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- rdf:value = " El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .
La señora BRAVO (doña Marta).-
Señor Presidente, este proyecto se presenta como una respuesta al avance del crimen organizado y del narcotráfico en Chile. El aumento de estos delitos ha generado una mayor demanda para las fuerzas de seguridad pública, las que deben utilizar nuevas herramientas para identificar y capturar a quienes forman parte de grupos criminales que operan en las principales ciudades de nuestro país.
Si bien se ha logrado procesar a muchos de esos delincuentes, hay una alta probabilidad de que salgan libres, y existen factores que posibilitan estas circunstancias, como, por ejemplo, la posibilidad de que los imputados paguen la caución o fianza fijada para reemplazar la prisión preventiva.
Lo preocupante no es que estos sujetos puedan tener los medios para otorgar esta garantía, sino que el dinero provenga de un origen ilícito y, principalmente, de su actividad criminal.
En este sentido, se torna insólito que la libertad del imputado sea propiciada por el pago realizado con dinero obtenido como resultado de la comisión de delitos. Esta situación obstaculiza el correcto funcionamiento de nuestro sistema penal y dificulta la neutralización de sujetos que suponen un riesgo para la sociedad.
El proyecto que discutimos el día de hoy busca impedir ese escenario, estableciendo la exigencia de acreditar el origen lícito del dinero que se utilizará para pagar la fianza, y exige lo mismo respecto de los honorarios que se paguen a los abogados. Asimismo, prohíbe que estos pagos se realicen en efectivo. De esta manera se facilitará el rastreo de las transferencias y podrá hacerse un seguimiento de los dineros utilizados.
Es inaceptable ver cómo algunos abogados publican en sus redes sociales videos con millones en efectivo y armas, jactándose de todo lo que les pagan sus clientes, conductas que claramente fomentan la cultura del narco y asientan en nuestra sociedad la creencia de que existe cierta impunidad al realizar ese tipo de actos.
Transparentar los montos logrará limitar la capacidad económica del imputado a aquellos medios lícitos, e impedirá que los abogados se enriquezcan con dineros provenientes del narcotráfico o del crimen organizado. No podemos permitir que la libertad de quienes cometen este tipo de delitos se financie con los réditos económicos que las mismas actividades ilícitas les retribuyen, y que abogados vean este ámbito como un nicho para hacerse millonarios.
He dicho.
"
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