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    • rdf:value = " MODIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN EN MATERIAS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA El señor GARCÍA ( Presidente ).- Entramos, entonces, al proyecto signado con el número 2 del Orden del Día, que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y otros cuerpos legales, en las materias que indica, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. El Secretario General hará la relación del proyecto. El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y otros cuerpos legales, en las materias que indica, iniciativa correspondiente al boletín N° 16.072-06. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma". --A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.072-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título. El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Los objetivos de este proyecto son modificar la Ley de Migración y Extranjería en lo relativo a prohibiciones de ingreso, causales de expulsión, proceso de nacionalización, registro de extranjeros, ingreso de menores no acompañados y sanciones por delitos relacionados con la migración. La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutió solo en general esta iniciativa de ley. La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señoras Ebensperger y Vodanovic y señores Kuschel y Ossandón. Asimismo, consigna que los numerales 38 y 39 del artículo 1 permanente corresponden a normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren de 26 votos favorables para su aprobación. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 19 y siguientes del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. Es todo, señor Presidente. El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Muchas gracias, señor Secretario , por la relación. Rinde el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización el senador Ossandón. Perdón, senador, si me disculpa, el senador Chahuán ha pedido la palabra por reglamento, en forma previa. )------------( El señor WALKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el senador Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Muchas gracias. Presidente , por acuerdo de la Comisión de Salud, pido que se abra un nuevo plazo de indicaciones, por dos días, para el boletín N° 11.518-11, que es un proyecto para estimular la actividad física y el deporte en establecimientos educacionales; una moción parlamentaria que ha sido patrocinada por el Ejecutivo. El señor WALKER ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para proceder a la ampliación del plazo en la forma solicitada por el senador Chahuán, en representación de la Comisión de Salud? Senador Chahuán, ¿sería tan amable de recordarle a la Secretaría el día y hora específicos, por favor? El señor CHAHUÁN.- Día viernes, a las 12. El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Acordado. --Se amplía el plazo para presentar indicaciones al boletín N° 11.518-11 hasta el viernes 10 de enero, a las 12 horas. )------------( El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Ahora sí, senador Ossandón, tiene la palabra. Disculpe. El señor OSSANDÓN.- Gracias. En nombre de la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización, tengo el honor de informar el proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y otros cuerpos legales, en las materias que indica, correspondiente al boletín N° 16.072-06, con urgencia calificada de "suma". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió solo en general esta iniciativa de ley, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señoras Luz Ebensperger y Paulina Vodanovic y señores Carlos Ignacio Kuschel y Manuel José Ossandón (4x0). El objetivo del proyecto es modificar la Ley de Migración y Extranjería en lo relativo a prohibiciones de ingreso, causales de expulsión, proceso de nacionalización, registro de extranjeros, ingreso de menores no acompañados y sanciones por delitos relacionados con la migración. Para su estudio la Comisión recibió a la ministra del Interior y Seguridad Pública , señora Carolina Tohá ; al subsecretario del Interior , señor Luis Cordero ; al director del Servicio Nacional de Migraciones , señor Luis Thayer Correa , y a su jefe de gabinete, señor Nicolás Torrealba ; a la directora de Organización Migrantas , señora Vanessa González Peña ; de la Corporación Humanas, a la abogada señora Laura Bartolotti Henríquez ; a la directora de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, señora Gabriella Hilliger , y al exdirector nacional del Servicio Nacional de Migración, señor Álvaro Bellolio , cuyas intervenciones constan en el informe que tienen a la vista. Después de escuchar a los invitados antes indicados, y de expresar sus opiniones, los integrantes de la Comisión aprobamos la idea de legislar por unanimidad, y solicitamos a la Sala adoptar igual determinación, fijando, si le parece, un plazo de indicaciones hasta el día 17 de enero del año en curso. Es cuanto puedo informar, señor Presidente. El señor GARCÍA ( Presidente ).- Muchas gracias, senador Manuel José Ossandón. ¿Habría acuerdo para abrir la votación? El señor OSSANDÓN.- Sí. El señor GARCÍA (Presidente).- Este es un proyecto que tiene quorum especial, así que vamos a tocar los timbres. En votación. Por supuesto, está abierta la inscripción para las señoras y señores senadores que deseen participar en la discusión; también para la ministra del Interior y Seguridad Pública, que se encuentra con nosotros. Si desea intervenir, no tiene más que solicitarlo. (Durante la votación). Senadora Paulina Núñez, ¿se inscribió? La señora NÚÑEZ.- Sí, señor Presidente . El señor GARCÍA (Presidente).- Tiene la palabra, senadora. La señora NÚÑEZ.- Muchas gracias, señor Presidente . Saludo, por su intermedio, a la ministra del Interior, que se encuentra aquí presente. Este es un proyecto de suma relevancia para el país, pero, evidentemente, lo es con más fuerza para el norte de Chile y principalmente para la región que represento, que es la región de Antofagasta. Estamos hablando de una iniciativa que modifica la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales con el objeto de llevar a cabo distintos cambios que permitan avanzar en una migración ordenada, segura y regular. Por lo tanto, hoy nos enfrentamos a la discusión de un proyecto, insisto, relevante y necesario para responder, al final del día, a los desafíos que tenemos como país en materia de migración. El proyecto propone modificaciones sustantivas que buscan ordenar los flujos migratorios, fortalecer la seguridad y garantizar derechos fundamentales, tanto para nacionales como para extranjeros. Es innegable que la realidad migratoria en nuestro país requiere un marco normativo robusto y actualizado -que siempre va a cambiar porque esta realidad también va avanzando- a los nuevos flujos migratorios. Y en tal sentido apoyo el proyecto, que hoy votamos en general. Sin embargo, no podemos pasar por alto ciertas materias que deben ser objeto de revisión en su discusión particular. La primera es que cualquier esfuerzo legislativo carecerá de sentido si no se establecen medidas efectivas para el cierre y control de nuestras fronteras. Desde este punto de vista, se hace imperativo avanzar en estrategias que limiten el ingreso irregular, ya que, de lo contrario, los cambios propuestos solo abordarán las consecuencias y no el problema de raíz. En segundo lugar, el transporte de personas se ha convertido en un negocio lucrativo en regiones como las del norte del país, transformándose en verdaderas mafias. Estas redes pueden generar ingresos diarios, ¡diarios!, de millones de pesos, operando sin controles efectivos y poniendo en peligro tanto a quienes migran como a las comunidades que los reciben. El proyecto contempla medidas para sancionar estas prácticas, las que deben ser claras para lograr desmantelar dichas redes del crimen organizado. En cuanto al requisito de diez años de residencia definitiva para optar a la nacionalización -que ha sido bullado, discutido y ha levantado distintas alertas-, es evidente que resulta excesivo, y así quiero dejarlo señalado en mi intervención. Actualmente, el otorgamiento de residencia demora entre tres y cinco años y en la práctica extendería el proceso a más de una década, pudiendo llegar a trece o quince años. Esto no solo genera una barrera desproporcionada en comparación con otros países de América Latina y el mundo, sino que también puede ser percibido como una medida arbitraria. Es necesario, entonces, encontrar un equilibrio entre el tiempo de residencia y el acceso a la nacionalización para promover la verdadera integración. No estoy de acuerdo en que se golpee -más aún cuando terminamos con una medida que a mi juicio, insisto, es arbitraria- a aquellos que han venido a aportar, a trabajar y que derechamente ya están con sus familias asentados en nuestro país. Respecto a las disposiciones relacionadas con la educación y la Junji, es importante revisar la resolución exenta que otorga prioridad a los hijos de extranjeros en situación irregular para acceder a jardines infantiles. Si bien la intención de esta norma es garantizar derechos fundamentales, resulta vital que las políticas públicas sean equitativas y no generen privilegios que puedan afectar la cohesión social, la integración, la inclusión, especialmente en comunidades con alta presión migratoria que han recibido una ola de migrantes, sin que nuestro ordenamiento jurídico haya sido adecuado y actualizado. Por último, reitero que no debemos premiar la irregularidad migratoria, pero tampoco podemos ignorar a quienes, estando en el país, insisto, contribuyen activamente al desarrollo de nuestra sociedad. Este proyecto debe enfocarse en una migración justa, ordenada y responsable, con una visión de integración que respete tanto los derechos de los migrantes como, evidentemente, de la ciudadanía chilena. En definitiva, el proyecto en tabla camina en la dirección correcta, a mi juicio, pero requiere ajustes significativos para que sea realmente efectivo y equilibrado con su idea matriz, con su objetivo. Confío en que durante la discusión particular se abordarán estas salvedades, permitiéndonos alcanzar una legislación que responda a los desafíos actuales y les cierre la puerta a quienes vienen a delinquir o han ingresado de manera irregular, no para que nunca más ingresen, sino que para que lo hagan como corresponde, respetando la ley. Insisto: incluso para aquellos que aspiran a la nacionalización en nuestro país, no establezcamos en este proyecto una norma arbitraria que les haga más pedregoso el camino que aquel que ya han tenido que recorrer en este desafío. Gracias, señor Presidente. He dicho. El señor GARCÍA ( Presidente ).- Muchas gracias, senadora Paulina Núñez. Se han inscrito para intervenir el senador Fidel Espinoza, la senadora Yasna Provoste y la senadora Luz Ebensperger. Senador Fidel Espinoza, tiene la palabra. El señor ESPINOZA.- Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero anunciar mi voto favorable a la iniciativa. Yo soy de las personas que consideran que los procesos migratorios, que pueden gustarnos o no, son un derecho humano. No soy de quienes enarbolan las banderas de la libertad, y tantas otras materias como esas, pero que luego proponen, entre otras cosas, dinamitar la zona fronteriza o colocar poco menos que cárceles especiales o "sitios de estancia", como los denominan, provisorios, para los migrantes. A mi juicio, los migrantes que salen de un país, por razones de carácter político, por ejemplo, porque son objeto de una dictadura, son personas que abandonan su patria con mucho sufrimiento: dejan de lado a sus familias, dejan de lado a sus hijos. Y por lo tanto las naciones tienen que ser, desde mi punto de vista, benevolentes con ellos. Estas personas llegan a otro lugar a desarrollar trabajos para poder mantener a sus familias y llevar una vida acorde a la civilidad. No estoy hablando de los inmigrantes que llegan a cometer delitos. Yo siempre he sido taxativo en que los procesos de expulsión deben ser mucho más rápidos, ágiles y efectivos para que no nos ocurra lo que nos ocurrió en Puerto Montt hace yo diría poco más de un año, cuando unos migrantes colombianos agredieron a carabineros en una población y casi les provocaron la muerte a algunos de ellos. El Presidente Boric , quien se encontraba entonces en Calama en una gira por el país, dijo desde allí, con la mejor de las intenciones: "Los vamos a expulsar de manera inmediata". Pero nos dimos cuenta de que eso no era fácil, que existía mucha burocracia para la expulsión. Incluso algunos dejaron sus domicilios durante largo tiempo, porque, cuando fueron requeridos por la acción policial, ya no estaban en ellos. Si no me equivoco, de las diez personas que participaron en la agresión, ni el 50 por ciento logró ser expulsado, y el resto lo fue después de largo tiempo, pues incluso instituciones nacionales salieron en su defensa. Digo esto porque este debate puede provocar diferencias, pero lo que no nos puede diferenciar es la convicción de que esas personas son seres humanos. Yo he escuchado discursos políticos en que algunos cuestionan poco menos que por qué las niñas y los niños extranjeros reciben atención en un cesfam, dejando de lado algo fundamental para cualquier legislador o cualquier persona que esté en política, como es, obviamente, la defensa y protección de los derechos de los niños, consagrados internacionalmente. He escuchado discursos, repito, en que se habla poco menos que de dinamitar la zona fronteriza, lo que encuentro inhumano, porque implica no entender que en Chile tenemos a compatriotas