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- rdf:value = " La señora RINCÓN.-
Presidente , estamos discutiendo un proyecto que, sin lugar a dudas, es tremendamente importante para avanzar en la deuda que tenemos en materia de seguridad con nuestros compatriotas: el fortalecimiento de nuestro sistema judicial mediante la reforma a la ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y a la ley 20.240, que regula los incentivos al desempeño de fiscales y funcionarios de dicha institución.
El corazón de esta reforma se condice con la necesidad de tener un Ministerio Público robusto, eficaz, transparente y justo para acercarlo a su objetivo: el servicio a las personas. Lo anterior, mediante medidas que resultan ser las más significativas desde la creación de esta institución, proponiendo un incremento de 819 cargos.
Así, esta iniciativa se enmarca en tres pilares fundamentales.
El primero es el incremento de dotación señalado. Se busca dotar de mayor personal a nuestras fiscalías regionales para que puedan responder con agilidad y efectividad ante la criminalidad, especialmente en las horas críticas que siguen a un acto delictivo.
Segundo, el fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos. El proyecto coloca en el centro a las personas, reconociendo la especial sensibilidad requerida para atender a víctimas de violencia intrafamiliar, delitos sexuales y crímenes contra menores.
Un modelo de atención oportuno y especializado es esencial para restaurar la confianza. Este es un aspecto largamente sentido y solicitado por las asociaciones de víctimas de la delincuencia, que sienten no ser atendidas y estar a merced de grupos de delincuentes que cada vez parecen estar más organizados.
Tercero, la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal. Este organismo será garante de que las directrices del fiscal nacional se cumplan, mejorando así la calidad del sistema persecutorio.
Adicionalmente, la propuesta incluye cambios en la estructura organizacional y en los incentivos de remuneraciones. Modificamos la regulación de los fiscales regionales para aprovechar la experiencia acumulada y extender las asignaciones profesionales al personal administrativo y auxiliar, homologándolas a las del Poder Judicial .
Este proyecto de ley no es solamente una reforma; es un compromiso con la justicia.
Señor Presidente, esta reforma legal es una iniciativa que busca poner fin al impuesto invisible de la delincuencia que afecta a toda la sociedad, pero con mayor fuerza a los barrios vulnerables y de clase media que no pueden destinar recursos para seguridad, por lo que depositan su confianza en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que el Estado puede proveer.
Además, este proyecto va en la misma línea de lo que venimos planteando hace bastante tiempo con relación a aumentar los recursos del Estado para la prevención de los delitos y también para la persecución de los mismos.
Es así como en la discusión del Presupuesto para 2024 insistimos en la necesidad de aprobar una glosa de 2 mil millones para la instalación de inhibidores de señal en las cárceles y así dar cumplimiento a la ley que impulsamos para prohibir celulares en estos recintos.
También nos enfocamos en la necesidad de aumentar los recursos para la coordinación entre las policías y el Ministerio Público. Para eso aprobamos un aumento del 4,3 por ciento para el Ministerio Público y de 4,9 por ciento para gastos de personal.
Con todo, sabemos que puede no ser suficiente. Gracias a las cifras que hoy conocemos, entregadas por el propio Ministerio Público, podemos saber que entre el 2006 y el 2022 ha existido un incremento del 44 por ciento de los casos ingresados, lo que se traduce, señor Presidente, en 1.764 casos por fiscal.
A ello se agrega que el incremento de los delitos de mayor complejidad y violencia entre 2006 y 2022 fue de 179 por ciento. Y, con relación a los homicidios, la tasa ha superado el promedio mundial del año 2022, alcanzando un 6,7 por ciento cada 100 mil habitantes. Si lo vemos por zona geográfica, claramente esta cifra se dispara.
Señor Presidente , esta iniciativa tiene un objeto claro: combatir la impunidad y reforzar la capacidad institucional para investigar y perseguir delitos.
El proyecto incrementa significativamente las dotaciones, lo que es esencial para que sean eficaces en sus funciones investigativas y sancionatorias.
Es urgente que los fiscales, quienes están al frente de la respuesta del Estado ante el crimen, sean escuchados y respaldados. La iniciativa no solo aumenta en números, sino que también mejora la estructura de trabajo, enfrentando de manera más efectiva la amenaza constante del crimen organizado en Chile.
Por eso, señor Presidente, votamos a favor.
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