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En el Orden del Día, corresponde tratar el segundo informe reglamentario del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución, correspondiente a los boletines Nos 13657-07 y 14015-25.
Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.
Rinde el segundo informe reglamentario la diputada Gloria Naveillan .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 66ª de la presente legislatura, en lunes 21 de agosto de 2023. Documentos de la Cuenta N°23.
-El debate del proyecto de ley se inició en la sesió n 64ª de la presente legislatura, en martes 8 de agosto de 2023 -ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Seguridad Ciudadanay su discusión continuó en la sesión 65ª de la misma legislatura, en miércoles 9 de agosto de 2023.
El señor CIFUENTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora NAVEILLAN, doña Gloria (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, vengo en informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, sin urgencia, dado que el gobierno la quitó, sobre el proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución, iniciado en las siguientes mociones refundidas: de los senadores Francisco Chahuán , José García y Kenneth Pugh , y de la senadora Carmen Gloria Aravena , que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad (boletín 13657-07); y del senador Felipe Kast y de las entonces senadoras Marcela Sabat y Ena von Baer, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes en la forma que se indica (boletín 14015-25).
Durante el trabajo efectuado por la comisión en este segundo trámite reglamentario se contó con la participación y colaboración de la ministradel Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá , acompañada de su asesor legislativo, señor Rafael Collao .
De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados en sesión 65ª, de 9 de agosto del año en curso, con seis indicaciones formuladas por su excelencia el Presidente de la República y con dos indicaciones de varios diputados y diputadas, renovadas en la Sala y admitidas para su tramitación, las que constan en el documento respectivo elaborado por la secretaría de la comisión, lo que generó este segundo trámite reglamentario. Asimismo, se presentó una indicación por una señora diputada en este trámite en la comisión, según se consigna en el informe respectivo.
Constancias reglamentarias
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305 del Reglamento de la Corporación, en este segundo informe debe dejarse constancia de lo siguiente:
De las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo informe en la comisión, cabe mencionar que se encuentran en esa situación las siguientes: los números 1,
4, 5, 6 y 7 del artículo 1; los números 2 y 3 del artículo 2; el artículo 3; los números 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 4, y el artículo 5.
De las disposiciones que deben darse por aprobadas reglamentariamente, con indicación de aquellas que requieren un quorum especial de aprobación, cabe señalar que no hay disposiciones en esta condición.
De las disposiciones que el Senado calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado y de aquellas que la comisión otorgó igual carácter, corresponde señalar, como ya se consignó en el primer informe, que el texto tratado y despachado por el Senado no contenía disposiciones que requirieran un quorum especial de aprobación ni tampoco normas con ese carácter tratadas y aprobadas en este trámite.
No hay artículos suprimidos.
Cabe consignar que la totalidad de las nueve indicaciones debatidas en este segundo trámite reglamentario fueron rechazadas por la comisión.
No hubo indicaciones declaradas inadmisibles. Tampoco hay disposiciones modificadas ni artículos nuevos introducidos.
El proyecto no contiene disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
No hay modificaciones introducidas al texto propuesto por el Senado. No se formula reserva de constitucionalidad.
Por lo expuesto, la Comisión de Seguridad Ciudadana recomienda a esta honorable Sala aprobar, en los mismos términos, el proyecto que despachara en su primer informe.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Diego Schalper .
El señor SCHALPER.-
Señora Presidenta, respecto de este proyecto que hemos tramitado en la Comisión de Seguridad Ciudadana, primero, destaco la relevancia de establecer como delito la usurpación de predios y disponer cinco años como posible pena en caso de usurpación violenta y tres años en caso de usurpación no violenta.
Qué importante es enviar una señal nítida -ojalá el Congreso hoy lo haga- a aquellos propietarios que ven que ciertas personas, de manera violenta, toman control de sus predios, les impiden el acceso y -lo más grave- hacen del Estado de derecho simplemente un mito en esa materia en nuestro país.
Me permito anticipar lo que se dirá en algunas intervenciones. Cuando tratamos el proyecto de “ley Nain-Retamal”, me acuerdo de que algunos en la Sala, con mucha soltura de piernas, hablaron de “ley de gatillo fácil”. Luego de transcurridos tantos meses, ¿les parece que ha sido una ley de gatillo fácil? ¿O más bien ha empoderado a nuestras policías para hacer su trabajo? ¿Por qué lo digo? Porque siempre se instalan ciertos mitos a propósito de la tramitación de estos proyectos, sin ofrecer nunca una alternativa. Les aseguro a algunos diputados que, si les usurparan los predios de sus partidos o de sus casas, tendrían una mirada quizás un poquito distinta.
Se ha dicho que este proyecto genera autotutela. Lo que busca esta iniciativa, en simple, es que las personas cuenten con una disposición que establezca una situación de flagrancia permanente que les permita recurrir a las fuerzas del Estado para hacer respetar su propiedad y el Estado de derecho. La autotutela se suscita cuando el Estado no es capaz de responder, que es lo que en estos casos ha ocurrido. En estas materias tanta es la complicidad pasiva del Estado, su inactividad y su negligencia, que muchas veces efectivamente da pie a situaciones de autotutela.
La segunda gran cuña respecto de este proyecto es que con él estamos criminalizando la pobreza. Acuérdense de mí en algunos minutos más: se van a escuchar frases de diputados del sector de enfrente en esa dirección. Por lo mismo, para dejarlos sin argumentos, cabe señalar que en el artículo transitorio del proyecto se excluye de esta normativa a aquellas personas que estén incorporadas en el Catastro Nacional de Campamentos, precisamente para no desvirtuar el objetivo de esta iniciativa, que en ningún caso persigue a aquellas personas que por situación de pobreza se ven en la necesidad de estar en esa condición, sino que persigue a aquellos que han hecho de la usurpación de las tierras un verdadero negocio y constituyen una verdadera banda de crimen organizado en perjuicio de los propietarios.
Espero que hoy aprobemos este proyecto para que el Congreso no dilate más su tramitación. Ojalá que algunos no se den el gustito de llevar el proyecto a comisión mixta porque eso significará que muchos propietarios en Chile seguirán sufriendo por la falta de capacidad de este Congreso y del Estado de Chile de darles una respuesta contundente.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .
La señora GAZMURI (doña Ana María).-
Señora Presidenta, quiero iniciar mi intervención preguntando a mis colegas parlamentarias y parlamentarios cuándo vamos a discutir sobre la crisis y la precariedad que existen en los recintos penitenciaros de nuestro país. Lo pregunto de manera seria y responsable considerando la proliferación de normas que se plantean todos los días en este Congreso que impulsan un populismo punitivo a más no poder, aumentando penas y conculcando garantías de una forma aberrante, sin considerar, ni por un segundo, los efectos que esto provoca en la situación penitenciaria de Chile.
Este proyecto no solo bordea lo inconstitucional, sino que se presenta como una alternativa que afecta el Estado de derecho, el mismo que sectores conservadores de esta Cámara tanto dicen defender. Legítima defensa privilegiada, riesgo de autotutela, proliferación del uso de armas por particulares, afectación de la paz social y, sí, como dijo el diputado Schalper , y lo señalo fuerte y claro: criminalización de la pobreza y de la legítima protesta son conceptos que están siendo pasados por alto y que quedan soslayados al buscarse la aprobación de este proyecto con sus ribetes y tintes tras su discusión en segundo trámite reglamentario en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Sostengo mi posición contraria a este proyecto al igual que mis compañeras y compañeros de Comité. Como parlamentaria profundamente comprometida con los valores del humanismo, manifiesto mi más firme rechazo a todo tipo de violencia que impida el progreso y el entendimiento entre las personas. Reitero expresamente mi repudio a la violación de los derechos humanos, al empleo de la violencia como método de resolución de conflictos y a la concentración de todo poder, que es precisamente lo que promueve este proyecto.
Por tanto, reitero que votaré en contra y expreso la necesidad de avanzar hacia un entendimiento racional orientado a llegar a una solución respecto de la ocupación violenta de inmuebles y a sancionar a quienes lucran con la precariedad de las personas, pero no de esta forma.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .
El señor DONOSO.-
Señora Presidenta, hemos renovado treinta veces el estado de excepción. Este gobierno es el que ha estado con lugares de Chile con estado de excepción durante más tiempo en toda nuestra historia.
Este proyecto claramente ayuda a recuperar el Estado de derecho en las zonas afectadas. Pero no solo eso -lo digo para quienes sienten la necesidad de defender a quienes son cercanos a sus fines políticos, porque son amigos de terroristas; en Temucuicui son terroristas-; también ayuda en aquellas poblaciones en donde la droga se toma los blocks. En Talca, que pertenece a mi distrito, durante un año y medio el Serviu trató de desalojar los blocks tomados por la droga, inmuebles que ya eran propiedad del Serviu. Necesitábamos construir viviendas para muchas personas. Con este proyecto habría sido posible hacerlo en pocos días.
Aterra en todo Chile cuando se toman una vivienda por parte de delincuentes. Recuperar el Estado de derecho no es criminalizar a nadie; es darle la dignidad a quien tiene el derecho, la posibilidad de disfrutarlo, con o sin dinero, porque son personas iguales en dignidad y derechos.
Por eso creo que es importante no seguir retrasando esta discusión, no seguir quitándole la urgencia a este proyecto, como lo hizo el gobierno la vez anterior que estuvo en esta Sala, haciéndolo volver a comisión para que llegara en las mismas condiciones a esta Sala. Tenemos que darles las herramientas de derecho al Estado y a las personas para que se defiendan, para que recuperemos el Estado de derecho en todos los rincones, sobre todo en las poblaciones, donde quienes las habitan no cuentan con los recursos para hacer un juicio civil de cinco años para recuperar su vivienda social.
Esa es la realidad que viven los más humildes de Chile, a los que muchas veces algunos en esta Sala se han negado a darles protección, debido a enclaves ideológicos de la izquierda, que cree que la ocupación ilegal es una forma de actuar en política, que cree que la usurpación ha sido la forma de hacer política durante 1900. ¡Llegamos al siglo XXI, señores! Las personas necesitan protección y Estado de derecho en todos los lugares de Chile.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .
El señor LEIVA.-
Señora Presidenta, algunos de quienes me antecedieron en el uso de la palabra siempre han reivindicado el uso o el ejercicio adecuado del Estado de derecho. Nosotros estamos de acuerdo y contestes en que, efectivamente, para el delito de usurpación, que está regulado en el artículo 457 y siguientes del Código Penal, se establecía solo una pena de multa.
¿Qué traía aparejado eso? Que efectivamente la pena de multa no permitía la flagrancia conforme a lo establecido en el artículo 130 del Código Procesal Penal. La modificación que se hizo fue entregar una pena corporal al delito de usurpación para que, por la naturaleza propia de este tipo, existiera flagrancia permanente. En eso estamos contestes.
Lo que no ha contado con nuestro apoyo, porque creemos que ha planteado una exageración absoluta al respecto, es la posibilidad de que el propietario del inmueble usurpado o a quien defiende o repele una usurpación violenta se le otorgue la legítima defensa privilegiada.
Ha habido un debate extenso en este Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, respecto de la entrega de ese amparo y de esa presunción legal a las fuerzas de policía y de orden. Pues bien, en el caso de este proyecto, se le está entregando a un particular, de lo cual estamos absolutamente en contra, porque lo que se invoca es la ausencia de Estado. Con esta autotutela claramente establecida, se entrega la legítima defensa privilegiada, que conforme al artículo 10, número 6°, del Código Penal, es para delitos gravísimos, como parricidio, violación o secuestro. Así, se pone la usurpación de un inmueble a la par con aquellos delitos gravísimos.
Se alega la ausencia de Estado, pero en la Comisión de Seguridad Ciudadana se rechazó una indicación que permitía, a través de una figura, de una medida prejudicial en sede penal, que quien entendiera que su inmueble ha sido usurpado pudiera concurrir ante el tribunal de garantía, a fin de que, a la mayor brevedad, sin el patrocino de abogado y solo acreditando la titularidad del derecho a dominio sobre ese inmueble, se le pudiera restituir dentro del más breve plazo.
Ese es Estado. Cuando hay ausencia de Estado, como se dice, proponemos más Estado, pero se rechaza. Por eso renovamos esa indicación, para que sea un ente jurisdiccional el que actúe dentro del más breve plazo. Además, este proyecto de ley está tan mal formulado en ese aspecto que, incluso, se contradice con el propio artículo 457, inciso segundo, que impide o sanciona al propietario que va a recuperar ese mueble, y más encima se le ampara con la legítima defensa privilegiada.
Por eso, creo que vamos a votar en contra de esa…
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señora Presidenta, la verdad es que este es un proyecto de ley que viene a dar solución a una problemática que viene en escalada, creciendo de manera muy preocupante. Qué decir en la zona donde vivo, la zona que represento, que es La Araucanía y la macrozona sur.
Las usurpaciones son el cáncer que ha comenzado a engendrar el terrorismo en la zona sur de Chile. Hoy, lamentablemente, vemos cómo en todo el territorio nacional se están tomando terrenos que son de particulares, donde el derecho de propiedad, finalmente, no está garantizado.
Este proyecto de ley busca básicamente, entre otras cosas, que aquellos que se toman predios, se toman terrenos, o que venden o arriendan predios particulares que no son de su propiedad, puedan llegar a la cárcel. El objetivo de esta iniciativa es que en Chile se establezca que hay una defensa corporativa del derecho de propiedad por parte del Estado, lo que será tremendamente positivo en todo el territorio nacional.