que con las famosas minas antipersonales vieron truncadas sus vidas por -valga la redundancia- una vida completa, al ver cercenadas sus extremidades. Entonces, yo comprendo que haya molestia por la inmigración vinculada al crimen organizado. Y ahí debemos tener un solo discurso: el migrante vinculado al crimen organizado debe ser expulsado de una manera mucho más expedita que la que hoy día tenemos. Y el proyecto ayuda en parte en eso porque reduce el plazo para impugnar, de diez días corridos a cinco días hábiles, y agiliza los recursos ante la Corte Suprema. La iniciativa en debate, que modifica la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales, viene a actualizar y reforzar disposiciones legales en materia migratoria, incluyendo nuevos criterios para el ingreso, la residencia, la expulsión y los derechos de las personas migrantes en Chile. Respecto a las restricciones de ingreso al país, se incorporan causales adicionales, como condenas por delitos de violencia intrafamiliar -lo cual me parece superbién-, crimen organizado (asociación delictiva) y delitos contra la libertad sexual. En el caso de las expulsiones, se amplían las causales de expulsión. En cuanto a los permisos de residencia, hay nuevas causales de rechazo y revocación, incluyendo sanciones reiteradas por "incivilidades". Con relación a los derechos sociales, el proyecto busca que la situación migratoria irregular no influya en el acceso a beneficios estatales si las condiciones económicas o de vulnerabilidad son equivalentes a las de los nacionales. Esto me parece un avance importante. No podemos negarles a esos niños y a esas niñas acceso a la educación, acceso a la salud y, por qué no decirlo, también acceso a una vivienda digna, siempre y cuando ello no repercuta en contra de un nacional que esté en un comité de vivienda, por ejemplo. En todo caso, el proyecto establece la obligatoriedad del enrolamiento de extranjeros en situación irregular para el acceso a la salud. En fin, creemos que estamos ante una iniciativa que constituye un avance importante en la materia. No tenemos que escandalizarnos por que esas personas sean, desde todo punto de vista, regularizadas. Son personas que le hacen un bien al país. En estos meses he escuchado a numerosos actores de la política hablar atrocidades de los migrantes, pero muchas veces van a un restorán y son los que mejor los atienden. O cuando vamos a echar gasolina a una Copec, los migrantes son los que mejor nos atienden. Por lo tanto, no hay que demonizar todos los procesos inmigratorios. A quienes pertenezcan al crimen organizado, creo que lo digo por tercera vez en esta intervención-, ojalá que los expulsen de inmediato. Pero hay otras personas que merecen una oportunidad. Nunca olvidemos que muchos de nuestros compatriotas fueron recibidos con los brazos abiertos en otras naciones cuando se vieron obligados a salir del país por razones políticas; fueron recibidos con cariño, con amor, pero también con derechos sociales. No debemos ser mezquinos en aquello. Considero que el proyecto es un avance en un proceso que obviamente debemos regular con mayor fuerza. Estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que reforzar nuestras fronteras: totalmente de acuerdo. Pero no seamos inhumanos en lo otro. Puede ser que eso sirva electoralmente, pero no grafica el buen sentido humano que cada uno de nosotros debe tener con personas que, repito, muchas veces dejan en su país de origen a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a todos sus familiares, y que claman por volver a verlos, pero que casi nunca tienen la oportunidad de hacerlo, por razones económicas. He dicho, Presidente . Muchas gracias. El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senador Fidel Espinoza. Ha pedido hacer uso de la palabra la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. Tiene la palabra, ministra. La señora TOHÁ ( ministra del Interior y Seguridad Pública ).- Muchas gracias, Presidente . Como es la primera oportunidad que me toca intervenir en la sala en este nuevo año, quiero desearles muchas felicidades a todos los integrantes del Senado, esperando que tengamos un buen año en el trabajo común que nos corresponda realizar en este período y que este sea fructífero. Este proyecto, con el cual nos toca partir como ministerio, es producto de un mensaje del Presidente de la República que se presentó con motivo de la toma de razón, por parte de la Contraloría, de la Política Nacional Migratoria, al interior de la cual había una serie de observaciones que dieron lugar a un proyecto de carácter misceláneo, porque, efectivamente, está compuesto por una serie de ajustes a la Ley Migratoria en materias muy diversas. Son ámbitos en los cuales la Ley Migratoria quedó resuelta de tal manera que la experiencia nos ha mostrado que se requieren algunas modificaciones: en algunos casos son ajustes menores; en otros, significativos. El grueso del proyecto corresponde al mensaje original del Presidente , aunque en algunas materias contiene modificaciones incorporadas en la Cámara de Diputados que nos preocupan y en las cuales esperamos hacer mejoramientos o ajustes durante la discusión en particular; pero nuestra solicitud e invitación es, ciertamente, a aprobarlo en general en este trámite y que después nos demos el espacio para corregir las cosas que sean necesarias. Voy a nombrar solamente algunos de los temas, porque, como se ha dicho, este es un proyecto misceláneo que contiene numerosas materias, cada una de las cuales ameritaría una explicación que nos tomaría mucho tiempo. Lo primero, de carácter general, que se ha mencionado varias veces en este espacio de debate es la extensión del ámbito de causales que pueden dar lugar a una prohibición de acceso al país. Se incorpora que las personas hayan tenido condenas por violencia intrafamiliar -lo mencionaba el senador Fidel Espinoza -, a lo cual se agrega una gama de delitos ligados al crimen organizado y todos los que implican una vulneración de la libertad o indemnidad sexual de las personas, incluido el estupro, la violación, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, entre otros. Por lo tanto, aquellas personas que cuenten con un prontuario en estas materias tendrían una prohibición automática de ingreso a Chile, por el hecho de tener esas condenas. En segundo lugar, se incorporan nuevas causales para rechazar o revocar permisos de residencia. Al respecto, algo muy significativo es que se incorpora -esta es una innovación importante-, como una razón para no renovar un permiso de residencia o para revocarlo, el tener sanciones sistemáticas por incivilidades. ¿Qué entendemos por "sistemáticas"? Que existan personas que han sido sancionadas tres o más veces por infracciones ligadas a faltas de tipo penal, que están establecidas en el Código Penal, o quienes tienen seis o más sanciones por conductas que están reguladas en ordenanzas municipales, mediante fallos de juzgados de policía local. ¿Qué significa esto último? Que las personas que no han cometido delitos, pero que tienen faltas reiteradas, que en el fondo son conductas contra la convivencia -eso son las faltas: conductas contra la convivencia-, van a tener dificultad para renovar sus permisos de residencia o pueden incluso perderlos si ya los tienen. Asimismo, se establecen normas sobre derechos sociales. Aquí se nos provocó efectivamente un problema. Nosotros esperamos que en la Comisión tengamos espacio para llegar a un acuerdo -vamos a presentar indicaciones en ese sentido-, atendido que en la Cámara de Diputados se habló muy ampliamente de un problema que ha existido todo este tiempo: la condición migratoria se evalúa como una razón de vulnerabilidad en sí misma. Y eso hace que haya una diferencia entre personas que están en condición social equivalente, es decir, en el mismo nivel de ingreso, mismo nivel de precariedad habitacional, mismo nivel educacional de los padres, porque, si a eso se suma el hecho de que algunas familias tienen una situación irregular desde el punto de vista migratorio, estas van a tener un puntaje superior para acceder a cupos, que son escasos, en el sistema escolar o preescolar. En la educación escolar eso pasa en algunas comunas del país, especialmente en el norte. En la educación preescolar ocurre en casi todo el territorio; en efecto, en casi todo Chile hay menos cupos que demanda. Entonces, como estos cupos se asignan por vulnerabilidad y se considera un factor separado, más allá de los efectos sociales en los ingresos, en el tema habitacional y en todas las otras materias que he mencionado, lo que termina sucediendo es que a igualdad de condiciones queda en desventaja una familia chilena... ..., por lo que se deben introducir enmiendas para que no sea un factor determinante la condición migratoria, sino todos los otros elementos sociales. (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa) En eso había un acuerdo transversal. Era la solución a este problema que permanentemente se ha estado reclamando y que es motivo de una discusión muy álgida, especialmente en lo que se refiere al acceso a salas cunas y jardines infantiles. Bueno, al final hubo un problema adicional. Se puso en la normativa la frase que dice que el Estado va a garantizar el acceso a la educación preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad en las mismas condiciones que los nacionales, y después se indicó que, existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia adicional. Hasta ahí había acuerdo. El problema es que se agregó a eso una frase que dice que sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales respecto de los migrantes. Ahí ya se terminó con la igualdad de condiciones, porque si uno dice: "van a acceder en las mismas condiciones" y, acto seguido, dice: "pero se podrá priorizar a uno respecto de otro", ya no estamos en igualdad de condiciones. Además, lo último es una contradicción con la primera frase y una vulneración de nuestros tratados, que establecen que en materia de educación debe haber igualdad de condiciones. Entonces, quisiéramos encontrar un acuerdo para priorizar aquello en lo cual transversalmente se dio una solución, lo que nos permitiría resolver lo que ha pasado todo este tiempo, que es lo que mencionaba anteriormente. Además, el proyecto contempla varias otras medidas. No las voy a relatar porque son muchas, como las que abordan lo relativo al transporte de personas migrantes. Es un gran tema porque se ha transformado en un negocio. Hay personas que comercian con el traslado de personas en la frontera: las traen o las sacan del país. Algo bien importante también es que se establecen normas referidas a la salida de personas de manera irregular del país. Y esto ha sido necesario porque la experiencia nos ha mostrado que una de las dinámicas que tiene el crimen organizado es actuar mediante personas que se dedican a circular entre distintos países: prestan servicios por pago, ingresan a un país, cometen un delito y se van. Por tanto, la salida del país es parte del modus operandi con que funcionan en ese mercado de crimen organizado, y necesitamos herramientas para poder perseguir no solo ese ingreso, sino también esa salida irregular, y a todos los que colaboran en facilitarla: en el traslado, en el cruce de la frontera, en esconder a la persona, etcétera. Hay normas en esa materia. Asimismo, muy importante, vamos a ponernos más rigurosos con el otorgamiento de la nacionalidad. Nosotros en Chile otorgamos la nacionalidad al cumplirse cinco años de residencia, y se entrega también de modo preferencial a los dos años de residencia para personas que tienen familiares acá. La verdad es que este estándar de acceso a la nacionalidad no existe en ninguna parte del mundo, ¡del mundo! Es extremadamente laxo. Por lo tanto, es necesario revisarlo y ponerlo a tono con lo que es más o menos el estándar internacional. Estamos llevando la exigencia a diez años de residencia definitiva para optar a la nacionalidad, lo que nos parece razonable. El punto no está incluido en este misceláneo, pero los debates están conexos con el proyecto que se analizó previamente. El Ejecutivo considera que la entrega del derecho a sufragio a las personas extranjeras, sobre todo cuando se tiene una migración masiva, como la que Chile vive hoy, va a significar que pronto habrá millones de votantes extranjeros: en una o dos elecciones más vamos a tener más de un millón de votos extranjeros. No hay ninguna razón para explicar que Chile sea el país más laxo, ¡del mundo!, en cuanto a entregar ese derecho en elecciones políticas. Así quedaríamos si no tomamos alguna medida: único país que a los cinco años de residencia entrega a extranjeros derecho a sufragio, sin pedir bilateralidad con el país de origen, en todas las votaciones, incluida la votación presidencial. Y no solo otorga el derecho a voto, sino que lo hace obligatorio y con inscripción automática. O sea, cualquier persona que llegue a Chile y viva aquí durante cinco años, aunque no tenga ningún arraigo con nuestro país, está obligado a votar, incluso en las elecciones más políticas, que son la parlamentaria y la de la Presidencia de la República . Eso nunca se discutió cuando se habló del voto obligatorio; pasó automáticamente sin tomar conciencia de que estábamos tomando decisiones en esa materia también. Como Ejecutivo creemos que, en el mismo acto en que establecemos sanción para quien no sufraga cuando hay voto obligatorio, con lo que estamos totalmente de acuerdo, debiéramos separar y analizar en su mérito cómo queremos regular el voto extranjero, no para impedirlo, sino para normarlo de una manera razonable y adecuada a los estándares internacionales: primero, el voto en elecciones locales, luego el voto en elecciones políticas reservado a personas que tienen una raíz, una pertenencia con el país, y no como algo que automáticamente se entrega a los cinco años y, además, se hace obligatorio, sin ni siquiera preguntar si hay algún tipo de adhesión o sensación de pertenencia a la comunidad política nacional. Esperamos que esto se apruebe en general. Es un buen proyecto, que aborda muchos problemas de la legislación actual, y en las materias en que los haya existirá espacio para mejorarlos en la discusión en particular. El señor GARCÍA ( Presidente ).