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    • rdf:value = " ENTREGA DE FUNCIONES A GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL, SITUACIONAL Y COMUNITARIA DEL DELITO, Y DE APOYO Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 16132-06)El señor AEDO (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, y de apoyo y asistencia a víctimas, a los gobiernos regionales, correspondiente al boletín N° 16132-06. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de Hacienda son la señorita Danisa Astudillo y el señor Felipe Donoso , respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, sesión 60ª de la legislatura 371ª, en martes 1 de agosto de 2023. Documentos de la Cuenta N° 1. -Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 129ª de la presente legislatura, en lunes 20 de enero de 2025. Documentos de la Cuenta N° 21. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 133ª de la presente legislatura, en martes 28 de enero de 2025. Documentos de la Cuenta N° 12. El señor AEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Carolina Tello , quien rendirá el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización en reemplazo de la diputada Danisa Astudillo . La señorita TELLO, doña Carolina (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización me ha encomendado informar el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República. La idea matriz del proyecto es entregar funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas, a los gobiernos regionales. El proyecto tiene normas de rango orgánico constitucional, que se detallan en el informe correspondiente. La idea de legislar fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación la diputada señora Catalina Pérez y los diputados señores Miguel Becker , Bernardo Berger , Fernando Bórquez , Juan Fuenzalida y Rubén Oyarzo (Presidente). Fundamentos del mensaje La reforma constitucional contenida en la ley N° 20.990 estableció la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, esto es, el gobernador o gobernadora. Además, se reemplazó la figura del intendente por la del delegado presidencial y se traspasaron algunas de sus funciones al gobernador o gobernadora en aras de una mayor descentralización. En dicho contexto, el actual gobierno y las fuerzas políticas, parlamentarios, asociaciones de municipalidades y gobernadores regionales elaboraron una agenda de medidas en seguridad, en un trabajo conjunto de los distintos niveles de gobierno en torno a los problemas de seguridad que vive el país. Dicho esfuerzo concluyó en el “Compromiso transversal por la seguridad: propuesta para una hoja de ruta”, acuerdo que fue firmado el día 4 de abril de 2023 (en adelante, el “Compromiso”). Entre las medidas acordadas se establecieron distintas propuestas legislativas en torno a los gobiernos regionales, entre las que se dispuso: 1.- Modificar el artículo 16 de la ley N° 19.175 para dotar a los gobiernos regionales de la facultad de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas, debiendo ser siempre coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública, en el marco de sus atribuciones constitucionales. Para ello, deberá existir coordinación entre los gobiernos regionales y la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que dictará los lineamientos y las orientaciones técnicas en la materia, del mismo modo que lo hace con los municipios en los programas y proyectos. En particular, respecto de víctimas, la referida facultad permitiría a los gobiernos regionales otorgar asistencia en el ámbito social, legal y de salud mental a las personas que han sido víctimas de delitos violentos. 2.- Asimismo, el Compromiso establece que la aludida facultad se podrá ejercer sin perjuicio de aquellas que les correspondan a las demás autoridades con competencia en la materia, y en el ejercicio de aquella los gobiernos regionales podrán celebrar convenios con organismos públicos, privados o internacionales, incluyendo las municipalidades. Asimismo, los gobiernos regionales podrán asesorar a las municipalidades -cuando estas lo soliciten en el diseño, implementación y evaluación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito. 3.- A lo anterior, el Compromiso añadió las siguientes medidas: -Integración de los gobiernos regionales en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del presidente o la presidenta de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile. -Integración de los gobiernos regionales como miembros permanentes del Consejo Regional de Seguridad Pública, a través del respectivo gobernador o gobernadora, y creación en su interior de un comité operativo de prevención, con participación de los gobernadores. -Incorporación de los gobernadores y gobernadoras regionales o de quien se designe como su representante, a los consejos comunales de seguridad pública. -La posibilidad de que gobiernos regionales con áreas metropolitanas declaradas puedan desarrollar acciones de prevención del delito respecto de la unificación de planes y programas, tales como salas de cámaras, tecnología y estrategias conjuntas a ejecutar en los territorios metropolitanos, insertas dentro del marco de las políticas nacionales y evitando la duplicación de funciones como los patrullajes. Las medidas acordadas en el aludido compromiso y que se concretan en este proyecto de ley tienen como objetivo llevar a efecto una mayor descentralización en las políticas públicas, orientando la acción del Estado hacia un trabajo coordinado y descentralizado en materia de prevención del delito. Por lo anterior, se requiere establecer explícitamente la prevención social, situacional y comunitaria del delito como facultad de los gobiernos regionales, considerando que hoy ya se encuentra regulada tanto en el nivel central como en el nivel municipal, sin que exista una mención expresa para el nivel regional. Cabe señalar que las materias referidas a prevención social, situacional y comunitaria del delito se consideran relacionadas y complementarias a los ámbitos de competencia de los gobiernos regionales. En efecto, existe un vínculo entre las acciones de política pública en los ámbitos de competencia de los gobiernos regionales con la prevención social y situacional del delito, que se encuentra descrito y respaldado por evidencia empírica. La prevención situacional actúa sobre factores de proximidad o ambiental que incluyen el ámbito territorial. La recuperación de espacios públicos, las mejoras en iluminación o la utilización de rejas y alarmas pueden alterar situaciones gatillantes de la violencia y la actividad delictual, beneficiando a la población en general o dirigiéndose a grupos específicos. La prevención situacional opera anticipándose al razonamiento del agresor y estableciendo mayores dificultades para su accionar. Por su parte, la prevención social actúa sobre factores de riesgo personales o psicológicos y sociales, muchas veces de carácter estructural, como son la pobreza y la marginalidad. Esas iniciativas pueden estar dirigidas a grupos de alto riesgo social y tienen diferentes manifestaciones, desde el ámbito familiar hasta acciones en educación o salud. Evitar la oportunidad de cometer delitos y entregar alternativas a la actividad delictual en parte depende del diseño urbano y rural de espacios públicos, como luminarias, mobiliario urbano, plazas y espacios de encuentro y recreación, transporte, entre otros. Es necesario promover actividades de desarrollo social y cultural, incluyendo ejes de superación de la pobreza, cierre de brechas en vulnerabilidad social y oportunidades laborales y de capacitación. Estas medidas impactan de manera directa en el ordenamiento territorial e incluyen estrategias de fomento productivo y emprendimiento. Por lo señalado, dada la envergadura de la tarea encomendada sobre seguridad, y atendiendo la necesaria articulación que deben tener los distintos niveles de gobierno, se considera necesario establecer expresamente la facultad general de los gobiernos regionales sobre prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como la facultad de crear una división especializada en la materia en los gores, además de regular otras instancias donde se ejercerán estas competencias. Durante la discusión particular, la comisión rechazó el artículo 2 del proyecto, que modifica la ley N° 20.502, que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para mantener la debida armonía entre este proyecto de ley y el que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Por las razones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recomienda aprobar el proyecto al cual me he referido. Es cuanto puedo informar a la Sala. He dicho. El señor AEDO (Vicepresidente).- En reemplazo del diputado Felipe Donoso , rinde el informe de la Comisión de Hacienda la diputada Gael Yeomans . Tiene la palabra, diputada. La señorita YEOMANS, doña Gael (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Hacienda pasa a informar, en lo referido a su incidencia presupuestaria, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, y de apoyo y asistencia a víctimas, a los gobiernos regionales. En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el entonces ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde , quien estuvo acompañado del asesor jurídico de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), señor Jaime Pilowsky . La idea matriz de la iniciativa apunta a materializar una mayor descentralización de las políticas públicas, orientando la acción del Estado hacia un trabajo coordinado y descentralizado en materia de prevención del delito, estableciendo explícitamente la prevención social, situacional y comunitaria del delito como facultad de los gobiernos regionales, habida cuenta de que ya se encuentra regulada tanto en el nivel central como municipal, sin que exista una mención expresa para el nivel regional. En sus fundamentos, el proyecto de ley subraya que las materias referidas a prevención social, situacional y comunitaria del delito están relacionadas con la competencia de los gobiernos regionales, incidiendo en el ordenamiento territorial, el fomento de las actividades productivas y el desarrollo social y cultural de la región. Se subraya que la recuperación de espacios públicos, las mejoras