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- rdf:value = " En otro orden de ideas, el Honorable Senador señor Flores hizo presente que, conforme a la idea matriz del proyecto, no es el Estado a quien corresponde asumir el costo de los nuevos estándares de seguridad en las vías concesionadas. Trajo a colación las significativas ganancias obtenidas por las empresas encargadas de su construcción y administración, y juzgó que una parte debiera reflejarse en las prestaciones de seguridad ofrecidas.
Abogó por sumar una disposición transitoria que exija a las empresas con concesiones vigentes incorporar las medidas de protección y seguridad reguladas en este futuro cuerpo normativo en un plazo razonable.
De igual modo, resaltó que el objetivo perseguido originalmente por el proyecto de ley es que todo concesionario de obras viales proporcione y transmita al Ministerio Público y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de forma automatizada, en tiempo real e interoperando con ellos, cierta información básica de los vehículos que circulan. Atendidas las limitaciones humanas y la imposibilidad de disponer de un significativo número de policías para el monitoreo de las cámaras, instó a aplicar inteligencia artificial, tal como existe en Taiwán desde hace más de diez años.
Connotó que al menos diez concesiones se renovarán próximamente. Al tenor del texto actual, subrayó, no se les aplicarán las nuevas exigencias de seguridad, a menos que se enmienden los convenios celebrados y el Fisco asuma su costo. A mayor abundamiento, observó que la mayoría de los contratos concluirá entre los años 2034 y 2061, y relevó que el país no puede esperar hasta esa fecha para implementar las medidas de protección para los usuarios y sus bienes.
Por ello, insistió, en un plazo de dos años, contados desde la publicación de esta ley, todas las empresas concesionarias deberán actualizar sus tecnologías de control y vigilancia, permitiendo dar una respuesta adecuada y oportuna.
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