- Muchas gracias, ministra Carolina Tohá. De reglamento, senador Iván Moreira. El señor MOREIRA.- Presidente , en este minuto está afuera el director de Migraciones . Nadie había pedido autorización para su ingreso y, como me encontré con él, al igual que otros colegas, quiero solicitarle que recabe el acuerdo para que pueda ingresar a la sala, porque hay varias preguntas que se le pueden hacer. Eso era todo, Presidente . El señor GARCÍA ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para que ingrese el director del Servicio Nacional de Migraciones? Así se acuerda. Queda autorizado para que entre a la sala. Senadora Yasna Provoste, tiene la palabra. La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente. Primero, quiero saludar a la ministra y, por cierto, al director del Servicio Nacional de Migraciones , Luis Eduardo Thayer , quien se encuentra con nosotros. Quiero partir señalando que voy a votar a favor de este proyecto de ley, porque nos parece que es importante que el Estado reconozca que ha tenido dificultades y que, particularmente, la crisis que se vive en la macrozona norte del país es una situación de la cual tiene que hacerse cargo. Cruzar las fronteras no significa solo que hoy día seamos capaces de establecer normas para decir, con mucha claridad, cuáles son las condiciones en las cuales las personas tienen que convivir en nuestro país. Y, por lo tanto, toda la integración que plantea este proyecto de ley, con sanciones frente a la incivilidad, nos parece que va en la dirección correcta. Con la misma claridad, debo señalar que hay normas que es necesario revisar, y particularmente me quiero referir, Presidente, al acceso a la educación. Lo digo porque me parece que en este proyecto de ley hay disposiciones que van en la dirección correcta respecto del interés superior del niño: por ejemplo, en el artículo 4, segundo inciso, se señala que, tratándose de niños, niñas y adolescentes, el Estado, a través de sus organismos pertinentes, "podrá solicitar colaboración a las autoridades competentes del país de origen o a los organismos internacionales para efectos de recibir la asistencia requerida o que sea necesaria". Nos parece que este inciso refuerza la protección de niños, niñas y adolescentes. Pero nos encontramos con que, en esta misma iniciativa, en su artículo 17, relativo al acceso a la educación, lo que se hace es generar una discriminación. ¿Qué dice el artículo 17? "Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media, a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales". Tal norma, que establece la posibilidad de priorizar a los nacionales para asegurar su derecho a la educación, en nuestra opinión, no solo constituye una discriminación arbitraria al acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, sino que además vulnera el artículo 19, número 2°, de nuestra propia Constitución, relativo a la igualdad ante la ley, y nuestra ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en especial su artículo 8, que consagra el principio de igualdad y no discriminación arbitraria. Presidente, en esto también veo una inconsistencia. Si uno quiere mirar qué está pasando en países que hoy día tienen una alta incidencia en la crisis migratoria en Chile, particularmente pensando en su principal nación de origen, que es Venezuela, basta ver el informe que recientemente hemos conocido, a través de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual permite identificar las principales tendencias y hallazgos relevantes del monitoreo sobre la situación de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Dicho documento nos dice que existen muertes, abusos, violaciones a la integridad personal y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e indica un promedio diario de ocho menores que ven vulnerados sus derechos. Ante ello, Presidente , en verdad, no me resulta muy consistente cuando escucho a mis colegas de la oposición, de la derecha chilena, que abogan por lo que está ocurriendo en Venezuela -¡bien por ello!-, pero proponen iniciativas que generan una profunda discriminación a esos niños y niñas cuando sus padres deciden migrar hacia acá. También quiero consignar que en el artículo 86, relativo a los impedimentos, se señala que "No podrán solicitar ni obtener carta de nacionalización aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: "1. Los que hayan sido condenados por hechos que en Chile merezcan la calificación de crímenes o simples delitos, sin que resulte aplicable para estos efectos lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal". Por su parte, en el numeral 2 del artículo 2 del proyecto, se indica que tampoco la podrán obtener los que no hayan aprobado el examen de conocimientos sobre culturas y educación cívica chilenas. Y, respecto de esta norma, se planteó que, en caso de reprobación o inasistencia, el extranjero no podrá rendir nuevamente dicho examen sino hasta un año después de verificada cualquiera de dichas circunstancias, salvo que haya reprobado o no asistido en tres oportunidades al examen, caso en el cual deberían transcurrir cinco años desde la última reprobación o inasistencia para poder rendirlo nuevamente. Así reza una indicación presentada a este proyecto de ley. A mí me parece que tales contenidos deberían considerar a lo menos materias relacionadas con historia de Chile, actualidad cívica, política, género y derechos humanos. Por lo tanto, hoy día es necesario revisar tal situación. Se sugiere también una revisión de la norma que está en el numeral 1 del artículo 3, que establece una agravante de responsabilidad penal para las personas extranjeras que cometen delito encontrándose en situación irregular en el país. Ello aplicaría no solo a las personas que ingresan irregularmente, sino también a las que, habiendo tenido permiso de residencia o de ingreso, no lo han renovado luego de su vencimiento. Estimamos que el sentido de la norma debería orientarse a las personas que se aprovechan de su situación de ingreso irregular para cometer ilícitos al no ser registrados ante la autoridad migratoria y/o policial. Además, Presidente , a quienes hemos trabajado largo tiempo en educación nos parece que hay una situación compleja desde el punto de vista de lo que ocurre en la escuela. Y este proyecto de ley no se hace cargo de esas dificultades. No tiene nada que ver con las indicaciones que se han presentado, respecto de las cuales -ya lo he señalado anteriormente- he expresado mi rechazo porque constituyen una discriminación arbitraria inaceptable. Reitero que la iniciativa no se hace cargo de los problemas que hoy día tenemos. ¿Cuáles son? Los estudiantes migrantes que ingresan al sistema escolar solamente tienen su identificación, su RUT, para matricularse, y no disponen de una ficha de registro social de hogares vigente. A la hora de definir quiénes son los estudiantes que acceden a las raciones de alimento, el establecimiento educacional realiza medidas objetivas, como priorizar de acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE). Como los alumnos migrantes no tienen registro social de hogares, carecen de una estratificación en tal sentido, por lo que quedan fuera del programa de alimentación escolar. Reitero: como los estudiantes migrantes no tienen registro social de hogares, el establecimiento educacional no puede impetrar por ellos la subvención escolar preferencial, que se hace de acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Escolar. Asimismo, cuando uno mira los datos generales, un establecimiento, pese a tener una alta concentración de alumnos migrantes, porque está en una zona dentro de una ciudad que acoge a muchos de ellos, puede estar sometido a un estrés financiero, por cuanto no les puede entregar todas las herramientas que sí les otorga a los demás estudiantes. Finalmente, se termina perjudicando a la propia comunidad escolar, porque se trata de estudiantes vulnerables ante los que se requieren mayores estrategias y herramientas para lograr desarrollar un aprendizaje significativo, pero no tienen acceso a la subvención escolar preferencial por no contar con registro social de hogares; y tampoco tienen acceso a la alimentación. Como carecen de todo lo anterior, el Índice de Vulnerabilidad Escolar de ese establecimiento educacional no los puede considerar y, por lo tanto, la comunidad escolar queda ajena a un conjunto de beneficios que sí debería tener. Ello no es atribuible a las indicaciones presentadas por la derecha en este proyecto de ley, que generan discriminación arbitraria, sino a problemas distintos que hoy día existen en el sistema escolar, de los que esta iniciativa no se hace cargo, para enfrentar la crisis financiera, particularmente, en la educación pública, porque los estudiantes migrantes en su mayoría llegan a ella. Por lo tanto, yo voy a votar a favor en general de este proyecto de ley. Espero que el Ejecutivo haga las mejoras que se requieren. Todo lo que hemos planteado relativo a subvención escolar es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Por tanto, vamos a saber verdaderamente si el Ejecutivo tiene la voluntad de hacerse cargo de lo que hoy están generando la alta presencia, particularmente en la macrozona norte, de estudiantes migrantes en el sistema escolar y la crisis financiera que conlleva, al no tener un instrumento que efectivamente garantice que esos estudiantes puedan aportar a la escuela la subvención escolar preferencial, solo por dar un ejemplo. He dicho, señor Presidente. El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Yasna Provoste. Se encuentran inscritos para intervenir la senadora Ebensperger, el senador Durana, el senador Quintana, el senador Kuschel, el senador Chahuán y la senadora Claudia Pascual, en ese orden. El señor MOREIRA.- Yo me inscribí también y me borraron. El señor GARCÍA ( Presidente ).- ¿Sabe lo que pudo haber ocurrido? Que cuando le dimos la palabra por reglamento se borró su inscripción. El señor MOREIRA.- Vean cuando la pedí. El señor GARCÍA (Presidente).- Sí, lo vamos a tener presente. Estaba justo antes el senador Quintana, me dicen. Ya, senadora Luz Ebensperger. La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente. Cuando uno escucha los distintos de algunos parlamentarios, yo al menos no puedo dejar de sentir frustración. Quiero partir señalando que Chile ha sido un país formado por inmigrantes; que no existe una región más multicultural que Tarapacá, desde los tiempos del guano con los chinos, de las salitreras y de la zona franca. Pero esos inmigrantes han ingresado regularmente, respetando la ley chilena, y se han incorporado a la sociedad para ser parte de la comunidad tarapaqueña. Y de ellos estamos agradecidos. Estamos agradecidos también de muchos médicos venezolanos que ingresaron legalmente durante el tiempo de la pandemia, y que ayudaron a que el hospital de Iquique pudiera salvar muchas vidas en la región. Sin embargo, Presidente , yo me rebelo cuando escucho aquí discursos que confunden absoluta y completamente la inmigración legal con la clandestina. Me rebelo cuando escucho a parlamentarios que representan y viven en regiones que no tienen el problema de mi región, que está colapsada, no solo de crimen organizado, sino también por la sobrepoblación de migrantes clandestinos, que efectivamente pueden tener numerosas necesidades. Pero esas mismas necesidades también las sufren muchos tarapaqueños, chilenos y migrantes regulares. Reconozco que en la ley migratoria que aprobamos el 2021 partimos muy distantes. Por eso destaco y agradezco la intervención en ese entonces del senador Insulza , quien integró la Comisión de Gobierno y que nos ayudó a avanzar en muchos aspectos. No llegamos a acuerdo en todo, pero sí concordamos en varios temas, sobre todo en aquel que significaba un punto de partida: si el migrar era un derecho humano o no. Teníamos posiciones irreconciliables, y el senador Insulza dijo: "Oiga, el derecho que tienen todas las personas es a la libre circulación. Pero, paralelo a ese derecho, está el derecho de los Estados, en este caso de Chile, de establecer requisitos para los ingresos". Y uno esperaría que el primer acto que hagan los inmigrantes que quieran venir al país, por muchas necesidades que tengan, no sea el infringir la ley. Yo comparto -y no necesitamos de esta modificación, porque la ley migratoria ya lo estableció- que los migrantes tienen derecho a la educación y, por cierto, a la salud. Pero cuando en mi región, durante los años 2023 y 2024, cerca de mil quinientos niños chilenos han quedado sin matrícula, entonces veo que el Gobierno confunde inmigración clandestina con legal al establecer que todos deben tener derechos. Yo creo que el hijo de un inmigrante clandestino debe tener derecho a la educación, pero cuando no hay vacantes suficientes, ¿quién tiene la preferencia? Y si no queremos establecer preferencia, me gustaría que el Estado abordara esta problemática, porque en el Presupuesto del 2024, aprobado el 2023, no hubo ni un peso -¡ni un peso!