en iluminación o la utilización de rejas y alarmas pueden limitar circunstancias promotoras de la violencia y la actividad delictual, favoreciendo así a la comunidad. Agrega que la prevención actúa entonces evitando la oportunidad de cometer delitos y entregando alternativas a la actividad delictual, lo que se deriva de un buen diseño de los espacios públicos en aspectos como luminarias, mobiliario urbano, plazas y espacios de recreación y transporte. En consecuencia, ante la imprescindible articulación entre los distintos niveles de gobierno, el presente proyecto de ley apunta a establecer expresamente la competencia de los gobiernos regionales sobre prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como la habilitación para crear en la institucionalidad una división especializada en la materia. La norma en trámite busca establecer una coherencia entre las acciones de los gobiernos regionales en el ejercicio de la función preventiva contra el delito y la Política Nacional de Seguridad Pública Interior, los instrumentos de gestión y directrices del ministerio responsable de la seguridad pública, y la Subsecretaría de Prevención del Delito, entidad que les proveerá de colaboración y asesoría técnica. En el mismo ámbito, se extiende la facultad de los gobiernos regionales para asesorar a las municipalidades en la formulación de planes y programas de desarrollo comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito. Se faculta a los gobiernos regionales para crear una División de Prevención del Delito, encargada de las tareas de coordinación y gestión de las nuevas funciones, con su correspondiente jefe de servicio, incorporado a la planta del personal de directivos de exclusiva confianza, con grado 4° de la Escala Única de Sueldos. En la Subsecretaría de Prevención del Delito se incorporan las funciones de colaborar y entregar asesoría técnica a los gobiernos regionales, dictar lineamientos y orientaciones técnicas para el diseño, aprobación, ejecución y aplicación de las políticas, planes, programas y proyectos regionales que los gobiernos regionales implementen en sus territorios en materia de prevención del delito. En lo referido a su incidencia fiscal, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que las nuevas funciones que se entregan a los gobiernos regionales en materia de prevención del delito y atención y asistencia a víctimas serán ejecutadas, durante su primer año de implementación, con el presupuesto vigente, aplicando las modificaciones presupuestarias autorizadas en la ley de presupuestos. Desde el segundo año de aplicación, se adaptarán los presupuestos correspondientes para la aplicación de lo anterior. De la misma forma, las nuevas tareas de la Subsecretaría de Prevención del Delito serán financiadas con el presupuesto vigente para esa institución. En consecuencia, el presente proyecto de ley no irrogará un mayor gasto fiscal para el gobierno central. Los integrantes de la comisión estuvieron de acuerdo con la necesidad de fortalecer las estrategias en materia de seguridad, concentrando el debate en la efectividad de la estructura orgánica propuesta para materializar ese objetivo. Finalmente, puestos en votación los artículos de competencia de la Comisión de Hacienda, resultaron todos aprobados por 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. La comisión aprobó también una indicación parlamentaria para adicionar a los requisitos para ocupar el cargo de jefe de División de Prevención del Delito de los gobiernos regionales contar con dos años de experiencia profesional en materias de gestión pública, prevención del delito u otras materias afines. Votaron en la sesión la diputada Camila Rojas y los diputados Boris Barrera , Miguel Mellado , Jaime Naranjo , Agustín Romero , Jaime Sáez , Frank Sauerbaum , Alexis Sepúlveda , Gastón von Mühlenbrock , la Presidenta accidental, Gael Yeomans , y Felipe Donoso . Como consecuencia de lo relatado, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos. He dicho. El señor CIFUENTES (Presidente accidental).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Camila Musante . La señorita MUSANTE (doña Camila) .- Señor Presidente, con este proyecto de ley buscamos asignar a los gobiernos regionales funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria de los delitos, así como también entregar el apoyo y la asistencia a las víctimas de los mismos. Se incorpora una nueva función a los gobiernos regionales que permite diseñar proyectos en materia de prevención del delito y, además, la asistencia a las víctimas, junto con la creación de una nueva división administrativa en los gobiernos regionales, que vendría siendo la División de Prevención del Delito. Todos en el Congreso Nacional nos llenamos la boca con discursos que dicen que la seguridad es nuestra prioridad. Con este tipo de proyectos avanzamos correctamente en esa línea, pero parece que algunos están más preocupados de rechazar cualquier avance que no venga de su sector que de otorgar realmente nuevas herramientas a los gobiernos regionales para ir a proteger a las víctimas de los delitos. Desde la oposición he escuchado la crítica de que existiría una supuesta duplicidad de funciones. Entonces, ¿quieren más seguridad o no? Porque cuando hemos hablado de darle más atribuciones a Carabineros, por ejemplo, no he escuchado este argumento. Lo mismo ocurre respecto de las unidades especializadas en el Ministerio del Interior, puesto que tampoco se ha hablado de duplicidad de funciones. Sin embargo, cuando el fortalecimiento de la seguridad proviene de los gobiernos regionales, mágicamente, la duplicidad entra a ser un problema. Entonces, ¿no quieren que las regiones tengan más herramientas para enfrentar la delincuencia y descentralizar el problema de la prevención del delito? Yo pienso que, si existe algún tipo de duplicidad, la solucionemos con mejor articulación, pero lo que hoy no se puede hacer es negar herramientas a los gobiernos regionales para trabajar en materia de prevención del delito solamente por un capricho político. Chile no quiere más excusas, sino que quiere soluciones, y lo que ve es una oposición que hoy está usando la seguridad como una bandera de campaña, pero que cuando llega el momento de votar, vota en contra. Claramente, mi voto es a favor de esta iniciativa, pero la pregunta es simple: ¿a la oposición le interesa más la seguridad o el control político de la seguridad? Lo pregunto porque la delincuencia no espera ni tampoco pueden esperar las víctimas. He dicho. El señor CIFUENTES (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Marta Bravo . La señorita BRAVO ( doña Marta) .- Señor Presidente, así como a todos -espero-, me preocupa bastante la actual situación del país en materia de prevención del delito. El Ejecutivo no ha sido capaz de disminuir las cifras de homicidios, robos u otros delitos violentos, incluso en su tan promovido plan Calles Sin Violencia. Ahora se anunció un nuevo rediseño del plan, en que se plantea un fortalecimiento, ampliación de territorios y otras medidas que intentan recubrir un programa que claramente ya fracasó. El gobierno ha sido insistente en continuar con su plan. Ese capricho le ha pasado la cuenta, ya que tuvimos un nuevo fin de semana violento, con 10 homicidios en la Región Metropolitana. No queremos que esta línea de acción se replique para el resto de las regiones. Por eso, considero de gran utilidad un proyecto que venga a dotar de facultades a los gobiernos regionales, para que ellos, desde una posición más cercana a la ciudadanía, puedan controlar, prevenir y combatir la delincuencia dentro de los límites de cada región. El proyecto que hoy discutimos persigue este fin. Sin embargo, espero que se afinen algunos detalles. En primer lugar, considero necesario delimitar las facultades de cada una de las autoridades que trabajarán en conjunto, con el fin de evitar la duplicidad de funciones, ya que del proyecto se desprende que las atribuciones de los encargados de la seguridad pública en las delegaciones presidenciales serían similares a las del jefe de División de Prevención del Delito que propone el proyecto. En segundo lugar, se presenta un problema en cuanto al financiamiento. Si bien el proyecto señala que no irrogará gastos, esto es cuestionable, puesto que la creación del nuevo cargo de jefe de la División de Prevención del Delito, evidentemente, requerirá recursos. Si bien urgen proyectos para combatir la delincuencia a nivel regional, debemos ser responsables también en aprobar iniciativas que sean viables en la práctica y eficaces en perseguir este fin. He dicho. El señor CIFUENTES (Presidente accidental).- Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock . El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, estamos con bajo quorum desde hace mucho tiempo. Le solicito que suspenda la sesión, porque faltan más de cien parlamentarios. Esto no puede ser. Esto es impresentable para la gente que nos está viendo. Después hablamos y nos quejamos del prestigio de la Cámara, pero hay como 110 diputados que no sé dónde andarán. Su principal trabajo es estar aquí en el hemiciclo, votando y discutiendo los proyectos de ley, no en puntos de prensa, tomándose distintas fotos y cosas por el estilo. Así que le pido, por favor, que suspenda la sesión hasta que tengamos un quorum mínimo para seguir sesionando. Además, es una falta de respeto hacia la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia. He dicho. El señor CIFUENTES (Presidente accidental).- Voy a suspender la sesión por cinco minutos. Se suspende la sesión. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor CIFUENTES (Presidente accidental).- Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Cristián Araya . El señor ARAYA (don Cristián).