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- rdf:value = " ASEGURAMIENTO DE ORIGEN LÍCITO DE HONORARIOS PERCIBIDOS POR ABOGADOS DEFENSORES DE PERSONAS IMPUTADAS POR DELITOS TIPIFICADOS EN LEY N° 20.000 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 17111-07 Y 17125-25, REFUNDIDOS)El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el segundo informe del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 20.000, para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que ella tipifica, correspondiente a los boletines refundidos Nos 17111-07 y 17125-25.
Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada parlamentario.
Rinde el segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana el diputado Jaime Araya .
Antecedentes: Mociones:
Boletín N° 17111-07, sesión 75ª de la legislatura 372ª, martes 10 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 10, y
Boletín N° 17125-07, sesión 78ª de la legislatura 372ª, martes 24 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 9ª de la presente legislatura, en lunes 7 de abril de 2025. Documentos de la Cuenta N° 22.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ARAYA, don Jaime (de pie).-
Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante, vengo en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica, la primera, la ley N° 20.000 para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que ella tipifica, iniciativa de los diputados Araya , Bianchi , González , doña Marta ; Marzán , Molina , Musante , Soto, don Raúl ; Tapia y Ulloa, don Héctor (boletín N° 17125-25); y que establece, la segunda, la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva, así como de los honorarios de la defensa del imputado, en los casos que señala, iniciado en una moción de las diputadas señora Natalia Romero y Flor Weisse , y de los diputados señores Gustavo Benavente , Sergio Bobadilla , Fernando Bórquez , Eduardo Cornejo , Juan Fuenzalida , Cristián Labbé , Daniel Lilayu y Marco Antonio Sulantay , correspondiente al boletín N° 17111-07.
La idea matriz es establecer la obligación para los abogados patrocinantes de causas relacionadas con delitos complejos, de percibir sus honorarios y pagar las cauciones mediante medios de pago distintos al dinero en efectivo, facilitando de esta forma la comprobación del origen de los dineros percibidos por concepto de honorarios y de aquellos utilizados en el pago de cautelares.
Para ello, la iniciativa en estudio incorpora los artículos 61 bis y 61 ter a la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y modifica el artículo 3° de la ley N° 19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
De esta forma, los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en la ley N° 20.000 deberán percibir sus honorarios o pagar cautelares a través de sistemas de pago distintos del dinero en efectivo, esto es, mediante cheque, vale vista, tarjeta de pago, transferencia electrónica u otro.
En todos los casos, una vez concluida, renunciada o abandonada la defensa, el abogado deberá acreditar en el tribunal ante el cual se asume la defensa el pago percibido por concepto de honorarios profesionales por los servicios prestados, sea que hayan sido percibidos como persona natural o como persona jurídica.
El incumplimiento será sancionado con la suspensión del ejercicio de la profesión por un término de seis meses a un año, castigo que será impuesto por el tribunal que conozca de la causa. En ningún caso esta norma regirá respecto de los abogados de la Defensoría Penal Pública, lo que resulta de toda lógica.
Esta obligación regirá también para los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por delitos funcionarios contemplados en los párrafos V, VI, IX del Título V del Libro Segundo del Código Penal; por delitos cometidos a través de asociaciones delictivas y criminales contemplados en el Párrafo X del Título Sexto del Libro Segundo del Código Penal, y por crímenes o delitos contenidos en la ley N° 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad.
Finalmente, la Unidad de Análisis Financiero conocerá de las operaciones sospechosas de los abogados que actúen como persona natural, sociedad o empresa, en defensa de imputados por delitos contemplados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; delitos funcionarios contemplados en los párrafos V, VI, IX del Título V del Libro Segundo del Código Penal; por delitos cometidos a través de asociaciones delictivas y criminales contemplados en el párrafo X del Título Sexto del Libro Segundo del Código Penal, y por crímenes o delitos contenidos en la ley N° 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad, en cuanto realicen funciones de asesoría legal.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .
El señor FUENZALIDA.-
Señor Presidente, este es un proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que se vieron en forma paralela en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que persiguen el mismo objetivo: evitar que se puedan utilizar platas cuyo origen lícito se desconoce para los honorarios de los abogados que defienden en forma particular a las personas que se encuentran tanto en los supuestos de la ley N° 20.000 como también en los delitos de asociación ilícita delictual y asociación ilícita criminal, con el propósito de evitar lo que ha ocurrido en distintas situaciones que hemos visto no solo a través de las redes sociales, sino también a través de las noticias.
Por otro lado, esta iniciativa busca evitar que se sigan caucionando los cambios de medidas cautelares, por ejemplo, la prisión preventiva por una suma de dinero, porque la verdad es que estas organizaciones criminales no tienen ningún problema en juntar los recursos para optar a esos beneficios, y todos sabemos lo que ocurre después: esas personas desaparecen. Primero pasó en Los Vilos, donde cinco miembros del Tren de Aragua fueron dejados en libertad mediante la figura de caución en dinero y, lamentablemente, nunca más los pillaron.
Entonces, no solo hay un descriterio del juez, sino que además la norma no está funcionando. Por eso, en este proyecto de ley exigimos que se acredite el origen lícito de esos recursos.
Por otro lado, en el caso de los abogados ocurre lo mismo, toda vez que lo mínimo es decir de dónde provienen esos recursos. No puede ser que hoy el sistema judicial acepte para una caución platas manchadas con sangre, platas que provienen de los delitos, platas que vienen de los crímenes. Lo mismo respecto del pago de los abogados que defienden a estos delincuentes.
Por lo tanto, llamo a aprobar este proyecto, que, como dije, es la fusión de dos mociones una que presentamos como bancada de la UDI y otra que presentaron otros parlamentarios-, porque creo que es urgente regular esta situación y que no siga pasando, por ejemplo, lo que ocurrió en Los Vilos o lo que pasó con los 23 imputados en Ovalle, puesto que quedaron todos libres y a muchos nunca más los volvieron a detener.
Anuncio que votaré a favor.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .
La señorita ORSINI (doña Maite) .-
Señor Presidente, la semana pasada el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario señaló en un medio de comunicación que ser abogado penalista no es un delito. Lo dijo para defender o justificar a una militante de su partido que ocupa el cargo de consejera regional, a quien BioBioChile señaló como la abogada de narcos y coyotes, y que hoy preside la Comisión de Seguridad en Arica, una de las ciudades más afectadas por el narcotráfico y los carteles internacionales.
