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- rdf:value = " El señor LAGOS.-
Gracias, señor Presidente.
Honorable Sala, tengo el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, el cual, como se señaló recién, fue discutido solo en general por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y por la Comisión de Hacienda, que se pronunció respecto de las normas de su competencia.
Como se mencionó, y bien brevemente, los objetivos del proyecto son:
Reforzar las herramientas y recursos de Ministerio Público para fortalecer los procesos administrativos y la tramitación de las causas.
En segundo lugar, mejorar la eficacia de la investigación y la persecución penal.
También mejorar la atención a víctimas y testigos de delitos, de manera de ampliar la cobertura que presta actualmente el Ministerio Público.
Y, por último, perfeccionar los mecanismos de incentivos de desempeño para los fiscales y otros funcionarios del referido organismo.
Durante la discusión en nuestra comisión se recibieron opiniones de distintas instancias: del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su titular, señor Luis Cordero ; de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, a través del fiscal nacional, señor Ángel Valencia ; de la Defensoría Penal Pública, a través del defensor nacional, señor Carlos Mora ; de Carabineros de Chile; de la Policía de Investigaciones; de la Asociación Nacional de Fiscales; de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público Centro Norte; de la Asociación de Profesionales de la Fiscalía Sur; de la Asociación de Funcionarios de la Región de O'Higgins; de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur; de la Federación Nacional del Ministerio Público; de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público (Affremor), mediante su presidente , señor Claudio Carvallo ; de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip), a través del señor Freddy González ; del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante los asesores señores Claudio Rodríguez y Emiliano Salvo ; así como también se escuchó a la asesora de la Secretaría General de la Presidencia , señora Loreto González .
Hago esta extendida exposición porque, a raíz de esas intervenciones, se produjo un debate bastante profundo para la discusión en general del proyecto.
Quiero señalar que el mensaje que da origen a la iniciativa señala que el Ministerio Público ha debido enfrentar en los últimos años una carga de trabajo que se ha visto impactada por temas relacionados con fenómenos delictuales que son más complejos y, al mismo tiempo, más violentos, en donde se incluye la comisión de delitos graves de diversa naturaleza con la intervención de grupos organizados que cuentan con alta capacidad financiera y logística y que afectan a más de una región (no se halla concentrada en una sola sección del país).
Lo anterior corresponde a un fenómeno de muy rápida expansión y que da cuenta de un escenario nuevo cada vez más complejo de abordar.
En este contexto tiene lugar el presente proyecto de ley.
Se consigna que, entre los ilícitos de mayor complejidad y violencia, resultan particularmente alarmantes los homicidios y aquellos relacionados con el tráfico de drogas.
El proyecto, que consta de tres artículos permanentes y seis disposiciones transitorias, fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda.
Durante las sesiones, como señalé, se discutió la presente iniciativa de manera transversal, concordando en la necesidad de fortalecer la dotación de funcionarios del Ministerio Público. Con todo, durante el debate surgieron algunas preocupaciones.
Por ejemplo, los miembros de la comisión mostraron inquietudes sobre la forma en que podría ser distribuida la nueva dotación de funcionarios a lo largo del país, y también surgió el interés por revisar la gradualidad propuesta para la incorporación de nuevos fiscales, particularmente en lo relacionado con el primer año de implementación de la ley, en que, a juicio de la comisión -yo diría casi por unanimidad-, existiría una baja incorporación. El número global nos parece aceptable, pero nos gustaría una gradualidad distinta. Está muy cargada hacia el final y no desde el principio del proceso.
Al mismo tiempo, algunos señores senadores de la Comisión de Hacienda manifestaron su interés en estudiar la situación en la que se encuentran los abogados asistentes dentro del Ministerio Público y las limitantes que tendrían en la posibilidad de ascender en su carrera funcionaria, considerando además la alta carga de trabajo dentro de las fiscalías y la variedad de tareas que deben cumplir sus funcionarios.
En otro orden de ideas, se consultó tanto al Ejecutivo como a los expositores invitados sobre la manera en que confluyen las capacidades del ente persecutor con otras instituciones relacionadas con la persecución penal pública.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos , señor Luis Cordero , quien se encontraba presente cuando se discutió en general este tema, informó que algunas de las inquietudes planteadas eran competencia del Ministerio Público y de su fiscal nacional más que de la Secretaría de Estado que representa, como la distribución de nuevos fiscales en el territorio nacional. Pero no así la gradualidad, que ya depende básicamente del Ejecutivo.
Adelantó que como Gobierno estaban disponibles para realizar algunos ajustes al proyecto, como aquel que dice relación con la gradualidad del incremento de la dotación de fiscales y de funcionarios durante el primer año de implementación de la ley, en el entendido de que debiesen considerar una mayor cantidad de fiscales que los diecisiete originalmente contemplados.
De igual manera, en respuesta a las inquietudes planteadas referentes a la manera en que se vincula el fortalecimiento del Ministerio Público con el funcionamiento del resto de las instituciones involucradas, el ministro de Justicia enfatizó que el sistema de enjuiciamiento criminal no solo debe garantizar su funcionamiento, sino que también debe actuar de manera oportuna, pues aseveró que es la única manera de derrotar la impunidad, lo cual no solamente considera el castigar a quien ha cometido un delito, sino que además hacerlo con prontitud.
Puesto en votación general, el proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión, senadores señores Coloma , García , Insulza , Núñez y quien habla.
Respecto de los impactos fiscales del proyecto de ley, señor Presidente -y aquí voy terminando-, ciertamente que implica un mayor gasto fiscal, el cual se encuentra determinado por los tres elementos siguientes:
El fortalecimiento de las funciones del Ministerio Público, por una parte, la creación de la Unidad de Supervisión y Control de la Persecución Penal, así como las distintas asignaciones profesionales que se consideran.
De esa manera, la implementación del proyecto irrogará un mayor gasto fiscal, ascendiendo desde los 8.619 millones de pesos el primer año desde la promulgación de la ley hasta más de 48.000 millones de pesos al cuarto año. Y en régimen alcanzará alrededor de 43.500 millones de pesos anuales.
Este gasto se va a financiar, durante el año que entre en vigencia la ley, con cargo a la partida del Ministerio Público; no obstante, el Tesoro Público se hará cargo de la diferencia en caso de ser necesario.
Eso es cuanto puedo informar, señor Presidente.
"
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