- Señor Presidente, a propósito de este proyecto de ley, quiero aprovechar la oportunidad para hacer una breve reflexión en torno al concepto de seguridad woke, que es básicamente lo que se impulsa desde el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿En qué consiste? Básicamente, en pirotecnia legislativa, llena de humo, sin sustancia, sin carne, insípida, sin pactos, una legislación vegana, llena de coordinaciones de la coordinación, con títulos que suenan bien, con conceptos rimbombantes, perspectivas de género, lenguaje inclusivo y un cerro de clichés buenistas, pero que no tienen ningún impacto en la realidad. La seguridad woke que nos propone este gobierno está llena de reuniones y más comités, más estructuras, más cargos; le suenan el ministerio de seguridad, el gabinete de la seguridad, y ahora una división de seguridad, es decir, muchas autoridades sin auctoritas. Básicamente, son coordinadores que se restringen a ser espectadores y comentaristas de la realidad. Este proyecto, bajo la excusa de descentralizar la administración de seguridad, duplica o triplica funciones. En nombre de una mejor coordinación, duplica funciones que ya están radicadas en el delegado presidencial, copiándolas ahora en los gobiernos regionales, medida que no mejora la seguridad, sino todo lo contrario, y que aumenta la burocracia, generando un mayor desorden administrativo. Finalmente, ¿cuál es la consecuencia, cuando todos son responsables de todo? Nadie es responsable, o sea, termina pagando Moya. Como nos tiene acostumbrados la mejor Dirección de Presupuestos de la historia, el informe financiero señala que la nueva estructura no tiene costos. ¿Una dirección de prevención del delito y un jefe de división específico sin costos? ¿Magia o un error en el Excel? Bueno, ustedes decidirán. Lo que sí está claro es que es plata del GORE que, en lugar de ser invertida en proyectos, terminará en el bolsillo de algún funcionario o en gasto de oficinas. Probablemente, de forma crítica, muchos van a votar a favor porque el título es rimbombante, porque suena bien y, además, porque estamos en un año electoral, pero no porque hayan le��do el proyecto. Frenteamplistas, comunistas y socialistas, que les llevan la comparsa atrás, celebrarán con bombos y platillos este proyecto, se abrazarán unos a otros, como lo han hecho muchas veces, mientras todo sigue exactamente igual, pero les sigue temblando la mano para, por ejemplo, impulsar el uso de herramientas tan útiles como los táseres. Lo cierto es que los pocos proyectos aprobados en materia de seguridad con impacto real contra la delincuencia han sido aprobados en contra de la voluntad de este gobierno, como, por ejemplo, la “ley Nain-Retamal” o la ley contra usurpaciones. Es cosa de revisar, en la discusión del proyecto sobre reglas de uso de la fuerza, cuál ha sido la posición de la izquierda y cuál ha sido la de la derecha. Algunos quieren a Carabineros con pistolas de agua y chipote chillón, y otros los queremos con certeza jurídica, con eximición de responsabilidad y con justicia militar. No podemos pretender recuperar la seguridad en Chile si seguimos vendiendo humo con proyectos como este. Votaré en contra. He dicho. El señor CIFUENTES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Andrés Celis . El señor CELIS.- Señor Presidente, este proyecto de ley pretende delegar en los gobiernos regionales la prevención del delito y la asistencia a víctimas, pero lo hace sin recurso alguno, de manera totalmente insuficiente y sin medidas concretas para enfrentar la crisis de seguridad que vivimos hoy. Es una propuesta que se ve bien en el papel, pero que en la práctica es absolutamente insuficiente y tardía. Literalmente, es música celestial. Nuestro país necesita respuestas inmediatas, no diagnósticos interminables ni más burocracia. La delincuencia avanza con fuerza mientras debatimos competencias y convenios, y la gente alega responsabilidades, con toda razón, sin asegurar ejecución real ni financiamiento adecuado. Requerimos acciones concretas ahora, más presencia policial en las calles, con tecnología aplicada a la seguridad, protección efectiva para víctimas y testigos; exigimos políticas que se traduzcan en resultados reales, y no en promesas a largo plazo. La seguridad de nuestra gente no admite más demoras. Este proyecto de ley pretende delegar en los gobiernos regionales la prevención del delito y la asistencia a víctimas, pero lo hace sin recurso alguno ni medidas concretas para enfrentar la crisis de seguridad que vivimos hoy. Es una propuesta –reitero que se ve bien, pero que en la práctica es insuficiente y tardía. Es una propuesta que crea una nueva función en los gobiernos regionales en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materia de atención y asistencia a víctimas. Las nuevas funciones permitirían a los gobiernos regionales diseñar, aprobar, ejecutar, aplicar políticas, planes, programas, proyectos, etcétera -podría nombrar interminables conceptos jurídicos indeterminados-, pero ¿qué falta? ¡Plata, dinero! Por lo mismo, espero que esto se corrija en el Senado y que, a través del Ministerio de Hacienda, se incorpore el financiamiento; de lo contrario, estaremos frente a una ley que literalmente será letra muerta, ya que –reitero escrito se ve y suena muy bien, pero lo que la gente quiere, necesita y exige, más que una ley que, aplicablemente, sería un éxito, son recursos y los instrumentos necesarios para que realmente haya seguridad, y que esta se pueda aplicar. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva . El señor LEIVA.- Señor Presidente, siempre se formulan críticas respecto de todo, pero este es el gobierno en que se han aprobado más proyectos de ley en materia de seguridad -63, en rigor-, y uno de los factores fundamentales en materia de seguridad es ser capaces de asegurar una adecuada coordinación entre todos los entes que participan en materia de seguridad, al amparo de una política y de una estrategia nacional de seguridad pública. Por eso, dotar a los gobiernos regionales de facultades que no se les entregaron a partir de la ley Nº 20.990 es una necesidad que, a través de esta norma, se hace carne y permite que los gobiernos regionales, que en los hechos realizan un trabajo en materia de prevención social, situacional y comunitaria, las tengan al amparo legal. Algunos critican este proyecto. Pues bien, existe un contenido básico en materia de derecho administrativo, en donde cada uno de los órganos debe estar expresamente facultado para poder desarrollar una labor. Muchas veces lo hacíamos a través del 8 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través de una glosa en la ley de presupuestos. Lo que aquí se hace es generar que un gobierno regional, un gobernador regional, en tanto “alcalde mayor”, sea capaz de coordinar distintos aspectos en materia de prevención social y situacional en las comunas de su región. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, el gobernador Claudio Orrego , en conjunto con los consejeros regionales, dispone de más de 84.000 millones de pesos en materia de seguridad. ¿Qué hace este proyecto de ley, que es sumamente importante para los gobiernos regionales, en términos de ser capaces de entregar esa facultad de prevención social, situacional y comunitaria? Permite entregar asesoría y coordinación a cada uno de los municipios en materia de seguridad, reconoce y le permite integrar los consejos regionales y comunales de seguridad pública, para que la seguridad, que es dinámica y que se desplaza a través de los territorios, tenga una adecuada coordinación. Además, permite la creación de un ente especializado al interior de los gobiernos regionales, como es la División de Prevención del Delito, y también de asistencia a víctimas. Esto está conteste con la orgánica que se ha desarrollado en materia de seguridad, particularmente con la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Me permito señalar que, aparte de estas facultades, a esta norma le falta algo importante -es algo que también les sucede a los alcaldes-, que es la legitimación activa para poder accionar en caso de delitos de mayor connotación social en los territorios, y yo siento que, atendida la legitimidad electoral que tienen los alcaldes con su ciudadanía, y también los gobiernos regionales, debieran tener esa capacidad de querellarse en casos de graves delitos de connotación social en sus territorios. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia . La señorita PLACENCIA (doña Alejandra) .- Señor Presidente, sabemos que la seguridad es un derecho de todos quienes habitamos nuestro país. Así es como trabajamos y así la concebimos. Es una garantía básica para ejercer otros derechos que nos permitan construir una sociedad más justa, equitativa y de buen vivir. Este proyecto de ley va en esa línea, pues permite coordinar al Estado, sumándose a otras iniciativas, como la que fortalece a los municipios en materia de seguridad pública y prevención del delito, que actualmente está en el Senado y que esperamos que avance rápidamente, o la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que comenzará a funcionar en abril de este año. En esta iniciativa se consagran funciones en materia de prevención situacional y comunitaria del delito, así como de apoyo y asistencia a las víctimas, algo muy demandado en nuestro país. Por lo tanto, es fundamental que se fortalezca el rol de los gobiernos regionales en la protección ciudadana. Como diputada integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana he visto de cerca cómo las necesidades en este ámbito varían territorialmente y cómo las autoridades locales y los vecinos organizados tienen una visión clara de los desafíos específicos que enfrentan sus comunidades. Por eso, es crucial la descentralización y que los gobiernos regionales cuenten con las herramientas para diseñar e implementar políticas en este ámbito. Esta iniciativa fortalece algo que los gobiernos regionales ya hacen, como es financiar los proyectos de infraestructura y equipamiento para policías o municipios. Además, promueve un enfoque integral en seguridad, en el que la prevención no se limita a medidas reactivas, sino que abarca la planificación territorial y el fortalecimiento de comunidades seguras. Quiero destacar la importancia de que este proyecto haya sido construido con un consenso político amplio, con la participación de los gobernadores y otros actores claves, lo que refleja un compromiso sin instrumentalización política, como lamentablemente vemos que lo suele hacer un sector amplio de la derecha con un tema tan relevante como la seguridad. Porque mientras algunos solo se dedican a infundir temor, como el Partido Republicano y la ultraderecha, otros trabajamos para que las certezas y la seguridad de la ciudadanía perduren en el tiempo. Necesitamos un Estado que trabaje de forma planificada, organizando en todos los niveles este tema fundamental. Por eso, la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública junto a esta y otras iniciativas de manera coordinada podrán darnos la articulación interinstitucional que nuestro país necesita, un Estado que garantice la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, de sus familias, de niños y niñas; un Estado que asegure la dignidad para todos. Eso es en lo que hoy trabajamos, y este proyecto aporta en esa línea. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga . El señor UNDURRAGA (don Alberto).- Señor Presidente, debemos enfrentar sin complejos los desafíos que tenemos en seguridad; complejos que, a veces, un sector tiene para aprobar las reglas del uso de la fuerza o la ley de protección de la infraestructura crítica, o que otro sector tiene para aprobar el levantamiento del secreto bancario o para aprobar que los municipios puedan intervenir en los sitios eriazos. Tenemos que trabajar en nuestras políticas de seguridad sin complejos. Tampoco se puede tener el complejo de negar facultades a los gobiernos regionales, porque hoy tenemos una anomalía: el gobierno central tiene a cargo la seguridad -acabamos de aprobar la creación del Ministerio de Seguridad Pública-, y los municipios tienen su división de seguridad ciudadana; pero, al medio de todo eso, las gobernaciones estaban un poco en el aire desde el punto de vista de las facultades, a pesar de que muchas de ellas estaban haciendo un trabajo importante en la transferencia de recursos. Por ello, con la creación de la División de Prevención del Delito y con la entrega de un conjunto de facultades a los gobiernos regionales, avanzamos en que todos, cada uno en su espacio, abordemos los desafíos para hacer de Chile nuevamente un país seguro. Lo anterior también va en la línea de la descentralización necesaria para los gobiernos regionales. Porque la descentralización tiene que ver con facultades y también con recursos. Este proyecto tiene que ver con facultades. En el futuro hablaremos de una nueva ley de rentas, que tiene que ver con recursos. No obstante, hay algo que puede implementarse más rápido, en lo que podemos trabajar para adelante y que dejo planteado, a pesar de que no tiene que ver directamente con este proyecto: primero, si queremos que los gobiernos regionales tengan mayor autonomía, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de que los presupuestos que se les aprueben en el Congreso después se puedan ejecutar, y, segundo, si tienen algún problema de ejecución a final de año, en vez de generar todos los incentivos para que lo hagan a la rápida, establecer que ese presupuesto pase al año siguiente como saldo inicial de caja, tal como se hace en los municipios. Si queremos descentralizar, hay que hacerlo en materia de facultades y también de recursos. Si queremos trabajar para que Chile sea un país más seguro, todos los organismos deben tener una facultad relativa a la seguridad ciudadana; dentro de ellos, también los gobiernos regionales. Por eso, votaré favorablemente este proyecto. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Brito . El señor BRITO.- Señor Presidente, la seguridad en nuestro país tiene una bajada regional. Todas las regiones somos distintas; por ello, lamentablemente, cuando el esfuerzo del Estado se concentra solo en una región, las otras regiones sufrimos las consecuencias, pues los fenómenos delictuales van mutando y se van trasladando. Por eso, es importante el proyecto de ley que va a facultar a los gobiernos regionales a tener más iniciativa en roles de prevención y también de acompañamiento a las víctimas de los delitos. Cuando las personas sufren un delito violento, posteriormente pueden sufrir graves alteraciones a su salud mental, con síntomas de evitación activa o de ansiedad y, algunas veces, incluso, con mal uso y abuso de sustancias, porque lo que viven es realmente chocante; sin embargo, quedan totalmente desoladas. Por eso, las oficinas de atención a víctimas serán fundamentales en cada región, de acuerdo con cada realidad y con cada tipo de delito. Las víctimas de delitos deben sostener procesos tediosos en tribunales, muchas veces revictimizantes. Por eso, esperamos que las oficinas de atención a víctimas, de los gobiernos regionales, acompañen esos procesos para lograr sentencias ejecutoriadas para los delincuentes, de modo que no haya más una puerta giratoria y estos no actúen con total impunidad. Esto lo digo no porque lo haya escuchado en declaraciones de algún parlamentario de derecha o de izquierda, sino porque, al igual que la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país, vivo en un barrio que tiene problemas de seguridad; desde temprano los obreros y trabajadores salen a sus puestos de trabajo, y el barrio queda desocupado y desprovisto de seguridad. Por eso, es importante recuperar la seguridad de Chile con la comunidad, no contra la comunidad. Mientras la derecha, cuando fue gobierno, nos dejó los cuarteles destruidos, sin medios para poder asistir al llamado que realiza la comunidad, nuestro gobernador, Rodrigo Mundaca , ha financiado más de cien vehículos policiales para la Región de Valparaíso, y cámaras de televigilancia. Recién ayer se entregaron unos drones para monitorear a quienes nos han intentado prender fuego. Esto último ha ocurrido siempre, pero ahora los responsables están en la cárcel. Y que sepan, quienes quieren atentar contra la seguridad de nuestra región, que los vamos a hacer asumir las responsabilidades por el daño que generan. El país le pertenece a nuestro pueblo, a nuestra gente trabajadora, y tenemos derecho a estar tranquilos en nuestros barrios y en nuestros puestos de trabajo, a caminar tranquilos en la calle y a que muchos estudiantes, que regresan a sus salas de clases, vuelvan seguros a sus hogares después de usar el transporte público. Ese compromiso debe ser de unidad nacional. Esperamos que este proyecto sea aprobado con la transversalidad que amerita el trabajo por la seguridad de Chile. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao . El señor TEAO.- Iorana, señor Presidente. Las causas por homicidio en la Región de Valparaíso aumentaron 25,2 por ciento respecto del año pasado; homicidios consumados y frustrados sumaron 338, mientras que en 2023 se registró un total de 270 causas por ese tipo de delitos. Claramente, los delitos, asesinatos y todo tipo de incivilidades crecen en la región y en la zona que represento, mientras queda en evidencia que el plan Calles Sin Violencia, a pesar de sus intentos de perfeccionamiento, no ha sido exitoso. La región que represento cuenta con más de 3.000 efectivos de Carabineros, una cifra completamente insuficiente para la segunda región más poblada del país y que además es la tercera con mayor sobrepoblación penal, por sobre la Región Metropolitana. Las cifras no mienten. Es evidente que necesitamos que otras autoridades cuenten con mayores facultades para ir en auxilio de la seguridad de nuestras regiones. He aquí la relevancia de este proyecto de ley, que otorga a los gobiernos regionales funciones en la prevención del delito y en la atención a las víctimas. Esta iniciativa busca descentralizar las políticas de seguridad pública, pues permitirá que los gobiernos regionales diseñen, ejecuten y evalúen planes específicos según las realidades locales. En materia de descentralización, para una mejor respuesta local, este proyecto responde a la necesidad urgente de otorgar a los gobiernos regionales la capacidad de abordar el crimen de manera adaptada a sus territorios. Insisto: en nuestra región, donde los índices de delitos violentos han aumentado entre el 15 y el 18 por ciento entre el 2022 y el 2024, este enfoque nos permitirá actuar de forma más eficiente y ajustada a las particularidades locales. Quiero recordar que el año pasado citamos tres veces a la Comisión de Seguridad a la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá , para preguntarle cuál sería el plan estratégico de seguridad para la región. Las tres veces no contestó asertivamente, pues no tenía un plan específico para esta región. Creo que este es el momento de entregar ese tipo de herramientas a quienes sí tienen los recursos para que podamos lograr un plan específico para cada una de estas regiones. Por otra parte, la inclusión de los gobiernos regionales en los consejos de seguridad, junto con la colaboración de la Subsecretaría de Prevención del Delito, resultan claves para articular esfuerzos y tomar decisiones conjuntas en el nivel central, los municipios y las autoridades regionales. Este enfoque colaborativo permitirá una mejor planificación de las políticas y la asignación de recursos. Finalmente, junto con anunciar que votaré a favor este proyecto, quiero señalar que espero que a partir del segundo año también se adapten presupuestos para garantizar la correcta implementación de la futura ley, a fin de demostrar un compromiso con la eficiencia y con el uso responsable de estos recursos. Todo sea para el bien de las familias de nuestra región, de modo que espero que los recursos también se enfoquen en las necesidades locales. Iorana e maururu. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado . El señor MELLADO (don Miguel).- Señor Presidente, a este proyecto, siendo importante, le falta todavía para que sea perfecto para los gobiernos regionales. ¿Por qué razón? Hoy ya algo hacen respecto del traspaso de recursos para materias de seguridad. Pero aquí lo que se hace, según el mensaje, es proponer incorporar a los gobiernos regionales la función de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes y programas. Pero, a renglón seguido, se coloca un fórceps, una limitación, pues se señala que debe ser coherente con la política nacional de seguridad y las directrices del ministerio encargado de la seguridad. O sea, dejan al gobierno regional como si fuera la intendencia antigua, ya que el gobierno regional deberá seguir las líneas del gobierno de turno. Entonces, le falta trabajo a este tema. La iniciativa establece también que los gobiernos regionales podrán celebrar convenios con municipalidades, podrán mantener coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, deberán estar en los consejos nacionales de seguridad pública, consejos regionales, colocar una persona, que será parte de la implementación y creación de una división. No obstante, no le pasan plata para contratar gente. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el gobierno regional? Lo que deberá hacer, que corresponde a la partida 31, es sacar gastos de inversión y reasignarlos a gastos de operación. O sea, deberá desvestir a un santo, que genera empleo y desarrollo económico en las regiones, para contratar personal o para adquirir las cosas que se necesiten. Seamos claros: si el gobierno quiere traspasar, lo que me parece bien, más funciones a los gobiernos regionales, no les deben dejar las manos atadas. Lo digo, porque les están dejando las manos y el cuerpo completamente atados a lo que diga el gobierno central. Creo que en el Senado eso debe mejorarse. Nosotros no vamos a trabar el proceso, porque ya estuvieron los gobernadores regionales conversando con algunos diputados acá y pidieron que esto avanzara. Nosotros, como Renovación Nacional, lo rechazamos en la Comisión de Hacienda, porque no va con recursos asignados. Estamos repartiendo pobreza. Es lo mismo que pasa cuando se les asignan a los municipios nuevas funciones, pero no se les asigna plata. Creo que aquí, respecto de los gobiernos regionales, en el Senado podría mejorarse esta redacción para, definitivamente, ver la posibilidad de incorporar un poquito más de recursos y no sacar de inversión a gasto corriente, algo que al gobierno central le gusta hacer mucho. En los gobiernos regionales necesitamos inversión, no necesitamos que nos falten el respeto respecto de las líneas que quiere llevar una región, a lo mejor distintas a la de la política nacional. Vamos a aprobar, pero con peros, y espero que en el Senado se mejore. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez . La señora PÉREZ (doña Joanna).- Señor Presidente, quiero valorar la voluntad que se está dando en este Congreso, en particular hoy en la Cámara. Creo que es necesario siempre llegar a acuerdos en materia de seguridad. Respecto de estas dos iniciativas que nos presentó el gobierno, también conversadas y consensuadas dentro de lo que fue una agenda de seguridad, que seguimos instando desde nuestra bancada Demócratas, las vamos a acompañar y a apoyar siempre. Creemos que el rol coadyuvante de los municipios, que hoy se da de alguna manera dependiendo de los recursos, de las realidades, sin duda es importante. Ese es un proyecto que vimos en la Comisión de Gobierno Interior; lo mejoramos y conseguimos el doble de recursos que tenía, porque no podíamos disponer de 14 millones de pesos anuales para un municipio, que era lo que daba al prorratear los recursos. Tratamos de hacer lo mismo con este proyecto desde que la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) lo fue a presentar, pero, lamentablemente, no se disponía de esos recursos. Sin embargo, existe el FNDR. Creemos que es necesario seguir afianzando más inversión para los gobiernos regionales, porque creemos en la descentralización. Me reuní con la asociación de gobernadores regionales, y ellos nos pidieron este proyecto. Valoro que el diputado Miguel Mellado , en atención a una conversación que sostuvimos, se abra a mejorar este proyecto, y espero que el Senado logre gestionar más recursos. Valoro que el diputado Cifuentes ayer nos acompañara a manifestar otra voluntad a través de la ley de fortalecimiento de los gobiernos regionales, por recursos. Se trata de un proyecto que justamente está en la Comisión de Hacienda. Tenemos que seguir empujando el carro de la descentralización. Eso nos hace bien en nuestros territorios, en nuestras comunas, en nuestras regiones, pese a los problemas, a los errores, a los tropiezos que se dieron en materia de prioridad y transparencia. Es algo que este Congreso ha mejorado no solo a través de lo que ha hecho Hacienda, sino también en leyes claras y concretas con una agenda específica en materia de probidad. Eso es lo que tenemos que dar; debemos avanzar, controlar, fiscalizar, hacer el trabajo, pero también no ahogar a las regiones ni a los gobiernos regionales. En materia de seguridad, esto es tremendamente importante. Los gobiernos regionales invierten el 30 por ciento de su FNDR, a veces en seguridad, entregando carros, vehículos a las policías, infraestructura a la PDI y a Carabineros. Por lo tanto, no podemos castigarlos en términos de no tomar decisiones, a lo menos de tener una división, que es lo que permite este proyecto, y poder articularse con las distintas organizaciones que trabajan. Todos tenemos que unirnos para que todos los poderes del Estado avancen, y también los gobiernos regionales y locales. Por eso, nosotros vamos a acompañar este proyecto. Lo mejoramos, y sin duda todavía queda mucho por mejorar, pero tenemos que apurar el tranco. Lamento que no haya ningún ministro acá que pueda estar también escuchando estas materias que son muy importantes para las regiones. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes . El señor CIFUENTES.- Señor Presidente, efectivamente, este proyecto consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito. Avanza en complementar la arquitectura de los gobiernos regionales, pero es insuficiente desde el punto de vista de las facultades, así como también de los recursos. Ayer los gobernadores nos decían que en este periodo de gobierno, en estos tres años, los gobiernos regionales han invertido 500.000 millones de pesos en seguridad. O sea, han hecho un esfuerzo notable. Sin embargo, hasta ahora, ese esfuerzo es incompleto, porque, en primer lugar, los gobiernos regionales no tienen la estructura, y, como no contaban con las facultades, tampoco tienen las especialidades, personal experto en esta materia, que pueda efectivamente diseñar una política de prevención situacional del delito, junto con las autoridades de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de la delegación provincial y regional. Este proyecto, además, llega en un momento contradictorio, porque justo estamos a punto de comenzar la implementación del Ministerio de Seguridad Pública, que crea la figura de un nuevo seremi de Seguridad. Es algo que nosotros hemos discutido muy profundamente, porque se disminuyen las facultades del delegado presidencial. Además, el Presidente Boric , tanto al inicio de su gobierno como en su programa, señaló que iba a eliminar la delegación regional, pero los duros hechos lo han hecho cambiar esa decisión. Entonces, si ya rectificaron esa decisión, ahora debe ser coherente la acción en el territorio. Desde ese punto de vista, nos falta una discusión y nos falta armar una arquitectura que sea más coherente con lo que buscamos, tanto desde el punto de vista de la descentralización como desde la perspectiva de la presencia del Estado nacional en los territorios. Ambas son necesarias, pero hasta ahora esto se desarrolla en un Estado confuso, en donde hay muchas sombras, que pueden generar dudas en las instituciones que tienen que actuar de manera decidida, como las policías o, incluso, los municipios. Creo que esta iniciativa es un pequeño avance, porque reconoce facultades a los gobiernos regionales que hasta ahora no eran explícitas y además reconoce la posibilidad de crear una pequeña estructura que pueda crecer en el tiempo a costa de esfuerzos de los propios gobiernos regionales, lo que me parece bien, pero, sobre todo, porque reconoce la posibilidad de ir especializando a un gobierno regional en este combate que es tan fundamental para las y los chilenos. En consecuencia, votaremos a favor este proyecto. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu . El señor LILAYU.- Señor Presidente, si bien es cierto que la prevención del delito es sumamente deseable, sobre todo considerando los niveles de delincuencia que ostenta nuestro país actualmente, se debe destacar que, pese a que el proyecto de ley en discusión ingresó a tramitación en el 2023, este fue dejado de lado por muchísimo tiempo, hasta el segundo semestre del año pasado, habiéndose producido desde entonces varios cambios, como los comicios de noviembre del 2024, en que se renovó gran parte de los gobernadores regionales, o la aprobación de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el cual iniciará su función el primero de abril. La seguridad de la población y el combate a la delincuencia son tareas perdidas por este gobierno, y nosotros, como Cámara de Diputados, no podemos seguir improvisando en estas materias. Este proyecto no es bueno, ya que no mejora la prevención. Por el contrario, la complica, porque podría provocar una duplicidad de funciones, puesto que los encargados de la seguridad pública de las delegaciones presidenciales son muy similares en cuanto a funciones al nuevo jefe de la División de Prevención del Delito que propone el proyecto, con lo cual podría darse el problema del funcionario espejo. Tal como se señala, lo más lógico sería unificar todas las atribuciones en materia de prevención del delito en un solo ente: el jefe de división del gobierno regional, traspasando los recursos asociados al cargo de coordinador regional al nuevo jefe de división, de manera que, por medio de su figura, sea la región la que se exprese respecto de las políticas en materia de prevención y seguridad que desea implementar el gobierno regional. Ya basta de improvisar, como se hizo con el plan Calles Sin Violencia, donde se tomaron decisiones a nivel central. En mi distrito no se consideró a comunas como Osorno, Frutillar o Puerto Varas, dejándolas en la indefensión, sacándoles personal policial, y, en el caso de Osorno, sin considerar el aumento en el número de delitos como robos, asaltos, robos de vehículos y tráfico de drogas. Además, también se debe mencionar que el proyecto no hace ninguna referencia a las realidades regionales, tema no menor al hablar de seguridad. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Boris Barrera . El señor BARRERA.