Es cierto que esa abogada, que defendió más de cuarenta causas por narcotráfico e inmigración ilegal, no tiene ninguna prohibición de ejercer cargos de elección popular, pero sí figura en el listado de abogados a los que la ley de drogas les impide desempeñarse como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado.
El candidato Johannes Kaiser tiene razón, porque no es delito ser abogado penalista. Efectivamente, toda persona acusada de un delito tiene derecho a una defensa justa. Sin embargo, también es cierto que nuestro rol como legisladores es asegurarnos de que estas defensas estén en el marco de la ley y no se presten, por vacíos legales, para favorecer al crimen organizado. En este sentido, es una realidad que en muchos casos el ejercicio penal se presta para el lavado de dinero de organizaciones criminales y que resulta tremendamente difícil pesquisar este tipo de casos.
Este proyecto de ley no prohíbe ni dificulta la defensa penal de imputados por delitos de narcotráfico, sino que simplemente obliga a que los pagos realizados a esos colegas no sean en dinero en efectivo. De esta forma, al tener un respaldo electrónico, se facilita el seguimiento del dinero y se asegura que los abogados reciban una remuneración por sus servicios sin hacerse parte de un posible lavado de activos.
Esta norma sigue estándares internacionales en materia de transparencia financiera. De esta forma, nos ponemos al día en la persecución del crimen organizado, que avanza y evoluciona mucho más rápido de lo que lo hace nuestra legislación. Esta es una carrera que no podemos seguir perdiendo.
Por esta razón, vamos a aprobar este proyecto de ley, que ya fue respaldado por una amplia mayoría en la Comisión de Seguridad Ciudadana y en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .
El señor UNDURRAGA (don Alberto).-
Señor Presidente, hay que combatir el narcotráfico y el crimen organizado en todos los espacios, operacionalmente y también persiguiendo el dinero. Por eso, este es un proyecto importante, porque obliga a acreditar el origen lícito del dinero en el caso de sus defensas con distintas normas respecto de los abogados, respecto de las empresas de abogados, respecto de los honorarios y también respecto de otros recursos que se utilicen durante el proceso.
De la misma forma, debemos aprobar otros proyectos, como el que hace incompatible la militancia política con la defensa de delitos asociados al narcotráfico, al crimen organizado y al terrorismo, proyecto presentado por mi persona y mis equipos el año pasado. Le hemos pedido al Ejecutivo calificarlo con urgencia para que también sea visto en esta Sala.
Finalmente, un elemento clave es dotar al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio Público y a la Unidad de Análisis Financiero de la facultad de levantar el secreto bancario en el marco de sus atribuciones para las investigaciones que realicen.
Nosotros decimos que hay que enfrentar los problemas de seguridad sin complejos. Seguridad sin complejos significa perseguir la droga, perseguir operacionalmente el crimen organizado y también perseguir el dinero.
Este proyecto va en esa línea. Por eso, lo vamos a aprobar.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .
La señorita ROMERO (doña Natalia) .-
Señor Presidente, este es un proyecto de nuestra autoría que tiene como finalidad que aquellos abogados que patrocinen o tengan un mandato para defender a imputados por crímenes, simples delitos o faltas establecidos en la ley N° 20.000 acrediten la forma en que se les están pagando sus honorarios. Este proyecto de ley busca no solo transparentar, sino también que el dinero en efectivo deje de ser un medio de pago que ellos ocupen. ¿Por qué? Porque, como señaló muy bien el diputado Juan Fuenzalida , con quien trabajamos en este proyecto, finalmente, esos dineros vienen desde el narcotráfico y están manchados con sangre.
Hoy el narcotráfico ha sido de las pandemias más grandes que están afectando a nuestras poblaciones, a los sectores más vulnerables, pero también ha avanzado en distintos sectores donde no se conocía este flagelo.
Vamos a empujar este proyecto. Da gusto escuchar a parlamentarios de enfrente decir que van a aprobar esta iniciativa, porque así avanzamos mucho más rápido.
Hoy todas las limitaciones que se le puedan poner al narcotráfico nos van a permitir tener efectivamente una mejor persecución en contra de este flagelo que sigue creciendo, que avanza rápido y que, lamentablemente, ha truncado la vida de muchos jóvenes y niños en distintos sectores vulnerables de nuestro país.
Esperemos que al final de esta jornada tengamos una amplia mayoría de votos, y que en el Senado este proyecto se tramite lo más rápidamente posible.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .
El señor ARAYA (don Jaime).-
Señor Presidente, naturalmente, vamos a apoyar este proyecto de ley, que es de nuestra autoría.
Nuestra moción se fusionó con el proyecto presentado por el diputado Juan Manuel Fuenzalida , que además busca que el dinero con que se paga la caución económica sustitutiva de medidas cautelares, tales como la prisión preventiva, también tenga origen lícito, lo que no se extiende solo a temas de narcotráfico, sino también a la asociación delictiva y criminal.
Lo anterior significa que el proyecto persigue los delitos de crimen organizado, de corrupción -es muy importante que aquellos que le roban al fisco no puedan pagar sumas millonarias a abogados precisamente con ese dineroy aquellos contemplados en la ley antiterrorista.
Mediante este proyecto de ley se busca algo que es de sentido común: que con la plata recaudada mediante la comisión de esos delitos tan graves, que son una auténtica amenaza para la democracia en nuestro país, no se puedan financiar los millonarios honorarios que se pagan a distintos abogados, quienes, por lo demás, en redes sociales se han dedicado a burlarse de este proyecto, diciendo que ya tienen hecha la trampa para evadirlo.
Lo anterior podría llamarnos la atención, pero lo que realmente nos asombra es el informe de la Corte Suprema, que dice lo siguiente: “Se observa también que la reforma que promueve el proyecto puede devenir ineficaz, porque la nueva atribución con que contarán los tribunales con competencia penal a lo más podrá aspirar a tener un efecto disuasorio sobre los potenciales abogados infractores, pero en ningún caso logrará por sí sola impedir el blanqueo del dinero mal habido…”.
Nunca se ha dicho que esta sola herramienta vaya a resolver el problema, sino que es solo una herramienta más.
Más desolador resulta que, en el mismo informe, la Corte Suprema diga: “Problema aparte es el que se podría suscitar cuando el abogado del imputado deba argumentar ante el tribunal que, por razones ajenas a su persona, no ha recibido el pago de sus honorarios.”.
Además, el informe señala lo siguiente: “Se hace presente en este informe también el riesgo que encierra el proyecto, en cuanto a que es factible prever una mayor litigiosidad, sobre todo promovida por los abogados que se sientan afectados por las sanciones que se les apliquen.”.