- para una nueva sala, para un nuevo colegio, al menos en aquellas regiones que tenemos este déficit. ¡Mil quinientos niños tarapaqueños sin matrícula el año 2024! ¿Y sabe cuándo les solucionaron el problema? En junio, ¡junio del 2024!, recién lograron entrar a un colegio. Ese niño perdió un semestre. Y cuando la mamá, desesperada, iba a la seremía a decir "no tengo un cupo", le respondían: "Exámenes libres". ¡Qué exámenes libres! ¡Qué solución es para un niño de primero básico, que tiene que saber leer y escribir, que usted le diga a la mamá "sométalo a exámenes libres"! ¡Eso es inaceptable! Si el Estado toma la decisión de que los inmigrantes, clandestinos o no, son iguales y tienen los mismos derechos, entonces debe crear las condiciones para dárselos, sin ir en desmedro de los chilenos, en especial de los tarapaqueños. Cerca de mil doscientos niños tarapaqueños están sin matrícula en los jardines infantiles de la Junji, porque esos establecimientos están colapsados por los inmigrantes que, según el instructivo de la Junta, deben quedar en primer lugar. Entonces, hoy día rasgamos vestiduras con la igualdad ante la ley, pero cuando esa igualdad ante la ley perjudicaba a los chilenos no volaba una mosca en este Senado. Siento que acá solo hay discursos desde regiones que no sufren los problemas que tenemos en el norte. Cuando yo fui intendenta de Tarapacá -y lo he dicho varias veces- entre el 2010 y el 2014, entregué mi región en marzo del 2014 con seis campamentos. Hoy día hay sesenta y nueve, uno de ellos el más grande de Chile, en circunstancias de que Tarapacá es una de las poblaciones más chiquititas a nivel nacional. Otros campamentos, como La Mula en Alto Hospicio, están colapsados, cooptados y tomados por el crimen organizado. Son verdaderas ciudades. ¡Se están pareciendo a lo que hay en México! Entonces, basta con los buenismos. Creo que a todos los niños hay que atenderlos -es cierto- y que todos tienen derecho a la educación. Pero cuando los que quedan afuera, por falta de matrícula, por falta de colegios, por falta de jardín, son los chilenos y tarapaqueños, yo no escucho a ninguna voz alzarse. Solo cuando son hijos de migrantes. Entonces, cuando rasgamos vestiduras con la igualdad de la ley, que sea para todos. Yo creo que el Gobierno trata de confundir. El gran problema del Ejecutivo es que para ellos todos los migrantes, legales o clandestinos, son iguales. Y lo peor que puede hacer es el perdonazo que ha anunciado. Porque, a pesar de lo que dice el subsecretario Cordero en el sentido de que no hay evidencia de que esto produzca el efecto señalado, sí la hay. Existen estudios en Alemania que desmienten esa tesis, y podría mandárselos a todos y cada uno de ustedes. Cuando un migrante quiere entrar a cualquier otro país por la grave crisis que vive Venezuela, se pregunta "¿A dónde voy? ¿Qué país elijo?" Y ve lo que pasa en Chile. Entonces, llega, lo reciben en la frontera, lo pasan a la PDI para que le haga el control biométrico, le dan alojamiento dos o tres días, con cuatro comidas diarias; después lo ayudan a buscar pega y le dicen: "Con pega y con control biométrico, yo lo regularizo". Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de entrar infringiendo la ley? ¿Cómo frenamos la inmigración clandestina si el que ingresa no sufre ninguna consecuencia? ¡Es más, lo premian! No es entendible ni aceptable lo que pasa en la frontera de Colchane, donde está el complejo aduanero. Cuando usted ingresa legalmente, lo pasan por un escáner, le revisan su vestimenta, el equipaje y todo lo que trae. Pero a cien metros ingresa un inmigrante clandestino y Carabineros, la PDI o las Fuerzas Armadas, que están ahí, no lo pueden revisar -¡no lo pueden revisar!-, salvo que haya indicios fundados de delito. Los que somos abogados y hemos leído el Código Procesal Penal sabemos que los indicios fundados de delito son difíciles de probar. Entonces, cuando una persona pone un pie en Chile -el ingreso clandestino en nuestro país tampoco es delito-, ¿cuál es el indicio fundado de delito para que la puedan revisar? Por lo tanto, esa persona a lo mejor entra con droga en su maleta, con dinero en sus vestimentas o con armas. Entonces, ¡okay! Acojamos a todos aquellos que queramos recibir, pero tengamos la capacidad de responderles a los chilenos. Y no acojamos a todos los que quieran venir a costa de los chilenos, particularmente de los tarapaqueños. Presidente, yo estoy de acuerdo con algunas normas de este proyecto, con otras no. Me preocuparé de hacer indicaciones, pero voy a votar a favor de la idea de legislar. He dicho. Muchas gracias. El señor GARCÍA ( Presidente ).- Muchas gracias, senadora Luz Ebensperger. Ofrezco la palabra al senador don José Miguel Durana. El señor DURANA.- Gracias, Presidente. Nuestro país, en especial en las regiones del norte, sufre diariamente y desde hace demasiado tiempo los efectos negativos de la inmigración irregular. La nueva ley de migraciones, a la luz de los resultados obtenidos desde su vigencia, claramente no ha resultado ser una herramienta eficiente para revertir esta situación. Por ello hoy votamos en general un proyecto de modificación, que busca recoger las múltiples inquietudes ciudadanas que surgen en esta materia. Es claro que la igualdad de condiciones entre chilenos y migrantes es un parámetro que debe ser respetado en todos los actos de la administración pública, para no incurrir en situaciones de discriminación que afecten a los chilenos por una interpretación arbitraria de protección a los migrantes. Es evidente que enfrentar el fenómeno de la migración irregular no es solo un tema normativo. Debemos recuperar decididamente los actos soberanos de control de la migración en nuestras fronteras y no podemos continuar con una permeabilidad fronteriza que hace inútil cualquier medida legislativa. Hace pocos días el Gobierno actualizó las cifras de los extranjeros que hoy viven en Chile y nos señaló que, a diciembre del 2023, aproximadamente el 10 por ciento de nuestra población es extranjera. La seguridad se ve afectada por los ingresos ilegales. Según Gendarmería de Chile, el 15,2 por ciento de los privados de libertad y el 13 por ciento de los victimarios de homicidio que están en nuestras cárceles corresponden a extranjeros, independiente de su condición migratoria. Y también nos enteramos de que se habría corregido la cifra de personas que se encuentran en situación irregular, la que, dada la corrección que ha sido informada por el Gobierno, se eleva a más de 380 mil personas. Además, cabe considerar que de 1 millón 80 mil personas que tienen cédula de identidad o que tuvieron cédula de identidad temporal, 600 mil pasaron a tener calidad de permanentes y 400 mil se mantienen en una condición que no sabemos si seguirá siendo temporal o si ellas se sumarán a las 125 mil que el Gobierno, como anunció, quiere regularizar. Finalmente, conocimos que el promedio de ingreso irregular a nuestro país en los últimos años es de más de 120 migrantes diarios. Esto nos debe llevar a una profunda reflexión como Estado en lo que respecta al impacto en los ciudadanos. Ya hemos escuchado latamente sobre el colapso de los servicios de salud, educación y vivienda, que reciben a un creciente número de migrantes, y de las respuestas que se requieren del Estado. Es necesario que no escatimemos ningún esfuerzo para recuperar la seguridad de nuestras fronteras. Tener un verdadero control de ellas es fundamental. Y esto no pasa por posiciones políticas, sino por un compromiso serio y efectivo en esta materia de cara a la ciudadanía. Es necesario que cada migrante que llegue lo haga por la vía regular, y que quien decida no hacerlo de esa forma sea sujeto a un control y verificación exhaustivos para determinar cuáles son sus antecedentes en forma previa a que esa persona circule libremente por el territorio nacional, como ocurre hoy. En estos días presenciaremos, al parecer, cómo en Venezuela se pretende perpetuar un régimen impuesto contra todas las normas de la democracia. Más allá de la responsabilidad de lo que va a suceder en dicho país y de todo el drama que enfrentan sus ciudadanos, nosotros debemos estar legal y administrativamente preparados para una nueva diáspora venezolana. Nuestros ciudadanos exigen legítimamente que el Estado dé una respuesta eficaz que esté de acuerdo a las circunstancias que se han de enfrentar. La inmensa mayoría de los chilenos exige que se establezcan medidas de seguridad y que se impida el ingreso irregular de los inmigrantes. Chile -y todos lo hemos escuchado- no tiene capacidad para recibir a un inmigrante irregular más. Por lo tanto, ojalá en el corto plazo se puedan implementar medidas de mayor infraestructura, física y digital, para el control fronterizo, o finalmente hacer más zanjas o dinamitar sectores para poner mayor dificultad en el tránsito de las personas, porque, aun con presencia militar, es solo una actitud disuasiva. ¿Y la mosca de la fruta, por ejemplo? ¡Nuestra región está invadida, pues! Y tenemos que generar controles, porque está perjudicando a nuestros pequeños agricultores, que han tenido que tirar al piso la fruta y la verdura para salvar la agricultura de todo el país. Obviamente, cuando se habla de centros de procesamiento por cuarenta y ocho horas, el único objetivo es que la persona evite el control biométrico y después no sepamos dónde está. Es decir, la idea en concreto es que el inmigrante que ingresa irregularmente no circule libremente por el país hasta que no sepamos quién es. Incluso, ha habido militares venezolanos que han ingresado a nuestro país. Por último, tengo la esperanza de que la reconducción con Bolivia y este acuerdo internacional finalmente funcionen. Voto a favor, Presidente . El señor GARCÍA ( Presidente ).- Muchas gracias, senador José Miguel Durana. )------------( El señor GARCÍA ( Presidente ).- Tenemos cuenta agregada. El señor Prosecretario dará lectura a ella. El señor BUSTOS (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento: "Informe De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica (Boletín N° 16.566-03) (con urgencia calificada de "suma"). --Queda para tabla". )------------( El señor GARCÍA (Presidente).- Continuamos con el uso de la palabra. Senador don Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Gracias, Presidente. Me parece muy bien este debate si lo comparamos con el que tuvimos tan solo hace un rato en una materia donde se intersectan temas migratorios como la discusión del voto para los extranjeros y la multa que eventualmente se les aplicaría cuando no voten, porque permite escudriñar un poco cuál es la viabilidad de las propuestas en materia de fronteras, que es uno de los grandes pendientes en nuestro país, pese a lo mucho que se ha avanzado. Hace poco una candidata presidencial nos manifestaba una serie de propuestas. Algunos colegas se han referido ya al dinamitado de la frontera, algo tan absurdo como inviable, por cuanto nosotros firmamos el Acuerdo de Ottawa, que impide aquello y que propicia un desminado que ya lleva por lo menos dos décadas. Ese acuerdo rige y obliga a nuestro país. Además, se señalaban propuestas en algunas materias que ya están legisladas, y otras que están incluso incorporadas en este misceláneo. También los mismos asesores que se mencionaban en esa presentación presidencial son los que participaron activamente en la ley que hoy día estamos modificando, la Nº 21.325, de 2021, que entró en vigencia el 2022. Los mismos asesores que se presentan en esta candidatura son los que nos llevaron a esta discusión, que ya ha tenido tres modificaciones: una es la referida a los plazos para la detención, algo bien relevante, el año pasado; otra la de las notificaciones y la última referida a la reconducción. Entonces, me parece muy bien esta discusión, porque no se trata de un proyecto más o de un proyecto caprichoso. ¡No! Aquí hay una discusión que es fruto del debate de la política nacional migratoria y, por tanto, responde a una estrategia. Y más allá de que en la Cámara se incorporaron algunas cosas que habrá que discutir bien acá, creo que este proyecto se hace cargo de muchos vacíos que dejó esa ley, que -insisto- rige a partir del 2022. Esta es la manera de fortalecer el control fronterizo, identificando un sistema de transporte -a esta altura, yo diría, una industria del transporte ilegal en la frontera-, con múltiples actores, de distinto tamaño, y del cual hay que hacerse cargo. Y este proyecto lo aborda. Hay una serie de incivilidades que se registran en nuestro país a las cuales hoy día se les está poniendo si no tarjeta amarilla en algunos casos, roja en otros, y se dice: "Mire, esto ya es conducente a una expulsión administrativa". Eso tampoco existía, como tampoco teníamos el plazo para la nacionalidad. Por eso yo vinculo este debate con la discusión anterior. Y si este proyecto se aprueba hoy día, creo que hay más razones para poner en pausa el que establece multas para quien no vota. Porque mientras el otro proyecto, en los hechos, está haciendo una especie de nacionalización forzosa -les recuerdo que la nacionalización es un proceso voluntario-, aquí finalmente lo que estamos estableciendo es un plazo mayor. Esto ha pasado todos los filtros y entiendo que hay un consenso de pasar de cinco a diez años en el plazo de la nacionalización. Aquí también nos estamos haciendo cargo de revocar el permiso de residencia. Hoy día no hay cómo ponerle límite. Por lo tanto, esta futura ley miscelánea aborda todos esos aspectos. En paralelo a esto va el acuerdo a que llegó precisamente la ministra del Interior , quien nos acompaña, sobre reconducción con Bolivia, que puede ser bien importante, así como toda la discusión política compleja que se dio hace algunas semanas con la reconducción. La reconducción no es distinta a la que se realizó en el Gobierno