- Señor Presidente, todos y todas somos conscientes de la importancia que reviste la seguridad para nuestro país, de modo que debemos dotarlo de una institucionalidad robusta en la materia. Ya avanzamos en la creación del Ministerio de Seguridad Pública, un aporte que era sumamente necesario y que nos permitirá ejecutar políticas públicas más eficientes y eficaces, en coherencia con la política nacional de seguridad pública. Este proyecto de ley viene a llenar un vacío en materia de atribuciones en seguridad para los gobiernos regionales, pues confiere explícitamente a estos la facultad de desarrollar políticas y acciones de prevención social, situacional y comunitaria del delito, lo que permitirá descentralizar y articular el trabajo del Estado en materia de prevención del delito, de modo que se integre de forma coherente con las competencias ya ejercidas por el nivel central y municipal. De esa manera, se establecerá la institucionalidad regional de manera armónica con las herramientas existentes para hacer frente a los problemas de prevención de la delincuencia. De igual modo, se permitirá a los gobiernos regionales financiar proyectos destinados a dotar de equipamiento e infraestructura a las fuerzas de orden y seguridad pública. Entre las innovaciones del proyecto encontramos la posibilidad de crear la División de Prevención del Delito, que estará encargada de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materia de atención y asistencia a víctimas. Asimismo, esta división será la encargada de colaborar con los municipios en la formulación e implementación de los planes comunales de seguridad pública. En definitiva, la inclusión de los gobiernos regionales en las labores de prevención del delito es coherente con la descentralización y la integración de la institucionalidad regional en la prevención de la delincuencia, estableciendo tareas compartidas entre el nivel central, regional y local. Este trabajo conjunto es esencial para garantizar la protección efectiva de las comunidades. Por lo tanto, esperamos aprobar este proyecto, ojalá de manera unánime. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Carla Morales . La señora MORALES (doña Carla).- Señor Presidente, esta moción busca reconocer de manera explícita una facultad que es esencial para trabajar eficientemente la prevención social, situacional y comunitaria del delito a través de los gobiernos regionales. Así es, pues persiste un vacío normativo que excluye una facultad a nivel regional pese a su rol clave en el desarrollo territorial y social, omisión que no solo genera incoherencias en la arquitectura institucional de nuestro país, sino que además limita la capacidad de respuesta frente a fenómenos delictivos que requieren coordinación y estrategias integrales. Como bien sabemos, los gobiernos regionales son actores fundamentales en la planificación del territorio, cuyas facultades inciden directamente en los factores que previenen la criminalidad; por lo tanto, no es posible hablar de un desarrollo regional sostenible sin incorporar la prevención del delito como parte indispensable de su mandato desde su propia realidad territorial. Hoy enfrentamos desafíos delictivos cada vez más complejos, que no reconocen fronteras comunales y que requieren respuestas coordinadas y contextualizadas. La prevención social, situacional y comunitaria del delito no puede quedar restringida a intervenciones locales o centralizadas que muchas veces desconocen las particularidades de cada región, por lo cual fortalecer la capacidad regional para incidir en estos ámbitos permitirá contribuir a estrategias más eficaces, diseñadas desde las diferentes realidades territoriales. Sin embargo, quiero hacer un llamado al gobierno para que clarifique por qué el informe financiero señala que las nuevas atribuciones no generan gasto adicional si se crea el cargo de jefe de División de Prevención del Delito al interior de cada gobierno regional. No contar con esta información compromete la aprobación del proyecto, por cuanto no sabemos el costo fiscal. Por eso llamo al gobierno a aclararlo, para así seguir adelante con esta tramitación, que viene a fortalecer, sin duda, las capacidades regionales en materia de prevención del delito. Además, aprovecho de reconocer al gobierno regional de O'Higgins todo el esfuerzo que se ha realizado para poder llegar a cada uno de los territorios de las 33 comunas de la región y, también, con proyectos que han ayudado a fortalecer a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Natalia Romero . La señora ROMERO (doña Natalia).- Señor Presidente, en principio, parece razonable que exista una regulación específica en materia de seguridad para órganos como los gobiernos regionales; sin embargo, mirando en detalle el proyecto de ley propuesto, solo podemos concluir, lamentablemente, lo contrario. Actualmente, los gobiernos regionales ya tienen atribuciones para financiar la adquisición de bienes para Carabineros de Chile o para la Policía de Investigaciones, como vehículos policiales y elementos de vigilancia con tecnología avanzada, como drones. También pueden transferir recursos destinados a objetos específicos previamente coordinados con policías y financiar capacitaciones a funcionarios de la institución. Estas decisiones que toman los gobiernos regionales ciertamente obedecen a un criterio de realidad regional, que después determinan tener una coordinación, por ejemplo, con las municipalidades de las comunas más afectadas, que son las que mejor conocen, sin duda alguna, la realidad de los vecinos. Sin embargo, este proyecto atenta contra el criterio regional para implementar planes en materia de seguridad, porque obliga a que las decisiones se tomen en los gobiernos regionales, por lo que lamentablemente se trasladan al nivel central. Además, se va a crear una duplicidad de funciones en materia de prevención del delito. No solo va a existir una autoridad encargada de la elaboración y la ejecución de estrategias de seguridad pública, a través del recién creado Ministerio de Seguridad Pública, sino que ahora también se van a asignar funciones similares a un órgano específico dentro del gobierno regional. A veces, lo que abunda sí daña. No creo que sea una buena idea dispersar la responsabilidad en materia de seguridad y orden público en nuestro país. Si todos tienen atribuciones sobre la misma materia, al final, nadie se hará responsable cuando los objetivos trazados no se cumplan, algo que ya vemos día a día con la duplicidad de funciones entre el delegado presidencial y el gobernador. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez . La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .- Señor Presidente, la motivación de mis palabras tiene que ver con el discurso reciente de la colega que acaba de intervenir, porque en lo que ella señaló tenemos que poner atención cuando legislamos. “Orden público”, “seguridad” y “descentralización” son tres conceptos que se repiten siempre en nuestro discurso y en el de todos, más allá del color político que representamos. Y es ahí donde vamos a tener una labor fundamental: la fiscalización. Estamos hablando de más recursos en temas que requieren más refuerzos, más fuerza, más contención, todo lo que la ciudadanía reclama y que son los temas principales dentro de la contingencia nacional -reitero-, como son el orden público, la seguridad y la descentralización. Al mismo tiempo, debemos ser más transparentes con la ciudadanía. Por eso, nuestra labor fiscalizadora es fundamental cuando se trata de más recursos, porque ello podría ser una tentación para algunos. Estamos en tiempos donde la transparencia y la probidad son fundamentales y ello nace desde los legisladores, desde los municipios y desde los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales hacen una tremenda labor y la descentralización debe ser uno de los objetivos más claros para quienes representan a las regiones. En mi caso, represento a comunas que están al borde de pertenecer a otra región, como es el caso de Alhué, El Monte, Curacaví y María Pinto . Son atribuciones muy positivas, pero pueden hacer caer en la tentación a algunos para la manipulación de recursos del Estado. Invito a los legisladores a aprobar este proyecto y a tomar muy en cuenta las palabras de la diputada que me antecedió, porque da en el clavo, sobre todo cuando se amplían los presupuestos. Es ahí donde nuestra labor fiscalizadora debe ser clave. Estaremos dispuestos a apoyar la descentralización y, por supuesto, a aumentar y reforzar el orden público y la seguridad, pero con cartas claras y transparentes ante la ciudadanía. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger . El señor BERGER.- Señor Presidente, como diputado regionalista, voy a replicar una vez más la conocida frase: “Santiago no es Chile”. Al igual que la Región Metropolitana, las regiones del país han sido igualmente golpeadas por la delincuencia e, incluso, algunas mucho más. Un ejemplo de ello es la ciudad de Valdivia, que pasó de ser un modelo en materia de seguridad a ser una de las ciudades con mayor índice delincuencial en los últimos dos años. Por lo tanto, la bajada desde el gobierno central a los gobiernos regionales es una medida que va en la línea correcta, porque va a permitir una mayor coordinación entre las distintas instancias públicas. Por otro lado, tenemos que considerar que, en la actualidad, hay estructuras que ya están funcionando y recursos que ya se están transfiriendo a los gobiernos regionales sin contar con un marco de conversación institucional coherente con las políticas nacionales, las que necesariamente deben tener bajadas a nivel regional y comunal. El inconveniente que le veo a este proyecto es su financiamiento. Para ejercer esta nueva facultad, los recursos provendrán de los contemplados en el presupuesto vigente para los gobiernos regionales. Espero que esta situación se corrija en su tramitación en el Senado. Por lo tanto, voy a votar a favor de este proyecto, que además de contar con el apoyo unánime de la Comisión de Gobierno Interior, a la cual pertenezco, ha contado también con el apoyo de los verdaderos incumbentes, los gobernadores, agrupados en la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi). He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Agustín Romero . El señor ROMERO (don Agustín).