La Corte Suprema está quejándose anticipadamente porque los narcoabogados podrían recurrir a los mismos tribunales a reclamar, porque esta no es la solución mágica y, además, porque podría haber otro tipo de problemas.
Necesitamos que todos los órganos del Estado aborden con mayor profundidad la forma de resolver este grave problema que amenaza la seguridad de nuestro país, que socava las bases institucionales, y que está relacionado con narcotráfico, con corrupción y con crimen organizado.
Por lo tanto, esperando que la Cámara despache hoy este proyecto al Senado, queremos invitar al gobierno a sumarse con decisión y a hacer las correcciones necesarias para perfeccionar esta norma, de modo que sea una herramienta verdaderamente útil, que permita cerrar las brechas por donde se han ido colando el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .
La señora WEISSE (doña Flor).-
Señor Presidente, este proyecto me parece muy importante, ya que establece limitantes que permitirán realizar una persecución de los delitos vinculados con el narcotráfico y con el crimen organizado, de modo de contar con una cadena que incluya, en primer lugar, la prevención; luego, la investigación, y, finalmente, sanciones acordes con la gravedad de los hechos, lo que significa seguir la ruta del dinero.
El proyecto presentado contiene dos artículos permanentes que, por una parte, modifican la ley No 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y, por otra, la ley No 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
En relación con la ley No 20.000, se incorporan los artículos 61 bis y 61 ter. El primero de ellos dispone que los abogados que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contempladas en esta ley deberán percibir sus honorarios a través de sistemas de pago distintos al dinero en efectivo, esto es, mediante cheque, vale vista, tarjeta de pago, transferencia electrónica u otro.
Como vimos hace un tiempo, esto fue algo que provocó sorpresa cuando, en la Región de Valparaíso -si no me equivoco-, cinco imputados por narcotráfico pagaron en efectivo una fianza de cinco millones de pesos cada uno. Por supuesto, ese hecho llamó nuestra atención y nos motivó a patrocinar estos proyectos, que hoy se encuentran fusionados y que estamos discutiendo en esta Sala.
Esto me parece sumamente importante. Es fundamental seguir la ruta del dinero, que es la motivación principal del narcotráfico, del crimen organizado y de la asociación ilícita. Vemos que los delincuentes y los narcotraficantes se enriquecen mientras empobrecen a la ciudadanía, la agobian y la mantienen con el alma en un hilo, ya que todos los días se toman los barrios y los espacios públicos quienes delinquen y trafican, para quienes solo manda el poder de fuego.
Por lo tanto, cuando se llegue a la aplicación de los procesos en sede judicial, deberían existir muchas más limitaciones, con el fin de hacer un seguimiento adecuado y que no sea tan fácil salir en libertad pagando una fianza con dinero absolutamente ilícito, sin ningún tipo de control respecto de lo que corresponde dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y todo lo relacionado con el pago de impuestos y la acreditación del origen de esos ingresos, tal como se le exige a cualquier ciudadano, que tiene que juntar los pesitos para poder pagar una fianza en casos que son mucho menos gravosos.
En estos casos, los imputados por esos delitos simplemente sacan el dinero de sus bolsillos o de sus maletas para pagar las fianzas y los honorarios de sus abogados. ¡Esto no puede seguir así!
Apoyo este proyecto de ley.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .
El señor ILABACA.-
Señor Presidente, desde que la bancada del Partido Socialista se constituyó, hemos planteado una lucha frontal y directa contra todas aquellas conductas criminales que están socavando nuestro país y la democracia.
Hemos mantenido una actitud permanente en términos de apoyar cada una de las iniciativas que entregan mayor tranquilidad a los chilenos y las chilenas en materia de seguridad, y frente a este proyecto nuestra actuación no será diferente, porque creemos que debemos cortar todos los espacios libres y oscuros que tienen hoy los criminales para generar su acción.
Claramente, existe hoy en día un espacio oscuro en torno a las defensas jurídicas utilizadas por los criminales perseguidos por infracciones a la ley No 20.000. Por ello, este proyecto de ley -que, claramente, vamos a apoyarestablece cierto nivel de control en esta materia.
Me parece bien que se establezca que los abogados deban acreditar, a través de las medidas establecidas en la propia ley, el origen de los recursos con los que se les paga, cortando la entrega de dinero en efectivo.
Asimismo, valoro que en este tipo de causas se haya incorporado a los abogados defensores como sujetos de fiscalización por parte de la Unidad de Análisis Financiero. Creo que vamos bien en esa línea.
No obstante, el proyecto queda cojo debido a esta actitud ya extraña por parte de ciertos sectores del Congreso Nacional, que se erizan cada vez que uno habla del secreto bancario
-¡se erizan!y no son capaces de abrir esa puerta, ni siquiera para este tipo de casos.
Quiero recordar que, hace unos días, se rechazó en el Senado una propuesta bastante acotada sobre el levantamiento del secreto bancario, especialmente en este tipo de situaciones, y fue la derecha la que se opuso a ese tipo de acciones, una derecha que generalmente señala en sus discursos: “Estamos contra la delincuencia, pero aquí no se metan, por favor”.
Por lo tanto, creo que en esta materia es necesario avanzar de manera concreta, y no solo con la Unidad de Análisis Financiero, sino que también debemos establecer medidas que permitan al ente persecutor determinar que a los abogados no solo se les pague por esa vía, y no solo que no se les pague con dinero en efectivo, porque hoy un criminal puede pagar fácilmente dos millones de pesos por una defensa a un abogado a través de transferencia, y harto dinero más por debajo.
En ese contexto, el levantamiento del secreto bancario sería fundamental.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .
La señora BRAVO (doña Marta).-
Señor Presidente, este proyecto se presenta como una respuesta al avance del crimen organizado y del narcotráfico en Chile. El aumento de estos delitos ha generado una mayor demanda para las fuerzas de seguridad pública, las que deben utilizar nuevas herramientas para identificar y capturar a quienes forman parte de grupos criminales que operan en las principales ciudades de nuestro país.
Si bien se ha logrado procesar a muchos de esos delincuentes, hay una alta probabilidad de que salgan libres, y existen factores que posibilitan estas circunstancias, como, por ejemplo, la posibilidad de que los imputados paguen la caución o fianza fijada para reemplazar la prisión preventiva.
Lo preocupante no es que estos sujetos puedan tener los medios para otorgar esta garantía, sino que el dinero provenga de un origen ilícito y, principalmente, de su actividad criminal.
