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- rdf:value = " El señor NÚÑEZ.-
Gracias, Presidente.
Primero, saludo a todos los presentes en las tribunas, sin exclusiones de ningún tipo, y también a las autoridades que están acá.
Quiero partir leyendo el fallo, de 16 de abril del 2021, del tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, que fue confirmado por la Corte Suprema el 6 de enero del 2022.
El Tercer Tribunal condenó al entonces senador Jaime Orpis como autor de seis delitos de fraude al fisco -¡seis delitos de fraude al fisco!- y dos delitos de cohecho a las penas de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y 600 días de reclusión menor en su grado medio.
El fallo señala que este exsenador realizó por segunda vez una solicitud de dinero a Corpesca a mediados del 2010, para legislar a favor de sus intereses. Y ello se concretó, y cito: "en el año 2012 durante la tramitación del Boletín 8091-21 a que dio lugar la Ley General de Pesca, y respecto del cual Orpis Bouchon recibió diversas instrucciones tanto por parte de Francisco Mujica , como del ejecutivo Ramón Pino Correa sobre los intereses importantes para Corpesca S.A., como las Licencias Transables de Pesca (...), las Licitaciones de las licencias (...), las Perforaciones a las 5 millas y la transferibilidad de las licencias, haciéndole saber cuáles eran sus peticiones y cómo se debían aprobar o rechazar, votando Jaime Orpis Bouchon finalmente en el sentido indicado y a favor de los intereses de Corpesca S.A., todo ello" -¡todo ello!-, "mientras recibía sumas de dinero mensuales y regulares, en tanto que en los meses relevantes las sumas de dinero eran superiores".
Ese fue el fallo de la Justicia chilena. Y ese fallo de la Justicia chilena no refleja "supuestos sobornos", "supuesta corrupción". Por el contrario, los hechos están probados y, además, fue ratificado por la Corte Suprema. Y eso determina que el Senado, del cual todos acá somos parte, está en deuda con la pesca artesanal.
¡Esas fueron las votaciones de Orpis que le dieron el 90 por ciento del jurel a la industria pesquera, Presidente! ¡El 90 por ciento!
¡Esas fueron las votaciones de Orpis que le dieron el 60 por ciento de la merluza común!
¡Esas fueron las votaciones que le dieron el 78 por ciento de la sardina y la anchoveta en todo el norte de Chile a la empresa Corpesca!, y también a otras empresas pesqueras que, no habiendo sido parte del soborno, se vieron beneficiadas por el fraccionamiento final.
Bueno, esta es la oportunidad que tiene el Senado para corregir esta ley torcida, que de forma ilegítima entregó tales beneficios en desmedro de la pesca artesanal.
Al ser testigos de lo que está haciendo el Senado, discúlpenme, ¡da vergüenza!
¿Cómo corregimos lo que ocurrió con la merluza común? ¡Se equivocó la Comisión de Pesca del Senado! Y lo digo sin ninguna duda. ¡Se equivocó la Comisión de Hacienda del Senado! Le dieron a la pesca artesanal 43 por ciento, aumentaron un 3 por ciento su cuota. ¡Miren que actividad más justa! ¡Miren que reparación!
¡ Ridículo , Presidente ! ¡ Ridículo!
A mi juicio, hoy día tenemos la posibilidad de impulsar un nuevo modelo de desarrollo pesquero, uno que ponga al centro, por ejemplo, el consumo humano. Según el INTA, de la Universidad de Chile, y la FAO, nuestro país consume 13 kilos de pescado promedio, situándose muy por debajo del promedio mundial, que es de 20 kilos por persona, y más lejos aún de países como Perú (22 kilos) o España (42 kilos).
Ustedes se preguntarán: ¿qué tiene que ver esto con las cuotas de la industria pesquera? ¡Tiene mucho que ver, Presidente ! Es lo que nos pasa en Atacama y en Coquimbo.
En Atacama y Coquimbo todo el jurel que saca la industria pesquera, desde el primero hasta el último, ¡todo!, va para hacer harina de pescado. ¡Ni un jurel de la industria va a consumo humano! No va siquiera a exportación, menos aún a consumo local.
¿Y eso es sano, es positivo? ¿Genera un beneficio para el país? Por supuesto que no, Presidente.
Eso es lo que queremos que cambie. ¡Y para eso tenemos que variar el fraccionamiento!
Por ello es tan tan relevante lo que discutimos acá.
Presidente , hay un tema que no alcanzaré a desarrollar, pero lo quiero enunciar.
La industria pesquera nos ha señalado que este proyecto de ley es inconstitucional y que, si alteramos el fraccionamiento del jurel, de la merluza o de cualquier otra especie, ¡los tenemos que indemnizar porque son los dueños de las especies! Es su derecho adquirido.
Esto es realmente inaceptable. No podemos indemnizar a una empresa por algo que obtuvo con dolo. ¡Nadie puede beneficiarse de su propio dolo!
¡Los peces son de Chile, no de una empresa!
¡No son de la familia Angelini; no son de la familia Sarquis; no son de la familia Izquierdo!
¡Son de Chile!
(Los asistentes a las tribunas agitan sus manos en silencio en señal de apoyo).
"
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