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- rdf:value = " El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, no hay cifras muy recientes respecto de la reincidencia en nuestro país, pero sabemos que las cifras son altas.
Cuando comenzó la tramitación de este proyecto de ley en el Senado, se habló de que el año 2018 se registraron 106.000 detenciones por delitos de mayor connotación social y que, de ellas, 61.900 delitos fueron cometidos por reincidentes. Esto es más de la mitad, es un 58 por ciento. El año 2019 esto aumentó a un 59 por ciento. Además, de un total de 12.670 detenidos por robos, el 84 por ciento eran reincidentes y el 57 por ciento tenían más de diez detenciones.
Aquí estamos tomando como referencia el Chile de antes, ese país un poquito más seguro en el que vivíamos antes de que se descontrolara la inmigración ilegal y de que el estallido delictual terminara por descomponer la paz social.
Chile no está rehabilitando ni reinsertando a los delincuentes. Esa es una realidad. Los programas que hoy se aplican tienen un impacto bajísimo. Incluso, sabemos que mientras más tiempo pasan los delincuentes en la cárcel, peor se van poniendo.
Estamos acostumbrados a las críticas y los lamentos de la izquierda por la poca reinserción y la mala calidad de las cárceles, pero ellos hoy son gobierno y lo han sido muchas veces, y yo me pregunto qué han hecho.
Por eso, hay que hacerse cargo. Creo que este proyecto de ley nos acerca más a las soluciones reales, aunque todavía faltan muchas medidas por delante.
Este proyecto de ley de reincidencia contempla muchas cosas, pero voy a mencionar solo algunas que considero más relevantes.
En primer lugar, se establecen nuevas reglas de determinación de la pena, que obligan a los jueces a tener una mano más dura. Chile ya se aburrió de la mano blanda con los criminales.
En segundo lugar, los acuerdos de cooperación eficaz, que son un arma de doble filo, sin duda, porque permiten que personas que forman parte de organizaciones criminales reciban eventualmente una pena más baja solo por entregar información que permita condenar a otros. Pueden ser una buena herramienta, pero la Fiscalía tendrá que aplicarlos con prudencia, y dejo eso muy claro.
En tercer lugar, la fundamentación obligatoria del archivo provisional. Se va a acabar el archivo a mansalva de delitos denunciados por todos quienes alguna vez hemos sido víctimas.
En el caso de un delito que tenga pena de crimen -estamos hablando de cinco años y un día o más-, la Fiscalía tendrá no solo que informarle a la víctima que la denuncia fue archivada, sino también indicar las razones para el archivo, además de todas las diligencias realizadas.
En cuarto lugar, la posibilidad de reformalizar dentro del plazo de la investigación. Esta es una buena noticia, ya que, en caso de surgir nuevos antecedentes, eso permitiría ampliar o modificar los delitos investigados, y así sancionar a los delincuentes con penas más altas.
Insisto en el punto: esto es un avance, pero falta mucho. También debemos asignar recursos a las cárceles, hacer más investigación, invertir más recursos y, en general, hacer más inversión en todo tipo de tecnologías, pero este es el camino de la mano dura, y esta es la verdadera justicia que hoy demanda Chile.
He dicho.
"
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