Hago una invitación a los parlamentarios de gobierno, respetuosamente, como siempre lo he hecho, a que no tengan miedo de apoyar este proyecto de ley, porque la experiencia ha dado cuenta de que, en otros casos de leyes, en que también eran muy temerosos de apoyarlas, finalmente las celebran, como en el caso de la “ley Nain-Retamal”, que entregó facultades a los carabineros y a los policías de Investigaciones para hacer uso de su arma de servicio sin tener miedo a ser detenido, a caer presos y a perder sus trabajos. En su momento, el Ejecutivo, a través de la propia ministra Tohá , dijo que esa era una ley de gatillo fácil. No obstante, hoy celebran los procedimientos de carabineros, y con justa razón.
Entonces, el llamado es a no tener miedo a aprobar este proyecto de ley, tal como sucedió con la iniciativa que establecía penalizar el robo de madera, que el propio Presidente Gabriel Boric , mientras fue diputado, votó en contra, junto con todo el Frente Amplio y los sectores de izquierda. La votaron en contra porque eran temerosos respecto de medidas intrusivas para finalmente poder aclarar estos delitos.
Sin embargo, hoy escuchamos a la ministra del Interior y al subsecretario Monsalve celebrar la ley del robo de madera. Entonces, mi invitación es a no tener miedo y a saber que esta es una medida absolutamente necesaria en Chile, para que nadie se tome el terreno o el predio de otro, al cual le ha costado sacrificio o bien ha sido heredado desde sus padres. Sea cual sea el origen o el sacrificio que haya significado, que el derecho de propiedad esté garantizado en mil por ciento en Chile.
Hoy, la usurpación es una falta y, literalmente, no tiene ningún costo, así que vamos a apoyar con mucha fuerza esta iniciativa. Insisto: mi invitación respetuosa es para que no tengan miedo. Les aseguro que van a terminar celebrando este proyecto de ley como la hicieron con los demás.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .
La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-
Señora Presidenta, he escuchado las intervenciones que ha habido hasta ahora de parte de mis colegas, y veo que hay una tremenda preocupación, que también se manifestó por lo demás en la comisión, respecto de las personas que no tienen hogar para vivir, que buscan casa, que no tienen sitio y que, según algunos dicen, a través de la usurpación de terrenos pueden tener una esperanza. También he escuchado la intervención que hizo mi colega la honorable diputada Gazmuri en términos del estado de las cárceles.
Les quiero decir, mis queridos colegas -por su intermedio, señora Presidenta-, que tanto el problema carcelario como el problema de vivienda son asuntos de Estado. Obviamente, esta futura ley no va a solucionar ni lo uno ni lo otro y, de hecho, ninguna ley lo va a hacer, porque dice relación con lo que se hace en materia de gestión.
Cuando tenemos un Estado ineficiente, y no me refiero a este gobierno, me refiero a varios gobiernos, el resultado es que tenemos pésimas y pocas cárceles. Cuando tenemos un problema de Estado, un Estado ineficiente en cuanto a vivienda, tenemos una demanda por viviendas absolutamente insatisfecha, sumado a la cantidad de migrantes que, obviamente, han aumentado la demanda.
Entonces, pretender que se siga manteniendo como una simple falta la usurpación de terrenos para así solucionar el tema de la habitabilidad o pretender que no se castigue con cárcel a las personas que usurpan terrenos, porque las cárceles son pocas y son malas, me parece francamente un poquito bajo de nivel para un Congreso como este, porque acá todos sabemos cómo funcionan las cosas.
Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Creo que hay que solucionar el tema carcelario. Hoy existe la tecnología para construir de manera rápida recintos penitenciarios, pero el Estado no se mueve y, además, se demora cinco años en levantar uno, cuando a lo mejor podría hacerlo en seis meses.
Respecto a terrenos para personas que no tienen vivienda, bueno, cómprenlos. Pero ¿por qué tiene que pagar el pato el dueño del terreno? No corresponde que una persona particular que tenga un terreno lo vea usurpado y que no se haga nada porque hay gente que no tiene casa. O sea, como se dice en vulgar chileno, no mezclemos peras con manzanas.
Acá una cosa es hacer cumplir la ley a lo largo de todo Chile para respetar la propiedad privada y otra muy distinta, pero también necesaria, es exigir al Estado eficiencia en la gestión.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .
La señora BULNES (doña Mercedes).-
Señora Presidenta, quiero hacer algunas reflexiones muy breves sobre este proyecto.
En primer lugar, adhiero a todo lo expresado por el diputado Raúl Leiva en el sentido de que la usurpación ya está perfectamente definida en el Código Penal y no era necesario hacer un proyecto de ley al respecto. Pero en esta iniciativa hay dos temas que son sumamente graves, uno de los cuales es la flagrancia permanente, como dijo el colega.
¿Qué significa flagrancia permanente, particularmente en el caso de La Araucanía, que tanto preocupa a algunos diputados? Que hay tomas u ocupaciones de terrenos reclamadas por los pueblos originarios cuyos títulos provienen de mercedes de tierras. Esa flagrancia permanente ha durado 150 años.
¿Vamos a autorizar que, en vez de seguir los procedimientos legales a través de la Conadi para reclamar y reconocer sus terrenos, determinadas personas puedan asumir la defensa propia y retomar los terrenos sobre los cuales tenían mercedes de tierra? Entonces, tendremos que discutir el título. ¿Y dónde se discute el título? En los tribunales. No se discute con las armas en la mano, ni por los actuales ni por los anteriores poseedores.
Esa es la primera reflexión.
La segunda reflexión es sobre algo que dijo el diputado Ojeda : la sacralización del derecho de propiedad.
Si el derecho de propiedad es más sagrado que el derecho a la vida y el derecho de las personas, estamos en un mundo en el que yo no quiero vivir y en el que la mayoría de nosotros no queremos vivir. La vida de las personas es lo más importante y lo que por sobre todo se debe defender en el Estado de derecho.
Por lo tanto, si se pretende sacralizar a través de cualquier norma jurídica el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida y conceder el derecho a defenderse con las armas contra personas por una miserable propiedad -Dios me perdone lo que estoy diciendo-, prefiero perder mi casa y no sacrificar la vida de otro.
En tercer lugar, quiero hablar de algo que dijo el diputado Donoso referido a la recuperación de propiedades que eran ya del Serviu, que, según él, con este proyecto de ley habrían podido recuperarse en pocos días y no en el tiempo que efectivamente duró.
Como también soy diputada por el distrito N° 17 y conozco muy bien la situación que ocurrió en Las Américas, puedo señalar que eso no fue así, sino que hubo que hacer un desalojo programado para evitar las retomas. Eso lo sabe el diputado Donoso , así como lo sé yo.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .
El señor LONGTON.-
Señora Presidenta, al escuchar algunos de los discursos, sobre todo del oficialismo, particularmente del Frente Amplio, uno se pregunta: ¿cuál es la solución, entonces? ¿Seguir en esta eterna impunidad e injusticia que conlleva el usurpar un terreno, muchas veces violentamente, y quedarse con lo ajeno?
Hoy, esa sensación de impunidad está instalada en nuestro país. Nadie denuncia, porque no se cree en la justicia, y nadie hace absolutamente nada, porque se normalizó que delitos tan graves como estos no tendrán ningún tipo de reparación. Eso no puede seguir pasando en Chile.
En ese sentido, lo que hace la futura ley es establecer sanciones y una penalidad claras para un delito que en la actualidad tiene una pena de multa de no más de un millón de pesos, que nadie paga, y por el cual nadie es detenido ni condenado precisamente porque tiene esa pena.
Entonces, lo mínimo es resguardar el esfuerzo de toda una vida de familias que lograron tener su terreno, su propiedad, que muchas veces es su jubilación. Incluso se trata del esfuerzo de comités de vivienda. Por ejemplo, en Quilpué, el terreno destinado al Comité de Vivienda San Cristóbal 2, de transportistas, de más de doscientas familias, fue usurpado. O sea, Presidenta, imagine a personas que esperaron toda una vida tener una casa, que hicieron la fila, cumplieron con la ley, pusieron sus recursos con mucho esfuerzo y sacrificio, pero resulta que otros usurparon el terreno destinado para la construcción de sus viviendas, y no pasa nada. Y, además, de enfrente dicen: “No. El diálogo, el sentido social”. ¿Dónde está el sentido social para esas familias? No hay. No existe.
Entonces, cuando se habla y se trata de instalar una caricatura -igual que la de gatillo fácil-, y después eso no se condice con la realidad, es precisamente porque se quiere esconder un trasfondo ideológico: que el valor de la propiedad para algunos no tiene mayor importancia, que el esfuerzo de la familia tampoco la tiene; pero sí tiene importancia el quedarse con lo ajeno, con la propiedad de familias que han esperado toda una vida para obtenerla.
Eso no puede seguir pasando y tiene que haber sanciones claras que restablezcan la vigencia del Estado de derecho en nuestro país, y este proyecto cumple con todos esos elementos para ello.
Así, espero que hoy aprobemos esta propuesta y devolvamos ese sentido de justicia que se ha perdido en nuestra sociedad.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .
La señora PÉREZ (doña Joanna).-
Señora Presidenta, este proyecto lleva tres años en el Congreso Nacional y hoy es parte de la agenda de 31 iniciativas priorizadas por este gobierno, lo que valoro.
También quiero manifestar, porque alguien dijo por ahí: “que ustedes tanto defienden”, “que viven en la zona”, que soy representante de esa zona y sé lo que sufren quienes viven allí, porque con mucho esfuerzo han logrado adquirir sus bienes, y cuando son despojados de ellos, no tienen ningún Estado de derecho al que reclamarle, porque ahí está fracasando.
Por tanto, valoro este proyecto. Lo vamos a acompañar y a apoyar, porque además el propio gobierno empujó y mandató a dos senadores -de lado y lado- para que lo trabajaran. Probablemente la iniciativa ha sufrido modificaciones, y se puede seguir mejorando.
Creo en el derecho a la propiedad privada de la persona que con esfuerzo ha salido adelante. Pero también le he dicho a la ministra Tohá que no podemos criminalizar a quienes, por desidia del propio Estado y de los gobiernos, no están incorporados hoy, por ejemplo, en el catastro de tomas porque no se encuentra actualizado, por lo que no se puede canalizar la demanda por una vivienda digna, como aquí todos han dicho.
En consecuencia, el hecho de que no tengamos ese catastro actualizado habla de una mala de redacción de la ley en su minuto, y por eso pedíamos mejorarla. Pero tampoco estamos disponibles a que la redacción sea tan abierta que, finalmente, la ley no sirva para nada. Eso se tiene que mejorar.
Vamos a acompañar a las personas que no tienen vivienda y que probablemente actúan por necesidad; pero no en el caso de las tomas vips, puesto que algunos se quieren aprovechar del sistema y tienen más de una propiedad: se las toman y especulan con ellas. Eso no lo podemos permitir. Por tanto, hago un llamado a ser responsables en esta materia también desde el Congreso Nacional.
Por eso, apoyaremos la indicación del diputado Leiva , que firmamos, porque, así como a través de la “ley devuélveme mi casa” -había muchos sinvergüenzas- logramos restituir un derecho, creemos que eso también se puede hacer a través de los juzgados de garantía.
Las otras leyes sin duda que sirven. Pero aquí hago un llamado a hacerse cargo también de que, por ejemplo, en Lota hay veintiséis campamentos, y no estoy disponible a que sean criminalizados mañana de aprobarse esta ley en proyecto.
Hago un llamado a mejorar este proyecto en el Senado, a unir el derecho de propiedad con el derecho a vivir en un lugar libre y seguro, como debiese ser la macrozona sur. No estoy disponible, por cierto, para que se aproveche esta futura ley para seguir en la impunidad. Me interesa que quede redactada de buena manera.
Hago el llamado a esta Cámara y también al Senado para mejorar la iniciativa en los trámites legislativos que aún restan.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .
El señor PALMA.-
Señora Presidenta, quiero aclarar algunos puntos sobre este proyecto de ley.
Lo primero y más importante es hacer la diferencia entre los asentamientos irregulares temporales y las usurpaciones de terreno que realizan bandas organizadas con el objetivo de lucrar, vendiendo fraudulentamente el sueño de la casa propia a personas inocentes.
El problema de la vivienda en Chile es real. Por ello, los comités de allegados están dispuestos a trabajar con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para encontrar soluciones habitacionales concretas, pero este proyecto de ley, en general, no apunta en esa dirección.
Me parece no solo lamentable, sino increíblemente cruel que la derecha proponga cárcel para toda persona que haga uso de terrenos abandonados para establecer viviendas precarias de material ligero.
En los años 80, acceder a la casa propia era un sueño posible. Hoy, los jóvenes no logran independizarse antes de los treinta años, porque el mercado inmobiliario, que supuestamente se regula solo, pone precios exorbitantes para propiedades minúsculas.
El estallido social y la pandemia dejaron en evidencia que existe un enorme número de personas sin trabajo y en la ruina, al punto de que por primera vez en la historia de Chile el número de campamentos está al alza en vez de ir en disminución. La oposición plantea la criminalización de los pobladores como solución al problema en lugar de proponer ideas positivas.
Pensemos en una persona que vive en una construcción precaria, que no es dueña del terreno, que vive con sus hijos. Si castigamos a esa persona con penas de cárcel, lo más seguro es que sus hijos queden a la deriva, fomentando así el círculo vicioso de la delincuencia. Ese no es el camino.
Invito a todas las parlamentarias y a todos los parlamentarios a pensar en soluciones habitacionales concretas para las familias del país, puesto que los comités de a llegados no quieren que les regalen las cosas: quieren cooperar, quieren acceder a hogares dignos, pero a precios justos.