En este sentido, se torna insólito que la libertad del imputado sea propiciada por el pago realizado con dinero obtenido como resultado de la comisión de delitos. Esta situación obstaculiza el correcto funcionamiento de nuestro sistema penal y dificulta la neutralización de sujetos que suponen un riesgo para la sociedad.
El proyecto que discutimos el día de hoy busca impedir ese escenario, estableciendo la exigencia de acreditar el origen lícito del dinero que se utilizará para pagar la fianza, y exige lo mismo respecto de los honorarios que se paguen a los abogados. Asimismo, prohíbe que estos pagos se realicen en efectivo. De esta manera se facilitará el rastreo de las transferencias y podrá hacerse un seguimiento de los dineros utilizados.
Es inaceptable ver cómo algunos abogados publican en sus redes sociales videos con millones en efectivo y armas, jactándose de todo lo que les pagan sus clientes, conductas que claramente fomentan la cultura del narco y asientan en nuestra sociedad la creencia de que existe cierta impunidad al realizar ese tipo de actos.
Transparentar los montos logrará limitar la capacidad económica del imputado a aquellos medios lícitos, e impedirá que los abogados se enriquezcan con dineros provenientes del narcotráfico o del crimen organizado. No podemos permitir que la libertad de quienes cometen este tipo de delitos se financie con los réditos económicos que las mismas actividades ilícitas les retribuyen, y que abogados vean este ámbito como un nicho para hacerse millonarios.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, una vez más, la izquierda no pierde la oportunidad de insistir con esto del secreto bancario. No sé por qué se complican tanto con las órdenes judiciales. La verdad es que les voy a creer un poquito más esta parada el día en que Karol Cariola e Irací Hassler -amigas de los chinos, sabemos muestren sus cartolas bancarias, o el día en que Álvaro Elizalde , amigo de San Ramón, muestre sus cartolas bancarias. El día en que ellos muestren sus cartolas bancarias, les voy a creer esta pose, esta parada de que les interesa levantar el secreto bancario.
Pero bueno, más allá de eso, los republicanos votaremos a favor este proyecto de ley. No obstante, hay que decir las cosas como son, para quienes nos estén viendo. Hay algo que a uno le enseñan muy temprano en la carrera de Derecho: el dinero es un bien fungible. Es decir, todos los billetes de luca valen lo mismo. Por tanto, si fue sacado de un lado o de otro, es muy fácil blanquearlo y manipularlo. Los delincuentes lo hacen todos los días a través de algo que se llama lavado de dinero.
Lamentablemente, el hecho de que se impulsen estos proyectos de ley hace que me cueste mucho imaginar que lo que proponen funcione. Porque, ¿qué va a pasar? Van a proliferar las barberías, los lava secos, los almacenes de barrio y cuántas otras estrategias que todos los delincuentes ya conocen. No les estoy contando nada nuevo. Todos los delincuentes saben cómo hacerlo. A través de negocios de fachada van a blanquear las platas y van a retirar las utilidades. Después, los mismos delincuentes dirán: “El origen lícito de mis dineros se debe a que tengo una barbería en la que hacemos 100 cortes de pelo al día”. ¡Miren qué barbería más exitosa!
Creo que en el Congreso Nacional debemos preocuparnos de tramitar proyectos de ley que finalmente tengan algún resultado y alguna utilidad. Me preocupa mucho que despachemos proyectos que, al final, son gatopardos que no conducirán a ningún lado.
Como dije, vamos a aprobar el presente proyecto porque su intención de fondo está bien. Espero que sirva para identificar el origen lícito de algunos dineros que provengan de organizaciones criminales. Me cuesta mucho imaginar que, respecto del lavado de dinero, el sistema no va a seguir funcionando como lo ha hecho siempre. Pero bueno, espero estar equivocado.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .
El señor ARAYA (don Cristián).-
Señor Presidente, a mayor abundamiento respecto del secreto bancario -porque lo sacan una y otra vez a colación-, cabe señalar que en Chile se puede levantar el secreto bancario. Para ello basta una orden judicial.
Claramente, lo que está detrás de esta iniciativa es otra cosa: hay algunos interesados en que un burócrata, de identidad desconocida, pueda meterse a fisgonear y revisar las cuentas de otro. ¿Con qué interés? Ojalá el Partido Comunista o el Frente Amplio lo pudiesen aclarar -y el Partido Socialista también, si les lleva la comparsa por detrás-. Ese el interés. No es perseguir al delincuente o al criminal. ¡No! Es perseguir a una persona honesta, que paga sus impuestos. La idea es que puedan meterse a su cuenta y revisar. Algunos podrían decir que es la lógica de una vieja copuchenta. ¡No! Aquí hay un interés detrás: poder meterse a revisar al empresariado, a personas de alta connotación, y ver cómo pagan las cuentas o qué movimientos hacen. Hay un tema detrás, de fondo, que nada tiene que ver con seguridad.
En relación con el proyecto de ley, cabe señalar que, si bien en la comisión lo votamos a favor, este tiene un pecado de origen: lo irrelevante. Esta iniciativa no tendrá ningún impacto, como la gran mayoría de los proyectos de este gobierno en materia de seguridad, salvo los que van en contra de la voluntad del gobierno, como la “ley Nain-Retamal” y la ley contra usurpaciones. En general, cuando un proyecto genera un amplio consenso en el gobierno, quiere decir que pasará sin pena ni gloria. Esta iniciativa es una muestra más de ello, porque, como bien decía el diputado Sánchez , lo único que hará será que al abogado le paguen de otra forma. No le harán una transferencia, sino que le pagarán en efectivo, con joyas o de otra forma.
Más allá de aquello, que podría dar para largo, pedimos votación separada de un artículo del proyecto -atendiendo a la buena voluntad de los diputados presentes en la Sala-, toda vez que produce una tensión importante con el secreto profesional. Por ello pedimos su votación separada. Espero que, incluso, los de enfrente entiendan cómo la norma en cuestión puede afectar el derecho a la defensa de las personas involucradas. Me refiero al artículo 2 del proyecto de ley, toda vez que modifica la ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, y establece la obligación de informar sobre operaciones sospechosas incluyendo ahora a los abogados. O sea, basta con que alguien imputado entregue antecedentes, para que tenga el deber de informar y de denunciar. Claramente es una cuestión que entra en tensión con el derecho a la defensa y, en particular, con el secreto profesional. Así que insto a revisar esa disposición; por eso, solicitamos su votación separada.
Votaremos a favor el resto del proyecto, el cual peca de irrelevante, como gran parte de las cosas que hace este gobierno en materia seguridad.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .
El señor ROMERO (don Agustín).-
Señor Presidente, hoy enfrentamos una decisión simple en su forma, pero profundamente simbólica. ¿Estamos dispuestos a dar una señal clara frente al crimen organizado o seguiremos permitiendo que la defensa penal se convierta en la excusa perfecta para lavar dinero del narcotráfico?
Este proyecto, aunque limitado, va en la dirección correcta. Exige que los abogados que defienden a imputados por delitos de la ley Nº 20.000 cobren sus honorarios por medios trazables y no en efectivo, como se ha hecho durante años sin ningún control. Porque hoy seamos honestoshay abogados que no son parte de la solución, sino del negocio. Eso Chile no lo puede seguir tolerando.
Ahora bien, aquí hago una primera prevención. Este proyecto no es perfecto y lo sabemos, porque tiene deficiencias de técnica legislativa. Algunas disposiciones, tal vez, deberían estar en el Código Procesal Penal y no en la ley Nº 20.000. También tiene problemas respecto del secreto profesional y el rol del abogado como defensor, que debemos tratar con cuidado para no confundir al profesional honesto con el operador delictual.
No obstante, una cosa es defender principios jurídicos, pero otra muy distinta es esconderse en ellos para proteger privilegios. La libertad de trabajo no es carta blanca para recibir pagos en bolsas negras de billetes manchados con sangre, y el derecho a la defensa no significa que cualquier medio para pagarla sea válido.
Aquí nadie está criminalizando al profesional ni a la profesión de abogado. Estamos exigiendo transparencia mínima, trazabilidad y, sobre todo, un estándar ético elemental, especialmente cuando hablamos de quienes lucran en los márgenes del sistema judicial.
En segundo lugar, hago una advertencia al gobierno: si van a impulsar este tipo de normas, háganlo con seriedad y convicción, no con guiños simbólicos. Este proyecto debe complementarse con una fiscalización real, con sanciones efectivas y con un combate frontal al lavado de activos. De lo contrario, será solo un saludo a la bandera. Sería insólito tener barberías pagando millonarias defensas a personas ajenas y que nadie conoce, y que el Servicio de Impuestos Internos y los organismos que tienen el control de esos dineros no hagan absolutamente nada.
Finalmente, quiero decirlo con todas sus letras: Chile no puede seguir siendo tierra fértil para los narcos. No podemos permitir que el crimen organizado se infiltre en el mundo jurídico, en los tribunales ni en las defensorías.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .
El señor SOTO (don Leonardo).-
Señor Presidente, este proyecto busca modificar la ley de drogas para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que dicha ley tipifica.
Esta iniciativa tiene mucho sentido común y surge de una realidad muy concreta. El año pasado, en la ciudad de Ovalle, la policía dio un golpe a una mafia local que se dedicaba al tráfico de drogas, ocasión en que fueron incautados 1.600 kilos de droga. Al día siguiente, una vez que pasaron el control de detención, varios de los imputados fueron beneficiados por la jueza con el otorgamiento de la libertad condicional, pero sujeta al pago de una caución de dos millones de pesos por cada uno. Ese mismo día, para esas personas, que no tenían oficio conocido ni trabajo formal lícito, que no se dedicaban a ninguna actividad honesta, sino al tráfico de drogas, alguien contrató a un importante abogado, bien remunerado, y pagó dos millones de pesos de caución por cada uno, para asegurar la libertad provisional de los imputados. Como se entenderá, ese dinero no provenía de actividades honestas y no había sido obtenido lícitamente, sino que provenía, presumiblemente, de la misma actividad del narcotráfico.
Por eso fue presentado este proyecto de ley, para que los abogados defensores de personas imputadas por esos delitos, entre otros, tengan la obligación de acreditar el pago de sus honorarios mediante mecanismos formales. La iniciativa prohíbe el pago de honorarios en dinero efectivo para este tipo de defensas. Los pagos deberán hacerse a través de métodos bancarios que permitan la trazabilidad del dinero. Por eso tiene mucho sentido, ya que disminuye el ámbito de acción de esos pagos.
Además, entiendo que también se fija el marco para el otorgamiento de las medidas cautelares para los efectos de este tipo de cauciones. Habría sido ideal que se hubiera incluido el comiso, pero no se hizo.
Lamentablemente, algunos diputados republicanos están poniendo el grito en el cielo. Ellos argumentan que esto afecta el derecho a la defensa de estos narcotraficantes, que afecta el derecho al secreto profesional y que reduce las posibilidades de defensa.
Frente a ello, me pregunto: ¿en qué mundo viven? Estamos enfrentando al crimen organizado, que tiene redes muy poderosas, con mucha riqueza, y esta es una recomendación que viene del derecho internacional de otros países. Entonces, ¿por qué no la aprobarían?
¿Por qué defienden el derecho del narcotraficante y no el de la gente?
Nosotros vamos a aprobar este proyecto.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .
La señorita TELLO (doña Carolina) .-
Señor Presidente, quiero manifestar que votaré a favor este proyecto de ley, que tiene por objeto exigir que los abogados que defienden a imputados por delitos de narcotráfico acrediten el origen lícito de sus honorarios, y que esos pagos se realicen por medios trazables, no con dinero en efectivo.
Esta no es una medida simbólica, como aquí se ha intentado instalar. En la Región de Coquimbo, a la que represento con profunda responsabilidad, vivimos una realidad realmente alarmante. El narcotráfico no solo ha penetrado nuestros barrios urbanos, sino que también ha alcanzado con fuerza nuestra ruralidad, afectando la convivencia, sembrando miedo y dejando cicatrices muchas veces irreparables en nuestras comunidades.
Cada semana, lamentablemente, se reportan enfrentamientos, microtráfico en zonas escolares y un creciente número de niños y niñas expuestos a la violencia o, incluso, reclutados por bandas criminales. No podemos seguir indiferentes ante esa realidad.
Esta iniciativa apunta a cerrar uno de los caminos por los que el dinero ilícito se blanquea, a través del pago de defensas jurídicas privadas con fondos que no se justifican. Si permitimos que esto siga ocurriendo, estaremos, en los hechos, tolerando que el crimen organizado se infiltre en nuestras instituciones y que debilite el Estado de derecho.
Además, esta norma es una herramienta preventiva, que protege a los niños y niñas, ya que, al cortar el financiamiento ilícito, debilitamos las redes que los captan y fortalecemos, por tanto, la justicia, porque se transparentan los procesos y se exigen responsabilidades.
