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- rdf:value = " La diputada Romero señaló que el proyecto busca incorporar en la ley N°20.066, de Violencia Intrafamiliar, la figura del pololeo y la violencia vicaria[4], permitiendo así que estos casos puedan ser objeto de vigilancia por monitoreo electrónico cuando se soliciten órdenes de alejamiento. Además, crea una sanción especial en aquellos casos en que el sujeto objeto de la medida se acerque a la víctima a sabiendas o debiendo saber que está incumpliendo la orden de alejamiento, o bien cuando no informe de la descarga del dispositivo o lo dañe.
Hizo presente que se establece un plazo de 72 horas para que el juez resuelva la solicitud de la víctima en cuanto al monitoreo telemático, una vez que se haya recibido el informe de factibilidad técnica y se establecen una serie de principios para la creación de la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgos que se creará a futuro.
Explicó que las leyes que se propone modificar son la ley N° 20.066, de Violencia Intrafamiliar, y la ley N°21.378, que establece monitoreo telemático en las leyes N° 20.066 y N° 19.968.
Por otra parte, se refirió a la importancia del proyecto, y señaló que del año 2020 al 2021 hubo un incremento del 18.8% en los casos de violencia intrafamiliar contra la mujer, registrándose en el 2021, 109.440 casos policiales asociados a este delito; y, que en el mismo periodo se registró un incremento del 7.3% de los femicidios frustrados, registrándose en el 2021, 163 casos asociados a este delito.
Por su parte, respecto de losa femicidios consumados, se pasó de 43 a 44 casos de 2020 a 2021. A continuación, destacó que desde el año 2010 (año en que se tipificó el femicidio) a diciembre del 2021, se contabilizó un total de 500 casos de femicidio, de los cuales un tercio de los ofensores presentaban antecedentes de agresión correspondientes a denuncias de violencia psicológica o intrafamiliar e inclusive órdenes de alejamiento.
Finalmente, manifestó que lo anterior evidencia la existencia de dificultades técnicas y prácticas a la hora de proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, lo cual pone en peligro la vida y la integridad física y psíquica de miles de víctimas de estos delitos. Esto hace reiterar la necesidad de que el Estado asegure la puesta en marcha de esta ley, puesto que otorgará una herramienta de supervisión e inclusive de persecución respecto de aquellos ofensores que puedan poner en riesgo a mujeres víctimas de la violencia de género.
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