Saludo a las y los pobladores de Puente Alto y de La Pintana Solidaria, particularmente, y a sus centenares de comités de vivienda, que merecen vivir con dignidad.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda, para que ningún compatriota se vea obligado a dormir en las calles, especialmente en estos días fríos y lluviosos de invierno.
Finalmente, no es menor recordar las usurpaciones de sedes políticas y de terrenos, como
El Melocotón, en que el dictador instaló su búnker, o en manos de las Fuerzas Armadas, cuya devolución es justa y necesaria. Ni hablar de las apropiaciones indebidas de Lucía Hiriart para su causa CEMA Chile.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Juan Santana .
El señor SANTANA.-
Señora Presidenta, “vísteme lento que voy apurado”. Es una frase que Napoleón dijo a sus asistentes al momento de prepararse para un importante evento. Hace referencia a algo muy simple: cuando se tiene prisa es cuando se tiene que poner más atención en lo que se está haciendo, porque con apuro uno es propenso a equivocarse.
Si lo queremos aplicar a la técnica legislativa, podemos decir que cuando los asuntos son más urgentes, mayor atención debe existir en el detalle de lo que se regula, porque se corre el riesgo de que el remedio pueda ser peor que la enfermedad.
Lamentablemente, hay una mala práctica que se está volviendo costumbre en esta Corporación. Se utiliza un problema real, que genera angustia, para el cual se propone la solución más rimbombante en desmedro de la solución más adecuada. Así, se prefiere regular de forma vociferante, aun cuando eso signifique descuidar si el detalle de las indicaciones soluciona realmente el problema que estamos discutiendo, o si pueden existir consecuencias adversas con lo que se está despachando.
Ese es el meollo del asunto. En el afán de sacar adelante este proyecto se ignora la complejidad del problema y se incorporan y se mezclan cuestiones que son francamente inaceptables. Por ejemplo, no se puede equiparar a las familias que, por falta de vivienda, viven en campamentos con las bandas dedicadas al tráfico de suelos, con los loteadores inescrupulosos o con las tomas VIP.
En el último catastro de campamentos de la Fundación Techo se indica que en Chile existen 1.290 campamentos en que residen 113.000 familias. No son criminales, son personas que habitan allí por necesidad, que viven de manera precaria. El Estado no ha sabido cumplir su rol con políticas públicas adecuadas.
Por eso, si se quiere abordar las usurpaciones ilegales, no podemos permitir que la solución sea perseguir y meter presas a las familias que están viviendo en los campamentos.
Lo peor es que esto viene de la mano de otro despropósito igual de grave. El proyecto pretende que las personas resuelvan estos asuntos por sí mismas, profundizando la informalidad y la ausencia del Estado, para dar paso a la autotutela, lo que puede generar una verdadera ley del más fuerte.
¿Quién en la Cámara de Diputados responderá por las fatales o lamentables consecuencias que puedan existir por el enfrentamiento entre particulares que se sientan amparados legalmente para recuperar de forma violenta un inmueble?
A los parlamentarios de derecha les digo que hasta aquí hemos llegado. Debe existir una ley que sancione las usurpaciones, y estamos dispuestos a legislar, pero no se confundan: no nos vamos a hacer cómplices de su populismo penal.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .
El señor SÁNCHEZ.-
Señora Presidenta, qué duda cabe: tras escuchar las exposiciones que han hecho algunos de mis colegas, puedo indicar que algunos validan la violencia, validan la ocupación ilegal de casas y de terrenos, y validan la impunidad que siempre ha existido a este respecto. Las soluciones que ofrecen o las recetas que entregan -lo sabemos- no conducen a ningún lado.
El diputado Leiva -por su intermedio, señora Presidenta- afirmaba hace un rato que esto se resuelve con una solicitud a los tribunales, para que en un breve plazo puedan ir a desalojar. Al respecto, puedo contar que en relación con Reñaca Alto tenemos una orden judicial de desalojo de una toma desde noviembre del año pasado, y todavía no pasa nada, porque no se da la famosa orden “al más breve plazo”.
¿Esperan -valga la redundancia- que la gente siga esperando? ¿Esperan que los legítimos dueños de esas casas sigan de brazos cruzados? ¡Ya están hartos, están más arriba de la coronilla! ¡Y el Estado no da ninguna solución! De verdad es inaceptable lo que se ha ido construyendo durante décadas producto de políticas de izquierda. A la gente se le dice: “El Estado les dará una solución, pero mientras no se la demos, espérese nomás tranquilito”. Lo hacen con el tema de la Araucanía, lo hacen con la delincuencia, lo hacen con las tomas de terrenos y las tomas de casas, lo hacen con cada una de las urgencias sociales que agobian a la gran mayoría de los chilenos, especialmente a la clase media y a los más pobres.
Si el Estado no puede ofrecer soluciones rápidas a la gente, no le puede exigir quedarse sentada y de brazos cruzados, especialmente si es su seguridad y la de su familia la que está corriendo peligro.
Entonces, en la votación de este proyecto quedará finalmente claro de qué lado está cada uno de los miembros de la Cámara de Diputados: si está del lado de la seguridad, de la tranquilidad, del bienestar de la gente inocente o del lado de los que han liderado estas tomas por años y que, incluso, han hecho negocios con ellas, y que podrán seguir haciéndolo tranquilos mientras no lleguen esas famosas resoluciones al más breve plazo.
Antes de terminar, no puedo sino hacerme cargo de una situación que ocurrió ayer en el Senado. Quiero decirle al senador Insulza que en la Cámara de Diputados no estamos para pedirle permiso ni a él ni a ningún otro senador al momento de tomar nuestras decisiones y acuerdos. Lo digo para que tome nota.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .
El señor WINTER.-
Señora Presidenta, la reciente intervención del diputado Sánchez es una buena muestra…
(Manifestaciones en la Sala)
La reciente intervención del diputado Sánchez -está correcto y reglamentariamente bien dicho, pues no me estoy dirigiendo a usted, sino que estoy hablando en tercera persona de una intervención- da cuenta de lo que es el populismo, la demagogia y el daño que un Congreso irresponsable, legislando con demagogia, puede hacer en el derecho penal, que es una disciplina que requiere cierto rigor para llevarse a cabo.
El diputado Luis Sánchez nos plantea que para resolver el grave problema de las usurpaciones en Chile solo hay dos caminos, y que en esta Sala estarían identificados quienes están a favor de la seguridad y el bienestar, y quienes sencillamente están a favor del delito, del crimen y de la violencia. O sea, este problema parece ser extremadamente sencillo. Simplemente hay que elegir por la opción de que todo es bienestar o bien por la que señala que todo es crimen y violencia.
Me resisto a pensar que sea verdad que en esta Sala haya gente que esté a favor del crimen y de la violencia. Creo que no hay nadie en esta Sala que está a favor del crimen y la violencia; sin embargo, sobre todo me resisto a decir a los chilenos y chilenas que el problema es tan sencillo, porque no lo es.
Hemos dicho que hay problemas reales, que hay tomas que son criminales, que hay tomas que son utilizadas por el narcotráfico, que hay loteadores inescrupulosos, que hay gente que vive dentro de las tomas, que vive en una dictadura del loteador, y que hay otras tomas con las cuales se puede empatizar de mejor forma, porque hay personas que llegan a ellas porque no tienen un lugar donde dormir. Y sí, empatizo con la persona que no tiene un lugar donde dormir.
Sin embargo, lo que propone este proyecto de ley, que es grave y con lo que tenemos que tener cuidado, es que pone al civil a subrogar al Estado. Mediante esta iniciativa, se otorga al Estado la posibilidad de subvertir la lógica de que la vida y la integridad física de las personas están por sobre el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el Código Penal libera de responsabilidad penal a quienes, como todos sabemos, se defienden de una agresión ilegítima, impiden la agresión por un medio racionalmente necesario y no hayan provocado la agresión. Sin embargo, este proyecto de ley plantea que es el civil el que puede organizar el desalojo y que cualquiera sea el daño, se presume que han concurrido las causales que el Código Penal invoca como necesarias. Eso es una irresponsabilidad del porte de un buque, porque lo que hacemos es debilitar el Estado de derecho.
Este proyecto de ley podría haberse hecho bien, podría haber sido despachado por unanimidad, pero decidieron echarlo a perder…
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señora Presidenta, vemos con desesperación y desencanto la situación que está ocurriendo en la zona centro sur respecto de las inundaciones y lo que va a significar para muchos habitantes de nuestro país el alza de los alimentos. Por eso, toma importante relevancia la buena disposición y seguridad de la tierra, de los cultivos, para entregar seguridad alimentaria a todo nuestro país.
Espero que las lluvias amainen rápidamente, los terrenos que hoy están cubiertos de agua se despejen y los alimentos no suban de precio. También espero que esta normativa pueda avanzar y que comunidades indígenas de la Región de La Araucanía, que recibieron terrenos a través de la asignación de tierras hechas por la Conadi, puedan seguir cultivando adecuadamente luego de su publicación.
Muchas comunidades que recibieron terrenos y los cultivan a través de otras personas o en conjunto con ellas, no pueden hacer absolutamente nada cuando se los ocupan o usurpan. Lamentablemente, esos terrenos, que son cientos de hectáreas, no se transforman en productivos como todos quisiésemos y dan pie a conflictos entre personas y entre comunidades.
Por esa razón, espero que esta normativa solucione esa situación y que aquellos que quieren cultivar la tierra, que la quieren trabajar, que la quieren hacer producir para que los alimentos puedan llegar a la mesa de todos los chilenos, puedan hacerlo de buena manera. La intención es dar seguridad jurídica y paz social. La paz social se da cuando los alimentos son de calidad, son abundantes y llegan a la mesa de todos los chilenos.
Repito: la normativa no tiene otra finalidad que dar paz social a una situación que hoy tensa a muchas regiones del país, particularmente a la Región de La Araucanía.
Con entusiasmo y disposición voy a votar favorablemente esta iniciativa. Espero que el día de mañana otras iniciativas como esta avancen en dar paz y tranquilidad a la Región de La Araucanía, para que aquellos que entregan su sacrificio, su esfuerzo, su cariño a la tierra, puedan seguir produciendo los alimentos que llegan a la mesa de todos los chilenos e impidan que otros vulneren el derecho de que compatriotas dispongan diariamente de alimentos baratos y de buena calidad.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .
El señor LILAYU.-
Señora Presidenta, en Chile la propiedad privada es un derecho contenido en nuestra Constitución. La gran mayoría de los chilenos lo corroboran día a día. Lo dicen las encuestas: la propiedad privada es algo importante en la vida de los chilenos.
Sin embargo, desde hace algunos años sabemos que en diversas regiones de nuestro país se ha incrementado la ocupación ilegal de inmuebles, con el consiguiente perjuicio que eso tiene para sus propietarios legales.
En mi distrito he conocido los casos de varias familias que han debido dejar sus trabajos para volver a ocupar sus casas o sitios que, por razones laborales, dejan algunos días sin habitar. Cuando regresan a ellas se encuentran con que están habitadas, no pudiendo sacar a sus ocupantes de manera rápida, lo que se transforma en un drama, ya que los dueños de los inmuebles se quedan sin un lugar donde vivir y a la espera de que desalojen su propiedad. Esta situación se repite en comunas como Frutillar, Osorno y Fresia . Incluso, en algunos casos, se han visto en peligro de ocupación viviendas que ya están terminadas, pero que el Serviu aún no entrega. Lo mismo ocurre en predios particulares e, incluso, fiscales -ello ha sucedido, por ejemplo, en la provincia de Osorno-, los que en varias ocasiones han sido objetos de ocupación ilegal y aún no ha sido posible restituirlos.
La defensa de la propiedad privada no significa, como han dicho algunos parlamentarios de enfrente, que no estemos conscientes de lo que ocurre en Chile. Tenemos noción de que hay muchos chilenos que necesitan casas, pero esto es algo que tenemos que remediar como sociedad, no a través de usurpaciones.
Es necesario considerar, además, que el delito de usurpación también consiste en lotear irregularmente terrenos e intentar venderlos a personas que están buscando un lugar donde construir un hogar definitivo. Por lo tanto, el aumento de penas para quienes cometan ese delito es altamente beneficioso para desincentivar la usurpación ilegal.
En lo sucesivo, es necesario actuar con más rigidez en la aplicación de la ley, para no volver a permitir este tipo de irregularidades.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .
El señor SOTO (don Leonardo).-
Señorita Presidenta, vamos a revisar con lupa este proyecto de ley, porque persigue una finalidad que nosotros compartimos, que es entregar mayores y mejores herramientas para las víctimas del delito de usurpación. ¿De qué delitos estamos hablando? Estamos hablando de personas que son propietarias de una vivienda, de un inmueble, de un terreno y que, de pronto, por medios violentos o clandestinos, son privadas de la ocupación de esa vivienda. Llega alguien, un loteador irregular -de estos que hacen loteos brujoso grupos organizados vinculados al narcotráfico, cambian las cerraduras, ponen custodios y se quedan con las propiedades que están inscritas a nombre de otra persona. Así se produce la usurpación.
Creemos que el derecho a la propiedad también es un derecho humano. Basta con ponerse en el lugar de la persona que ha sido privada de su propiedad para que la concepción y la sensibilidad que tiene ese derecho en nuestro país surjan de inmediato.
La inmensa mayoría de los integrantes de esta Sala, probablemente, si son privados de algún inmueble, van a recurrir a todos los medios que provee la ley para recuperarlo. Este proyecto de ley entrega más y mejores herramientas para lograr ese objetivo, estableciendo algunos mecanismos que son más eficaces.
