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- rdf:value = " El diputado Jaime Araya aclaró que la iniciativa no es una solución definitiva ni mágica, pero representa un paso importante para cerrar brechas legales y limitar prácticas irregulares. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) podría detectar discrepancias entre los ingresos declarados por ciertos abogados y su patrimonio real y, por tanto, evidenciar las inconsistencias que se presentan en el caso de los abogados que ostentan riquezas desproporcionadas frente a sus ingresos declarados.
Asimismo, el parlamentario enfatizó que el problema no recae solo en los abogados, sino también en las personas que efectúan pagos sospechosos, a menudo con fondos de dudosa procedencia, por ejemplo, personas de ingresos muy bajos que realizan pagos exorbitantes, a veces de hasta por 30.000.000 de pesos, o alcaldes acusados de corrupción que desvían fondos públicos para contratar abogados con montos desproporcionados, como se observa en casos emblemáticos. Sostuvo que, ante este tipo de situaciones, es necesario cuestionar el origen de los fondos.
Adicionalmente, el diputado precisó que el fenómeno en análisis afecta las finanzas públicas, pero también fomenta la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, los que, a su vez, son una amenaza a la democracia. De ahí, expresó, la importancia de establecer barreras legales más estrictas.
Además de eliminar el pago en efectivo a abogados defensores en determinadas causas, como hace el proyecto, el señor diputado propuso potenciar el rol del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) e, incluso, considerar a los abogados personas expuestas políticamente (PEP) para aumentar los controles.
También mencionó que quien no puede justificar su patrimonio y, por ende, contratar abogados privados tiene acceso a la Defensoría Penal Pública, que ofrece servicios de calidad con aranceles razonables.
En conclusión, el diputado Jaime Araya dijo que el proyecto es un avance significativo en la dirección correcta, pues limita el uso de recursos ilícitos, fortalece las instituciones y protege la democracia chilena.
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