del Presidente Piñera, que se hizo con un número de migrantes muy superior a los que potencialmente podrían ser regularizados en este caso. Y entre regularizar y no regularizar, bueno, ahí se verá quién está del lado de la seguridad. Porque, finalmente, se establece una separación entre los que podrían delinquir y los que ingresan al país claramente por razones laborales, que entran porque tienen un contrato de trabajo y son personas respecto a las cuales uno podría presumir que no van a cometer delitos. Entonces, me parece que esa separación resulta esencial. La gran mayoría de los países que han abordado una discusión respecto de los temas migratorios hace una regularización, pero no a tontas y a locas. Porque lo que hubo años atrás era una simple regularización. En este proyecto se establece el empadronamiento biométrico y otras condiciones, algo más bien acotado. Por eso voy a votar a favor de esta normativa, Presidente, porque se hace cargo de muchos de los temas pendientes, cuestiones que había que complementar y corregir de lo que fue esa compleja discusión que tuvimos en el marco de la pandemia, durante el Gobierno anterior, y que probablemente no va a ser la última. Es factible que en el futuro vengan otras modificaciones. Aquí se ha hablado del tema educacional, que comparto. Efectivamente, en la región de Tarapacá hay un problema de oferta, particularmente en la comuna de Alto Hospicio, y probablemente va a requerir modificar otras leyes para resolver aquellos aspectos. Ahora quisiera dejar planteado el siguiente punto, tal vez a modo de consulta. En la Comisión de Seguridad, transversalmente, con el senador Flores, el senador Durana , la senadora Vodanovic y el senador Ossandón , presentamos una moción que castiga la delincuencia migratoria clandestina. Pues bien, ha pasado bastante tiempo; la iniciativa está aprobada en general. De acuerdo a lo que me decía el senador Flores, la próxima semana se votaría en particular, y ello de alguna manera está incorporado en este proyecto. Por consiguiente, le pediría al Gobierno que se hiciera cargo de eso. ¿Va a quedar como indicación en este texto o el Ejecutivo va a acompañar esta propuesta, que viene por unanimidad? De lo contrario, tendrá que tomar el camino de que la migración irregular se considera siempre un delito, tal cual algunos países lo han determinado y como también algunos parlamentarios lo plantearon en la Cámara de Diputados. Nosotros proponemos un camino razonable para hacernos cargo hoy día de una situación muy complicada, ya que cuando un tribunal sanciona a alguien por un delito de violación, de estupro, o lo que sea, finalmente nos encontramos con que esa persona entró de manera irregular al país. Por las razones anteriormente expuestas, voy a votar a favor en general del proyecto. El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Muchas gracias, senador Jaime Quintana. )------------( El señor PROHENS.- Presidente, punto de reglamento. El señor WALKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra, senador Prohens. El señor PROHENS.- Gracias, Presidente. Solicito autorización de la Sala para fijar un nuevo plazo, hasta las 23 horas de hoy, a fin de presentar indicaciones al proyecto que establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (Sigess), correspondiente al boletín N° 16.391-01. El señor WALKER ( Vicepresidente ).-} ¿Habría acuerdo para ello? Así se acuerda. El señor PROHENS.- Gracias, Presidente. )------------( El señor WALKER (Vicepresidente).- A continuación, le ofrecemos la palabra al senador Carlos Kuschel El señor KUSCHEL.- Gracias, señor Presidente. Este proyecto trata de modificar la Ley de Migración y Extranjería en lo relativo a prohibiciones de ingreso, causales de expulsión, proceso de nacionalización, registro de extranjeros, ingresos de menores no acompañados y sanciones por delitos relacionados con la migración. Se refiere, en particular, a protección de menores extranjeros; prohibición de ingreso y causales de expulsión; rechazo o revocación de permisos de residencia; mecanismos de control y sanciones; cambio en el acceso a derechos sociales; normas sobre nacionalización. Pero, aprovechando la presencia de la señora ministra del Interior, quiero reiterar una antigua queja que he hecho: no disponemos de los datos del Censo para saber dónde están los migrantes. Hace ocho meses se inició el Censo y hace seis meses concluyó. Sin embargo, no tenemos idea de cuántos habitantes somos, cuántos son chilenos, de qué edades, dónde están las viviendas, dónde están los campamentos, etcétera. Varios señores y señoras senadores han mencionado el problema que tenemos: con la inmigración hay un incremento en la demanda por educación, salud, vivienda, seguridad, empleo. Porque hay más gente que está llegando al país. Entonces, tenemos que responder con una mayor oferta para esos servicios. Pero, al igual que con los sistemas locales de educación, se ha rigidizado, centralizado, alejado, estatizado y llenado de burocracia la posibilidad de aumentar la oferta en educación, en salud, en vivienda, en seguridad y en empleo. La economía está estancada. Estamos llenos de cuellos de botella, especialmente en los distintos niveles de educación, particularmente en los menores, porque los inmigrantes en general son personas que vienen con muchos niños y se concentran en determinados lugares. Pero esos antecedentes los podremos conocer con los datos del Censo, pues no sabemos cuáles son. Está claro que se concentran en el norte, por lo que escucho de los señores parlamentarios; pero también tenemos problemas en el sur: las mismas rigideces. Y donde se han implementado los servicios locales el rendimiento es peor, por lo que nos estamos enterando. ¡Necesitamos una reacción rápida! Por eso, estaba aprovechando la atención, ¡la buena atención de la señora ministra del Interior ...!(la ministra del Interior hace abandono de la sala) , y la preocupación por esta materia. A mi juicio, debemos agilizar este asunto y reaccionar rápidamente con mayores posibilidades de oferta para incorporar a estas personas a nuestra economía cuando corresponda. Porque hoy día en lo concreto estamos dificultando el acceso de los inmigrantes a educación, salud, vivienda, seguridad y empleo; y, con ello, afectando la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y el empleo del resto de la población, de los chilenos. Gracias, señor Presidente. El señor WALKER ( Vicepresidente ).- A usted, senador Kuschel. A continuación, le ofrecemos la palabra al senador Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , hemos discutido largamente respecto de los derechos de los inmigrantes en nuestro país. Pero yo quisiera poner el foco en otro tema que vengo denunciando hace dos años: ¡los chilenos migrantes! Hace un par de años, estando en Tapachula, se estableció que Chile era el séptimo país con mayor cantidad de refugiados en México. Hablamos de niños de cinco años en promedio. Esto lo denunciamos. Iniciamos acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ante la Acnur. Quiero decirles que hoy día veinte mil niños chilenos han salido clandestinamente del país: ¡veinte mil niños chilenos! Y cuando se plantea un cuestionamiento respecto de esto, se dice: "Pero son haitianos". ¡No! No son haitianos, sino chilenos, nacidos en Chile, por el ius solis, con RUT de nuestro país. Ahí tenemos una vulneración grave de los derechos fundamentales de esos niños, niñas y adolescentes. Por tanto, quisiera hacer hincapié en esta materia. El Ministerio del Interior conoce esa cifra. Entregó los antecedentes a la Comisión de Derechos Humanos y a la Cancillería, que ha generado una alerta consular. Las cifras nos las proporcionaron tanto el Gobierno panameño como el mexicano. ¿Qué pasa con nuestro Gobierno y con el Estado de Chile al respecto? Esta no es una crítica a un gobierno en particular, sino hacia el Estado de Chile, puesto que es una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Algunos son hijos de migrantes que decidieron salir del país. Otros son hijos de matrimonios mixtos o de parejas mixtas, chilenos que iniciaron una relación de pareja con algún migrante. ¿Y qué pasa con sus derechos fundamentales? Entonces, tenemos una situación bastante compleja desde el punto de vista del debate, ya que hay cinismo. Porque, efectivamente, cuando se trata de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes chilenos que salen irregularmente por las fronteras; que deambulan por todo el continente, pasando por el Darién y llegando finalmente al límite con México para luego entrar a Estados Unidos, nadie dice nada. Hemos hecho seis conferencias de prensa: ni una letra en ningún medio de comunicación, quizás por el color de la piel de los niños. ¡Me parece vergonzoso! Ningún medio de comunicación ha planteado o le ha dedicado una línea a un tema que nos parece una vergüenza nacional. Entonces, hoy día estamos hablando justamente de la necesidad, por supuesto, de dotar de igualdad jurídica a los hijos de migrantes que se encuentran en nuestro país, lo cual considero que es un derecho humano fundamental. Pero también debemos preocuparnos de la situación de los niños chilenos que salen de nuestras fronteras. Presidente , me gustaría pedirle formalmente que se enviara un oficio a la ministra del Interior para que nos explicara qué pasa con esos veinte mil niños chilenos -¡niños chilenos!- que han salido por nuestras fronteras, cuyas cifras constan en documentos oficiales y respecto de los cuales nadie dice nada: ¡nada! Simplemente quiero señalar que acá hay un doble discurso. Quisiera que hubiera la misma preocupación, la misma empatía para velar justamente por los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Chile es un país que se construyó con migraciones, con la fusión de migrantes que llegaron a nuestro país. Pero también con la misma vehemencia y con la misma fuerza debemos cautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que salen irregularmente de acá. Quiero decirle, además, Presidente , que el promedio de edad de esos niños, según lo que nos informa la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es de cinco años. Muchos de esos niños salen sin padres, ¡salen solos! Y vemos, por ejemplo, a niños de doce años deambulando por el continente. Debemos hacernos cargo de esos temas, pues ciertamente es una situación gravísima. El senador José Miguel Insulza tuvo ocasión de concurrir a un encuentro internacional donde uno de los seis temas en discusión era: "Niños chilenos migrantes". Y acá, en Chile, ni los medios de comunicación -silencio cómplice-, ni las autoridades de Gobierno -silencio cómplice- ni nadie toma decisiones para que las cosas finalmente cambien y se adopten las medidas pertinentes. Yo espero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hemos hecho una denuncia formal, pida explicaciones a las autoridades de nuestro país. Concluyo con lo siguiente: fuimos a hablar con las autoridades del Censo, y queremos saber cómo se registran esos veinte mil chilenos que nacieron en nuestro país y que no están en Chile: ¡no son NN! ¿Qué pasa con esos niños chilenos? ¿Cómo se registran? Bueno, es parte de los cuestionamientos que debiéramos hacer, porque igualmente tenemos que cuidar, con igual celo, los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Gracias, Presidente . El señor WALKER ( Vicepresidente ).- A usted, senador Francisco Chahuán. Le ofrecemos, a continuación, la palabra a la senadora Claudia Pascual. La señora PASCUAL.- Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero señalar que, tal como llega este proyecto de ley hoy día a la sala, no es fácil dar el voto con tranquilidad, precisamente, porque nadie podría estar en desacuerdo con responder con una mejor regulación migratoria en nuestro país; con tener un mayor objetivo de control, de seguridad de nuestra frontera y enfrentar con más firmeza el tráfico y la trata de personas en Chile; con que se contemple la no vulneración en materia de derechos sociales de niños, niñas y adolescentes migrantes o de mujeres migrantes víctimas de violencia, etcétera. Sin embargo, este proyecto de ley también tiene una cantidad de temas que, en vez de mejorar esos ámbitos, van a generar más vulneración. Por eso digo que no es fácil votarlo: porque si uno rechaza la idea de legislar, se piensa que no se quiere mejorar y, por cierto, actualizar la ley de migraciones, y no es lo que me convoca; pero si lo vota a favor, sin el compromiso de que efectivamente este Senado y el Gobierno van a introducir indicaciones para mejorar todo lo que hoy día está siendo dañino en esta iniciativa, ¡chuta!, igualmente es arriesgado. Siento, obviamente, que en general siempre estamos convocados a manifestar opinión; por eso, salvo situaciones muy muy complejas, la abstención no es la primera opción en términos de votación, en mi caso al menos. Quiero hacer presente estas cuestiones, porque efectivamente entiendo que lo que debemos producir con este proyecto de ley no es centrarnos, y que sea el único tema que se toca, en la expulsión de migrantes ilegales o migrantes que están cometiendo -digamos- delitos en nuestro país, o que están vinculados al crimen organizado. No me cabe la menor duda de que en ello vamos a tener bastantes acuerdos. El asunto es que este proyecto de ley, en su artículo 17, por ejemplo, plantea graves discriminaciones y vulneraciones a los derechos de la infancia en materia de educación; plantea cuestiones complejas, en su artículo 28, con respecto a todos los niños, niñas y adolescentes que no se encuentren acompañados al momento de ingresar al país, y respecto a los cuales un tribunal de familia puede disponer su salida. En cuanto al ejemplo