Pero ¿cuál es el problema? Este es un delito, pero es tal la maraña burocrática judicial que la gente a veces pasa años intentando recuperar su propiedad. Consciente de esa situación, los autores del proyecto establecen varias medidas que tienden a facilitar que las personas recuperen sus terrenos o que los que se apropian de ellos no los inscriban a su nombre, de modo de evitar que los verdaderos dueños sean despojados de su propiedad. En ese sentido, vamos a apoyar este proyecto.
Alguna parte de la izquierda ha dicho que esto criminaliza las tomas de terrenos, que existiría la posibilidad de que algunos grupos organizados puedan, por la imposibilidad de acceder al derecho a la vivienda, tomarse terrenos o ser parte de un loteo irregular. La verdad es que no existe -al menos no lo conozcoel derecho a la toma o a despojar de una propiedad a otro. A lo largo de los años que hemos gobernado, hemos reconocido el derecho a la vivienda de una manera muy clara, buscando construir viviendas para los que no tienen. En estos treinta años desde la vuelta a la democracia, millones de viviendas se han construido con subsidio social y millones de familias han accedido a la vivienda por esa forma regular. Eso es lo que debe hacer el Estado; eso es lo que nosotros respaldamos.
Pero en este proyecto se han insertado algunas normas muy deficientes y muy mal hechas, que ponen en peligro la integridad física de las personas, porque hacen que las personas puedan recuperar su propiedad por medios directos como la autotutela. Eso no puede ser aceptado en un Estado de derecho.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Henry Leal .
El señor LEAL.-
Señorita Presidenta, vamos a votar favorablemente esta iniciativa, porque tenemos la convicción de que es un gran proyecto. Como representante de la Región de La Araucanía, considero que este es un proyecto de ley vital que han esperado por muchos años los más de mil propietarios que hoy tienen sus predios usurpados y que no pueden hacer uso de ellos.
Este proyecto de ley va a cambiar lo que existe hoy, porque la usurpación hoy es una falta y pasará a ser un delito tipificado con pena privativa de libertad, cosa que hoy no ocurre.
Además, este proyecto va a permitir que se pueda pedir la restitución del predio en cualquier momento, sin tener que esperar una orden judicial. ¡De eso hablamos! Hablamos de personas que por años no han podido ocupar sus propiedades. ¡Eso es ilegítimo! ¿Cómo no respaldar a esos miles de propietarios afectados, no solamente de La Araucanía, sino de todo Chile, que tienen ese problema? Tipificar como delito la usurpación me parece de toda justicia.
Además, el proyecto consagra la legítima defensa privilegiada. No se trata de autotutela. Eso se sacó expresamente del proyecto. La legítima defensa solo quedó radicada en el propietario o en el legítimo tenedor. La legítima defensa no quedó establecida para cualquier persona como se ha dicho aquí.
Los campamentos están expresamente excluidos de la aplicación de esta futura ley. Me refiero a aquellos campamentos que están registrados en el último catastro. Por lo tanto, no hay una criminalización respecto de los campamentos.
Por eso, este proyecto de ley es un avance importante que vamos a apoyar con mucha fuerza y convicción, porque creemos que tenemos un imperativo legal, moral y ético quienes representamos particularmente a la Región de La Araucanía.
Por esos miles de afectados que no pueden usar sus tierras, que están marcadas con banderas, a los que no los dejan ingresar, que tienen que pagar contribuciones, que no pueden cultivar la tierra, por todas esas personas, vamos a apoyar este proyecto de ley.
Nunca más podrán ser privados de sus tierras impunemente, sin que pase nada, porque será un delito y los usurpadores irán a la cárcel. Lo más relevante de todo es que en cualquier momento podrán pedir la restitución de sus predios, sin que tengan que esperar una sentencia o un largo juicio, como ocurre hoy, en que la usurpación solo es una falta. Como es una falta, no se puede detener a los usurpadores. Los juzgados de garantía no pueden decretar órdenes de detención porque es una falta.
El proyecto es un avance significativo. Así que invito a esta Cámara de Diputados a dar una señal clara de que no estamos disponibles para seguir con la total impunidad que existe el día de hoy en la Región de La Araucanía.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ.-
Señorita Presidenta, en el proceso legislativo de este proyecto hay avances, y creo que es importante recalcarlos. En el segundo trámite reglamentario de esta iniciativa tenemos avances, como la solicitud de restitución de los terrenos durante la investigación penal, el aumento de penas a los loteos brujos, la prohibición de regularizar el terreno con un juicio pendiente. Creo que en eso todos estamos de acuerdo.
El problema viene a ser la insistencia de la derecha en la autotutela. El diputado Henry Leal señalaba que no es autotutela, sino que es legítima defensa privilegiada. ¿A qué incentiva al propietario o al tenedor? Todos sabemos que hay problemas de violencia y que esos problemas se van a multiplicar porque las personas tendrán el incentivo a actuar, para luego defenderse en los tribunales y salir impune de alguna acción que hubiese sido considerada un delito con la actual legislación.
Estamos permitiendo establecer un privilegio para cometer un delito contra quien ha cometido un delito. Para eso están los medios que se han empujado en el debate y que, por cierto, respaldamos, pero en particular no respaldaremos esta insistencia de la derecha. ¿Por qué? Porque, desde la comodidad de nuestras sillas, ¿quién de los que vote a favor se va a hacer cargo de lo que suceda el día de mañana: de alguna vida que se cobre o de la sangre que se derrame a propósito de ese incentivo que supuestamente no configura la autotutela?
Esto se discutió hace quinientos años. El Estado de derecho y los principios del Derecho Penal vienen de aquel estado salvaje, donde las personas cortaban cabezas para tener las propiedades de otras, donde los derechos fundamentales se ponían en riesgo cada vez que las personas tocaban los derechos fundamentales de otras. El Estado de derecho es una lucha social de quinientos años de campesinos y pequeños burgueses que le cortaban la cabeza al rey y que ya no toleraban la inquisición.
Ustedes nos están haciendo volver a ese momento. En el fondo, nos están haciendo retroceder en la historia.
En el Estado de derecho la civilización no es una condición genética , sino que es un principio que se defiende todos los días en política. ¡Todos los días! Al parecer, hoy es muy revolucionario defender el Estado de derecho.
Nosotros vamos a rechazar esta parte del proyecto. Esperamos que ustedes escuchen, sean verdaderamente republicanos y defiendan la…
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .
El señor ARAYA (don Cristián).-
Señorita Presidenta, el 31 de agosto de 2017, el abogado Manuel Luna , en representación del Partido Comunista, presentó una demanda contra quienes ocupaban un terreno de propiedad del soviético partido en la comuna de Lo Barnechea, que es parte de mi distrito. Se trata de un terreno de 5.000 metros cuadrados que fue comprado el año 2011 a la comunista Marta Godoy Henríquez , histórica militante y amiga personal de Gladys Marín . En la demanda señalaron que una mujer, junto con un grupo de personas, ocupaba desde 2015 el inmueble sin tener título alguno para aquello y por mera tolerancia del dueño.
¿Qué hizo el Partido Comunista? Solicitó la restitución del terreno -cito textual“bajo apercibimiento de lanzarle con la fuerza pública, y lanzar así a todos los demás ocupantes que hubiere”. Afortunadamente, no era apremiante para la inmobiliaria de la colectividad y, finalmente, llegaron a un acuerdo.
La realidad es que los chilenos comunes y corrientes no tienen los recursos para contratar abogados y acompañar largos procesos judiciales. La gran mayoría de los chilenos no son tan ricos como el Partido Comunista.
Pero no solo quiero representar la hipocresía de la colectividad de extrema izquierda, sino del gobierno supuestamente feminista. Les quiero hablar de una mujer llamada Roxana Carrut . A ella le tomaron su propiedad, le destruyeron su fuente de ingresos, la golpearon, le quemaron todo. ¿Qué hizo el Estado en su conjunto? Exigirle que pagara contribuciones. En su desesperación, frente a la pasividad de las autoridades, hizo una huelga de hambre, pero no de esas huelgas de hambre que ocupan algunos delincuentes y terroristas para exigir beneficios carcelarios, en las cuales no bajan de peso -al contrario-, sino de esas huelgas de hambre que afectan la salud. Esa es la desesperación que sufre Roxana Carrut . Gracias a Dios, tenemos un gobierno feminista, porque no quiero pensar qué habría pasado si no lo fuera.
Quiero hablarles de otra mujer, llamada Valentina Correa , de la Región de Valparaíso. Su padre fue asesinado por sicarios, porque se opuso a la toma de un terreno. Quiero hablarles de las mujeres que viven de allegadas esperando una solución habitacional. Quiero hablarles de las dirigentas de los comités de vivienda que durante años han estado tramitando largos procesos para obtener una casa.
Por los hombres y mujeres que respetan la ley, el orden y el derecho de propiedad, nosotros respaldaremos este proyecto.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .
El señor JOUANNET.-
Señorita Presidenta, el primer acuerdo del contrato social es que el Estado garantiza la seguridad. Si el Estado no garantiza la seguridad, ¿qué hacemos? En la Región de La Araucanía tenemos estado de naturaleza; en este minuto, en los sectores rurales tenemos estado de naturaleza. Tal como se acaba de señalar en esta Sala, hay más de mil predios tomados. No estamos hablando de fundos, sino de predios pequeños, de una hectárea o de media hectárea, cuyos dueños llevan años sin poder visitar sus casas; les han robado todo. Se trata de gente modesta.
El año pasado, con la Comisión de Seguridad Ciudadana, que en ese tiempo presidida el diputado Leiva , confirmamos en terreno el problema de la usurpación, que ha redundado en que gente modesta se haya empobrecido porque le tomaron su predio. Pero, además, el Estado invirtió con los usurpadores, entregándoles fardos, galpones, etcétera; una contradicción tremenda.
El problema es que en La Araucanía tenemos una serie de delitos e incivilidades permanentes, que hemos terminado normalizando, como el robo de madera, que solo ahora sacamos, pero que era una cuestión permanente. Lo mismo está pasando con la usurpación, cuestión que no podemos seguir aceptando, porque La Araucanía se empobrece. El tema es que hay delitos permanentes y el Estado no avanza más allá. En la región tenemos un promedio de dos a tres hechos de violencia diarios. Anoche, en Lonquimay, le quemaron la casa a una persona que no es una potentada; ayer, en Curacautín, quemaron una escuela, una escuela de comunidad mapuche. Entonces, están quemando las escuelas en comunidades mapuches, están quemando las iglesias en comunidades mapuches, están quemando los centros de salud familiar en las comunidades mapuches. Eso están haciendo; están pegándole al alma del pueblo mapuche. Es más, muchos de los predios usurpados son del pueblo mapuche, a quienes se los usurpa otro. Eso no lo podemos seguir permitiendo.
El Estado ha sido pasivo, pero no solo ahora, porque la toma de predios comenzó en el gobierno del Presidente Piñera. El Estado lo fue de manera exponencial, sobre todo en los últimos tres años, y el gobierno no reaccionó.
Entonces, con esta ley en proyecto vamos a empezar a poner un poco de orden. Este país necesita orden y seguridad. La gente, sobre todo la gente que vive en la precariedad, necesita más orden y más seguridad para tener certezas. Los Estados tienen que dar seguridad y certeza, dos cuestiones fundamentales de las constituciones, de los Estados, y eso es lo que no estamos dando. Y para qué decir en La Araucanía, porque en La Araucanía es donde vivimos los problemas. Es allá donde hay sectores en los que usted, después de las cuatro de la tarde, no puede andar; después de las seis de la tarde, la mitad de La Araucanía no circula por ninguna carretera, por ningún camino interior, porque ahí es donde se vive el estado de naturaleza, ya que a esos lugares el Estado no llega.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker .
El señor BECKER.-
Señorita Presidenta, no pensaba intervenir, pero son tantas las barbaridades que he escuchado, especialmente de la extrema izquierda, del Partido Comunista y de otros, que me veo en la obligación de hacerlo.
¿Por qué, si pretenden robarme la tierra, si pretenden usurpar un terreno o una casa, no vamos a tener derecho a defendernos, sobre todo si el Estado, en muchas ocasiones, ni siquiera lo puede hacer? No entiendo por qué no habría de hacerlo.
Me gustaría que a algunos de los miembros del Partido Comunista les pasara una situación como esa, máxime si el propio Partido Comunista -ya lo decía el diputado Araya -, uno de los partidos más ricos del país, ya pidió desalojar una de sus propiedades, y no estamos hablando de campamentos.
A propósito, quiero contarles, muy brevemente, que en diciembre de 2013, con trabajo de parte del gobierno del Presidente Piñera, particularmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, logramos sacar a todas las personas que vivían en campamentos en la Región de La Araucanía, especialmente en Temuco. Sacamos a toda la gente de los campamentos, y lo hicimos, porque sí se puede. ¿Y saben cómo se puede, estimados amigos del Frente Amplio? Se puede sin robarse la plata que nos pertenece a todos. Esa es la forma como se pueden hacer las cosas, porque recursos hay, pero deben ser bien empleados. Hoy tenemos estos problemas porque los recursos se están yendo para otras partes, por ejemplo, para conmemorar los cincuenta años del pronunciamiento militar, en circunstancias de que medio Chile está inundando y el Estado no llega; todavía no llegan, para recuperar los recursos, las habitaciones para las personas a las que les quemaron sus casas en la Región de La Araucanía. ¡Qué están esperando! ¡Por qué tanta ineficiencia, señores del gobierno!
