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- rdf:value = " El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .
El señor ARAYA (don Jaime).-
Señor Presidente, naturalmente, vamos a apoyar este proyecto de ley, que es de nuestra autoría.
Nuestra moción se fusionó con el proyecto presentado por el diputado Juan Manuel Fuenzalida , que además busca que el dinero con que se paga la caución económica sustitutiva de medidas cautelares, tales como la prisión preventiva, también tenga origen lícito, lo que no se extiende solo a temas de narcotráfico, sino también a la asociación delictiva y criminal.
Lo anterior significa que el proyecto persigue los delitos de crimen organizado, de corrupción -es muy importante que aquellos que le roban al fisco no puedan pagar sumas millonarias a abogados precisamente con ese dineroy aquellos contemplados en la ley antiterrorista.
Mediante este proyecto de ley se busca algo que es de sentido común: que con la plata recaudada mediante la comisión de esos delitos tan graves, que son una auténtica amenaza para la democracia en nuestro país, no se puedan financiar los millonarios honorarios que se pagan a distintos abogados, quienes, por lo demás, en redes sociales se han dedicado a burlarse de este proyecto, diciendo que ya tienen hecha la trampa para evadirlo.
Lo anterior podría llamarnos la atención, pero lo que realmente nos asombra es el informe de la Corte Suprema, que dice lo siguiente: “Se observa también que la reforma que promueve el proyecto puede devenir ineficaz, porque la nueva atribución con que contarán los tribunales con competencia penal a lo más podrá aspirar a tener un efecto disuasorio sobre los potenciales abogados infractores, pero en ningún caso logrará por sí sola impedir el blanqueo del dinero mal habido…”.
Nunca se ha dicho que esta sola herramienta vaya a resolver el problema, sino que es solo una herramienta más.
Más desolador resulta que, en el mismo informe, la Corte Suprema diga: “Problema aparte es el que se podría suscitar cuando el abogado del imputado deba argumentar ante el tribunal que, por razones ajenas a su persona, no ha recibido el pago de sus honorarios.”.
Además, el informe señala lo siguiente: “Se hace presente en este informe también el riesgo que encierra el proyecto, en cuanto a que es factible prever una mayor litigiosidad, sobre todo promovida por los abogados que se sientan afectados por las sanciones que se les apliquen.”.
La Corte Suprema está quejándose anticipadamente porque los narcoabogados podrían recurrir a los mismos tribunales a reclamar, porque esta no es la solución mágica y, además, porque podría haber otro tipo de problemas.
Necesitamos que todos los órganos del Estado aborden con mayor profundidad la forma de resolver este grave problema que amenaza la seguridad de nuestro país, que socava las bases institucionales, y que está relacionado con narcotráfico, con corrupción y con crimen organizado.
Por lo tanto, esperando que la Cámara despache hoy este proyecto al Senado, queremos invitar al gobierno a sumarse con decisión y a hacer las correcciones necesarias para perfeccionar esta norma, de modo que sea una herramienta verdaderamente útil, que permita cerrar las brechas por donde se han ido colando el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico.
He dicho.
"
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