que acaba de documentar en su intervención el senador Chahuán , sobre los hijos de migrantes haitianos que son chilenos y que están siendo refugiados en México, nosotros también, con este tipo de artículos, vamos a seguir generando niños, niñas y adolescentes que deambulen por los territorios de América Latina sin acompañantes. Digo esto porque efectivamente es sumamente complejo. Creo que aquí no se pueden vulnerar esos principios de protección infantil, de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Pero además este proyecto de ley genera una situación compleja en materia de atención de salud. No solo está en las normativas internacionales, sino también en nuestra propia Constitución. Entonces, el que se exija para una prestación de salud un enrolamiento cuando puede estar la vida de por medio me parece delicado. Por eso digo que solo pongo estos puntos para ejemplificar cuestiones que indudablemente hay que abordar. Insisto, y lo señalo con harta responsabilidad, en que no se trata de decir: "Mire, en el punto anterior, no me importa si son extranjeros o no y que elijan al Presidente de Chile "; "En este punto, quiero que estén todos fuera el día de mañana", en fin. Creo que aquí debemos tener miradas mucho más integrales, más holísticas para mejor resolver. Y, desde esa perspectiva, a este proyecto de ley le faltan varios aspectos de mejora, de avance. Entiendo, por la intervención que hizo la ministra hace un rato, que hay un compromiso en cuanto al envío de indicaciones. Y aprovecho de decir que me parece que el plazo del 17 de enero solicitado por la Comisión cuando se hizo la relación del informe no es adecuado, al menos para que los demás senadores alcancemos a incorporarnos en este debate de forma más pormenorizada. En el Senado, en este minuto hay muchas discusiones de asuntos muy relevantes para el país, como lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones y una serie de otras iniciativas, y todos los plazos se nos juntan en los mismos días. Por eso señalo aquello, pues está bien la distribución de las distintas materias entre las comisiones, pero eso no puede restringir el debate por parte del resto de los senadores y senadoras. Por último, Presidente , quiero reiterar nuevamente, solo porque siento que hace mucho daño no generar más certezas en el ámbito legislativo, que voy a dar el voto a favor, pero bajo la condición de que efectivamente existan las indicaciones que realmente terminen con las vulneraciones que hemos ejemplificado acá. Me parece que es muy complejo que se mantengan y, obviamente, no van a permitir que se logre lo que la gente espera en materia de control y seguridad, sino que harán que precisamente nos sumemos a una situación mucho más errática y bastante más compleja, a vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes, sin generar ámbitos de debate en función de la nacionalización, etcétera, o de cualquier otro aspecto que pueda estar involucrado acá. Pero también quisiera plantear que nosotros tenemos hoy día situaciones de seguridad bien complejas, y no todas están vinculadas a la migración ilegal. Han salido reportes en distintos medios. Varios líderes del crimen organizado que se han estado buscando durante el último tiempo tenían la residencia. Lo digo porque colocar argumentos para un lado o para el otro en relación con cálculos para afectar a un grupo político o a otro no es lo que nos debiera convocar. Creo que esta es una discusión muy seria, ¡muy seria!, puesto que debemos hacer convivir el respeto a los derechos, a las dignidades de todas las personas, independiente de su origen, con su seguridad y derechos sociales y la seguridad pública de nuestro país. Entonces, son distintas las miradas que hay que colocar en juego y que siempre se deben ir ponderando. Muchas gracias, Presidente . El señor WALKER ( Vicepresidente ).- A usted, senadora Claudia Pascual. Le ofrecemos, a continuación, la palabra al senador don Alejandro Kusanovic. El señor KUSANOVIC.- Gracias, Presidente. La verdad es que acá se han tocado varios temas con respecto al problema que tenemos con la migración. Pero de repente se han mezclado con las migraciones legales que hemos tenido en Chile, que no han entrado por la ventana, sino por la puerta. Acá el problema es que el Estado ha dejado que se desborde la frontera, donde existe un descontrol total y nadie quiere tomar el control de ingreso de migrantes por el norte. Cuando ocurren situaciones ilegales de esta magnitud ello afecta, sobre todo, a las poblaciones cercanas a problemas limítrofes de este tipo, porque ellas están desbordadas. Entonces, acá hay un tema supergrave. Se habla en contra de tener un centro de refugiados. Pero en todos los países que reciben migraciones o han recibido olas de migrantes, como Estados Unidos -en Nueva York se estableció la isla Ellis- u otros, se implementan centros de refugiados donde se analiza, primero que nada, si ellos tienen enfermedades o no y se les aplica cuarentena. En Chile hasta lepra ha aparecido. No hemos hecho cuarentena; no hemos visto si poseen antecedentes; no hemos visto qué profesión tienen. Una migración ordenada se distribuye en el país de acuerdo con las profesiones, se dirige y se canaliza. Sin embargo, esto se ha dejado totalmente suelto, se ha realizado arbitrariamente. Y es más, los migrantes ni siquiera están ingresando por la puerta de entrada, sino que ahora lo hacen por cualquier parte. Cuando nosotros empezamos a exigir que tuvieran visa para entrar al país, lo que generamos fue que los que ingresaban por la puerta ahora entraran por el lado. Perdimos el control de la situación. El Estado de Chile ha actuado negligentemente con el tema de la migración, con la permisividad que ha habido. Hemos perdido el control de todo. Y esto no puede ser, porque está destruyendo en mayor parte a las poblaciones aledañas al problema. Reitero: hay un descontrol total, lo que no puede ocurrir. Así que lo primero que se debe hacer es cerrar la frontera para que no pase absolutamente nadie sin que Chile tenga el control de quién ingresa al país por puertas no habilitadas, por decirlo de algún modo. Eso no puede ser, por lo que es preciso hacer lo que sea necesario frente a ello; pero no lo hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a parar este tema? En forma urgente, antes de arreglar el problema interno que tenemos con los migrantes, debemos detener a los inmigrantes y tener un control absoluto de quienes entran en el norte de Chile. El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Muchas gracias, senador Alejandro Kusanovic. A continuación, le ofrecemos la palabra al senador Esteban Velásquez. El señor VELÁSQUEZ.- Gracias, Presidente. Quizás podemos decir, con bastante certeza, que se ha ido alejando un poco ese tono de hace algunos años en torno a criminalizar cualquier aspecto que se refiriera a la migración, donde incluso se exacerbaron por bastante rato, en los inicios, los discursos antimigratorios, al intentar mejorar las normas. Eso lo observábamos en varios sectores políticos y medios de comunicación, lo que llevó también a tener en algunos casos por parte de la ciudadanía una actitud hasta de odiosidad, que probablemente debe ser de las cuestiones más complicadas que se enquistan en la convivencia social, que es tan importante y es lo que finalmente la política busca con cada una de las normas: fortalecer y hacer una convivencia en orden a conceptos valóricos. Por cierto, el tono agresivo de aquel momento, cuando se hablaba de migración, no permitía aquello. Hoy los esfuerzos son distintos. Por supuesto que este mensaje del Presidente de la República apunta en ese sentido, donde hace una serie de propuestas. Además, me parece que acá gran parte de las reflexiones han ido en el ánimo de entender que son bien recibidas y, también, que resultan muy realistas. Queda algo de caricatura. Pero, Presidente , todos nos damos cuenta de que son las menos las expresiones que colocan algún concepto, alguna frase que llama a esta odiosidad que no queremos. Y, por lo tanto, hoy día tenemos una responsabilidad. Hay un proyecto misceláneo que aborda de manera muy certera elementos que estaban un poco en el aire. Y otros, efectivamente, tendremos que revisarlos con alguna detención. Porque en lo que no podemos caer nosotros, en estos esfuerzos que se hacen, es justamente en exacerbar dichas odiosidades. Una segunda consideración dice relación con que hay una serie de iniciativas en el marco migratorio donde he observado que en algunos casos esa trinchera de solo mirar al migrante como un enemigo se ha ido disipando, lo que abre un espacio bien importante, grande, amplio para alcanzar la construcción de un país distinto en términos de migración. Migración, reforma previsional y otras tantas tienen que ver con qué tipo de país estamos construyendo o qué valores propiciamos. Indudablemente, hay diferencias en esta Sala, en este Senado, sobre el concepto o idea de ciudadano que nos importa formar. Pero lo ventajoso y lo meritorio es que en el último tiempo hemos coincidido largamente en que ese es un problema, o a lo mejor un desafío, que debemos ser capaces de enfrentar con soluciones mucho más en común. Aunque haya sido un poco lento, finalmente nos hemos convencido todos -unos antes, otros después- de que estos flujos migratorios son un tema de orden planetario, cultural, que no se va a resolver simplemente porque pensemos que vamos a colocar toda la disciplina posible en la frontera o donde sea. Son temas de otro orden: social, político, económico, de desigualdades que hay en distintas sociedades, y esas se notan cuando vienen estos desbordes. A ratos, creo que hay más voluntad de la Sala de la Cámara de Diputados y también de la del Senado de llegar a acuerdos. Pero, claro, como le estamos hablando permanentemente a un electorado, nos quedamos en la mirada un tanto más de corto plazo. Sin embargo, Presidente, considero que es más esperanzador el mensaje que aborda esta materia, al igual que las reflexiones que se han planteado esta tarde. Aprovecho de saludar a una comuna donde hemos tenido reuniones de trabajo, que es fronteriza y que aparentemente no ha vivido lo que ha sucedido con Colchane. Me refiero a la comuna de Ollagüe. Hoy su alcalde y los concejales que lo acompañaban daban cuenta de su interés por abordar el problema no solo con la normativa que probablemente se va a aprobar o mediante otros cuerpos legales, sino que, además, con una mirada de desarrollo. Ellos vienen con un concepto bien importante: "Queremos colaborar desde Ollagüe , desde la cordillera al mar". Eso habla de una mirada distinta de autoridades que ayer fueron migrantes y hoy están dirigiendo los destinos de un territorio que tiene mirada andina. Me parece que eso efectivamente es hablar de países más inclusivos. Gracias, Presidente . El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Muchas gracias, senador Esteban Velázquez. A continuación, le ofrecemos la palabra al senador José Miguel Insulza. El señor INSULZA.- Gracias, Presidente. En realidad, yo pienso aprobar este proyecto en general porque creo que es necesario. Nuestra ley quedó obsoleta. Esa es la realidad. Ya padecía de alguna obsolescencia cuando la aprobamos, porque se empezó a discutir en un período en que había muy poca migración en Chile. Solo existía la preocupación de que no contábamos con una ley migratoria, que había pasado mucho tiempo sin que la tuviéramos. Pero la verdad es que tanto nuestros servicios como nuestras leyes eran muy insuficientes. Sin embargo, no existía mucha percepción acerca de la necesidad de legislar. Ahora, tan obsoleta está que no olvidemos que, por alguna razón, de manera más bien drástica, acordamos que quien entrara ilegalmente a Chile, si quería regularizarse, tenía que salir de nuestro país. Es el sistema norteamericano, entre paréntesis, donde hay gente que debe renovar su visa. Establecimos todo esto sin que pusiéramos mucha atención a qué íbamos a hacer si no salían. Esta era la realidad. No olvidemos que un connotado economista venezolano, Ricardo Hausmann , escribió un artículo que fue publicado a comienzos de 2016, sobre las dificultades económicas de distintos países de América Latina. Allí señalaba que el problema de Chile era que había demasiados chilenos, que no había suficiente insumo externo para que nuestro país realmente lo pudiera utilizar. Según él, eso podría arreglar un poco la situación. Ahora, creo que hay varias condiciones que considerar aquí. Realmente, no todo ha sido negativo. Hay gente que ha prestado una gran contribución al país, no cabe ninguna duda. Y si no, que lo digan los habitantes de algunas zonas del país que por primera vez han tenido la ventaja de contar con un número suficiente de médicos disponibles a quedarse allí trabajando con ellos. Pero sin duda que el ambiente es bastante negativo, y eso debemos considerarlo. Cuando cerca de un 90 por ciento de los chilenos estima que la migración ha sido negativa, según las encuestas, eso ciertamente es algo que tenemos que considerar y cambiar la ley de manera lo más suave e igualitaria posible; pero debemos hacer cambios fundamentales. Además, tenemos que partir de la base de que se van a quedar. O sea, la idea de que en algún momento se va a producir un fenómeno especial y todos los inmigrantes van a volver a su país podrá ser cierta en algunos casos. No ocurrió con el exilio chileno -muchos de los exilados chilenos se quedaron afuera-, y no va a suceder tampoco con el exilio venezolano, ni con ningún otro; tal vez, con alguno de los demás. También hay nacionalidades respecto de las cuales ya está demostrado que Chile es un paso para buscar otro destino. La cantidad de ciudadanos