El llamado es a trabajar por la gente, a lograr que las cosas se hagan en orden. Eso es lo que queremos: seguridad para invertir, seguridad para trabajar y para generar empleo. Pero, ¡claro!, eso es algo que ustedes nunca han hecho: generar empleo, generar trabajo y generar riqueza para todos los que vivimos en nuestro país.
Aquí no se trata de los propietarios de los inmuebles usurpados, sino de aquellos que vienen a usurpar y que no tienen ningún respeto por la propiedad privada y tampoco, al parecer, por sus propias vidas, porque se exponen a que quienes vivamos la usurpación estemos disponibles para defendernos.
Señorita Presidenta, esperamos que se apruebe el proyecto, porque será una buena ley para nuestro país.
Dios bendiga a Chile.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .
El señor HIRSCH.-
Señorita Presidenta, una vez más vemos en esta Sala un proyecto que ya muchos rechazamos en su primer trámite. No podemos apoyar la criminalización de la pobreza, aunque a algunos pareciera gustarles mucho ese camino; no podemos apoyar la venganza, la justicia por mano propia, aunque a algunos pareciera gustarles la venganza; no podemos aprobar la autotutela, porque eso significaría aceptar que volvemos a la ley de la selva, a la ley del más fuerte, a la ley del más poderoso.
Cómo pueden pretender resolver las cosas por medio del enfrentamiento entre particulares. Se llenan la boca hablando del Estado de derecho, del respeto a la justicia, pero apenas tienen alguna situación, prefieren atacar al otro. Francamente, estamos ante un retroceso civilizatorio. Pero en realidad no debiera extrañarnos esa actitud. Cuando vemos -ayer justamente lo vimos- que algunos no tienen ningún problema en justificar y en aplaudir el golpe cívico-militar, que significó tortura, desaparición y muerte de miles de chilenas y chilenos, ¡qué más podemos pedirles, entonces!
Sin duda que hay un problema real, como son las tomas irregulares, los loteos fantasmas y los narcos lucrando. Sí, es cierto, hay un problema real, pero no se soluciona, de ninguna manera, permitiendo que las personas hagan justicia con sus propias manos, desalojando por cuenta propia. ¿Y dónde queda el Estado de derecho? Como algunos validan la violencia, ahora quieren que los funderos, con verdaderas cuadrillas de paramilitares, saquen a balazos a las familias que por necesidad tuvieron que llegar a hacer una toma.
Respuestas como la legítima defensa “privilegiada” son una aberración jurídica y debilitan el Estado de derecho. La respuesta debe ser exactamente la contraria: fortalezcamos el Estado de derecho. Nos dicen que quedan fuera de esta iniciativa de ley los campamentos, pero eso no es verdad, porque, ¡ojo!, cientos de campamentos no están catastrados.
Es evidente que el problema de las tomas es repudiable, tal como lo es el negocio que hacen los narcos al lotear irregularmente las tierras. Eso hay que enfrentarlo, y para ello está el Estado. Lamentablemente, la derecha, en lugar de colaborar con una solución, como el Plan de Emergencia Habitacional, propone como gran solución que unos ciudadanos persigan a otros ciudadanos necesitados.
Señorita Presidenta, tal como dijimos en la primera discusión de este proyecto, en lugar de perseguir a los pobres trabajemos por entregar viviendas a los cientos de miles de familias que tanto las anhelan y que tanto las necesitan.
Por supuesto, voto en contra.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .
La señora NUYADO (doña Emilia).-
Señorita Presidenta, para mí es bastante complejo legislar este proyecto, el que, por supuesto, votaré en contra. Y voy a plantear los fundamentos.
Lamentablemente, por este hemiciclo han pasado muchos parlamentarios y parlamentarias, desde la propia formación del Estado Chileno, que han votado diversas iniciativas que han dejado al pueblo mapuche despojado de su espacio territorial.
Muchos de quienes han salido a reclamar su legítimo derecho, su propiedad ancestral, con diversas leyes, como esta que se va a someter a votación hoy, lamentablemente fueron sacados a fuerza de aquellos territorios; sus casas y cultivos fueron quemados.
Hoy va a ocurrir exactamente lo mismo; pero como mujer mapuche y diputada no qui ero ser cómplice de aquella situación difícil que una vez más le va a tocar vivir al pueblo mapuche, pues se le va a seguir persiguiendo y criminalizando, y muchos líderes loncos y huerquenes seguirán en las diversas cárceles de Chile.
Así es como se ha mirado la política en este país; así es como no se ha reconocido ni se ha mirado la historia del pueblo mapuche; así es como una Comisión para la Paz y el Entendimiento intenta recoger todos los antecedentes históricos del despojo de las tierras del pueblo mapuche; así es como avanza aquí un grupo de senadores, autores de esta iniciativa, que quieren despojar al pueblo mapuche de sus legítimos derechos.
Lamentablemente, el Estado ha sido lento. La ley partió en 1993 y han sido pocas las tierras que se han entregado. Muchos de aquí están bastante molestos con esa cantidad insuficiente. Muchos salieron a movilizarse precisamente en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, porque la Conadi no tuvo la capacidad de ejecutar los míseros 32.000 millones de pesos que tuvo para comprar tierras. Eso era insuficiente.
Esa incapacidad ha tenido el Estado permanentemente y ese actuar ha tenido también el Poder Legislativo con aquellos que hoy siguen demandando sus derechos territoriales. Este proyecto de ley lo único que hará será sacarlos y negarles el legítimo derecho que tienen al reclamo de sus tierras ancestrales.
Por eso, invito a quienes tienen conciencia social, cultural y que conocen la historia del pueblo mapuche a que voten en contra este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .
El señor BÓRQUEZ.-
Señora Presidenta, estimada ministra, estimados colegas, este proyecto logra hacerse cargo de un problema que desde hace mucho tiempo nos afecta como país, pero que se ha intensificado enormemente durante los últimos años, tanto en su magnitud como en la violencia ejercida.
Estamos hablando de la usurpación, estimados colegas, una de las mayores vulneraciones del derecho a la propiedad, derecho que nuestra Constitución garantiza a todas las personas.
Por eso, me llama la atención que haya personas que estén en contra de esta iniciativa y que justifiquen a quienes ocupan inmuebles ajenos y se resisten a dejar esos lugares.
Para qué hablar de los estafadores que venden “terrenos”, en circunstancias de que nunca traspasan la propiedad del bien a los compradores. Este caso se repite de manera reiterada en las provincias de Chiloé y de Palena. La única manera de reducir estas conductas es endurecer las sanciones y entregar mayores facultades investigativas. Por eso no entiendo a quienes están en contra de este proyecto, como si existiera otra forma de erradicar este problema.
¡Qué ingenuidad más grande, estimados colegas! La gente va a seguir ocupando inmuebles ajenos y estafando a los compradores de terrenos si no existen consecuencias negativas respecto de su comportamiento y si no otorgamos mayores facultades al Ministerio Público para investigar estos hechos.
Voy a votar a favor, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la gente deje de cometer el delito de usurpación. Somos nosotros quienes debemos actuar, y debemos actuar hoy.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .
El señor KAISER.-
Señora Presidenta, cuando el Estado no es capaz de entregar seguridad, cuando no es capaz de entregar justicia en un tiempo determinado, incumple el pacto social que tiene con los ciudadanos. El ciudadano entrega la autotutela al Estado para que este efectivamente haga justicia.
Pero ¿qué sucede, como en el caso actual, cuando el Estado no puede o no quiere entregar justicia? ¿Qué pasa cuando intereses políticos e intereses económicos se confabulan para hacerse de la propiedad de las personas? ¿Obligamos a las personas a someterse a la ilegalidad, a someterse al abuso y a rendir sus derechos? ¿A quiénes? ¿A los delincuentes?, ¿a los abusadores?, ¿a los narcos?, ¿a los que efectivamente transforman su propiedad en loteos de lujo?
¿Por qué un ciudadano libre de nuestro país debería rendir sus derechos a la delincuencia? Y si se defiende, lo persigue el mismo Estado que no defiende sus derechos. Eso es lo que están planteando algunos. Están diciendo: “No, no se defienda. Permita que hagan lo que quieran con usted, porque el Estado va a venir a ayudarlo en algún momento”. Eso es mentira y todos ustedes saben que es mentira.
Entonces, para qué levantar este mito de que efectivamente el Estado, la fuerza policial, va a ayudar a una persona a recuperar su casa en un tiempo decente, o su campito o su negocio o lo que fuere que él llama su propiedad.
Así como la propiedad es base de la libertad, y los ciudadanos de este país tienen derecho a defender esa libertad por todos los medios que correspondan, también nosotros debemos hacernos cargo, cuando el Estado no es capaz de entregar suficiente seguridad, de que la gente tenga derechos y de que no sea perseguida penalmente por hacer valer sus derechos.
Estoy dispuesto en algún momento, señora ministra, a modificar esta legislación, pero solo cuando el gobierno efectivamente haya duplicado el número de carabineros, cuando los tribunales hagan su pega a tiempo y cuando a la gente se le respete su derecho en un Estado de derecho que valga la pena ser llamado así. Antes de eso no voy a estar dispuesto ni disponible para perseguir a quienes defienden aquello que es suyo.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .
La señorita ORSINI (doña Maite) .-
Señora Presidenta, las tomas vip, la extorsión, los deudores inescrupulosos y los loteadores corruptos son un problema real que tiene que ser solucionado y en el que por supuesto tiene que intervenir el Estado. Pero nada de eso se puede comparar con la situación en que se encuentra un grupo de personas que, por necesidad y organizadas en colectivos para exigir su legítimo derecho a la vivienda, se toman un terreno históricamente abandonado y forman ahí un campamento.
Sí, señora Presidenta, es necesario legislar en contra de las usurpaciones, pero no a costa de criminalizar la pobreza.
Este proyecto, tal como está presentado, permite que se desaloje y se detenga a personas que viven en los campamentos históricos que no se encuentran contemplados en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2022, registro que, según Techo Chile, otros diputados y los mismos ciudadanos, no contiene todos los campamentos del país. De hecho, al menos doscientos campamentos no se encuentran contemplados.
La oposición, a pesar de tener esa información, rechazó la indicación que proponía el Ejecutivo para dar un plazo hasta marzo de 2024 para actualizar este registro. Tampoco permitió que se modificara la legítima defensa privilegiada, por lo que, una vez que sea promulgada esta futura ley, campamentos como Nueva Andrés Bello, en Quinta Normal, y Todos Unidos y Gran Esfuerzo, en Huechuraba, podrán ser desalojados y los miembros de las 196 familias que los habitan podrán ser detenidos. Con la redacción actual, los dueños de esos terrenos o, incluso, vecinos podrán contratar, por ejemplo, servicios de seguridad privada para desalojar el terreno y detener a los moradores, pero toda la violencia que ejerzan se entenderá como legítima y no responderán penalmente por las lesiones o los daños que pudiesen ocasionar en ese desalojo.
Este proyecto como está no solamente es peligroso, no solamente es malo, sino que es una locura, es una vergüenza. Por eso es tan importante que las indicaciones que se renovaron hoy en Sala, tanto por el Ejecutivo como por los diputados oficialistas, puedan ser aprobadas.
Vamos a ser insistentes. Estamos disponibles para entregar herramientas que sancionen y prevengan las usurpaciones violentas y los crímenes asociados a ellas, pero no lo estamos para transar nuestro compromiso con la institucionalidad y con la seguridad, y mucho menos estamos disponibles a perseguir y criminalizar la pobreza.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .
La señora PIZARRO (doña Lorena).-
Señorita Presidenta, primero, quiero reconocer y saludar a la diputada Emilia Nuyado , a quien le quiero decir que jamás vamos a estar por cerrar los ojos ante el despojo del pueblo mapuche y la criminalización de la cual es, desde hace décadas, responsable el Estado, frente a una justa lucha que ha dado el pueblo mapuche.
Sin duda, en Chile tenemos un problema con el crimen organizado y con el narcotráfico que se ha instalado en algunos sectores de las mal llamadas tomas VIP. No obstante, la legislación ya aporta suficiente para abordar este problema. Distinta es la lógica que ha instalado el sector de enfrente con el pretexto de la seguridad, en virtud de la cual todo se traduce en represión y criminalización de la pobreza. ¡Jamás vamos a estar de acuerdo con ello!
Además, me parece irrisorio cuando se dice: “¿Qué harían ustedes si les arrebataran…? No sé ni siquiera qué nos podrían arrebatar, porque vaya que la realidad de este sector es diferente a la de ustedes. Ustedes cuidan sus extensas hectáreas de fundos, donde solo se ve una opulencia que resulta muy obscena ante la escasez de viviendas y la situación que vive la inmensa mayoría de la población de la clase trabajadora y sus familias de nuestro país.
Quiero agregar algo que me parece muy importante de aclarar. Lamentablemente, el Cristián Araya no está cuando hay que responderle. Como he dicho, solo quiero aclarar algo importante con esto de la legítima defensa. Fíjense que el recinto del cual él habló es uno que la dictadura le quitó al Partido Comunista, que no actuó por sus propios medios para recuperarlo. Es un terreno que era del Partido Comunista, como muchos partidos lo tuvieron, que nos arrebató la dictadura y que al intentar recuperarlo había gente viviendo ahí. Y no fuimos a sacarlos a palos ni a patadas, sino que recurrimos a la legislación, como corresponde.
¡Estamos en contra de la criminalización de la protesta!
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .
El señor ALESSANDRI.-
Señorita Presidenta, primero, les quiero decir a los colegas que se tranquilicen en cuanto a los campamentos, porque los que tienen la solución para el tema de las viviendas en Chile son los que están en el gobierno.
