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- rdf:value = " El Honorable Senador señor Kast manifestó que en términos generales lo informado por el señor Ministro recoge elementos muy positivos, teniendo presente que el sentir de la ciudadanía es que sus ahorros previsionales sigan siendo de ellos. En ese sentido, puso de relieve que lo despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado tiene elementos muy destacables, ya que se fomentó el ahorro y se puso el énfasis en que estos recursos son de los propios trabajadores, sin que se haya insistido en el camino de una reforma tributaria encubierta con un impuesto al trabajo, como es el sistema de reparto.
A continuación, abordó la esperanza de vida de los cotizantes. Hizo presente que en el año 1980 la esperanza de vida de las personas era de 70 años y que actualmente ésta subió a los 80 años. Observó que cuando se creó el sistema previsional vigente entre el momento de jubilar y el registro de esperanza de vida habían cinco años de diferencia respecto de los cuales se debía ahorrar, mientras que en la actualidad tal brecha aumentó hasta un total de 15 años.
Consultó sobre por qué no se incluyó dentro de la reforma algún tipo de aumento en la edad de jubilación de forma gradual, particularmente entre los más jóvenes, considerando que se ha elevado la esperanza de vida de la población.
En segundo término, se refirió a la documentación de la deuda. Sobre el particular, expresó que era partidario que los mismos 6 puntos porcentuales hubiesen sido de ahorro individual y que para financiar el elemento del préstamo el Estado hubiese procedido a endeudarse.
Opinó que, para hacer un sistema más simple y menos engorroso, respecto a ese 1,5% el Estado podría endeudarse, reconociendo que pasaría del límite de deuda que tiene impuesto Chile. Al respecto, afirmó que desde su punto de vista dicho 1,5% no es un pasivo contingente, sino más bien un pasivo seguro, ya que el Fisco deberá devolver los recursos.
Aclaró que es efectivo que se estarán inyectando recursos al Fondo, por lo que eventualmente podrá haber un superávit, sin embargo, recalcó que por el hecho que el Estado deba comprometerse a inyectar recursos para compensar el pasivo seguro que adquiere, no le quita el componente de que efectivamente se trata de una deuda segura, la cual se buscará financiar.
Observó que sería ideal, desde el punto de una contabilidad financiera más transparente, reconocer este pasivo como seguro, más que como contingente.
En tercer lugar, señaló que en la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias el informe financiero de dicho proyecto de ley daba cuenta de una proyección de ingresos cercano a los US$ 4.500 millones, con que se pretendía financiar déficits actuales, pero también costear políticas públicas futuras, entre las cuales se priorizó la PGU, la seguridad y el apoyo a los niños.
Con todo, advirtió que cuando se revisan los informes de la presente iniciativa legal y se constata que la PGU abarca un gasto fiscal de US$ 3.200 millones, cabía preguntarse en qué condiciones quedaba el financiamiento de los otros dos fines comprometidos previamente. Preguntó sobre cómo estos gastos conversan con las distintas obligaciones fiscales.
En cuarto lugar, abordó la informalidad laboral. Manifestó que el gran costo de mejorar las pensiones con una cotización obligatoria de 6 puntos adicionales es que se hace más costosa la contratación laboral. Refirió que un economista especializado ha informado que con un alza de contribuciones del 10%, que es algo cercano a lo que considera la presente iniciativa legal, se generaría un aumento de la informalidad de un 28,9% a un 34,4% en el caso de los hombres y de 33,3% a un 37% respecto de las mujeres.
Por lo anterior, consultó a los representantes del Ejecutivo si manejaban algún estudio sobre los efectos que la presente medida tendría en la informalidad laboral.
Como quinto punto, preguntó sobre la situación de las Pymes, en orden a saber si habrá un margen para que el Gobierno tenga un gesto hacia ellas, toda vez que el aumento que se considera, aún siendo de manera gradual, les golpeará fuertemente.
En sexto lugar, manifestó que algunos economistas han advertido que la combinación de licitaciones de stock, la baja sustancial en encajes y los cambios para que el Instituto de Previsión Social (IPS) administre las cuentas abre el espacio para que Administradoras de Fondos de Pensiones eventualmente menos serias se hagan cargo de estos fondos. Sobre el particular, preguntó sobre los resguardos que se pueden tomar para lograr un equilibrio entre una mayor competencia y al mismo tiempo asegurar la calidad del servicio. Llamó a no generar riesgos de que entren actores que terminen haciendo daño al sistema.
Finalmente, observó que, si se está construyendo un acuerdo de pensiones de gran magnitud en el Congreso Nacional, resultaba preocupante que la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social haya anunciado que en el mes de marzo del año 2025 se ingresará un proyecto de ley de una AFP estatal. Afirmó que si se quiere discutir sobre la materia se debía hacer en la presente instancia legislativa.
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