Insisto en que esta es una medida necesaria, proporcional y urgente, que no tiene por finalidad limitar el derecho a defensa, como aquí se ha señalado, que siempre, por cierto, debe ser garantizado con profundo respeto a los derechos humanos, sino asegurar que esa defensa no sea, a su vez, parte del engranaje criminal.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, este es un buen proyecto de ley y lo voy a aprobar, ya que apunta a transparentar los ingresos de este grupo de profesionales, de los abogados defensores de este tipo de imputados, contexto en el que todos sabemos que se pueden generar situaciones para la ocultación de recursos ilícitos.
Además de señalar que aprobaré el proyecto de ley, iniciado en moción, quiero decir que he presentado por segunda vez, hace algunas semanas, tras haberlo hecho en 2019, puesto que no se pudo o no se quiso tramitar, un proyecto de ley sobre el decomiso sin condena o la extinción del dominio. Se trata de una nueva institución que es promovida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés), que tiene por finalidad establecer con claridad que si una persona -no solo los abogados, sino cualquier persona no acredita, cuando una autoridad le hace la consulta respectiva, el origen lícito de los dineros con los cuales adquirió algunos bienes que detenta -bienes materiales o inmateriales, recursos bancarios, casas y vehículos, entre otros-, esos bienes quedan inmediatamente sujetos a extinción de dominio de esa persona; se decomisan sin condena penal.
La gracia del decomiso sin condena o de la extinción del dominio es que no requiere una causa penal. Todos sabemos que el estándar penal es más elevado para acreditar y sancionar a una persona en un juicio de esa naturaleza.
Si logramos establecer aquello mediante ese proyecto de ley, que fue radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hace algunas semanas, no solo los abogados, sino cualquier persona que utilice dineros provenientes del narcotráfico o de cualquier otra ilicitud o delito, como aquellos asociados a la corrupción que involucran recursos públicos, si no acredita el origen lícito de esos recursos, perderá inmediatamente el dominio sobre los bienes que detenta.
Esa es la extinción del dominio o el decomiso sin condena, que considero una muy buena institución, probada ya en algunos países. Lo hemos estudiado mucho tiempo. No he logrado que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados lo trate nuevamente, pero espero que lo haga. Hay varios diputados de esa instancia que también lo suscribieron, porque creo que es muy importante, novedoso y permite, como dije, perseguir rápidamente la ruta del dinero.
Sé que hay quienes se oponen, porque cuestionan y sitúan el dominio por sobre la investigación penal en los casos relacionados con recursos ilícitos. Ese proyecto de ley, que, repito, dice relación con la extinción del dominio, tiene algunos adversarios, pero vale la pena. Todos sabemos o nos cuentan los vecinos de un determinado lugar cuando hay una persona que se encuentra involucrada en este tipo de delitos, y con este tipo de iniciativas lo que he señalado se puede hacer.
Por eso, junto con señalar que aprobaré este proyecto de ley, quise también recordar la iniciativa a la que me referí.
He dicho.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .
El señor RIVAS.-
Señor Presidente, no tenía pensado hacer uso de la palabra en este proyecto, pero después de escuchar atentamente desde la testera las intervenciones de mis colegas quise hacer uso de la palabra por varias razones.
En primer lugar, me llama la atención que algunos parlamentarios -ignoro quiénes pudieran decir que este proyecto complica la defensa del delincuente.
Hago presente que si hay algo que en lo personal me importa bien poco es el derecho a la defensa del delincuente. Aun cuando sea algo importante para algunos, para mí no es algo que tenga mayor trascendencia, aunque sigue siendo un derecho.
En segundo lugar, quiero hacer presente el hecho -también lo escuché por parte de algunos parlamentarios de que este proyecto de ley adolece de una pequeña complicación o debilidad, por llamarlo de alguna manera: probar que los recursos son de origen lícito.
Me pregunto: ¿qué narcotraficante, qué capo narcotraficante puede tener realmente, aparte de los negocios turbios e ilegales, algún negocio de origen lícito, tal vez una cafetería, un restaurante, un hotel o algo así? Me imagino que cualquier tipo de negocio “lícito” va a ser simplemente lavado de dinero.
Por lo tanto, la debilidad que tiene este proyecto es que va a obligar, a forzar a los capos de las mafias narcotraficantes a invertir más en lavado de dinero, de manera tal de aparecer con negocios lícitos, porque no me imagino a ninguno que tenga un negocio que sea lícito y que no sea lavado de dinero.
Finalmente, y no por eso menos importante, quise hacer uso de la palabra porque se ha dicho mucho que hay parlamentarios que tienen temor o son reacios a la apertura del secreto de sus cuentas bancarias.
Bueno, aquí en mi celular tengo la aplicación abierta de mi único banco, el BCI, para cualquier parlamentario que quiera tomar el aparato y verla. Yo después voy a limpiar mi celular.
(El diputado Gaspar Rivas hace entrega de su celular al diputado Leonardo Soto )
Por favor, revise lo que quiera, diputado, lo que quiera. Ahí está abierta mi aplicación.
No tengo nada que temer; revisen lo que quieran. Eso es transparencia. He dicho.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .
El señor LEIVA.-
Señor Presidente, esta es una norma fundamental que avanza en la lucha contra el crimen organizado. Y tiene dos discusiones bien simples.
La primera viene a replicar lo que ya establece el artículo 61 en la ley N° 20.000: que los tribunales de justicia y el Ministerio Público deben informar a la Contraloría General de la República respecto de aquellos abogados que patrocinen causas que digan relación con la ley de drogas o ley N° 20.000. ¿Por qué? Porque tienen una inhabilidad para ser funcionarios del Estado.
Y el artículo 61 bis que incorpora este proyecto señala algo supersimple: que aquellas personas que actúan como abogados, como mandatarios de personas que están imputadas por la ley N° 20.000, tienen que percibir sus honorarios de alguna forma en donde exista trazabilidad, vale decir, que se pueda dar continuidad y seguir la huella del dinero para que no ocurra, como se pretende, que con recursos del narcotráfico o de otros delitos igualmente graves se financien verdaderas organizaciones que van a defender a estos criminales con el producto de estos crímenes.
Por tal razón, felicito al diputado Jaime Araya , que ha insistido mucho en esta propuesta en la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque el norte de nuestro país, y particularmente Antofagasta , que es la ciudad que él representa, se ha visto asolado por estas verdaderas bandas no solo de crimen organizado, sino organizadas para defender a narcotraficantes.
Por eso, esta iniciativa en caso alguno es óbice o conculca el derecho a defensa. Lo único que hace es determinar que exista trazabilidad para poder establecer claramente que los recursos con los cuales se pagan honorarios sean bien habidos y no producto del propio tráfico de estupefacientes.