Por eso, yo le pediría al ministro Carlos Montes que apurara subsidios de arriendo y que apurara las soluciones de las viviendas. ¿O quieren acaso que se mantengan por años los campamentos para hacer funcionar las fundaciones que venden baldes con arena por 200 millones? Si eso es lo que quieren, transparéntenlo.
El diputado Hirsch dijo que necesitamos dar soluciones de vivienda definitiva. Bueno, les quiero comentar y avisar que ustedes están a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de esas soluciones.
En los últimos años hemos identificado un tremendo aumento en los flujos de la comisión de este delito de usurpación. Existían o existen todavía sanciones muy bajas frente a su comisión y, por eso, se ha señalado que las penas de multa que actualmente regulan la materia no sirven para disuadir la comisión del delito.
Este proyecto aumenta sistemáticamente las penas correspondientes a los delitos de usurpación y ocupación de bienes inmuebles y las transforma en cárcel. Existen también herramientas débiles para la investigación del delito que se comete. Esto impide que el Ministerio Público pueda determinar, por ejemplo, las identidades, los patrones en la comisión del delito, los objetivos específicos en los procedimientos, y para remediar esto proponemos autorizar a los fiscales disponer técnicas especiales de investigación, las cuales se pueden ver detalladas en el acápite segundo.
Existe un período de flagrancia de doce horas, lo que no permite que después de esas doce horas actúe la fuerza pública. Esta situación también se corrige con aquellas normas que fijan reglas especiales sobre la flagrancia. Después de una larga discusión, el gobierno ha dicho que con esta parte sí está de acuerdo.
Debemos considerar que el delito de usurpación, además, se comete en contextos distintos. Por un lado, aquellos que quieren lotear irregularmente los terrenos. Todos en esta Sala sancionamos aquello. Y, por otro lado, se debe identificar aquellas usurpaciones que se realizan en la macrozona sur, lo que también incluye un factor político que ha afectado principalmente a la Región de La Araucanía: con la violencia, con las quemas, con la destrucción y con la pobreza.
Este proyecto de ley llega en una situación extrema, porque el Estado se ha demorado veinte años en solucionarlo. Este proyecto de ley llama al Estado a solucionarlo y la autotutela solo se da si el Estado no es capaz de responder a lo que le manda este proyecto de ley.
Nadie va a agarrar las armas; antes van a llamar a las policías; antes van a recurrir a esta ley y el Estado tiene…
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Tomás de Rementería .
El señor de REMENTERÍA.-
Señorita Presidenta, sabemos que este proyecto tiene su sentido y sabemos que hubo una serie de ocupaciones ilegales de terrenos que tienen que ver con el crimen organizado, con tomas VIP, con loteos irregulares, con negocios de inescrupulosos, pero apunta en la dirección contraria a la solución del problema.
Acá debemos sancionar a los inescrupulosos que generan estos loteos y que se ponen con maquinaria para hacer estas ocupaciones. Además, sabemos que hay empresas constructoras que participan de estas prácticas también. O sea, en eso no hay un combate, pero sí lo hay respecto de una situación que se genera por un déficit de viviendas que es histórico.
En la Región de Valparaíso hay campamentos históricos, como Manuel Bustos , Felipe Camiroaga y Fénix , una serie de campamentos donde viven personas desde hace más de cuarenta años por el déficit de viviendas que se generó, precisamente, por la inacción del Estado. Debemos hacernos responsables de esa inacción.
Sin embargo, este proyecto es aún más grave, porque es un retroceso civilizatorio y va en contra de lo que venimos a hacer acá. Acá venimos a legislar. La ley se genera precisamente para eliminar la autotutela, para eliminar la venganza colectiva y para poner un árbitro imparcial sobre las cosas. Lo que quieren hacer acá es un atavismo del derecho, es crear un sistema donde yo puedo juntar una patota con palos y piedras para ir a sacar una persona de mi terreno, sin prueba alguna, sin orden de un tribunal y sin saber el resultado, pues esto podría generar situaciones graves.
¿Qué pasa en una disputa de predios si alguien considera que el predio está usurpado y no lo está? ¿Qué pasa cuando hay una disputa de terrenos cuando hay alguien y lo quiero sacar y digo que me está usurpando el predio y entro? ¿Se van a hacer responsables los diputados de la derecha cuando una persona termine gravemente herida ante una situación de ese tipo?
¿Se van a hacer responsables si una persona muere en el intento de recuperar un predio en que ningún tribunal haya decretado que ha sido usurpado?
¿Van a generar una situación de riesgo, que se forme un negocio de empresas de policías privadas para ir a sacar personas de terrenos usurpados? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren una oportunidad de negocio para las empresas de seguridad, que van a ofrecer un nuevo servicio, que es ir a recuperar terrenos?
Este proyecto es la negación de lo que venimos a hacer acá: generar instancias en que un juez imparcial pueda tomar decisiones.
Aprobar esta iniciativa en la forma en que se encuentra redactada es un grave retroceso. Espero que se aprueben las indicaciones que presentamos junto con el diputado Leiva y otros colegas oficialistas, porque creo que van en el sentido correcto. Si no, creo que este proyecto tiene que ser vetado por el Presidente de la República, porque además adolece de un grave problema de inconstitucionalidad.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .
El señor GIORDANO.-
Señorita Presidenta, hoy nos enfrentamos a un escenario muy complejo, en el que efectivamente la ciudadanía demanda mayores medidas en materia de seguridad, pero en el cual, de manera errónea, desde esta Cámara nos h emos gastado el tiempo en buscar salidas fáciles y no transformaciones sustantivas que se hagan cargo de los problemas.
El proyecto de ley que estamos discutiendo, aunque se presenta bajo la bandera de la seguridad y la justicia, esconde detrás de sus líneas una amenaza real para el principio de equidad y los derechos fundamentales. Parte de la premisa de sancionar con penas de cárcel diversas formas de usurpación, una cuestión que podría parecer razonable en casos como las tomas VIP, los predios irregulares. ¿Pero a qué costo? Porque las modificaciones que hoy se proponen abren la puerta a un escenario de confrontación donde la autotutela y la violencia podrían convertirse en la norma.
¿Es ese el país que deseamos? ¿Un país donde los civiles se enfrenten entre sí?
El diputado Ojeda hace un rato nos dijo que la “ley Nain-Retamal” se había legislado con miedo y que hoy todo el mundo la celebraba. Bueno, yo le quiero decir que la ley gatillo fácil ha significado impunidad y un retroceso en materia de justicia, lo que da cuenta de la importancia de legislar con responsabilidad. Además, le señalo que no celebro esa ley y no creo que deba ampliarse. Eso es un peligro.
La vivienda es un derecho humano fundamental, y quienes se ven obligados a ocupar terrenos o viviendas lo hacen como un último recurso ante la insuficiencia de po líticas habitacionales adecuadas. Es nuestro deber no solo castigar, sino también comprender y abordar las causas estructurales de este problema.
De igual modo, la presunción de legítima defensa en la recuperación de inmuebles ocupados es un concepto peligrosísimo, más cercano al lejano oeste que al Estado de derecho. Esta disposición podría -ya lo dije- desencadenar un ciclo de violencia en que las y los ciudadanos se enfrenten permanentemente, sin sentido.
Hay diversos tipos penales. Se abren las puertas a interpretaciones ambiguas que podrían llevar a sanciones excesivas e injustas en el caso de las usurpaciones. La inclusión de términos como “permanente” o “transitoria”, la equiparación de violencia contra las personas con fuerza en las cosas es preocupante y podría afectar -lo dijimosa quienes buscan vivienda, pero también a aquellos que, en su legítimo derecho, por ejemplo, se movilizan a través de las tomas de los establecimientos educacionales.
La detención ciudadana y la flagrancia permanente plantean un riesgo innegable. ¿Cómo no sería un despropósito empoderar a los ciudadanos para ejercer detenciones? ¿Para qué discutimos una y otra vez en este Congreso sobre el fortalecimiento de las policías si pensamos en delegar sus funciones en la población civil? Creer en esto es no creer en el Estado de derecho, que desde 1855 fue desalentando la autotutela tolerada en el período colonial.
Finalmente, criminalizar la usurpación simple sin considerar las circunstancias socioeconómicas que la rodean es un acto de insensibilidad hacia quienes luchan por un techo. No debemos convertir la falta de vivienda en un delito, sino buscar formas de proveer soluciones reales y dignas.
La salida fácil hoy sería apoyar esta propuesta. Pero desde esta bancada no vamos a ser cómplices pasivos de un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .
El señor BOBADILLA.-
Es que esperaba una frase igual a la que le dijo al diputado Soto , Presidenta.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Gran diputado Bobadilla .
¡Viva Bobadilla!
El señor BOBADILLA.-
Gracias.
Señorita Presidenta, la verdad es que esta es una iniciativa que apunta a resolver un problema no menor, y yo invitaría a los colegas, particularmente a los del Frente Amplio y del Partido Comunista, a ponerse en el lugar de quienes han sido víctimas de los usurpadores.
¡Que se pongan en ese lugar! Si lo hacen, estoy cierto de que podrían votar a favor el proyecto. Pero como son cómplices pasivos que no aplican la ley para restituir aquellas propiedades a sus verdaderos dueños, lo van a votar en contra. O sea, en la teoría tienen un discurso, pero en la práctica terminan avalando la impunidad de los usurpadores.
Qué mejor ejemplo de ello que lo que dijo el hoy Presidente de la República cuando en 2016 visitó la comuna de Ercilla y señaló lo siguiente: “Hoy estuvimos en el territorio liberado de Temucuicui”. ¿Cómo le vamos a creer a un gobierno que no aplica la ley y que avala estas malas prácticas que les han cambiado la vida a miles de chilenos, particularmente en La Araucanía?
Ahora nos vienen a decir que están de acuerdo con el proyecto, pero no con la figura de la flagrancia permanente. Esa es solo una excusa para no aprobar esta herramienta, que permitirá desalojar a los usurpadores y restituir las propiedades a sus verdaderos dueños.
¿Por qué lo hacen? Por una razón muy sencilla, que ya dije: porque quienes voten en contra están dejando en evidencia que son cómplices pasivos de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, que fue asesinado en su propia casa. ¡Los quemaron vivos! ¿Y qué tenemos hoy en el Parlamento? Cómplices pasivos, pues, porque no están de acuerdo con que se saque a los usurpadores de las propiedades, que las han ocupado también en forma violenta.
Por eso, con mucho entusiasmo votaré a favor este proyecto.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .
El señor ARAYA (don Jaime).-
Señorita Presidenta, no tenemos ninguna duda en apoyar este proyecto, pero queremos que sea una herramienta útil y no una vergüenza para este Parlamento.
Tal como viene redactada y aprobada la propuesta, es la negación misma del Estado de derecho, porque, afortunadamente, a la derecha le da vergüenza reconocer que esto promueve la autotutela. Y hay que decirlo con claridad: este proyecto tal como está y como lo impulsan Chile Vamos y los republicanos promueve la autotutela y generará que haya verdaderas milicias privadas esparciendo la violencia en distintos sectores de nuestro país. Así, me alegro que les dé vergüenza reconocer el sentido de este proyecto.
Asimismo, esta iniciativa es la negación del Estado de derecho porque les quita el trabajo a los jueces, crea un marco penal-jurídico rígido para la aplicación de penas. El juez no podrá decidir qué pena aplicar, sino que este Parlamento le va a decir la pena aplicable, y eso vulnera gravemente el principio de separación de poderes del Estado, que es esencial.
Por lo tanto, lo que aquí se buscaba era arreglar un problema, pero la derecha, por darse un gusto ideológico, por hacer un guiño a los sectores más extremos, reaccionarios y violentos de esa fuerza política, inventó normas que hacen imposible que exista un Estado de derecho en que la racionalidad sea el eje de la respuesta estatal.
Desde el oficialismo vamos a apoyar este proyecto siempre y cuando eliminemos la autotutela y, por tanto, dejemos fuera lo que se ha dicho en cuanto a que esto es la legítima defensa de los cercanos. ¡No! Que digan la verdad. Esto es legítima defensa propia y de terceros; es decir, cualquiera, en cualquier tiempo, porque esto además tiene flagrancia permanente, podrá hacer uso de armas de fuego para revindicar predios.
Lo que nosotros pedimos es que sea el Estado de Chile, a través de Carabineros y la PDI, quien pueda hacer uso de la fuerza legítima para devolver a las víctimas los predios que les han sido usurpados ilegítimamente.
Además, quiero decir con mucha claridad que este no es un proyecto anticampamentos, como se ha dicho, sino que lo que busca es echar de terrenos a quienes los han usurpado de manera violenta a legítimos tenedores, a gente de trabajo, a gente de sacrificio que vive de lo que tiene en su tierra. No estamos de parte de los que con una bandera ideológica están promoviendo las usurpaciones en distintas partes del país.
Quiero decirlo con claridad: esto no es contra los campamentos. Por lo tanto, llamo a aprobar la indicación de la diputada Lorena Fries para extender la vigencia del Catastro Nacional de Campamentos y que se actualice anualmente para dejar fuera a todos los campamentos de Chile de la aplicación de esta norma .
Esta norma tiene nombre y apellido: los delincuentes que le quitan sus tierras a la gente de trabajo. Nosotros queremos perseguirlos con la fuerza del Estado, no con las armas de los particulares, que es lo que promueve hoy la derecha en el Parlamento. Queremos contar con una herramienta que sirva para defender la democracia y no para destruir el Estado de derecho, como lo es reconocer la autotutela. Mucho más grave es imponerles a los jueces esa tarea.
Lo que está haciendo la derecha me parece peligroso, porque busca terminar con la atribución que tienen los jueces de aplicar las penas conforme a lo que ellos estimen en un debido proceso.
