 de septiembre, un factor que ha incidido en la baja participación de los últimos años ha sido justamente la voluntariedad del voto. Argumentan que el hecho de ser obligatorio lo eleva de manera más clara como deber cívico, que contribuiría a que los grupos más moderados fueran a votar y que otorgaría, por tanto, mayor legitimidad democrática a las autoridades electas.
Esas ideas, sin embargo, contradicen de forma directa a los principales argumentos que a partir del año 2009 utilizaron diversos parlamentarios para apoyar la idea del voto voluntario: primero, el respeto a la libertad de participar o no en los procesos electorales; y segundo, que el voto voluntario obligaría a los políticos, y autoridades en general, a convencer a los ciudadanos a participar en ellos, puesto que no están obligados a hacerlo.
Sin embargo, y luego de más de diez años de vigencia del voto voluntario, hoy podemos decir que vivimos en un país libre gracias a una democracia fuerte, pero que tal voluntariedad solo la debilita al plantear el voto como algo opcional y sin peso al carecer de sanciones.
Luego de diez años de voto voluntario se ha llegado al consenso transversal de que la preocupación por elegir a nuestras autoridades no es solo un derecho, sino también un deber ciudadano que tiene que ser ejercido. De esa forma, el ámbito de la libertad en el contexto de los deberes cívicos se traduce en la posibilidad de elegir una opción política e incluso de escoger anular el voto, pero en ningún caso esa libertad debe traducirse en la existencia de la opción de que el ciudadano puede ejercer el voto o no.
Como conclusión, Presidenta , el regreso del voto obligatorio forzará a quienes sean candidatos a un cargo de elección popular a dejar de buscar apoyos mínimos para salir electos y a hablar a los fanáticos de sus ideas, y les impondrá la tarea y el deber de socializar y difundir sus ideas y propuestas al mayor número de ciudadanos posibles, lo que, entre otras cosas, moderará el debate político electoral y le devolverá la sensatez y la lucidez que los chilenos reclaman desde hace bastante tiempo.
Por todo lo anterior, Presidenta, votaré a favor de este proyecto.
Muchas gracias.
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