Por ese motivo, al modificar también la ley N° 19.913, sobre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), establece que estos abogados pueden ser objeto de reportes de una operación sospechosa (ROS) en la UAF, vale decir, aquellos agentes o instituciones obligados a reportar una operación sospechosa digan relación con, por ejemplo, abogados que patrocinan causas en materia de narcotráfico.
Sin embargo, esto sería mucho más simple si el Senado hubiera aprobado la facultad que tiene la Unidad de Análisis Financiero, sin autorización judicial previa, de poder reportar, solo reportar, a estas personas que reciben estos recursos.
Lamentablemente, la derecha en el Senado rechazó esta disposición fundamental que permite transparentar efectivamente los recursos que perciben abogados o personas que se dedican a la defensa de narcotraficantes.
Por eso, hay que aprobar la norma propuesta, que va justo en contra de aquellos que defienden el crimen organizado y que en caso alguno conculca alguna garantía individual, sino que, todo lo contrario, persigue a los criminales y a sus defensores.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Marta González .
La señorita GONZÁLEZ (doña Marta) .-
Señor Presidente, saludo este proyecto y saludo al diputado Jaime Araya , con quien, junto con la bancada, hemos visto estos vacíos que existen en nuestra legislación y en cómo opera hoy día el Poder Judicial.
O sea, por un lado, vemos que en algunos puntos la justicia es tuerta y en otros es ciega, porque cuando nos atacan estas bandas de crimen organizado, de narcotráfico, vemos que los volúmenes de dinero que manejan son realmente impresionantes y adquieren un poder tal que pueden llegar a corromper instituciones completas.
Hoy, nuestro Poder Judicial está igualmente atacado por estas redes, no solo por las de narcotráfico y de crimen organizado, sino también por las de cuello y corbata, en trenzas con la política.
Entonces, estamos en niveles peligrosísimos de que nuestras instituciones finalmente pierdan total legitimidad. Por esto, uno de los principios fundamentales para ejercer la justicia es que esta tenga sensatez, sentido común.
Hoy vemos que en los matinales pululan, incluso jactándose, abogados del narcotráfico. Es así como ha permeado esta cultura narco, en la que el poder del dinero lo puede todo y, además, hoy casi es un símbolo de estatus ser abogado narco.
Por supuesto que este proyecto viene a limitar cómo se pagan esos honorarios, porque no es posible que estemos condenando una actividad y, por otro lado, con esa misma actividad y esos ilícitos, teniendo justicia. Es un sinsentido.
Por eso es tan importante este proyecto, que va al sentido común. Es lo mismo que cuando se aceptan las fianzas por los ilícitos o actos de corrupción que involucran miles de millones, pero aquellas son del 15 por ciento. Entonces, el negocio sigue siendo rentable.
Así, esperamos que este proyecto avance.
También, me sumo a las palabras del diputado Leiva , porque cuando hablamos y tenemos un discurso fuerte contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, etcétera, pero no vamos a las medidas concretas, como es seguir la ruta del dinero, es mentirle y reírse de todo un país. Perseguir la ruta del dinero es una acción concreta que fue trabada en el Senado por la derecha.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .
El señor JOUANNET.-
Señor Presidente, lo primero, nobleza obliga. Saludo al diputado Jaime Araya por esta iniciativa, que me parece muy buena: seguir la trazabilidad del dinero del crimen organizado.
Según el King´s College, en Chile se lavan entre 8.000 y 15.000 millones de dólares al año. El King´s College es como la ANI que tienen los británicos. Claramente, no solo no son las barberías, como alguien dijo por ahí, sino algo mucho más importante. Por tanto, tenemos un problema que ha avanzado, que se instaló en el país y no estamos preparados para abordarlo, porque si se está lavando, más o menos, el equivalente al 10 por ciento del presupuesto de la nación, estamos hablando de otra dimensión.
En el mundo, el crimen organizado va desde la venta ilegal de productos de marcas fraudulentas, que no pagan derechos, hasta el cibercrimen, que ya superó al narcotráfico, y corresponde a más o menos el 15 por ciento del producto geográfico bruto mundial. Esa es la cantidad de dinero que el crimen organizado está moviendo a nivel mundial.
Si no nos metemos en esto, de verdad, con este tipo de proyectos y con medidas más estructurales, vamos a tener un Estado paralelo. Y eso es lo que, de alguna manera, este proyecto quiere transparentar.
Por tanto, el que no se pague en efectivo y se siga la ruta del dinero, su trazabilidad, es una cuestión muy importante y, por ende, saludo este proyecto que, naturalmente, voy a aprobar.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
No hay más diputados inscritos. Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor CASTRO (Presidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 20.000 para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que ella tipifica.