Hago un llamado a acoger la posición del gobierno para tener una herramienta que realmente sirva, y no este ejercicio de populismo penal que nació en el Senado y que ha sido empeorado en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.
Aquí debe primar la responsabilidad y la racionalidad. Por eso, llamamos a aprobar el proyecto, pero debemos hacer las correcciones que correspondan.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señorita Presidenta, hay que preguntarse por qué estamos hoy hablando de este proyecto de ley, sobre usurpaciones. La razón, simplemente, es la desesperación de muchas personas que han visto tomados sus terrenos durante semanas, meses, años e, incluso, décadas; personas que siguen pagando sus contribuciones y ven con angustia cómo su terreno -heredado de sus padres o de sus abuelos, o comprado con mucho esfuerzono puede ser utilizado por ellas.
Hay que desmitificar este proyecto. La iniciativa no busca criminalizar la pobreza -no utilicen ese argumento nuevamente-, sino que busca atacar a los loteadores irregul ares; busca terminar con las tomas de los narcos y con la asocia ción ilícita para hacer negocios con las tomas de terrenos. Eso está pasando hoy en nuestro país.
Cuando uno escucha a la gente del Partido Comunista y del Frente Amplio decir que aquí se está criminalizando la pobreza porque el Estado, y repiten diez veces “porque el Estado”, debo recordarles algo: ¡ustedes están a cargo del Estado! ¡Cumplan las promesas que hicieron! Díganle a la gente que no van a ser capaces de construir las 260.000 viviendas que prometieron, pero no estén echándole constantemente la culpa a otros de aquello. Reitero: digan que no van a ser capaces de cumplir su promesa.
Enfrentar el tema de la vivienda es mucho más complejo y no se logra simplemente diciendo que este proyecto criminaliza la pobreza, porque eso es una mentira.
En mi opinión, hay dos hechos fundamentales en esta materia. El primero sucedió en enero pasado, cuando la tercera sala de la Corte Suprema dictaminó que el propietario que había presentado un recurso de protección por una toma ilegal era quien debía otorgar una solución global a quienes se tomaron su terreno.
El segundo hecho ocurrió en la Delegación Presidencial de Valparaíso, cuando, en relación con la toma del terreno del padre de Valentina Correa, indicó que este se trataba de un problema entre privados.
El Estado, del que ustedes hacen gárgaras, no está llegando con soluciones habitacionales;
ni siquiera han sido capaces de construir las viviendas de emergencia.
Lo que estamos pidiendo aquí es simplemente tener la posibilidad real de enfrentar a los usurpadores de terrenos, esto es, a quienes roban los terrenos a las personas.
El Partido Comunista no dudó en presentar acciones judiciales e intentar expulsar a personas que hace años les estaban tomando terrenos. ¡Sean un poquito menos cara de palo!
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .
El señor RAMÍREZ (don Matías).-
Señorita Presidenta, el norte del país sabe de déficit habitacional, sabe de tomas y sabe de luchas por la vivienda digna.
En Tarapacá, con el ocaso de la industria salitrera, sus trabajadores y trabajadoras se trasladaron a los núcleos urbanos, particularmente al puerto de Iquique, para instalarse junto con sus familias en los terrenos disponibles.
Aquello, primero, dio pie a la organización de los pobladores en torno a la demanda por una vivienda digna, y, segundo, a una serie de políticas públicas que se levantaron desde los territorios. Al respecto, particularmente recuerdo las iniciativas promovidas por el entonces parlamentario del Partido Comunista Luis Valente Rossi para impulsar la regularización de los asentamientos creados por los pampinos.
Precisamente ese fue el temor que tuvo la dictadura cívico-militar y que la impulsó a tener un estricto control de la ocupación de los terrenos y de la actividad política en los campamentos. La autoconstrucción se trasladó al interior de las poblaciones ya consolidadas, aumentando el allegamiento y la cohabitación en los mismos espacios.
La figura del poblador como agente político y de transformación transita a la de un postulante a subsidios de vivienda, a un sujeto de políticas públicas. Emergen las políticas contra la pobreza que representan al habitante de campamentos como una persona pobre y como un sujeto carenciado a quien el Estado debe auxiliar.
Aquello, precisamente, ha dado lugar al negocio de algunas tomas que están en manos de inescrupulosos. Estamos dispuestos a legislar para evitar aquello, pero no a base de aberraciones jurídicas como la justicia por propia mano, como pretenden defender algunos.
Actualmente, la Región de Tarapacá tiene uno de los asentamientos más grandes no solo de la zona norte, sino del país. Alto Hospicio es una ciudad que ha crecido de manera rapidísima. En 1982, tenía cerca de cuatrocientos habitantes; en 2002, ya había cincuenta y cinco mil habitantes, y actualmente se estima su población en una cifra cercana a los ciento cincuenta mil habitantes.
Si bien la ciudad se inserta en una región con una alta inversión minera, aquello no se refleja precisamente en una mejora sustancial en las condiciones de habitabilidad de dicha población.
¿Cuál es la dificultad que tenemos en Tarapacá? Es importante recordar la historia. Gran parte de los terrenos disponibles para construir viviendas sociales, en el ocaso de la dictadura cívico-militar fueron traspasados a las Fuerzas Armadas o a privados que hoy especulan con la venta de dichos terrenos para obtener mayores utilidades o ganancias.
Eso impide consagrar una política habitacional digna en la Región de Tarapacá, particularmente en la comuna de Alto Hospicio. De hecho, el municipio de dicha comuna tiene catastradas más de ciento seis tomas.
No estamos dispuestos a criminalizar la lucha que actualmente tienen los habitantes de las tomas de Alto Hospicio.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .
El señor MELLADO (don Miguel).-
Señorita Presidenta, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando del Estado de derecho y del derecho de propiedad, los cuales están consagrados en la Constitución.
Aquí tenemos un doble estándar. Recordemos que el Partido Comunista mandó a desalojar con la fuerza pública a un grupo de personas pobres que se habían tomado un terreno de 5.000 metros cuadrados en Lo Barnechea. El objetivo -me parece bien, pues tenían razón- era recuperar su propiedad.
En la Región de La Araucanía usurpan a diario sus tierras a distintos agricultores, pero eso no lo consideran un delito. Ellos siguen pagando sus contribuciones sin poder ingresar a sus tierras. Ahora el Servicio de Impuestos Internos determinó que no paguen contribuciones los campos usurpados durante la vigencia del estado de excepción. El problema es que de los ciento seis casos que se han presentado ante el Ministerio del Interior, solo en nueve se ha dado este beneficio. Espero que sea administrativamente entregado de manera directa para que al menos no paguen contribuciones quienes han visto que sus terrenos no han sido devueltos.
¿Qué sucede cuando se toman un predio? Si a las doce horas no se desaloja en flagrancia por Carabineros, el dueño debe iniciar una verdadera procesión para intentar recuperar ese predio que es de su propiedad, que lo compró y que está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. ¡El predio es de él!
En Corral, la justicia determinó que las personas que habían usurpado un terreno y a quienes habían desalojado podían entrar cuando quisieran. ¡Es la cueca desnuda!
Aquí hay un tema clave. Si tengo un terreno y lo trabajo, es para mi familia, y yo determino lo que quiero hacer con él. No es un tema comunitario. Ya no estamos en la época de la reforma agraria.
Es importante que se establezca la flagrancia permanente para este tipo de delito; si Carabineros no puede ir en doce horas, que vaya en 15 horas. Reitero: lo importante es que la flagrancia sea permanente.
Otro aspecto importante es cómo voy a defender el terreno. Aquí no hay bandas de uno y otro lado; hay de un solo lado, y tienen armamento. Compran armas al precio que sea y las utilizan.
En Temucuicui estuvieron ocho horas disparándoles a carabineros y el Ejército no disparó ni un solo tiro. Tampoco hizo una redada y en ocho horas no encontró a nadie. Me parece muy raro. Dicho sea de paso, Temucuicui ha sido el principal usurpador. Las tres mil hectáreas que tiene son fruto de usurpaciones; después se tuvieron que comprar mil hectáreas.
Vamos a aprobar este proyecto tal cual está. Espero que pronto sea ley de la república…
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señorita Presidenta, quiero colocar algunos temas en el debate que se ha desarrollado profusamente en esta Corporación.
Quiero recordar algún aspecto de la Constitución de 1980, respecto de la regulación del derecho de propiedad. Allí se establece con claridad que la propiedad no es un derecho absoluto. Además, la Constitución señala que el derecho de propiedad tiene una función de carácter social. No es el derecho a la vida lo que algunos están defendiendo, sino el derecho de propiedad, que, repito, también tiene una función social.
La Constitución señala que la ley establecerá el modo de adquirir la propiedad; garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.
En el inciso segundo del número 24° del artículo 19 señala: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.”. Eso está en manos de la ley. El punto que quiero exponer es que aquí algunos, particularmente integrantes de la derecha, tratan el derecho de propiedad como el derecho a la vida, y pretenden ejercer la autotutela en situaciones que, sin lugar a duda, no corresponde.
La propiedad no puede estar por sobre la vida. La regulación establecida por el Código Penal, que puede, por razones de orden procesal o del tipo penal, no ser eficaz, está avanzando, se está perfeccionado, pero, obviamente, no puede pasar ciertos límites y entregar al dueño de un determinado predio o de una determinada propiedad el derecho de hacer justicia por propia mano.
No obstante reconocer el problema que hay en la demora en el tratamiento por los tribunales de muchas causas de la naturaleza que nos convoca, algunas normas de este proyecto de ley son excesivas y no pueden transgredir determinados límites. La postura que defiende la derecha transgrede esos límites y transforma la propiedad en un derecho absoluto, que no lo es, ni siquiera en la Constitución de Pinochet, y lo equiparan al derecho a la vida.
Por lo anterior, voy a votar varios aspectos del proyecto en contra.
He dicho.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-
Me ha solicitado hacer uso de la palabra la ministra del Interior, señora Carolina Tohá .
La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Señorita Presidenta, quien observe desde afuera este debate podría imaginar o llegar a la conclusión de que aquí hay una tremenda disputa, un desacuerdo profundo respecto de qué hacer con este proyecto. Siempre en sistemas en que existe oficialismo y oposición, las fuerzas que actúan en un debate tratan de diferenciarse. El problema es que a veces eso se exaspera al punto de que se pierde el sentido de la razón.
Todos saben en esta Sala que se requiere de una nueva legislación, que la actual no es suficiente para enfrentar los problemas que tenemos. Además, todos saben en esta Sala que este proyecto, así como está, está mal; no un poco mal, sino que está pésimo.
Todos reconocen que aquí hay cosas que no son presentables, pero hay temor de enfrentar un clima que se genera desde este mismo debate. El clima de opinión pública no es como una cosa de la naturaleza con la que tenemos que lidiar. La opinión pública se genera también a partir de las vocerías públicas, de lo que las autoridades decimos respecto de los problemas, y cuando pintamos los problemas como que fueran más simples de lo que son, y las soluciones como algo que se hace de un plumazo, es natural que después cueste explicarle a la opinión pública que las cosas realmente son más complicadas, y que si queremos hacerlas bien, hay que tocar no solo una tecla, sino varias teclas.
Este proyecto tiene que tocar varias teclas; tiene que endurecerse respecto de una serie de situaciones, pero no puede tratar de la misma manera otras que tienen otra naturaleza. Tiene que endurecerse, pero no al límite de permitir que cada uno, con sus propios medios, dispute sus derechos, lo cual, además -no sobra decirlo-, sería un nuevo factor de desigualdad.
¿Quién va a tener recursos para contratar huestes que vayan a recuperar bienes, y quiénes, en cambio, no los tendrán?
Si esto no se arregla en esta fase, en la que viene en el Senado y en las que pueden venir, como Ejecutivo vamos a hacer todo lo posible para que se despache una ley, porque se necesita, pero que salga una buena ley. ¿Por qué se necesita? En primer lugar, porque cuando hay usurpaciones, las personas que son propietarias de un predio, de un inmueble, que en Chile ciertamente son las que tienen muchos recursos, pero no solo ellas, porque muchas personas humildes tienen un pequeño predio, una casita, una herencia de una familia del campo, cuentan con herramientas muy débiles para defenderse. La usurpación es una falta; por lo tanto, quien la comete puede ser desalojado, pero no corre el riesgo de ser detenido, y puede volver una y otra vez a usurpar la misma propiedad.
A las personas que viven distantes de sus propiedades les es muy difícil resguardarlas, porque no están ocupadas permanentemente. En cambio, cuando esos propietarios tienen recursos, es mucho más fácil que vayan a tribunales o que tengan herramientas para hacer buenos cierros y, por lo tanto, puedan protegerse de ese abuso.
En segundo lugar, tenemos una situación nueva que antes en Chile o no existía o era rara, pero que hoy es muy común: estamos llenos de especuladores, de abusadores, de mafiosos que están ocupando esto para hacer negocios para vender segundas viviendas en terrenos que no son suyos. Hacen negocios para aprovecharse de personas que tienen necesidad de vivienda, organizan tomas y les cobran a esas personas por estar en la toma. Y no solo les cobran, sino que después se vuelven como una especie de autoridad de facto de la toma. Cuando en esas tomas, además, se infiltran mafias delictuales de distinto tipo, estas mantienen sistemas de amenazas y extorsión que vuelven a quienes viven ahí doblemente vulnerables: son vulnerables porque no tienen viviendas y están en una situación irregular, y son vulnerables porque dependen de un sujeto que especula con sus necesidades para empoderarse y ganar plata.
