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- rdf:value = " El señor AEDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Giordano .
El señor GIORDANO.-
Señor Presidente, hace dos semanas, junto con la diputada Maite Orsini , fuimos a la Toma 17 de Mayo, en Cerro Navia, o, mejor dicho, a lo que quedó de la toma después de su desalojo, un día antes del aniversario que cumplían los pobladores y pobladoras.
Hoy, alrededor de una veintena de familias viven en la calle y no tienen a donde ir. Hay gente de todas las edades -entre ellas personas mayores, algunas de ellas con enfermedades crónicas graves, como cáncer que tiene que pasar las noches de lluvia en una carpa improvisada, calentándose con una olla con brasas, y que no cuenta ni siquiera con un baño digno.
Ustedes se preguntarán cómo esas familias, todas trabajadoras, por cierto, pueden sobrevivir en esas condiciones. Principalmente, la respuesta es la organización. Esa misma organización que les permitió formar una comunidad funcional y segura, mucho más que en las poblaciones aledañas, porque no son delincuentes, narcotraficantes ni tampoco drogadictos, sino que son miembros de una organización, lo que les significó tener más de cien reuniones con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para formalizar su apoyo a un proyecto habitacional todavía sin éxito.
Por todo lo anterior, no se explica el nivel de violencia con que se desalojó, llevado a cabo el día antes del aniversario. No les dejaron sacar sus pertenencias, sus mascotas -varias de ellas, masacradas-, ni siquiera sus cédulas de identidad. Hubo alrededor de mil carabineros para ciento ochenta familias. Niños y niñas que se preparaban para ir al colegio fueron gaseados con gas lacrimógeno.
¿Se ocupa esa misma cantidad de efectivos policiales para hacer frente al crimen organizado? El resultado de hacer esto previo a un temporal son dos vecinos muertos, posteriormente: uno por un infarto y otro por un accidente cerebrovascular (ACV) en los albergues.
Es inaceptable que el derecho a la propiedad privada se anteponga a otro derecho humano fundamental, como es el derecho a la vivienda, solo porque la jurisprudencia de la Corte Suprema ha cambiado y actualmente vulnera los tratados internacionales ratificados por Chile que prohíben desalojos masivos. Aun así, ese fallo contemplaba diversas medidas necesarias para que estas familias no quedaran en la calle. La municipalidad a cargo del alcalde Tamayo no se hizo presente para llegar a una solución en los cinco años que estuvo la toma. Los subsidios de arriendo, los gastos de traslado y los albergues no estuvieron disponibles antes de la fecha que había fijado el tribunal.
Por eso, solicito oficiar al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la delegación presidencial, a la municipalidad, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la Defensoría de la Niñez, para que nos expliquen la violencia y las eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales en este desalojo, y que también nos informen si el fallo cumplió con los tratados internacionales y los criterios utilizados para el número de efectivos policiales ocupados.
Por más que exista una orden judicial y administrativa de desalojo, si esta no respeta los derechos humanos, se vuelve arbitraria.
He dicho.
El señor AEDO (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
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