Corresponde votar en particular el artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana en su segundo informe.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 127 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CASTRO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa:
Acevedo Sáez , María , Candelaria , Cornejo Lagos , Eduardo , Malla Valenzuela, Luis , Rey Martínez, Hugo , Aedo Jeldres , Eric , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Manouchehri Lobos , Daniel , Rivas Sánchez , Gaspar , Ahumada Palma , Yovana , De la Carrera Correa , Gonzalo , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rojas Valderrama , Camila , Alinco Bustos , René , De Rementería , Venegas , Tomás , Marzán Pinto , Carolina , Romero Leiva , Agustín , Araya Guerrero , Jaime , Del Real Mihovilovic , Catalina , Matheson Villán , Christian , Romero Sáez , Leonidas , Araya Lerdo de, Tejada , Cristián , Delgado Riquelme , Viviana , Mellado Pino , Cosme , Romero Talguia , Natalia , Arce Castro , Mónica , Donoso Castro , Felipe , Mellado Suazo , Miguel , Sáez Quiroz , Jaime , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Espinoza , Jorge , Melo Contreras , Daniel , Saffirio Espinoza , Jorge , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Salinas , Eduardo , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sagardía Cabezas , Clara, Barrera Moreno , Boris , Fries Monleón , Lorena , Mix Jiménez , Claudia , Sánchez Ossa , Luis , Barría Angulo , Héctor , Fuenzalida Cobo, Juan , Molina Milman , Helia , Santana Castillo, Juan , Becker Alvear , Miguel Ángel , Giordano Salazar , Andrés , Morales Alvarado , Javiera , Santibáñez Novoa , Marisela , Bello Campos , María , Francisca , González Gatica , Félix , Morales Maldonado , Carla , Schalper Sepúlveda , Diego , Beltrán Silva, Juan , Carlos , González Olea , Marta , Moreira Barros , Cristhian , Schneider Videla , Emilia , Benavente Vergara , Gustavo , González Villarroel , Mauro , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Berger Fett , Bernardo , Guzmán Zepeda , Jorge , Mulet Martínez , Jaime , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Chelech , Carlos , Hertz Cádiz , Carmen , Muñoz González , Francesca , Serrano Salazar , Daniela , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Musante Müller , Camila , Soto Ferrada , Leonardo , Bórquez Montecinos , Fernando , Ibáñez Cotroneo , Diego , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Mardones, Raúl , Bravo Castro, Ana , María , Ilabaca Cerda , Marcos, Ñanco Vásquez , Coca Ericka , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Irarrázaval Rossel, Juan , Olivera De La Fuente , Erika , Tapia Ramos , Cristián , Bugueño Sotelo , Félix , Jiles Moreno , Pamela , Orsini Pascal , Maite , Teao Drago , Hotuiti , Camaño Cárdenas , Felipe , Jouannet Valderrama , Andrés , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Tello Rojas, Carolina , Castillo Rojas , Nathalie , Jürgensen , Rundshagen , Harry , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Trisotti Martínez , Renzo , Castro Bascuñán , José Miguel , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Palma Pérez , Hernán , Ulloa Aguilera , Héctor , Celedón Fernández , Roberto , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Olea , Joanna , Undurraga Gazitúa , Francisco , Cicardini Milla , Daniella , Labra Besserer , Paula, Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Undurraga Vicuña , Alberto , Cid Versalovic , Sofía , Lagomarsino , Guzmán , Tomás , Pizarro Sierra , Lorena , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Leal Bizama , Henry , Placencia Cabello , Alejandra , Von Mühlenbrock , Zamora , Gastón , Coloma Álamos, Juan Antonio, Lee Flores , Enrique , Ramírez Pascal , Matías , Weisse Novoa , Flor , Concha Smith, Sara , Leiva Carvajal, Raúl , Raphael Mora , Marcia , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cordero Velásquez , María Luisa , Lilayu Vivanco , Daniel , Rathgeb Schifferli , Jorge .
El señor CASTRO (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo 2 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, tanto en su primer como en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Cristián Araya .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor CASTRO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa:
Acevedo Sáez , María , Candelaria , Concha Smith, Sara , Manouchehri Lobos , Daniel , Ramírez Pascal , Matías , Aedo Jeldres , Eric , Cordero Velásquez , María Luisa , Martínez Ramírez , Cristóbal , Raphael Mora , Marcia , Ahumada Palma , Yovana , Cornejo Lagos , Eduardo , Marzán Pinto , Carolina , Rathgeb Schifferli , Jorge , Alinco Bustos , René , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Matheson Villán , Christian , Rey Martínez, Hugo , Araya Guerrero , Jaime , De Rementería , Venegas , Tomás , Mellado Pino , Cosme , Rojas Valderrama , Camila , Arce Castro , Mónica , Delgado Riquelme , Viviana , Mellado Suazo , Miguel , Romero Talguia , Natalia , Arroyo Muñoz , Roberto , Durán Espinoza , Jorge , Melo Contreras , Daniel , Sáez Quiroz , Jaime , Astudillo Peiretti , Danisa , Durán Salinas , Eduardo , Mirosevic Verdugo , Vlado , Saffirio Espinoza , Jorge , Barrera Moreno , Boris , Fries Monleón , Lorena , Mix Jiménez , Claudia , Sagardía Cabezas, Clara , Barría Angulo , Héctor , Fuenzalida Cobo, Juan , Molina Milman , Helia , Santana Castillo, Juan , Becker Alvear , Miguel Ángel , Giordano Salazar , Andrés , Morales Alvarado , Javiera , Santibáñez Novoa , Marisela , Bello Campos , María , Francisca , González Gatica , Félix , Morales Maldonado , Carla , Schalper Sepúlveda , Diego , Beltrán Silva, Juan , Carlos , González Olea , Marta , Moreira Barros , Cristhian , Schneider Videla , Emilia , Benavente Vergara , Gustavo , González Villarroel , Mauro , Mulet Martínez , Jaime , Sepúlveda Soto , Alexis , Berger Fett , Bernardo , Guzmán Zepeda , Jorge , Muñoz González , Francesca , Serrano Salazar , Daniela , Bianchi Chelech , Carlos , Hertz Cádiz , Carmen , Musante Müller , Camila , Soto Ferrada , Leonardo , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Mardones, Raúl , Bórquez Montecinos , Fernando , Ibáñez Cotroneo , Diego , Ñanco Vásquez , Coca Ericka , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Bravo Castro, Ana , María , Ilabaca Cerda , Marcos, Olivera De La Fuente , Erika , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Salinas , Marta , Jiles Moreno , Pamela , Orsini Pascal , Maite , Teao Drago , Hotuiti , Bugueño Sotelo , Félix , Jouannet Valderrama , Andrés , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Tello Rojas , Carolina , Camaño Cárdenas , Felipe , Lagomarsino , Guzmán , Tomás , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Ulloa Aguilera , Héctor , Castillo Rojas , Nathalie , Leal Bizama , Henry , Palma Pérez , Hernán , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel, Lee Flores , Enrique , Pérez Olea , Joanna , Undurraga Vicuña , Alberto , Celedón Fernández , Roberto , Leiva Carvajal , Raúl, Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Videla Castillo , Sebastián , Cicardini Milla , Daniella , Lilayu Vivanco , Daniel , Pizarro Sierra , Lorena , Von Mühlenbrock , Zamora , Gastón , Cifuentes Lillo , Ricardo , Malla Valenzuela , Luis , Placencia Cabello , Alejandra , Winter Etcheberry , Gonzalo , Coloma Álamos, Juan Antonio
-Votaron por la negativa:
Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Irarrázaval Rossel , Juan , Moreno Bascur , Benjamín , Romero Sáez , Leonidas , Cid Versalovic , Sofía , Jürgensen Rundshagen , Harry , Rivas Sánchez , Gaspar , Sánchez Ossa , Luis , De la Carrera Correa , Gonzalo , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Romero Leiva , Agustín , Schubert Rubio , Stephan , Del Real Mihovilovic , Catalina , Labbé Martínez, Cristian
-Se abstuvieron:
Donoso Castro , Felipe Labra Besserer , Paula Weisse Novoa, Flor
El señor CASTRO (Presidente).-
Se despacha el proyecto al Senado.
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