Necesitamos de una ley que controle esas situaciones. El Ejecutivo está de acuerdo en hacer eso. No solo el Ejecutivo, como entelequia, sino el Presidente de la República. El Presidente se comprometió con parlamentarios para avanzar en esta legislación y resolver este problema. ¿Y cómo se resuelve esto? En primer lugar, pasando de la falta al delito, de modo que usurpar un bien sea algo grave y quien lo haga pueda ser detenido.
En segundo lugar, transformando la falta en un delito que, para efectos de la acción policial, sea permanente y que, por lo tanto, en cualquier momento el propietario pueda pedir el auxilio de la fuerza pública, a fin de que el bien sea recuperado.
En tercer lugar, acordando que a los campamentos en los que viven personas que llegaron ahí por una necesidad de vivienda no se les aplique esto, porque, si no, al día siguiente que se apruebe esta iniciativa, esas personas podrían ser detenidas. Todos o casi todos quienes están en esta Sala -no todos, porque Chile es muy desigual- tienen en sus distritos algún campamento y saben que las personas que viven ahí no merecen ser detenidas, sino apoyadas. Podemos hacer un proyecto que resuelva esas tres cosas; podemos hacerlo, pero tenemos que salir de la caricatura.
(Aplausos)
El Ejecutivo comparte y está de acuerdo con un proyecto que eleve la pena y que eso signifique detención; está de acuerdo en que la usurpación sea un delito permanente y está de acuerdo en excluir los campamentos, pero en lo que no está de acuerdo es en que la pena sea la misma para quien salta una reja y quien amenaza con una pistola a un propietario. No está de acuerdo, porque no es lo mismo saltar una reja que amenazar con una pistola a un propietario. Eso hay que cambiarlo, porque es impresentable. ¿Cómo va a ser lo mismo saltar una reja que amenazar a alguien con una pistola? El Ejecutivo no está de acuerdo con que la posibilidad permanente de que la policía pueda ir y actuar se asimile a que los dueños puedan armar un lote e ir con palos, piedras y armas a recuperar los bienes por sus propios medios. Por ejemplo, la persona a la que roban su billetera no puede hacer eso. Ella puede disputarla cuando se la están quitando; puede por doce horas actuar, pero después de eso no puede armar un lote para ir a recuperar su billetera con sus propias manos.
Es un avance civilizatorio tener el monopolio del uso de la fuerza y que no la utilice cada uno por sus propios medios, porque eso es volver al estado de naturaleza. ¡Eso es volver al estado de naturaleza! Que el Estado tenga falencias y no logre resolver bien todos los problemas no es estado de naturaleza, sino que es una sociedad desafiada a fortalecer su Estado. No confundamos las cosas. El estado de naturaleza es cuando uno renuncia a tener el monopolio del uso de la fuerza y dice: “Cada uno se las arregla solo, cada uno lo hace como pueda, cada uno queda a la buena de Dios”.
Aquí se han dicho varias cosas que no ayudan, que nublan y que confunden a la gente que nos escucha. No es verdad que este proyecto no sanciona a los especuladores y a los que hacen negocio, porque crea una figura nueva, que no existe, con penas agravadas para quienes hacen eso. No es verdad que el Estado no haga nada en materia de vivienda.
(Manifestaciones en la Sala)
Yo escuché atentamente, no interrumpí, y pido que siempre respetemos esa norma en esta Sala.
El Estado hace, ha hecho y tiene que hacer más. ¿Qué está haciendo el Estado en este momento? En lo que va de este año, en cuatro o cinco meses, el gobierno tiene entregadas 64.000 viviendas, tiene en construcción 129.000 viviendas, tiene a punto de comenzar la construcción de 75.000 viviendas en los próximos dos meses y va a dejar construyéndose 100.000 viviendas. Eso no es poco, pero sí es insuficiente. Si este gobierno cumple su meta de 260.000 viviendas, y la va a cumplir, no va a estar resuelto el problema de vivienda.
Desde el retorno a la democracia, el Estado ha construido no decenas de miles, no cientos de miles, sino millones de viviendas. ¡Millones! Pero esta sociedad ha cambiado.
En primer lugar, las familias se han vuelto más chicas. Entonces, el problema que uno antes resolvía con mil viviendas hoy lo resuelve con tres mil.
En segundo lugar, se han encarecido los arriendos a un punto que sectores de la población que antes podían arrendar ya no lo pueden hacer.
En tercer lugar, las ciudades han crecido mucho. Entonces, esto de construir en la periferia, donde es barato, ya no funciona. ¿Se pueden construir esas viviendas en la periferia? Sí, pero ya nadie puede vivir ahí, porque nadie puede vivir a una hora y media de su lugar de trabajo o de un colegio que funcione. Entonces, se ha vuelto mucho más desafiante el problema de vivienda. Por eso, tenemos que fortalecer el Estado, no denostarlo.
No es verdad -no solo no es verdad, sino que es una falsedad completa- que las usurpaciones están aumentando. El 2021, hubo 227 usurpaciones a esta altura del año; el 2022, primer año del gobierno del Presidente Gabriel Boric, hubo 103 usurpaciones, y este año ha habido 36 usurpaciones. Esa es la realidad de las usurpaciones. No están aumentando. ¿Pero saben lo que sí está aumentando? Estas especulaciones, estos negocios de segundas casas, estos abusos con la gente que no tiene vivienda.
El problema mayor de esta futura ley está en el norte, no está en el sur, pero en el sur hay que responder, porque en el sur hay mucha gente que ha vivido esto y lo ha pasado mal. Es verdad lo que se ha contado aquí respecto de que muchas familias -hemos estado con ellas- no pueden ocupar sus predios, porque los desalojan y se los vuelven a ocupar. Muchas de esas personas obtuvieron sus predios en la reforma agraria; no son empresas multimillonarias. Si lo fueran, se las arreglarían, porque contratarían unos abogados y tendrían cómo salir del paso.
Entonces, hoy tenemos la posibilidad de hacer una ley bien hecha, que excluya a los campamentos, pero a todos los campamentos, porque los parlamentarios plantearon -lo vimos aquí con datos que ustedes me mostraron; la diputada Pérez vino a mostrarme los datos- que existen campamentos que no están en el catastro. ¿Por qué? No sé por qué. Pero hay que hacer que todos los campamentos que existen y que son de verdad no entren en esta situación, porque eso además va a dar legitimidad a esta futura ley.
Entonces, en nombre del Ejecutivo pido que apoyemos un mejoramiento de la legislación, que demos más condiciones al Estado para combatir estos abusos, que protejamos a las personas que tienen una condición de vulnerabilidad y que viven en campamentos, y que no caigamos en la ley de la selva, porque nos costó mucho dejar eso atrás y no vamos a resolver nada si volvemos a ese camino que solo trae más violencia y más desprotección para la mayoría de las personas.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .
La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-
Señora Presidenta, el negocio que hacen en los campamentos los narcos y los loteadores corruptos, las tomas VIP y las extorsiones son evidentemente una realidad repudiable que requiere una intervención decidida del Estado, que además debe ir acompañada de los apoyos que en este caso está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hay un Plan de Emergencia Habitacional; 260.000 viviendas son parte de la meta. Estoy segura de que el Presidente Gabriel Boric hará todos los esfuerzos para superar esa cifra.
Este proyecto se hacía cargo de la situación compleja que estamos viviendo en los territorios, pero la derecha ingresó indicaciones que son aberrantes. ¿Cómo es posible que el dueño de un terreno podrá contratar a un grupo de matones para que saquen de su predio, incluso a balazos, a quienes están usurpando el terreno, sin importar el tiempo que llevan en la usurpación y sin que se requiera llamar a las fuerzas de orden? ¿Cómo es posible que un grupo de personas podrá detener, incluso amarrar, por ejemplo, a quienes estén usurpando un terreno?
¿Cómo es posible? Imagínese lo desproporcionado que es hacer algo así.
Ahora, veamos esta situación a través de los ejemplos. Un campista que pasa la noche en un terreno ajeno o unos estudiantes que se toman por algunas horas un colegio podrán ser repelidos violentamente por considerarse que están usurpando transitoriamente un inmueble.
Perdóneme, pero lo que ha hecho la derecha, la oposición, es enlodar el objetivo central que tenía este proyecto de ley. ¡Se ensañaron con las indicaciones! ¿Cómo va a ser posible que la usurpación con fuerza en las cosas -ese es otro concepto-, saltarse una cerca o romper un candado para ingresar a un predio tenga la misma sanción que tomarse un predio violentamente con armas?
En la Región de Atacama hay muchos campamentos que respetamos por su historia. Sabemos que la población crece y que muchas familias han tenido que recurrir a los campamentos por no tener un techo. Luego, esos campamentos se han transformado en grandes poblaciones, incluso muchas de ellas son históricas, con connotación nacional. Pero este proyecto es una indecencia y aberrante.
Por lo tanto, llamamos rechazar esta iniciativa. No se puede avanzar en una legislación a costa de criminalizar la pobreza en nuestro país.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta, dado que queda un diputado inscrito para intervenir y un minuto para que termine el debate, pido recabar el acuerdo para dar la palabra al diputado que falta que intervenga y después votar la iniciativa, porque si se inscribe un diputado más en esta discusión, no vamos a alcanzar a votar el proyecto.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Para ello se requiere unanimidad.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta, en todo caso, está solicitada la votación de cierre del debate.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Para un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .
La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-
Señora Presidenta, el artículo 280 de nuestro Reglamento, en su numeral 3, señala que interrumpir a un diputado o a un ministro de Estado que habla o hacer ruido perturbador en su discurso es una falta al orden.
El diputado Henry Leal no solo habla en un tono muy fuerte, sino que interrumpe a nuestra ministra, cosa que no se dio en todo el período anterior. Es distinto a interpelar. Hacer eso me parece que no solo es un desconocimiento de nuestro Reglamento, sino que una pésima falta de un diputado hacia una ministra.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .
El señor DONOSO.-
Señora Presidenta, artículo 82 del Reglamento. En primer lugar, le pido que le advierta a la ministra del Interior, quien se retiró de la Sala, que para dirigirse a los diputados debe hacerlo a través de la Mesa.
En segundo lugar, la ministra, al inicio de su intervención, trató de irracionales a los diputados que aprueban este proyecto de ley, lo que debe ser retirado de la versión de esta sesión, porque no corresponde que la representante del Presidente de la República, integrante de otro Poder del Estado, trate a los miembros de este Poder del Estado de irracionales.
He dicho.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Revisaremos la situación. Corresponde votar la clausura del debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa:
Alessandri Vergara, Jorge ; De la Carrera Correa, Gonzalo ; Lilayu Vivanco, Daniel ; Pérez Olea, Joanna ; Araya Lerdo de Tejada, Cristián ; Del Real Mihovilovic , Catalina ; Longton Herrera, Andrés ; Ramírez Diez, Guillermo ; Becker Alvear, Miguel Ángel ; Donoso Castro, Felipe ; Martínez Ramírez, Cristóbal ; Raphael Mora, Marcia ; Beltrán Silva, Juan Carlos ; Flores Oporto, Camila ; Matheson Villán, Christian ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Benavente Vergara, Gustavo ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Mellado Suazo, Miguel ; Saffirio Espinoza, Jorge ; Bianchi Chelech, Carlos ; Guzmán Zepeda, Jorge ; Meza Pereira , José Carlos ; Sulantay Olivares, Marco Antonio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Naveillan Arriagada, Gloria ; Trisotti Martínez, Renzo ; Bórquez Montecinos, Fernando ; Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes ; Ojeda Rebolledo, Mauricio ; Undurraga Vicuña, Alberto ; Cid Versalovic, Sofía ; Labbé Martínez, Cristian ; Ossandón Irarrázabal , Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Leal Bizama, Henry ; Pérez Cartes, Marlene ; Weisse Novoa , Flor.
-Votaron por la negativa:
Acevedo Sáez , María Candelaria ; De Rementería Venegas, Tomás ; Mix Jiménez, Claudia ; Ramírez Pascal, Matías ; Araya Guerrero, Jaime ; Delgado Riquelme , Viviana ; Molina Milman, Helia ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Arce Castro, Mónica ; Gazmuri Vieira, Ana María ; Morales Alvarado, Javiera ; Sáez Quiroz, Jaime ; Barrera Moreno, Boris ; Giordano Salazar, Andrés ; Mulet Martínez, Jaime ; Sagardía Cabezas, Clara ; Brito Hasbún, Jorge ; Hertz Cádiz, Carmen ; Musante Müller, Camila ; Santana Castillo, Juan ; Bulnes Núñez, Mercedes ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Cariola Oliva, Karol ; Lagomarsino Guzmán, Tomás ; Orsini Pascal, Maite ; Schneider Videla, Emilia ; Castillo Rojas, Nathalie ; Leiva Carvajal, Raúl ; Palma Pérez, Hernán ; Serrano Salazar, Daniela ; Cicardini Milla, Daniella ; Malla Valenzuela, Luis ; Pérez Salinas, Catalina ; Soto Ferrada, Leonardo ; Cifuentes Lillo, Ricardo ; Manouchehri Lobos, Daniel ; Pizarro Sierra, Lorena ; Tapia Ramos, Cristián ; Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto ; Medina Vásquez, Karen ; Placencia Cabello, Alejandra ; Ulloa Aguilera, Héctor .
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Por lo tanto, la discusión del proyecto queda pendiente para una próxima sesión.
Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta, resta solo la intervención del diputado Gaspar Rivas . Por lo tanto, si él retira su inscripción, podríamos votar hoy el proyecto.
La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-
Señor diputado, no es posible, porque ya fue votada la clausura del debate.
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