- Señor Presidente, este proyecto es fiel reflejo de los vicios que han llevado a nuestro país a un estado de parálisis institucional y desprotección ciudadana. Se nos dice que se busca fortalecer la seguridad cuando en realidad solo se está fortaleciendo la burocracia. En este proyecto no hay una sola línea que refuerce la lucha contra la delincuencia. No hay una sola palabra que garantice el resguardo de los chilenos frente al crimen desbordado en nuestras calles. La seguridad es y debe ser una función del Ejecutivo, y así lo dispone nuestra Constitución, no por capricho, sino porque el combate contra el crimen requiere dirección clara y un mando unificado. Con este proyecto se pretende diluir esa responsabilidad, dispersándola en los gobiernos regionales, que no tienen ni la preparación ni las facultades para enfrentar a la delincuencia. Lo que se intenta es convertir la seguridad en un botín político, creando más cargos de confianza, más reparticiones estatales y más gastos innecesarios, mientras la gente sigue sufriendo los estragos de la violencia y del crimen organizado. El principio esencial de la buena administración es que el Estado debe ser un instrumento eficaz al servicio del bien común y no un obstáculo para la solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos. Y este proyecto, en lugar de facilitar la acción de la autoridad, la enreda; en lugar de garantizar mayor seguridad, ¿qué nos ofrece? Más trámites. En lugar de responder a la urgencia de la gente, responde a la voracidad burocrática de un Estado que, lejos de servir a las personas, parece servirse a sí mismo. Chile no necesita más burocracia ni más facultades inútiles, sino firmeza en la aplicación de la ley. No necesita más estudios ni planes estratégicos, sino que los delincuentes sean perseguidos y castigados con todo el peso de la ley. Mi voto es en contra, porque la seguridad de los chilenos no puede ser objeto de experimentos administrativos ni de maniobras políticas disfrazadas de descentralización y porque nuestro deber no es engordar el aparato estatal, sino garantizar que el Estado cumpla su deber esencial: proteger a quienes trabajan y producen, a quienes se levantan temprano y levantan con todo su esfuerzo al país, pero que hoy se sienten indefensos frente a la impunidad del crimen. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock . El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, nos encontramos discutiendo un proyecto de ley que busca otorgar a los gobiernos regionales funciones en prevención del delito y apoyo a las víctimas. En principio, si miramos el título del proyecto, la idea de fortalecer la prevención a nivel local es sumamente deseable, especialmente considerando la situación de seguridad que enfrenta nuestro país. Antes de entrar en materia, es esencial reconocer que este proyecto, ingresado en 2023, ha atravesado un período de pausa significativa. Su discusión se reactivó sin haber considerado cambios recientes, como los comicios de noviembre de 2024, que renovaron gran parte de los gobernadores regionales, ni la inminente entrada en funciones del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el 1 de abril de 2025. Me habría parecido más prudente que las nuevas autoridades participaran y ofrecieran su perspectiva antes de que este proyecto fuera votado. Desde una perspectiva más técnica, debo expresar mi inquietud sobre la duplicidad de funciones que podría surgir. El proyecto propone crear un jefe de división de prevención del delito en el gobierno regional, cuyas funciones parecen solaparse con las de los encargados de seguridad pública en las delegaciones presidenciales. Sería más lógico y eficiente unificar las atribuciones de seguridad en una sola figura dentro del gobierno regional, traspasando los recursos necesarios, para evitar confusiones y asegurar que las regiones puedan expresar por sí mismas sus prioridades en políticas de seguridad. Otro aspecto que merece atención es la burocracia adicional que podría surgir al crear nuevas instancias de participación en decisiones tan delicadas como la seguridad. La descentralización es clave, pero siempre que se realice teniendo en cuenta las limitaciones reales de recursos. Además, este proyecto desconoce las realidades específicas de cada región, un error notable dada la diversidad de desafíos que enfrentan los territorios, como ocurre con nuestra Región de Los Ríos. Al imponer la alineación con planes estratégicos nacionales, podríamos estar limitando la capacidad local para desarrollar estrategias efectivas para sus particulares necesidades de seguridad. Espero que este proyecto mejore sustancialmente su financiamiento en el Senado. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rubén Oyarzo . El señor OYARZO.- Señor Presidente, desde la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización nuevamente sometemos a discusión un proyecto que va en directo beneficio de la institucionalidad, pero también de la ciudadanía. Robustecer los gobiernos regionales, robustecer el país en su conjunto, y hacer a los gobiernos regionales partícipes de la prevención comunitaria y social del delito es una tarea que irá en directo beneficio de la gente, de los vecinos y las vecinas. Además de descentralizar y permitir que las políticas públicas se orienten hacia una coordinación permanente, con este proyecto vamos dando forma a una nueva institucionalidad en materia de combate a la delincuencia, tal como lo hicimos, por ejemplo, con el proyecto de guardias municipales, el cual está durmiendo en el Senado. Los territorios requieren de una profunda intervención, especialmente porque vemos que el crimen organizado, las bandas organizadas usan armamento militar, usan armas de alto calibre. Lamentablemente, nuestros guardias de seguridad o nuestros carabineros de Chile, por ejemplo, no pueden usar un táser eléctrico. Por eso creemos que vamos a insistir para mejorar este tipo de proyectos. 2024 no fue un buen año para la Región Metropolitana ni tampoco para el distrito N° 8, en particular para comunas como Maipú, Cerrillos , Estación Central, Quilicura , Lampa , Pudahuel , Colina , Tiltil , comunas que, lamentablemente, salen en el matinal o en las noticias tres o cuatro veces por crímenes violentos. La violencia aumentó en cerca de un 8,2 por ciento en comparación con 2023. Espero que este 2025 podamos tener mejores cifras. Un gobierno regional más proactivo e involucrado significará barrios más seguros y vecinos y vecinas protegidos. Hacia allá tenemos que avanzar, pero con urgencia, porque así lo requiere la ciudadanía. Desde la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización seguiremos poniendo a disposición de este Congreso proyectos destinados a proteger a la gente, pero este esfuerzo tiene que venir acompañado de otro del Ejecutivo. No tengo dudas de que con el nuevo ministrodel Interior y Seguridad Pública lograremos generar una mejor relación que con la ministra saliente, la cual, lamentablemente, brilló por su ausencia en las comisiones y en las discusiones legislativas. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez . El señor BÓRQUEZ.- Señor Presidente, es urgente y necesario contar con un plan de acción frente al alza desmesurada de la delincuencia. El Ejecutivo ha fracasado rotundamente en esta misión. El plan Calles Sin Violencia no ha logrado disminuir con éxito las cifras de homicidio, robo, narcotráfico y otros delitos que ponen en peligro la seguridad de los chilenos. El gobierno claramente tiene un enfoque centralista en cuanto a delincuencia, alineando siempre sus esfuerzos en contener la delincuencia en la Región Metropolitana. Pero ¿qué pasa en las regiones? Poco se ve en los medios de comunicación apoyo del Ejecutivo a los gobiernos regionales en materia de prevención de delitos a nivel local. Esa ayuda se presenta con mayor escasez en las zonas extremas de nuestro país, como es la provincia de Chiloé. ¿Cómo vamos a confiar en que la autoridad presidencial llegue a apoyar la lucha contra la delincuencia en las más de cuarenta islas que tiene el archipiélago de Chiloé? Estos últimos días, en la comuna de Castro, un ciudadano colombiano cometió un crimen fatal contra la señora María Angélica Ascuí , a la que se encontró amarrada con alambres debajo de un puente en la comuna de Castro. Es claro que necesitamos un método más efectivo. En este sentido, creo que dotar al gobierno regional de atribuciones para prevenir el delito es el camino correcto, ayudando a la descentralización y a una gestión más focalizada en los territorios más aislados. El proyecto que discutimos hoy sigue esa línea. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en cuanto a los efectos que tendrá su aplicación práctica, ya que, a priori, existirán dos autoridades con funciones similares en la región: el delegado presidencial y el jefe de división de prevención del delito, nueva autoridad que crea el proyecto. Esto generaría una mayor burocracia, dispersando las responsabilidades y obstaculizando la gestión pública. Además, surgen cuestionamientos sobre cómo se financiará esta nueva autoridad. No es claro todavía qué partida presupuestaria cubrirá ese gasto. Por estos motivos, creo que a este proyecto le falta mejorar. Los ciudadanos chilenos y, especialmente, los habitantes del gran archipiélago de Chiloé necesitan de soluciones efectivas, no más burocracia ni medidas ineficaces en la lucha contra la delincuencia. Su seguridad está en juego. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto . El señor SOTO (don Leonardo).