haitianos que han venido a Chile, pero cuyo destino final es Estados Unidos, está clara, como lo decía esta mañana. Esto se puede apreciar al ver los aviones que van a Arica, desde donde pasan a Perú y de ahí siguen hacia el norte para poder llegar a Estados Unidos. Es un número bastante sustantivo. En seguida, tenemos también las condiciones de los tratados y las normas de derechos humanos, que hicieron que hasta hace poco bastara con tener un niño para poder entrar a Chile. Hoy día, felizmente, eso ya se ha detenido y controlado bastante. Debemos dictar nuevas normas sobre expulsión. Quizás se quiere legislar algo complicado. Aquellos que ya entraron tienen su derecho a estar y es difícil echarlos, salvo que recaiga sobre ellos alguna sentencia. Pero de pronto se podría regular de mejor forma la cantidad de gente que ingresa. Yo no soy de los que creen que habrá una nueva gran ola migratoria después de lo que está pasando en Venezuela. No pienso que vayan a salir de nuevo siete millones y medio de venezolanos, como está sucediendo ahora. Pero no cabe duda de que hay que ser algo más drásticos, poner cierta fecha a partir de la cual el ingreso ilegal sea sancionado con expulsión. Me parece que eso es algo que podemos considerar. Presidente , está claro que el gran problema es que una vez que están en Chile, en las condiciones en que se encuentren, nosotros queremos lograr que todo el mundo posea los mismos derechos. Pero surge la pregunta natural, que debemos resolver y para la cual no tengo respuesta: ¿Qué pasa con los chilenos? Lo planteaba la senadora Ebensperger . Parece que es normal que mucha gente piense lo mismo. Y lo peor es que muchas veces la idea de que todos están recibiendo lo mismo basta para que empiece a correr la máquina hasta que al final los mismos ciudadanos me dicen: "Aquí les dan una casa a los extranjeros apenas entran al país; les dan las llaves de la casa. Aquí tienen asegurada su escuela, su hospital". Debemos trabajar ese tema, porque también es una situación que enajena a muchos chilenos respecto del problema de la migración. Tenemos que hacer algo que, por ejemplo, en países como Brasil hacen de manera bastante mejor que nosotros. Allí cuentan con una política de acogida. O sea, no solo "entra y vamos a ver qué pasa contigo". Una buena política de acogida atendería muchas veces los problemas de la falta de mano de obra en la agricultura y en otros sectores. Ello sucedería en la medida en que nosotros desarrolláramos una política que estableciera que quien llegue opte entre determinadas alternativas. Y, por último, ¿qué hacer con los expulsados que no podemos mandar afuera? No nos engañemos. Si no los estamos expulsando a sus países de origen de manera directa y no los están recibiendo en sus respectivos países, debemos tener una política respecto de ellos. Se ha hablado de internación; yo estoy dispuesto a discutir eso. Creo que, además, la internación favorecería que muchos se fueran voluntariamente. Presidente, yo pido que hagamos en la comisión respectiva toda la discusión que corresponde hacer, pero de la manera lo más pausada posible. Volviendo a lo que dije al comienzo: ellos se van a quedar, esto va a seguir ocurriendo. Vamos a continuar en esta situación, por lo que debemos contar con una política más estable, y nuestra legislación está obsoleta. Por lo tanto, es bienvenido este proyecto, porque, como ha dicho el senador Velázquez recién, esta ley miscelánea nos permite revisar todas las cosas que están pendientes de la normativa anterior. Muchas gracias, Presidente . Voto a favor. El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Muchas gracias, senador José Miguel Insulza. Finalmente, le ofrecemos la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena. La señora ARAVENA.- Gracias, Presidente. Si bien esta es una aprobación en general, yo quiero valorar el que efectivamente estemos discutiendo este proyecto, porque, tal como lo han dicho muchos de nuestros colegas senadores, este es un tema de mucha preocupación entre la ciudadanía. Respecto de los casi dos millones de migrantes que viven hoy día en nuestro país, lamentablemente, creo que Chile, como nación receptora, no estuvo comprometida con varios temas. Salud, educación y vivienda son materias que Chile, desafortunadamente, no ha resuelto en su totalidad para dar un buen servicio a los ciudadanos chilenos. Y si fuimos capaces de recibir a dos millones de visitas, debimos haber pensado cómo lo íbamos a hacer y cuál sería el efecto que ello iba a generar en los ciudadanos que también requieren apoyo en todas estas áreas, que viven con sueldos muy bajos y que hoy día no poseen vivienda. Entonces, se produce una situación de discriminación positiva que, evidentemente, como lo ha dicho el senador Insulza , genera un efecto muy negativo y una relación muy compleja entre migrantes y chilenos. Ello no sucede en todos lados. Evidentemente, en la región de La Araucanía no hay un porcentaje muy alto de migrantes y la mayoría tiene trabajo, vivienda y vive mucho mejor que en países que se encuentran bajo una dictadura, con sueldos miserables y sin libertad. Sin duda, esa es una realidad. Obviamente, vamos a tener diferencias en la discusión de este proyecto. Pero quiero valorar algunas cosas. En tal sentido, aumentar a diez los años de residencia en Chile para acceder a la nacionalidad me parece lógico. En muchos de los países que nosotros visitamos tenemos que retirarnos a los tres meses, porque, de lo contrario, somos expulsados. Esa es la realidad. ¿Y por qué Chile debe ser diferente? ¿Por qué nuestro país tiene que ser un lugar donde llegue cualquier persona como Pedro por su casa? Si vivir acá tiene un costo; no se trata solo de deberes y derechos. Principalmente, debemos hacernos cargo de que Chile es un país que hoy día considera una alta tasa impositiva, que las personas pagan en su gran mayoría por todos sus servicios y que no es justo que cualquiera vea a Chile como un paso alternativo para irse a países de América del Norte, al considerarlo una oportunidad para sacar rápido un documento que les permita trabajar en el extranjero. Y además considero importante que se plantee que las personas puedan rendir una prueba de conocimientos sobre cultura y educación cívica. Porque, cuando uno llega a un país, uno es el que se adapta al país y no este a uno. Tengo la mejor opinión de las personas que vinieron a Chile a aportar como extranjeros, pero no concibo la situación que se está viviendo en las cárceles del norte, donde un porcentaje superior al 30 o 35 por ciento de los reclusos son extranjeros. Eso habla de que no vinieron a trabajar ni a aportar, sino que a delinquir. Hoy día, todas las organizaciones de crimen organizado de América están instaladas con sucursales en nuestro territorio y operan prácticamente hasta la Octava Región, específicamente Los Ángeles. Hasta ahí llega el, digamos, ejercicio de las funciones delictuales del crimen organizado, que sin respeto alguno al Estado de Chile hacen y deshacen en el país. Me parece importante que las causales de expulsión que se están planteando sean mucho más amplias que las que había hasta ahora. Y no hay que tenerle miedo a la discusión, todo lo contrario. No creo que implique ser malos ni inhumanos, ni que signifique no respetar los derechos humanos cuando pedimos orden y respeto al país donde se llega. Eso no se ha cumplido para nada. Otra de las cosas que hacen surgir a una nación es que no solo se haga acatar las normas internamente, sino que quien llega a su territorio sienta un país seguro y respetuoso de las leyes. Todo lo que hoy día nos está ocurriendo es lo que debemos subsanar. Evidentemente, esta ley no va a cambiar todo, pero valoro el que la estemos discutiendo, y no solo la comisión pertinente debe contribuir a su análisis, sino que como senadores tenemos que aportar con indicaciones y reforzar las muy buenas ideas que considera. Y quiero agregar que, respecto al transporte, todos hemos sabido de aviones, buses, minibuses y diversos vehículos que se mueven como Pedro por su casa trayendo a cientos de extranjeros indocumentados a Chile. Y como aquí es tan fácil instalarse, claramente constituye un tremendo negocio. Los burreros y las personas que trabajan con prostitución infantil y trata de personas son fenómenos que no habíamos visto jamás en Chile. Entonces, quiero terminar señalando que una migración en donde se amplió tanto el número de extranjeros en tan poco tiempo es claramente una irresponsabilidad estatal, una irresponsabilidad de todos nosotros y, sobre todo, de los sectores que han insistido en que emigrar es un derecho humano. No creo que sea un derecho humano el llegar a otro país con crimen organizado y con costumbres desconocidas para el lugar a donde se llega y que recibe. Los chilenos, entonces, no tendríamos derechos humanos, porque ir a Estados Unidos, a Canadá, a Australia o a cualquier país desarrollado implica que debemos demostrar impecable conducta, un trabajo respetable y, por supuesto, acatar las normas que rigen para vivir en su territorio. Eso aquí en Chile no existe. Por lo tanto, además de desprestigiarnos en un montón de aspectos, en términos generales somos una puerta abierta para que ingrese cualquiera. Y eso no puede ser. El país costó construirlo; esta república tiene muchos mártires. Y por esa gente, que hizo grande a nuestra nación, debemos ser respetuosos con nuestro territorio. Así que yo estoy súper a favor, muy a favor de avanzar en esta ley. Muchas gracias. El señor WALKER ( Vicepresidente ).- A usted, senadora Carmen Gloria Aravena. A continuación, como se han formulado diversas preguntas, y antes de dar a conocer el resultado de la votación, le vamos a ofrecer la palabra al director del Servicio Nacional de Migraciones , Luis Eduardo Thayer, y a continuación a la ministra del Interior , Carolina Tohá. Señor director, tiene la palabra. El señor THAYER ( director del Servicio Nacional de Migraciones ).- Muchas gracias, señor Presidente . Saludo a las senadoras y senadores presentes en la sala. Este proyecto, y tomando lo que señalaba el senador Insulza , viene a actualizar nuestra normativa migratoria, a la luz de la realidad que está viviendo el país hoy día. Efectivamente, nuestra ley quedó obsoleta, puesto que se pensó, se diseñó y se discutió para una realidad migratoria distinta de la que nos toca ahora administrar. Por lo tanto, es una iniciativa que viene a actualizar la normativa actual y tiene un elemento muy importante, puesto que supone un fortalecimiento de las capacidades institucionales y administrativas para gestionar la migración, tanto en lo que tiene que ver con el incremento y la ampliación de las causales de expulsión y de prohibición de ingreso, como en la batería de sanciones para todo lo relacionado con el control de frontera, principalmente en las regiones del norte, que es donde se produce el mayor tráfico de personas en situación irregular, y lo vinculado con la sanción por incivilidades. La mayor parte de las normas fortalece las capacidades institucionales y de las autoridades administrativas para gestionar de mejor manera la migración. Quisiera referirme a algunos puntos específicos que se señalaron aquí, que serán parte, entiendo, de la discusión en particular del proyecto en la Comisión de Gobierno. En primer término, hay una referencia importante a materias relacionadas con el acceso a la nacionalización. Hoy día, en nuestro país tenemos una norma que es muy laxa en términos de acceso a la nacionalidad, donde prácticamente no contamos con causales para no acoger una solicitud. Lo que propuso el Gobierno es una batería de normas que van a ayudar a las autoridades a exigir un estándar más alto para la obtención de la nacionalidad. Para nosotros era muy importante la indicación que desafortunadamente se perdió en la Cámara relacionada con la prueba de conocimientos, y no solo de historia, sino sobre aspectos cívicos y prácticas constitucionales, por ejemplo, derechos y deberes que debe tener una persona para nacionalizarse. Nos parece fundamental que se discuta a fondo el acceso a la nacionalidad, puesto que hoy nos enfrentamos a una situación nueva. Normalmente, los extranjeros que accedían a ella correspondían a personas que tenían un sentido de pertenencia al territorio, donde había una cohesión social, un sentido de identidad con el país, y hoy día estamos viendo que dicha solicitud se ha convertido en un trámite migratorio más. Nos parece que se ha perdido el sentido fundamental del acceso a la nacionalidad. Y por eso que el aumento en el plazo y en los requisitos para obtenerla y también el incremento de las facultades para rechazarla son una contribución en tal sentido. En relación con el enrolamiento, la actual Ley de Migración establece que cuando la persona en situación irregular se acerca a un servicio, ese servicio debe solicitarle al Registro Civil su enrolamiento; esto es, que obtenga un RUN provisorio. Pero ese RUN provisorio en realidad semeja una identificación múltiple, porque la AFP le asigna uno; el sistema educativo le otorga otro, y Fonasa lo mismo. Entonces, la idea es integrar la información en un solo número de RUN provisorio, que permita, por ejemplo, que los niños que acceden a los colegios puedan entrar al Registro Social de Hogares con un documento único, que hoy día está en la ley, pero débilmente implementado. Lo que se busca con el proyecto es que, tratándose de educación o de salud, el requerimiento del servicio de salud o del sistema educacional al Registro Civil sea una obligación mucho más irreductible, por decirlo así. No es en ningún caso un requisito para acceder a determinado servicio, sino que un requerimiento que debe