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- rdf:value = " El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .
El señor ROMERO (don Agustín).-
Señor Presidente, hoy enfrentamos una decisión simple en su forma, pero profundamente simbólica. ¿Estamos dispuestos a dar una señal clara frente al crimen organizado o seguiremos permitiendo que la defensa penal se convierta en la excusa perfecta para lavar dinero del narcotráfico?
Este proyecto, aunque limitado, va en la dirección correcta. Exige que los abogados que defienden a imputados por delitos de la ley Nº 20.000 cobren sus honorarios por medios trazables y no en efectivo, como se ha hecho durante años sin ningún control. Porque hoy seamos honestoshay abogados que no son parte de la solución, sino del negocio. Eso Chile no lo puede seguir tolerando.
Ahora bien, aquí hago una primera prevención. Este proyecto no es perfecto y lo sabemos, porque tiene deficiencias de técnica legislativa. Algunas disposiciones, tal vez, deberían estar en el Código Procesal Penal y no en la ley Nº 20.000. También tiene problemas respecto del secreto profesional y el rol del abogado como defensor, que debemos tratar con cuidado para no confundir al profesional honesto con el operador delictual.
No obstante, una cosa es defender principios jurídicos, pero otra muy distinta es esconderse en ellos para proteger privilegios. La libertad de trabajo no es carta blanca para recibir pagos en bolsas negras de billetes manchados con sangre, y el derecho a la defensa no significa que cualquier medio para pagarla sea válido.
Aquí nadie está criminalizando al profesional ni a la profesión de abogado. Estamos exigiendo transparencia mínima, trazabilidad y, sobre todo, un estándar ético elemental, especialmente cuando hablamos de quienes lucran en los márgenes del sistema judicial.
En segundo lugar, hago una advertencia al gobierno: si van a impulsar este tipo de normas, háganlo con seriedad y convicción, no con guiños simbólicos. Este proyecto debe complementarse con una fiscalización real, con sanciones efectivas y con un combate frontal al lavado de activos. De lo contrario, será solo un saludo a la bandera. Sería insólito tener barberías pagando millonarias defensas a personas ajenas y que nadie conoce, y que el Servicio de Impuestos Internos y los organismos que tienen el control de esos dineros no hagan absolutamente nada.
Finalmente, quiero decirlo con todas sus letras: Chile no puede seguir siendo tierra fértil para los narcos. No podemos permitir que el crimen organizado se infiltre en el mundo jurídico, en los tribunales ni en las defensorías.
He dicho.
"
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