- Señor Presidente, vamos a aprobar con mucho entusiasmo este proyecto de ley, porque llena un vacío en nuestra legislación. Usted sabe que para enfrentar el fenómeno de la delincuencia, que tiene mucha preocupación en el sentir ciudadano, se requiere que todas las instituciones públicas pongan lo que tengan para conseguir ese objetivo. Hoy, el gobierno central tiene funciones en materia de persecución penal y también de prevención del delito. También las tienen los municipios, sobre todo en materia de prevención situacional. Sin embargo, los gobiernos regionales, que ya van para su segundo periodo institucional, no tienen facultades específicas para invertir en prevención social, situacional y comunitaria del delito. La prevención es muy importante. Hoy, cuando se comete un delito, se pone en marcha una maquinaria muy costosa; se pone en marcha toda la policía que hay en nuestro país -Carabineros, PDI-, lo que involucra también edificios institucionales y vehículos. Una vez que se logra detener al delincuente, operan los tribunales con jueces, con fiscales, con defensores. Es un sistema de persecución carísimo. En Chile solo se invierte en materia de prevención un 10 por ciento de lo que se invierte en materia de persecución. Hay estudios de los años 90 que demuestran que un millón de dólares invertido en prevención de delitos tiene mucho más resultado en evitar delitos que invertir en persecución penal. ¿Cómo no va a ser importante abordar los factores de riesgo que llevan a niños y jóvenes a cometer delitos? Dinero invertido para obtener incentivos en favor de jóvenes que salen de la enseñanza media, para que no ingresen al delito, tiene mucho más rendimiento que el sistema persecutorio; evita más delitos. También esto aplica respecto de menores que cursan escolaridad básica y se integran a cadenas delictuales de drogas. Por eso, la prevención social, situacional y comunitaria, que van a abordar ahora los gobiernos regionales, es muy importante para ser incorporada a este frontón que hemos construido como gobierno para enfrentar el delito, que incluye más de cincuenta leyes en materia de seguridad, y con mejoramiento completo de las policías, dotadas de instrumentos, armas y protección que no tenían en el gobierno anterior. Ahora, se incorpora todo lo que es prevención en materia de gobernadores regionales. En esta Sala algunos dicen que van a votar en contra porque esta facultad no tiene asociado dinero. Les advierto que solo dos gobiernos regionales -los de la Región Metropolitana y de la Región de Valparaíso ejecutaron el ciento por ciento del presupuesto el año pasado. Por ejemplo, la Región de La Araucanía, que estaba a cargo de un representante de Chile Vamos, solo ejecutó el 69 por ciento de su presupuesto. Ahora tendrán facultades y presupuesto para ejecutar, para darle tranquilidad a la gente. Así que vamos a aprobar este proyecto de ley. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno . El señor MORENO.- Señor Presidente, en todos estos temas hay que partir por una pregunta: ¿quién tiene el deber de imponer el orden y la ley en materia de seguridad para respetar uno de los derechos más básicos de las personas? ¿El gobierno central, el gobierno regional o el gobierno municipal? ¿Cuál de todos? Porque, claramente, cuando uno le entrega una tarea a un organismo del Estado, tiene que entregársela con los debidos contornos para que la cumpla, no para que tire la pelota al córner. Una de las cosas que agrega este proyecto de ley es diseñar, aprobar, ejecutar y aplicar políticas, planes, programas y proyectos regionales en materia de seguridad. ¿Les dice algo? No mucho. Esto se debe alinear con la Política Nacional de Seguridad Pública Interior y el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia. O sea, más políticas con más alineaciones y con más coordinaciones. ¿Efecto práctico? Ninguno. Los gobiernos regionales podrán coordinarse con el ministerio y con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, podrán crear la División de Prevención del Delito para desarrollar las políticas mencionadas. O sea, va a ser un negociazo poner una consultora de seguridad que se dedique a hacer informes para venderlos por todos los recursos que van a estar disponibles para hacer más planes, más mesas de seguridad y una serie de cosas. ¿Qué podría hacer esto en la práctica? Que el ministro de Seguridad le informe al subsecretario de Prevención del Delito que debe llamar al encargado regional de seguridad para que este se junte con el delegado, con el propósito de que el delegado vaya a hablar con el jefe regional de la División de Prevención del Delito, para que este se coordine con Carabineros y el encargado municipal para que presenten una querella contra quienes resulten responsables. O sea, un gran “avance” en seguridad. Hay vacío legal y tantas otras cosas y palabrerías que, en la práctica, quedan en papeles para acá y papeles para allá. Esta es una muestra más de la atomización del Estado. ¿Alguien cree que el funcionario que estará en esta labor va a asumir la responsabilidad de un trabajo mal hecho cuando le puede echar la culpa al compadre que tiene al lado en la misma región? ¿Alguien cree que ese funcionario se va a hacer responsable si esto no funciona? Para solucionar cualquier problema van a proponer una mesa, un comité o una coordinación, donde se van a juntar el encargado municipal, el encargado regional del Ministerio de Seguridad, el encargado de prevención del delito y el encargado del gobierno regional. Todos se van a juntar para hacer perder tiempo a Carabineros en una mesa para decirle cómo creen ellos que debe abordar el delito. Mientras tanto, las pistolas táser están congeladas, porque dicen: “No, porque hay que ver esto, porque hay que verlo con más cuidado”, pero para crear cargos van como avión. En eso sí que se demoran poco: en crear divisiones, en crear cargos, en poner a más personas dentro del aparato público y en seguir atomizando las funciones, que es uno de los grandes problemas del gobierno. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet . El señor MULET.- Señor Presidente, hoy parece hasta absurdo que los gobiernos regionales no tengan las atribuciones legales en materia de seguridad, ya que los órganos del Estado actúan conforme al principio de actuación en derecho público, de manera que en la ley tienen que estar claramente establecidas sus funciones y, obviamente, su orgánica. De modo que este proyecto de ley viene a suplir eso, pues otorga con claridad al gobierno regional, que utiliza muchos de sus recursos en materia de seguridad a través de otros órganos, las atribuciones para proceder y actuar de mejor manera en algo que decimos y señalamos todos, que es la persecución del delito. Creo que este avance es muy importante, sin perjuicio de las dificultades que puede haber en otras materias. Creo que también es importante el control democrático. Los gobernadores regionales están a cargo de los gobiernos regionales y son elegidos por la voluntad popular. Darles atribuciones a los gobernadores regionales en esta materia también los obliga y los conmina a que, si en sus regiones no avanzan con claridad en los temas de seguridad en que obviamente ellos pueden avanzar, pueden ser castigados democráticamente y no ser reelegidos. El control democrático de las autoridades sirve. Obviamente, en temas que son tan sensibles y tan relevantes, un gobernador que no hace bien la pega en materia de seguridad, así como también si no la hace en otras materias, podrá ser destituido, salir del cargo o, al menos, no ser reelegido. Eso también le pone un sabor importante. He visto los problemas que enfrentamos en materia de seguridad en todo el país. He visto el esfuerzo que ha hecho el gobierno por la vía legislativa y también por la vía de los hechos, por la vía de los recursos. Incluso, recursos tan importantes como los del royalty, de cuya ley soy orgullosamente autor, han llegado también a la seguridad pública en nuestro país. ¡Vaya que ha sido importante el royalty no solo por los recursos que llegan a las comunas y los gobiernos regionales, sino también en materia de seguridad! Por eso, creo que es un buen proyecto de ley. Vamos a apoyarlo, porque contribuye y otorga con claridad una función a los gobernadores regionales, dado que –repito deben actuar conforme al principio de actuación en derecho público. De manera que damos todo nuestro respaldo a este proyecto de ley. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca . El señor ILABACA.- Señor Presidente, cuando uno quiere enfrentar una de las problemáticas más preocupantes y apremiantes para nuestra ciudadanía, como son los temas de seguridad, tiene dos vías: ser serio y hacer propuestas concretas en un sistema complejo o bien generar caricaturas y populismo penal. Esa es la propuesta que muchas veces el Partido Republicano nos plantea aquí, proponiendo meras caricaturas, tratando de simplificar una discusión que es mucho más profunda, jugando con las necesidades y los sueños de la gente, prometiéndoles cosas que nunca podrán cumplir. Yo me salgo del lado de las caricaturas republicanas. Lo que tenemos que hacer es presenciar el tremendo trabajo que este mensaje ha planteado por parte del Presidente de la República, que ha sido mejorado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Claramente, faltan elementos que puedan mejorar el proyecto de ley. Tal cual han señalado varios parlamentarios, espero que sea mejorado en la discusión legislativa que aún queda por darse. Hoy les planteamos a los chilenos que a través de este proyecto vamos a permitir que los gobiernos regionales, que son parte esencial de nuestro territorio -porque pareciera que algunos solo se centran en Santiago y miran Chile desde esa capital, a diferencia de nosotros que lo miramos desde las regiones, en particular desde la Región de Los Ríos-, puedan diseñar, aprobar, ejecutar y aplicar políticas, planes y programas de proyectos regionales en materia de prevención. Es esencial entregarles más herramientas a nuestros gobiernos regionales, porque son aquellos representantes que tienen la mirada de todas las regiones. Por lo mismo, creo que esto es un tremendo avance. En ningún caso vamos a solucionar todos los problemas de seguridad pública que enfrenta el país. Quien pretenda entregar esa misión a los gobiernos regionales está mintiendo, está generando meras caricaturas. Aquí estamos entregando a los gobiernos regionales más poder, más herramientas para una lucha que debería ser mucho más transversal. En este punto, quiero invitar a aquellos sectores de la derecha más reaccionaria, de la derecha más populista, de aquella que llega con la motosierra, a dejar las caricaturas, a pensar en serio en Chile y a pensar en serio en lo que viven los ciudadanos de todo nuestro país. En mi caso, estoy a favor de la seguridad pública, y seguiré apoyando todas aquellas iniciativas que impliquen más seguridad, tranquilidad y paz para mis vecinos y vecinas. He dicho. El señor RIVAS (Vicepresidente).- Ha concluido el tiempo del Orden del Día. El debate de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión. "
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