realizar el servicio al Registro Civil . No se trata de una exigencia al usuario para obtener atención. Y así quedó establecido en la norma, para despejar esa duda. Respecto a expulsión, es importante aclarar que muchas personas que han cometido delitos y reciben un decreto de expulsión tienen hijos o hijas. Lo que establece la correspondiente norma es que la definición del interés superior del niño debe asumirla el tribunal de familia, o sea, es aquella instancia la que debe definir si el interés superior de ese niño supone que acompañe a su padre o a su madre o cuidador en la expulsión o pueda darse otra situación. Eso se establece. Entonces, va a ser muy importante el debate de este proyecto para que podamos, de alguna manera, aclarar todas las dudas que existen sobre el particular. Hay un elemento importante respecto de los niños, niñas y adolescentes que le pone un poco de información de realidad a esta situación. Nosotros habíamos recibido en el servicio, hasta noviembre del año 2024, 51 mil solicitudes de residencia de niños... y hemos otorgado el 94 por ciento de ellas, vale decir, 48 mil. ¿Por qué son tantas? Porque la Ley de Migración y Extranjería nos obliga, como servicio, a darles una visa en el más breve plazo a los niños, niñas y adolescentes, independiente de la situación administrativa de los padres. (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... Entonces, está el instrumento del enrolamiento, pero la ley nos obliga a otorgarles a esos niños una residencia temporal. Y el volumen es tan alto porque constituye una obligación legal para el servicio. Ahora, hay niños que tienen dificultades respecto a la documentación. Como el país de origen no les provee un documento de identidad no podemos tramitarles una residencia y quedan condenados a la irregularidad. Pues bien, el proyecto establece que el tribunal de familia deba solicitarle al Registro Civil que le otorgue una identidad a ese niño, que es un procedimiento que actualmente se hace con los solicitantes de refugio. Cuando llega un solicitante de refugio sin documento de identidad, sobre la base de una identidad presunta se le solicita al Registro Civil que se le haga el procedimiento de filiación. Y lo mismo va a ocurrir con niños, niñas y adolescentes. Respecto de las incivilidades, que es una cuestión muy sensible dentro de la ciudadanía, resulta importante señalar que el proyecto fortalece las capacidades del Servicio Nacional de Migraciones para rechazar permisos de residencia o revocar, con una visa de menor extensión. Por ejemplo, si alguien tiene una residencia definitiva, revocársela y otorgarle una más corta o eventualmente revocarle con una orden de abandono que, de incumplirse, puede traducirse en un decreto de expulsión. Por lo tanto, se nos otorgan facultades administrativas para regular el proceso de integración de las personas en nuestro país, respetando las normas de convivencia que nos hemos... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa). Ya voy terminando. Respecto al comentario del senador Chahuán , hoy estuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores junto al ministro de Relaciones Exteriores y se planteó el tema. Y dicha autoridad informó que se ha levantado una alerta consular por la situación de los niños chilenos que se han detectado en el Darién. Nosotros nos hemos reunido y lo hemos discutido con el defensor de la niñez y también con el subsecretario de Defensa , a quien se le ha formulado el respectivo requerimiento. Pero necesitamos un diagnóstico fundado y actualizado sobre el número, la situación y el problema que hay que abordar ahí. Entonces, estamos avanzando para atender esa situación. Eso, señor Presidente. El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Muchas gracias al director del Servicio Nacional de Migraciones , Luis Eduardo Thayer. A continuación, le ofrecemos la palabra a la ministra del Interior, Carolina Tohá. La señora TOHÁ ( ministra del Interior y Seguridad Pública ).- Muchas gracias, Presidente . Han salido una serie de inquietudes y, aunque ya está terminando la sesión, no quisiera dejar en el aire algunas de ellas. La senadora Aravena recién hacía referencia a que muchas personas entran al país sin ningún control y que si uno quiere ir a Estados Unidos tiene que pedir una visa y cumplir con una serie de requisitos. Pero una persona que quiera entrar regularmente a Chile también debe reunir una serie de requisitos. El problema se produce con quienes entran irregularmente a Chile y a Estados Unidos. No es que acá tengamos migración irregular y allá no. En Estados Unidos hay millones de migrantes irregulares. El otro día se produjo la detención emblemática de un par de chilenos involucrados en el robo de un reloj al conocido actor Keanu Reeves , uno de los cuales figuraba con un ingreso regular y el otro no; o sea, entró y robó en Estados Unidos y Estados Unidos nunca detectó su presencia porque burló los controles migratorios. Entonces, no es que en Chile seamos unos lesos, que se nos escapen los caracoles y que en otros lugares el problema se encuentre resuelto. No es así. Se trata de una cuestión que es compleja en todas partes, ¡hasta en el país más rico del mundo! Segunda cosa, nosotros hemos ido cambiando la ley y desarrollado herramientas que antes no teníamos. Hoy día, con las legislaciones que hemos aprobado en este período y con los cambios que le hemos ido haciendo al decreto de despliegue de los militares en el norte, a cualquier persona que se le haga un control migratorio en la frontera o aquí en la esquina, en Valparaíso se le puede registrar. Porque cambiamos la ley, y fue este Parlamento. En consecuencia, cuando hay un control migratorio y una persona no puede mostrar un documento que acredite su presencia regular en el país, se le puede registrar, abrir su equipaje, ver qué trae y detectar si está trasladando algún bien que no corresponde: contrabando, droga, armas. Y por ese hecho, adicionalmente a las sanciones que correspondan por la situación migratoria, se le pueden atribuir los delitos del caso. Tercero, es verdad que este proyecto no resuelve todos los problemas: es un hecho de la causa, pero resuelve más de lo que aquí dio la impresión. Por ejemplo, uno al que hacía mención recién el director, relacionado con que muchos niños no reciben todos los beneficios. Cuando un menor va a un colegio, por el solo hecho de acudir y que se demuestre asistencia hay que pagar la subvención. Pero para recibir la subvención escolar preferencial debe existir un informe que acredite que posee los requisitos para recibirla; o en el caso de una beca, aquella va adicionada a un RUT o a un número de identificación, y si el niño no lo tiene, porque está en situación irregular, quedaría excluido. Entonces, el proyecto establece algo que la ley ya tiene previsto, pero que no funciona correctamente, en el sentido de que, mientras el niño o la niña accede a un RUT, entre tanto se procede a su enrolamiento, por el solo hecho de que asiste a clases, y demuestra asistencia, va a quedar enrolado. Y por estar enrolado, va a tener un número con el cual se le puede hacer el Registro Social de Hogares , se puede impetrar la subvención escolar preferencial y puede acceder a las becas y a todos los beneficios que reciben los niños, por el hecho de ser niños, y no porque sean chilenos o migrantes regulares. Solo por ser menores que se encuentran en ciertas condiciones sociales tenemos el mandato, la obligación, porque nos hemos plegado a acuerdos internacionales de ese tipo, de tratarlos de acuerdo a su condición social y no a su situación migratoria, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad por la situación de irregularidad o de falta en que se hallen sus padres. Por esa razón estos principios están establecidos en todas partes. Tampoco pueden constituir un privilegio, pero no deben ponerlos en una situación de desmedro, y por esa vía se va a resolver esto. Es verdad, y forma parte de lo que se busca abordar con algunas de estas medidas, que se ha provocado una situación crítica en algunos lugares del país en los que ha habido más volúmenes de migración -me tocó verlo en Santiago, antes de que se conociera incluso en el norte-, porque los servicios que están al límite de sus capacidades a veces no cuentan con cobertura suficiente. Eso pasó, primero, en los jardines infantiles, y después en los colegios. Pero se han tomado medidas muy contundentes en ese aspecto. El número de niños que estaba sin matrícula en el norte se ha reducido con un trabajo que hemos estado haciendo en este tiempo. Hoy día hay colegios a los que se les ha ampliado la capacidad, en otros se está implementando la doble jornada y algunos se han arrendado. En la región de Tarapacá hay un establecimiento arrendado y se están arrendando dos más. Uno de ellos funciona con trescientos cupos, pero posee capacidad para mil estudiantes, que es el colegio Sinaí; entonces, vamos a extender la colegiatura y tendremos a seiscientos niños más que ya no estarán esperando cupos y los podremos recibir. Quizás sería mejor que hubiera un botón y esto se resolviera solo, pero no es así. Hay que hacer gestión, hay que activar cosas, hay que pasar por una serie de barreras, que ustedes conocen bien, respecto a los requisitos que debe reunir un colegio para ampliarse. A veces el colegio está funcionando con enormes carencias, pero si uno lo quiere ampliar, debe regularizar antes todo lo que está operando mal. Porque así funciona la ley que nos hemos dado, y nos pasa la cuenta. Tercero, en Chile no estamos haciendo un "perdonazo", sino que estamos esperando que termine de pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de ciertas restricciones que se plantearon en el Congreso en la discusión del Presupuesto. Y si eso se despeja, vamos a proceder con un proceso de regularización, no un "perdonazo". El objetivo del proceso de regularización es la seguridad del país. Tener cientos de miles de personas que viven por años en el país; que no sabemos quiénes son; que trabajan pero que no pueden hacerlo regularmente; que no pueden participar de la contribución a una serie de servicios de los que están disfrutando por el hecho de estar en Chile. Un proceso de regularización busca evitar esa situación, esa ceguera con la que un Estado se va quedando cuando se acumulan y se acumulan personas irregulares. Pero no es un perdonazo, porque lo hacemos por un beneficio para Chile; al país le conviene hacerlo. ¿Por qué no va a haber un efecto de llamado? Primero, porque esto solo se va a aplicar a personas que ya se empadronaron. O sea, nadie podrá venir ahora a beneficiarse de este proceso. Y segundo, porque ningún país de los que han vivido procesos migratorios intensos de parte de Venezuela en el último tiempo, como Chile, ha experimentado un proceso de regularización más estricto que el que tendremos nosotros. Al revés, Colombia , Perú, Ecuador , han desarrollado procesos de regularización con amnistías amplísimas. Y en esos países ha sido mucho más fácil regularizarse de lo que va a ser en Chile con el proceso que vamos a llevar a cabo. No podemos taparnos los ojos y pensar que dejar a estas cientos de miles de personas en Chile y desentendernos de ellas va a ser una solución para la seguridad o evitar este efecto llamado. No será así, ¡no será así! Porque cuando cientos de miles de personas viven escondidas, otras cientos de miles más podrían hacerlo de la misma forma, sin que el Estado lo pueda llegar a saber. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es diferenciar, dentro de ese grupo de personas, a las que tienen voluntad de acogerse a las normas chilenas, a las que no quieren estar escondidas y reconocen que están acá y tienen disposición a convivir de una manera que no genere daño, de aquellas otras que tienen una actitud hostil: ante la ley, ante las instituciones, ante las normas que nos hemos dado. Y eso hará que sea más efectivo perseguir a estas últimas, que son un problema, y acoger a aquellas otras, que son y quieren ser un aporte. Eso es lo que busca ese proceso de regularización, el cual, en todo caso, no es parte de este proyecto de ley. Es una temática que abordaremos en su oportunidad. Cuando se tomen definiciones más específicas, el Congreso las conocerá en detalle, tal como lo hemos anunciado desde el primer momento, cuando empezó el proceso de empadronamiento. Muchas gracias, Presidente . El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Muchas gracias, ministra. El señor Secretario hará la pregunta de rigor. El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Gracias, Presidente . ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? El señor WALKER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto de ley (42 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido. Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker. El señor WALKER (Vicepresidente).- Aprobado en general el proyecto. Surgió una controversia en cuanto al plazo para presentar indicaciones propuesto por la senadora Claudia Pascual, el cual, por tanto, será resuelto en la próxima sesión. La señora EBENSPERGER.- ¿Cuál fue el plazo que propuso la senadora? El señor WALKER (Vicepresidente).- El viernes 17 de enero. Pero además en este momento no tenemos suficiente quorum para adoptar acuerdos. Por lo tanto, lo vamos a resolver en la sesión de mañana. Se ha cumplido el tiempo de esta sesión, razón para la cual no alcanzaremos a examinar el proyecto de acuerdo presentado, el cual queda pendiente y será votado en una próxima sesión. Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a los oficios que han llegado a la Secretaría. "
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